Javier Arturo Flores Silguero
Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Javier Arturo Flores Silguero
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, uno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio A/13027-2, signado por el Secretario de Juzgado del Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, únicamente para que obre como en derecho corresponda, tomando en consideración que mediante auto de veintiuno de junio del año en curso, se proveyó lo conducente, por haberse recibido vía interconexión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio A/13027-2, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, a través del cual se le tiene acusando recibo del expediente relativo al presente cuaderno de antecedentes e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado de distrito y se avocó a su tramitación. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. . Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 14082/2022, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 98/2022/VII/A, con número de orden 131/2022, enviado para notificar al quejoso Javier Arturo Flores Silguero, el proveído de veintiuno de abril del año en curso; en tal virtud, téngase por notificado al quejoso de la incompetencia de este Juzgado y, en los mismos términos, agréguese a los autos la comunicación oficial de trato, háganse las anotaciones respectivas en el libro cuatro de juzgado correspondiente al registro de comunicaciones oficiales enviadas y dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 244/2022, signado por el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, Sala Regional, con sede en Reynosa, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por Javier Arturo Flores Silguero, contra actos de la señalada autoridad oficiante, por los motivos que se exponen en la misiva de cuenta; en tal virtud, provéase lo conducente respecto a la demanda de trato. En esas condiciones; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 629/2022-VII, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este órgano jurisdiccional, tiene competencia o no, para conocer del presente asunto. Lo anterior, dado que la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia, de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora, del estudio integral de la demanda que se atiende se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del contenido del citado precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda provisión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente para conocer de la demanda de amparo el juez, donde se haya presentado la misma. c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. En ese contexto, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada en el toca penal 236/2021, por el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, Sala Regional, con sede en Reynosa, la cual confirmó el auto de formal prisión emitido por el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, en la causa penal 31/2014. Luego, la regla que se aplica para fijar la competencia en el presente asunto es la señalada en el inciso a), pues dichos actos y sus consecuencias tienen una ejecución material. Lo anterior, dado que el acto reclamado, tiene como efecto dejar al imputado a disposición del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando; además, debe decirse que la ejecución material del acto reclamado ocurre en el lugar donde se instruye la causa penal. En este sentido, los efectos de una resolución que confirmó la diversa de término constitucional, necesariamente se trasladan de manera directa a la causa y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de los actos en mención, es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, pues, es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Por tanto, la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en donde se encuentra el juez de la causa, pues ahí tiene origen el acto reclamado del que ahora se duele el quejoso, al ser una consecuencia material de aquél. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.145/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Se hace la precisión que si bien el citado criterio fue integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, el cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continua en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone al texto vigente, pues la hipótesis que en aquél se alude la prevé también el diverso numeral 37, de la legislación vigente; ya que en ambos se establece la regla que enuncia que es autoridad competente para conocer el juicio de amparo, el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esas condiciones, es evidente que tal acto requiere de ejecución material; por lo tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo es aquél en el que deba tener ejecución, en términos del artículo 37, párrafo primero de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se ordena remitir la demanda con sus copias por mensajería acelerada "estafeta" al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, a fin de que esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada. Asimismo, de la manera más atenta se solicita al Juzgado de Distrito, se sirva acusar el recibo correspondiente e informar dentro del término legal para ello si acepta o no la determinación adoptada. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Número "4", Noroeste, con sede en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el citado centro carcelario, con fundamento en los artículos 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 158, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en El Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, comisione a quien corresponda, a efecto de que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique el presente proveído al citado quejoso. Asimismo, desde este momento, se faculta al juez exhortado a fin de que realice las diligencias necesarias para realizar lo solicitado, así como habilitar días y horas inhábiles. Una vez que sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a la brevedad posible. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
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