Javier Bernabé Fernández
Expediente 257/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Javier Bernabé Fernández
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito residente en esta ciudad capital, mediante el cual la superioridad remite copia certificada del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral 48/2017, interpuesto por ***************** , por conducto de su apoderado legal ************************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el oficio y anexo, enviado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual en primer término devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al señalar que de acuerdo al artículo 101 de la Ley de Amparo, no establece que para la substanciación del recurso de queja sean necesarios los autos originales, atento a su contenido se tiene por recibido el original del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales procedentes. En ese orden de ideas, se instrúyase a Braulio Fernández Nava, Fedatario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, encargado el trámite del presente asunto, para que tenga mayor cuidado en relación a los medios de impugnación que son enviados a los órganos colegiados ya que es imperativo para este Juzgado de Distrito la impartición de justicia pronta y expedita debido a la celeridad con que se lleva a cabo los juicios de amparo, como en el caso en que se actúa, debiendo ajustarse en lo subsecuente a los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir el fedatario judicial en cita conforme a la legislación aplicable al caso. Finalmente, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja laboral interpuesto por el quejoso Mario Morales Quinto por conducto de su apoderado legal Javier Bernabé Fernández, en contra del auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete, al que le fuera asignado el número de queja laboral 48/2017, relativo al juicio de amparo 127/2017, del índice de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por Javier Bernabé Fernández, apoderado legal del quejoso Mario Morales Quinto, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte de la documental que anexa al escrito de demanda consistente en copia certificada del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil siete, dictado en el expediente laboral 294/2006, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 257/2017 en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, de la lectura del mencionado escrito, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual la que suscribe considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo , dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." (énfasis añadido). De la lectura armónica de los preceptos parcialmente transcritos, deriva que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Sentado lo anterior, es de precisar que el peticionario del amparo reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "Acuerdo de fecha 27 de enero de 2017, por el cual de manera indebida la autoridad responsable se niega a imponer el apercibimiento al ayuntamiento demandado, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento que le formuló en dicho auto, con la multa de 200 a 500 días de salario mínimo, de conformidad con lo que establece el numeral 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, reformado el día 25 de agosto de 2015 y que establece dichas multas por no cumplir con las determinaciones del Tribunal, aduciendo la retroactividad en perjuicio del ayuntamiento demandado." Asimismo, en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo señaló: "1. Con fecha 9 de febrero de 2006, Mario Morales Quinto, presentó demanda laboral contra el AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la cual fue radicada bajo el número 294/2006. 2.- Una vez agotada la secuela del procedimiento, la responsable dictó Laudo a favor del quejoso. 3. Dicho Laudo fue combatido, mediante diversas de amparo directo, en el cual el fallo decisivo favoreció a la parte que represento, condenándose al ayuntamiento demandado al pago de diversas prestaciones. 4. Una vez que quedó firme el Laudo con fecha 6 de febrero del año 2017, esta parte solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, despachara el Auto de Ejecución. . 20. Con fecha 27 de enero de 2017, la autoridad responsable acordó la promoción aludida anteriormente, en la que se pronunció respecto de la diligencia de requerimiento de pago, hizo efectivo el apercibimiento al demandado, en virtud de haberse negado a pagar, de nueva cuenta volvió a requerir de pago le otorgó un término excesivo de 20 días hábiles para cumplir con el mismo y lo apercibió que en caso de no dar cumplimiento se haría acreedor a una multa de $1000.00, respecto de la implementación de la multa dentro del parámetro de 200 a 500 días multa, manifestó que no ha lugar aplicarla, en virtud de que se estaría violando el principio de irretroactividad establecido en el artículo 14 constitucional, en perjuicio del ayuntamiento demandado." Así, debe decirse que el acto reclamado constituye una determinación dictada en ejecución de laudo del juicio laboral de origen; empero, no se trata de aquellas con las cuales se haya puesto fin a ese procedimiento o bien, una en la que se declarara la imposibilidad jurídica o material para tenerlo por cumplido o, incluso, que obstaculice esa finalidad, porque en el auto impugnado se está realizando un requerimiento a efecto de que se cumpla el laudo de origen; por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de garantías individuales, en su perjuicio. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 107, fracción IV, segunda parte, de la ley de la materia. En ese orden, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado y, si se trata de remates, sólo podrá instarse contra la resolución definitiva en que se otorgue la escritura y adjudicación de los bienes rematados. Pues bien, con la finalidad de sostener las razones por las cuales en el caso particular se surte la causal de improcedencia en comento, es necesario reiterar que el acto reclamado no constituye la última resolución que haya puesto fin de manera expresa o tácita al procedimiento de ejecución de laudo de origen. Lo anterior se sostiene, en razón de que el auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, aquí reclamado, tiene como propósito precisamente lograr la ejecución del laudo de origen, a través de un nuevo requerimiento efectuado al Ayuntamiento demandado, para que cumpla el laudo de origen; en razón de que en el mismo, se hizo efectivo al demandado el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, al haber incumplido con el requerimiento de cubrir la cantidad adeudada a la parte trabajadora con motivo del laudo dictado en el juicio de origen, imponiéndole una multa por la cantidad de mil pesos, además requirió nuevamente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, para que en el término de quince días hábiles siguientes a la notificación del proveído aludido hiciera el pago de la cantidad que adeuda al trabajador aquí quejoso y en atención a lo peticionado por la parte actora, en cuanto a su solicitud de aplicación de la multa de 200 a 500 días de salarios mínimos, dijo que no había lugar en acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que de hacerlo así se estaría violando el principio de irretroactividad establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, debe decirse que son actos relativos a preparar y lograr la ejecución de laudo, pues es evidente que el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y por tanto, es improcedente el juicio de amparo, ya que dicha actuación no constituye la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, es decir, con la que se haya culminado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, sino una actuación que prepara precisamente la ejecución. En ese contexto, como se ve la quejosa no se ostenta extraña, y lo requerido no es ajeno a la cosa juzgada, porque incluso en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, señaló tener conocimiento de la contienda desde su inicio; además, no se advierte que se le estén afectando de manera directa derechos sustantivos ajenos al asunto en el juicio de origen, pues lo que hizo la autoridad laboral en el auto impugnado, fue emitir un acuerdo como medida para lograr que se ejecute el laudo, dado que de manera voluntaria no lo ha realizado el Ayuntamiento demandado, quien fue vencido en el juicio laboral de origen; por ende, con la admisión del amparo sólo se retardaría el procedimiento de ejecución, contrario a lo que trató de evitar el legislador. Es aplicable a lo expuesto la Jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en el tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así las cosas, el acto reclamado no consiste en una resolución previa al inicio de la ejecución del laudo ni goza de autonomía propia o independencia con el cumplimiento de dicho fallo; luego, si la determinación que se cuestiona incide directamente en el cumplimiento del laudo condenatorio, entonces, es improcedente el juicio de amparo en su contra, al no tratarse de la última resolución emitida dentro de dicho procedimiento. Aunado a lo anterior, en el caso concreto no se actualiza el supuesto de excepción contenido en la jurisprudencia precitada, porque el acto que por esta vía se reclama no es de aquellos actos cuyos efectos sean de imposible reparación, por los cuales, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción IV y V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. Finalmente téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal.
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