Javier Armando Sombrerero García
Expediente 629/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Armando Sombrerero García
Actuaciones
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 629/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales allegadas por las autoridades responsables. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó escrito de alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 2-9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Javier Armando Sombrerero García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Comité Técnico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo y del Director del Centro Penitenciario. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, en auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, la admitió y registró bajo el número 629/2020 (fojas 10-17); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa al Comité Técnico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo y al Director del Centro Penitenciario, consisten en: La incomunicación, actos que pongan en peligro la integridad física y la vida del peticionario de amparo, cualquiera de los prohibidos por el 22 constitucional y la orden de traslado del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" con sede en Charo, Michoacán, al Centro Penitenciario de Tacámbaro, Michoacán, emitida el veintisiete de agosto de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia de los actos consistentes en la incomunicación, actos que pongan en peligro la integridad física y la vida del peticionario de amparo, cualquiera de los prohibidos por el 22 constitucional. Las autoridades responsables Comité Técnico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo y Director del Centro Penitenciario al rendir sus respectivos informes justificados, no se pronunciaron sobre la certeza de los actos consistentes en la incomunicación, actos que pongan en peligro la integridad física y la vida del peticionario de amparo, cualquiera de los prohibidos por el 22 constitucional; sin embargo, no es procedente tenerlos por ciertos. Ello es así, porque de las constancias que adjuntaron a los citados informes no se advierte su existencia, sino únicamente de la orden de traslado; aunado a que el quejoso tampoco acreditó su existencia. En esas condiciones, lo conducente en sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos analizados en el presente considerando, en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza de la orden de traslado. Es cierta la orden de traslado atribuida al Comité Técnico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo y al Director del Centro Penitenciario, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 39, 50 y 81). Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntaron las referidas autoridades responsables a sus informes, entre las que se encuentra a orden de traslado emitida el veintisiete de agosto de dos mil veinte. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, manifestó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Argumento que es fundado. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traerla a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Una vez precisado lo anterior, se estima necesario recordar que el quejoso reclama -entre otros actos- la orden de traslado del centro penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" con sede en Charo, Michoacán, al centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán, emitida el veintisiete de agosto de dos mil veinte. Asimismo, debe señalarse que, si bien únicamente el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán hizo valer la causa de improcedencia analizada, todas las autoridades responsables fueron coincidentes en precisar que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, el quejoso Javier Armando Sombrerero García, fue reingresado de manera definitiva al centro penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" con sede en Charo, Michoacán, en cumplimiento a una determinación del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, la cual les fue notificada por oficio a cada una de las responsables. Oficios que fueron exhibidos por las responsables al rendir sus informes y de cuyo contenido se puede constatar que el tres de septiembre de dos mil veinte, Juez de Ejecución Región Morelia calificó el traslado efectuado por las responsables y determinó en lo de interés lo siguiente: "[.] Decisión. En corolario, la autoridad administrativa no siguió el debido proceso y ello nulifica todo su actuar previo a la notificación de traslado involuntario, pues no hay certeza de los momentos en que se realizaron todos los actos privativos de derechos como tampoco el momento en que comenzó a correr el plazo de 24 horas para someter a calificación de traslado el que, además, se hizo de manera extemporánea, por haberse comunicado a las 10:04 horas del 3 de septiembre de dos mil veinte. Máxime que, como señala la autoridad penitenciaria, conforme a su expediente administrativo se tenía noticia previa que Javier Armando Sombrerero García tenía registrado expediente ante el juzgado de ejecución de sanciones penales región Morelia; inclusive, como también se indicó, la autoridad administrativa-penitenciaria desde el 11 de noviembre de 2019 cuando recibió el oficio 27396/2019-M, sabía que en esta oficina judicial se contaba con carpeta de ejecución, por ello, no existía razón para que notificara fuera de las 24 horas posteriores al traslado de aquél. Ante la nulidad absoluta de las actuaciones de la autoridad administrativa, es igualmente nula la decisión emitida el 27 de agosto de 2020 en que ordenó el traslado involuntario de Javier Armando Sombrerero García del centro penitenciario "David Franco Rodríguez" al centro penitenciario de Tacámbaro, por lo que la misma queda sin efectos, lo que esencialmente se traduce en la necesidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes del acto de molestia en mención, esto es, que la persona sentenciada será retornada al centro penitenciario "David Franco Rodríguez. Para efecto de la ejecución de este apartado, la autoridad penitenciaria contará con el plazo de setenta y dos horas para su cumplimento, de conformidad al numeral 129 de la LNEP [.]" (fojas 56-62). De la lectura íntegra del oficio así como de las líneas transcritas se advierte que el Juez de Ejecución Región Morelia, ordenó dejar sin efectos la orden de traslado de veintisiete de agosto de dos mil veinte, reclamada por el quejoso, al estimar que no estaba apegada al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, como consecuencia de ello, fuera reincorporado al centro penitenciario "David Franco Rodríguez". Asimismo, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, exhibió el oficio CSPEMO/DPP/168/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Director de la Policía Procesal de la Coordinación del Sistema Penitenciario, mediante el cual informó al titular de la referida coordinación que el cuatro de dicho mes y año, trasladó a doce personas del Centro Penitenciario de Tacámbaro a su similar "Lic. David Franco Rodríguez" de Charo, ambos de Michoacán; y que anexaba un listado de las mismas. Dentro de dicho listado se encuentra el quejoso (fojas 65 y 66). En esa virtud, es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de la orden de traslado reclamada a las autoridades responsables, y materia de este considerando. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Javier Armando Sombrerero García, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Charo, Michoacán. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
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