Javier Armando Ponce Rodriguez

Expediente 193/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
193/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2017

Partes del expediente

  • Javier Armando Ponce Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Por último, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA VI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE: Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de garantías formulada por Javier Armando Ponce Rodríguez contra actos de la Octava Sala Unitaria de lo Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el libro de gobierno respectivo con el número 193/2017-II-B. DESECHAMIENTO Respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual se confirma la diversa resolución de siete de noviembre de dos mil dieciséis que declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento de remate, relativo al juicio sumario hipotecario 313/2014, se advierte la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen... Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio, implica dos hipótesis; la primera, consiste en que, si se trata de actos en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución y, la segunda, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ello obedece a que el legislador previó la forma de evitar los abusos del juicio de amparo, condicionando a las partes a que lo promuevan sólo contra la última resolución dictada en el período de ejecución de sentencia o de remate y no contra cada violación que se suscite en tales procedimientos. Por tanto, en la etapa de remate únicamente podrá promoverse el juicio constitucional en contra de la última resolución dictada en esa fase ejecutiva, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, de modo que será hasta que se decreten ambas determinaciones simultáneamente cuando se esté ante la última resolución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento... En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual se confirma la diversa resolución de siete de noviembre de dos mil dieciséis que declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento de remate, relativo al juicio sumario hipotecario 313/2014. Es decir, no se trata de la última resolución en la etapa de remate, dentro de la ejecución del juicio de origen, y tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia, pues de lo declarado por el quejoso en la demanda aparece que el acto reclamado está inmerso dentro del procedimiento de remate del predio embargado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, y en el acto reclamado no se está ordenando en forma definitiva la entrega de los bienes rematados, sino se está ordenando solamente el otorgamiento de la escritura de propiedad. Bajo esa perspectiva, el acto reclamado no constituye el último acto dictado en la etapa de remate, para que sea procedente el juicio constitucional, en virtud de que como quedó de manifiesto con antelación, el juicio de donde deriva dicha resolución, se encuentra en etapa de ejecución; por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, tratándose del procedimiento de remate, será procedente el amparo indirecto únicamente contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; por lo que si ese procedimiento de ejecución, no ha llegado, es evidente que la acción de amparo se torna improcedente. Aunado a que la parte quejosa estará en aptitud de hace valer lo que estime conveniente hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Por tanto, al no ser el acto reclamado la última resolución para efectos de procedencia de la acción de amparo, en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, la acción de amparo se torna improcedente; por lo que sólo hasta que ello acontezca, el quejoso estará en aptitud de controvertir todas y cada una de las violaciones suscitadas en su desarrollo, incluyendo la que hoy reclama. Se ha demostrado, entonces, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sentido. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Javier Armando Ponce Rodríguez, contra el acto reclamado en líneas precedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como su autorizado en términos de la parte final, segundo párrafo del invocado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a ***, por así haberlo solicitado la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías...

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