Javier Barron Gonzalez
Expediente 277/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Barron Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
... Ténganse por recibido el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la tercera interesada "********************", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través del cual solicita se le expida copia certificada de la escritura pública que exhibió en el presente juicio. Al respecto, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que se autorizó la devolución del documento que refiere, por tanto puede acudir a este juzgado a recoger el documento del cual solicita copia certificada; para lo cual deberá seguir el trámite que en dicho acuerdo se establece. Asimismo, se tiene como autorizados para recibirlo a las personas que señala en su escrito de cuenta. Notifíquese.
- Incidental
...De conformidad con lo ordenado en auto de esta fecha, emitido en el cuaderno principal del que deriva este incidente, en que se determinó el archivo del asunto, y visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa allegó a la presente incidencia un documento catalogado como no original, por lo que, al encontrarse concluido el juicio, desde este momento se autoriza su devolución. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para su obtención se deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2 , respecto de lo que se les informa que el horario de este juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas.
- Principal
...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: En este cuaderno principal la parte quejosa no aportó documentos y la moral tercero interesada sí lo hizo, de los catalogados como no originales; sin embargo, en el incidente de suspensión el quejoso exhibió documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, inciso a) y párrafo primero, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, respecto de los documentos exhibidos en el presente juicio catalogados como no originales exhibidos por el tercero interesado, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para su obtención se deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2 , respecto de lo que se les informa que el horario de este juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Por otra parte, en relación con las documentales exhibidas por el quejoso en el incidente de suspensión, dese cuenta con la presente determinación en los respectivos cuadernillos incidentales a fin de que se provea lo conducente sobre su destino. En diverso aspecto, devuélvase al Juez Segundo Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en copia certificada del expediente **********, de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.
- Principal
...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio especial hipotecario **********, remitidas por el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en Pénjamo, Guanajuato, mismas que obran en un tomo por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Luego, si bien el Jefe de la Oficina Central de Actuarios de Pénjamo, Guanajuato, en su calidad de autoridad ejecutora, se pronunció sobre la existencia de un diverso acto al aquí reclamado -materia de la separación de juicios-, no obstante, debe tenerse como cierto el acto aquí reclamado, toda vez que la autoridad ordenadora aceptó su existencia. CUARTO. Causales de improcedencia. No se estudiará el fondo del asunto, toda vez que, en el caso, en términos del artículo 62, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5o, fracción I, todos de la Ley de Amparo. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula en determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio que le irroga su violación por un acto de autoridad. Ahora bien, de las copias certificadas relativas al juicio especial hipotecario *********, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, destacan: El escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil catorce, en el que la sociedad "*********, por conducto de su apoderado, demandó en la vía hipotecaria, el pago de diversas prestaciones a ********* y ********* (fojas 1 a 6 del tomo de pruebas); Asunto que correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, quien en auto de veinte de mayo de la presente anualidad, admitió la demanda y la registró con el número de expediente *********, ordenó el requerimiento de pago a la parte demandada y en caso de no hacerlo se le emplazara a juicio, comisionando al actuario de su adscripción para que al momento de la diligencia tuviera a la parte demandada por renunciando a la posesión del inmueble hipotecado, así como a ser depositario judicial, debiendo proceder a poner en posesión del inmueble a la persona que designara la parte actora (fojas 18 y 19 del tomo de pruebas); El dieciocho de junio de dos mil catorce, el actuario designado por la Oficina Central de Actuarios de Pénjamo, Guanajuato, se constituyó en La Granja El Quinto Labor de Peralta, del municipio de Abasolo, Guanajuato, lugar en el que llevó a cabo la diligencia correspondiente, y ante la negativa de pago por parte de la demandada, solicitó a la parte actora a efecto de que señalara depositario del inmueble, reservándose dicho derecho hasta en tanto se pudiera identificar bien el inmueble a embargar (foja 37 del tomo de pruebas); Seguido el procedimiento, el dos de septiembre de dos mil catorce, el juez de origen dictó sentencia definitiva (fojas 58 a 65 del tomo de pruebas), en la que condenó a los demandados al cumplimiento del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, al pago de diversas cantidades, apercibiéndolos que en caso de no realizar el pago dentro del término de tres días, se haría el trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria; Sentencia que quedó firme el diez de octubre de dos mil catorce (foja 69 del cuaderno de pruebas). En ese orden, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso, como se dijo la parte quejosa combate la falta de emplazamiento en el juicio hipotecario *********, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, y derivado de ello, el embargo al bien inmueble de su propiedad. Ahora, de acuerdo con los antecedentes narrados del juicio de origen, se advierte que figura como parte actora la sociedad *********, por conducto de su apoderado, y como demandados ********* y *********, sin que se advierta que se haya enderezado reclamo alguno contra el aquí quejoso, de ahí que este juzgado federal considera que no cuenta con interés jurídico para reclamar en vía de amparo indirecto el emplazamiento al citado juicio natural. En efecto, el peticionario de amparo no figura como parte procesal en el juicio de origen y, por ello, no le asisten las prerrogativas procesales que la ley consigna al actor o demandado para demostrar los elementos constitutivos de su acción, comprobar sus excepciones o bien, impugnar determinaciones judiciales, por lo que únicamente los contendientes en el litigio están legitimados para reclamar de la autoridad jurisdiccional algún acto que trasgreda sus derechos fundamentales. Por lo que, para que el aquí quejoso pudiera acreditar que la actuación desarrollada dentro del juicio de origen le causa un perjuicio personal y directo, debió demostrar de manera fehaciente que se le reclamaba alguna de las prestaciones descritas en la demanda ejecutiva mercantil, lo que no se aprecia de los autos del juicio de origen. Precisado lo anterior, tenemos que el quejoso señala que derivado de la falta de emplazamiento al juicio de origen, se le pretende embargar su propiedad consistente en una fracción de terreno rústico ubicado en el predio denominado "Labor de Peralta", del municipio de Abasolo, Guanajuato, con una superficie de 10-50-00 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: - Al norte ********* metros con *********; - Al sur ********* metros con *********; - Al oriente *********metros con *********; y - Al poniente ********* metros con S********* y *********, domicilio que en el juicio natural fue señalado como garantía hipotecaria. Ahora bien, del análisis del juicio de amparo se advierte que la causa generadora de la propiedad, que dice ostentar el quejoso en relación con el bien inmueble materia de la litis, se sustenta en la copia certificada del contrato de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil siete, celebrado entre el aquí quejoso y el tercero interesado Javier Barrón Guevara. En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que para que los documentos privados surtan efectos contra terceros, deben ser de fecha cierta, y para ello es indispensable que: a) se hubiesen celebrado o ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado; b) que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación; o bien, c) que hubiese fallecido alguno de los firmantes. En suma, para que un documento privado surta efectos contra terceros, es un requisito que cumpla alguna de las hipótesis antes descritas; pues de lo contrario, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, más no obligará ni producirá consecuencia legal alguna frente a aquellos que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Resulta aplicable la jurisprudencia 44/2005, intitulada: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL". En consecuencia, si en el juicio de amparo se combate la afectación de un derecho de propiedad y posesión de un bien inmueble, el documento en que se sustente tal derecho debe ser de fecha cierta, pues de lo contrario la parte quejosa carecería de interés jurídico y el amparo sería improcedente. Expuesto lo anterior, se observa que, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió copia certificada del contrato de compraventa entre J*********, en su calidad de vendedora y, *********, en su calidad de comprador -aquí quejoso-, en relación con el predio rústico denominado *********, del municipio de Abasolo, Guanajuato, con las medidas y linderos descritos en el propio contrato. Certificación que derivó del cotejo efectuado el catorce de enero de dos mil catorce, por el Notario Público 1, de Irapuato, Guanajuato. Sin embargo, en el caso, se estima que el citado medio de convicción resulta jurídicamente insuficiente para acreditar, sin lugar a dudas, el interés jurídico de la parte quejosa para instar la presente acción constitucional ?una afectación a su esfera jurídica?, al ser valorado en términos de los artículos 197, 203 y 204, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto, debido a que no cumple los requisitos que la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato exige para la certificación derivada de cotejo. Motivo por el que, para efectos del presente juicio, no es procedente otorgarle valor probatorio pleno. En efecto, los actos realizados por los fedatarios públicos, se encuentran regulados en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato; ordenamiento que establece diversos lineamientos que deben atender dichos funcionarios en cada una de sus actuaciones, entre ellas, la certificación derivada del cotejo de documentos. Ahora bien, del análisis del documento presentado por la parte quejosa, a la luz de dicha compilación normativa, se desprende que la certificación derivada del cotejo se realizó por el Notario Público 1, de Irapuato, Guanajuato, la cual, como se dijo, no reúne los requisitos de legalidad necesarios para su validez. Para demostrar tal aserto, debe decirse que los requisitos de validez aludidos se encuentran previstos en el artículo 72 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, aplicable al momento en que se emitió el contrato de compraventa (veinticuatro de junio de dos mil siete), del tenor siguiente: "Artículo 72. Queda prohibido a los notarios actuar fuera del protocolo, con las excepciones siguientes: I. Los testamentos públicos cerrados, debiendo tomar razón en los folios correspondientes; II. Los testimonios que legalmente extiendan; III. Las certificaciones relativas a los instrumentos públicos y las que resulten del cotejo de documentos; IV. Las notas que deben poner al calce o al margen de otros instrumentos públicos en los casos de cancelación, venta, adjudicación y cualquier otro que sea necesario; y V. Cualquier otro acto que establezca esta ley. Las certificaciones derivadas de cotejos se asentarán en la última hoja que corresponda al documento que se compulsa y coteja con su original o en hoja adherida al mismo. La certificación deberá contener: la mención del documento original cuyo cotejo se certifica, el número de fojas que comprende, el nombre de la persona a quien se expide, la razón «doy fe», la firma del notario y el sello de autorizar, así como las demás medidas de seguridad que se establezcan por el Ejecutivo del Estado". De la transcripción anterior, se observa que, si bien la copia certificada del contrato de compraventa cumple con la mayoría de los requisitos previstos en el artículo 72 de dicha legislación, sin embargo, no menciona el documento original cuyo cotejo certifica, como se desprende de la siguiente reproducción: "EL SUSCRITO LICENCIADO ARMANDO CABRIA PÉREZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 UNO, CON DOMICILIO EN REVOLUCIÓN NÚMERO 21 VEINTIUNO, SEGUNDO PISO, ESQUINA 5 CINCO DE MAYO, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36500 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS, EN LEGAL EJERCICIO CON ADSCRIPCIÓN AL PARTIDO JUDICIAL DE ESTE LUGAR, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA QUE CONSTA DE 02 DOS FOJAS ÚTILES SÓLO POR ANVERSO QUE COINCIDEN EXACTAMENTE IGUAL, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y EL CUAL COTEJÉ, TIENE POR EFECTO EL ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LA MISMA CON EL DOCUMENTO DEL CUAL FUE REPRODUCIDA, SIN CALIFICAR SOBRE LA AUTENTICIDAD, VALIDEZ O LICITUD DE DICHO DOCUMENTO, IDENTIFICANDO ESTA COPIA CON MI SELLO Y MI MEDIDA FIRMA A LA CUAL ME REMITÍ. DOY FE. LO ANTERIOR SE CERTIFICA A SOLICITUD DE JAVIER BARRÓN GONZÁLEZ, EN IRAPUATO, GUANAJUATO, SIENDO EL 14 CATORCE DE ENERO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE. DOY FE". En consecuencia, debido a que en la certificación del contrato de compraventa que exhibió la parte quejosa, no se asentó tal aspecto, se concluye que no puede ser considerado como de fecha cierta, al no cumplir con el mencionado requisito para su validez. Dicho de otro modo, se estima que la documental que exhibió la parte quejosa carece de eficacia probatoria y fecha cierta, ya que la formalidad ahí omitida debía ser atendida a fin de brindar a los gobernados la seguridad y certeza jurídica necesaria para acreditar la autenticidad irreprochable de las actuaciones notariales, al no mencionar el documento materia del cotejo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados. Sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Jefe de la Oficina Central de Actuarios de Pénjamo, Guanajuato, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, en cuanto a los alegatos de la persona moral tercero interesada y el pedimento de la Agente de la Ministerio Público adscrita, mediante los cuales realizan manifestaciones, dígaseles que deberán estar a lo aquí determinado. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.
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