Javier Aroldo Benavides García

Expediente 1152/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1152/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Aroldo Benavides García

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte agraviada no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diecinueve de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo 1152/2023-IV, presentada y signada electrónicamente por Ramiro de los Santos de Hoyos; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, y toda vez que no existen documentos originales agregados a este cuaderno, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. A su vez, como lo dispone el numeral 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del arábigo 20 citado en el párrafo que precede. Finalmente, en atención a la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la fedataria adscrita no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veinticinco de octubre del año en curso, toda vez que el domicilio señalado para tal efecto en el escrito inicial de demanda, se encuentra en Reynosa, Tamaulipas, no resulta necesario realizar pronunciamiento al respecto, en virtud de que en ese propio proveído se determinó que dado que el desechamiento de demanda tuvo su origen en la falta de firma de quien aparentemente la promueve, no es posible atender a la designación de autorizado legal y demás información que se pretende en el ocurso de cuenta, lo que incluye el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones; de ahí que la forma de notificar a la parte promovente en el asunto que nos ocupa lo es por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada en línea, en la que aparece como quejoso Javier Arnoldo Benavides García, presentada y signada electrónicamente por Ramiro de los Santos de Hoyos; fórmese expediente impreso y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1152/2023-IV. Por otra parte, no pasa por desapercibo que el escrito inicial de demanda se encuentra dirigida al Juez de Distrito en turno con residencia en Reynosa, Tamaulipas; sin embargo, del contenido de la misma se desprende que las autoridades señaladas como responsable, así como el acto reprochado se encuentran dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que este juzgado de distrito se avoca al conocimiento de la misma. A continuación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar el análisis correspondiente de la misma. Dicho numeral establece, que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Del análisis integral del ocurso de cuenta, así como de su evidencia criptográfica, se advierte que procede desecharlo de plano, en virtud de que carece de firma electrónica del agraviado, con fundamento en los considerandos sexto y séptimo, así como en el artículo 3°, fracciones I y V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico, pues es requisito indispensable que los documentos enviados en línea, cuenten con firma electrónica que regule el Poder Judicial de la Federación, por ser el medio de ingreso idóneo para enviar demandas y promociones; por tanto, deberá contar con los permisos necesarios, ya que con los mismos se genera la certeza y efectos jurídicos de una firma autógrafa. Ello tiene razón de ser, pues si un documento es presentado ante un órgano jurisdiccional sin firma del interesado, carece del signo gráfico de la voluntad del promovente, por lo que, no puede considerarse a éste como válido, al tratarse de un acto inexistente, requisito que no podría ser subsanable, pues alude a la manifestación de voluntad de quien lo presenta. Con lo anterior se incumplen los requisitos para la promoción del expediente en línea a que se refieren los Acuerdos Generales 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en torno a la integración y trámite del expediente electrónico; de lo reseñado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, al no existir voluntad expresa de ejercer la acción constitucional. En esa medida, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de la materia, se desecha la demanda electrónica relativa al amparo indirecto que nos ocupa. En sus aspectos estrictamente conducentes, se citan las jurisprudencias P./J. 32/2018 y P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros electrónicos 2018943 y 2019715, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libros 62 y 65, enero y abril de 2019, tomo I, página 5 y 79, respectivamente, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." No pasa inadvertido que la demanda aludida fue presentada a través de una firma electrónica, pero no corresponde al quejoso, sino a diversa persona que señala como su autorizado. Al respecto, los artículos 16, 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 (que regula la integración y tramitación de expediente electrónico), prevén los requisitos necesarios para el registro en el Portal de Servicios en Línea, el cual es personalísimo y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. De igual forma, dichos ordinales 17 y 42, señalan los casos en que podrá exentarse de la obligación de firma electrónica, concretamente aquellos relacionados con actos mencionados en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Luego, si en la demanda de cuenta no se reclaman actos de los referidos por el dispositivo 15 de la Ley de Amparo y la persona que envió su firma electrónica no se ostenta como apoderada legal de quien menciona ser la agraviada, no procede prevenir o aclarar la demanda; pues no se trata de requisitos de forma por subsanar, sino de la falta de voluntad mediante firma autógrafa de quien pretende instar juicio biinstancial. Sobre el tema, en lo estrictamente aplicable, se invocan las tesis XI2°93C del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y I.3°c.208C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, mayo de 2000, página 922 y tomo XIII, enero de 2001, página 1709, de rubros: "DEMANDA. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, CORRIJA O COMPLETE, CUANDO FUERE OSCURA O IRREGULAR (ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN)" "DEMANDA. FACULTAD DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA PREVENIR POR UNA SOLA VEZ AL ACTOR, PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA, SIN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA" Dado que el desechamiento de demanda tuvo su origen en la falta de firma de quien aparentemente la promueve, no puede tenerse por hecha, y por lo mismo no es posible atender a la designación de autorizado legal y demás información que se pretende en el ocurso de cuenta. Se faculta a la actuaria adscrita para que realice las notificaciones que legalmente procedan. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

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