Javier Armando Jiménez Rivera

Expediente 1537/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1537/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Javier Armando Jiménez Rivera
  • Jesús Daniel Sanjuanero Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida ****, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1537/2016-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, una vez precisado lo anterior, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio sumario civil número 1233/2016 por el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual se le revoca al quejoso la legitimación y personalidad con la que contaba en dicho juicio. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. En los autos del juicio sumario civil número 1233/2016 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, ****** demandó a *****, las convivencias respecto de su menor hijo ******; razón por la cual, dada la minoría de edad de ***** hija del quejoso, éste actúo en su representación. Seguido el juicio hasta su etapa de alegatos, el trece de de septiembre de dos mil dieciséis, el referido Juez, dictó un auto por el cual determino que el hoy quejoso ya no podía seguir actuando en representación de su menor hija, ya que ésta durante el juicio había adquirido su mayoría de edad, por lo cual le ordenó notificar tal proveído a ******, a fin de que se apersonara en dicho procedimiento. Siendo este último acto el que se combate a través de esta vía de amparo. Ahora, el acto que combate la parte quejosa a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia. Por lo tanto, éste juzgador considera que en el caso previo al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto de trece de de septiembre del actual, el cual revoca la legitimación y personalidad del quejoso para actuar en el juicio de origen en representación de su menor hija Paula Rosina Jiménez Zamarrón, al haber adquirido ésta la mayoría de edad. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fijas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al haber tenido previamente reconocido el carácter de parte en el juicio natural y al haber participado activamente en el, la parte quejosa bien pudo intentar contra el auto de trece de de septiembre del presente año, el recurso de apelación de conformidad con los artículos 48 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el solicitante de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, como ya se dijo, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, la parte quejosa de mérito debió de agotar el recurso ordinario que le otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la apelación, de conformidad con los artículos 48 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra dicen: "Artículo 48. El Tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su responsabilidad; no obstante, el litigante tiene derecho de impugnarla. La personalidad solo podrá ser examinada o impugnada con posterioridad a la resolución de que se ocupa el artículo 266, cuando exista causa superveniente." "Artículo 266. Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se substanciarán en un solo incidente, dejando en suspenso la cuestión principal. Al resolverse este incidente se observará lo dispuesto en el párrafo siguiente. Una vez fijada la controversia, el juez dictará resolución en la que estudiará de oficio la competencia, la personalidad de las partes y la procedencia de la vía. Las resoluciones que se dicten en los supuestos de éste artículo serán apelables en el efecto devolutivo. La inobservancia de lo dispuesto en este artículo, dará lugar a que se interponga al juez una multa de diez veces el salario mínimo general diario vigente en la zona." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra dichos actos que por esta vía se reclaman, es el recurso de apelación, pues a través del mismo se podría modificar o revocar dicho acto de autoridad que se pretende combatir en esta vía de amparo, y que en el caso concreto, lo constituye el auto de trece de de septiembre del actual dictado en el juicio sumario civil 1233/2016, que revoca la legitimación y personalidad del quejoso. De ahí que, se insiste, al haber tenido previamente reconocido el carácter de parte dentro de los autos del juicio natural del que emana el acto reclamado, y al combatir precisamente el auto por el cual se le revoca la personalidad con que contaba en tal juicio, el aquí quejoso debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, agotar el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 48 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Resulta aplicable la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de el quejoso no se encontraba en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Resulta conveniente invocar la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, en el caso no está involucrado directamente en el acto reclamado un menor de edad, pues sólo se dilucido la personalidad de quien representaba a la madre, la cual, confiesa el quejoso, ha adquirido la mayoría de edad; de ahí que no se esté en un caso de excepción al principio de definitividad y que inclusive, cobre aplicación, en su caso, a ser una violación de índole intraprocesal en cuestión de personalidad que no afecta derechos sustantivos y que, por ende esté vedada la procedencia del juicio constitucional en su contra. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indica. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal..I

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 23/09/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 22/09/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida ****, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1537/2016-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, una vez precisado lo anterior, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio sumario civil número 1233/2016 por el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual se le revoca al quejoso la legitimación y personalidad con la que contaba en dicho juicio. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. En los autos del juicio sumario civil número 1233/2016 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, ****** demandó a *****, las convivencias respecto de su menor hijo ******; razón por la cual, dada la minoría de edad de ***** hija del quejoso, éste actúo en su representación. Seguido el juicio hasta su etapa de alegatos, el trece de de septiembre de dos mil dieciséis, el referido Juez, dictó un auto por el cual determino que el hoy quejoso ya no podía seguir actuando en representación de su menor hija, ya que ésta durante el juicio había adquirido su mayoría de edad, por lo cual le ordenó notificar tal proveído a ******, a fin de que se apersonara en dicho procedimiento. Siendo este último acto el que se combate a través de esta vía de amparo. Ahora, el acto que combate la parte quejosa a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia. Por lo tanto, éste juzgador considera que en el caso previo al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto de trece de de septiembre del actual, el cual revoca la legitimación y personalidad del quejoso para actuar en el juicio de origen en representación de su menor hija Paula Rosina Jiménez Zamarrón, al haber adquirido ésta la mayoría de edad. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fijas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al haber tenido previamente reconocido el carácter de parte en el juicio natural y al haber participado activamente en el, la parte quejosa bien pudo intentar contra el auto de trece de de septiembre del presente año, el recurso de apelación de conformidad con los artículos 48 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el solicitante de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, como ya se dijo, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, la parte quejosa de mérito debió de agotar el recurso ordinario que le otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la apelación, de conformidad con los artículos 48 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra dicen: "Artículo 48. El Tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su responsabilidad; no obstante, el litigante tiene derecho de impugnarla. La personalidad solo podrá ser examinada o impugnada con posterioridad a la resolución de que se ocupa el artículo 266, cuando exista causa superveniente." "Artículo 266. Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se substanciarán en un solo incidente, dejando en suspenso la cuestión principal. Al resolverse este incidente se observará lo dispuesto en el párrafo siguiente. Una vez fijada la controversia, el juez dictará resolución en la que estudiará de oficio la competencia, la personalidad de las partes y la procedencia de la vía. Las resoluciones que se dicten en los supuestos de éste artículo serán apelables en el efecto devolutivo. La inobservancia de lo dispuesto en este artículo, dará lugar a que se interponga al juez una multa de diez veces el salario mínimo general diario vigente en la zona." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra dichos actos que por esta vía se reclaman, es el recurso de apelación, pues a través del mismo se podría modificar o revocar dicho acto de autoridad que se pretende combatir en esta vía de amparo, y que en el caso concreto, lo constituye el auto de trece de de septiembre del actual dictado en el juicio sumario civil 1233/2016, que revoca la legitimación y personalidad del quejoso. De ahí que, se insiste, al haber tenido previamente reconocido el carácter de parte dentro de los autos del juicio natural del que emana el acto reclamado, y al combatir precisamente el auto por el cual se le revoca la personalidad con que contaba en tal juicio, el aquí quejoso debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, agotar el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 48 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Resulta aplicable la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de el quejoso no se encontraba en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Resulta conveniente invocar la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, en el caso no está involucrado directamente en el acto reclamado un menor de edad, pues sólo se dilucido la personalidad de quien representaba a la madre, la cual, confiesa el quejoso, ha adquirido la mayoría de edad; de ahí que no se esté en un caso de excepción al principio de definitividad y que inclusive, cobre aplicación, en su caso, a ser una violación de índole intraprocesal en cuestión de personalidad que no afecta derechos sustantivos y que, por ende esté vedada la procedencia del juicio constitucional en su contra. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indica. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal..I

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