Javier Armando Barrientos Pérez
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Armando Barrientos Pérez
- Juan Carlos González Díaz
- Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, siendo las once horas con diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 26/2023, promovido por Alejandro Mendoza Zaragoza autorizado de los directos quejosos *******; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Verónica Yazmín Bautista Soto, secretaria quien da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la última de las autoridades responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria certifica que las partes no ofrecieron pruebas, sin embargo, de oficio este Juzgado obtuvo constancias recabas al Instituto de Migración con sede en Acayucan, Veracruz. Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto. Al no existir pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Se acuerda: En virtud de que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este periodo de la audiencia. En seguida, se dicta: SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 26/2023, promovido por Alejandro Mendoza Zaragoza autorizado de los directos quejosos ***********; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de enero de la anualidad citada, se acordó: admitir la demanda de amparo; conceder la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; se ordenó la ratificación de la misma por parte de los directos quejosos *******; requerir a las autoridades responsables sus informes de suspensión de plano y justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede (fojas 9-16). TERCERO. En proveído de nueve de marzo del año en curso (fojas 55-56) se tuvo por inexistente y se suspendió toda comunicación con las autoridades 4. Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, 5. Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración, 6. Subdirector de Regulación Migratoria, dependiente del Instituto Nacional de Migración, 7. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "A", 8. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" y 9. Encargado de la Representación Local de Acayucan, todos con sede en Acayucan, Veracruz; sin que en el caso sea necesario realizar pronunciamiento alguno en torno a dichas autoridades, con base en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, al reclamarse la detención administrativa del quejoso por más de treinta y seis horas, así como la orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional del quejoso, susceptibles de afectar irreparablemente sus derechos humanos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en la que este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que consisten en: La orden de detención, deportación o repatriación emitida en contra de la parte quejosa. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable: 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración residente en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades 1. Instituto Nacional de Migración, 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en Ciudad de México, no obstante, de haber negado los mismos, en su respectivo informe justificado. Lo que se estima de esa manera, en razón que si bien dichas autoridades negaron los actos reclamados, lo cierto es que el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, informó que ****, fueron puestos a disposición de la Estación Migratoria de Acayucan, en donde se les otorgó la salida definitiva del país el dieciocho de enero de dos mil veintitrés (fojas 97 a 98, 107 a 119, 125 a 137, 145 a 147). De allí, que ante tales manifestaciones de esa autoridad, se tiene por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Asimismo, de oficio este Juzgado recabó información a la autoridad con residencia en Acayucan, Veracruz, quien en auto de diez de octubre de este año, la encargada de las Oficinas de Canalización del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, en el sentido de que informó mediante oficio INM/ORV/ORLACY/3186/2023 de tres de octubre del año en curso, que las directas quejosas ******** eran menores de edad, que no cuentan con mayores datos, solo que los padres de las mismas *******, se les otorgó la condición de estancia de visitante por razones humanitarias el dieciséis de enero de este año, por tratarse de un adulto acompañado con un menor o adolescente, por lo que los menores, para estar a su cuidado, anexando constancias para tal efecto. Lo anterior, también con apoyo en las documentales remitidas por la Oficinas de Canalización del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, y encargada de Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, 6º y 15 de la ley de la materia. Lo anterior se sostiene así, en la medida que *****, no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Alejandro Mendoza Zaragoza y, como consecuencia de ello, no exteriorizó su voluntad para promover la acción constitucional; en atención a las consideraciones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 107, fracción I, como uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que se traduce en que es indispensable que se tenga certeza de que quien lo promueve lo hace por sí o por interpósita persona. Dicho principio rector, se contiene en el artículo 6° de la Ley de Amparo: "(.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. (.)" Asimismo, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, tenemos el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo: "(.) Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. (.)" Así, el numeral transcrito contempla la posibilidad que la demanda de amparo sea promovida por cualquier persona en nombre del agraviado que se encuentre imposibilitado para promoverla, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cuyo caso, se debe requerir al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo promovida a su favor. Por otra parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se puede advertir que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, la parte quejosa deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. b) Aducir un interés legítimo, el cual debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, del contexto de la demanda de amparo, se advierte que los directos quejosos ****** comparecen al presente juicio de regularidad constitucional representado por Alejandro Mendoza Zaragoza, quien promovió la demanda de amparo a su favor, al tratarse de actos contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, la detención administrativa por más de treinta y seis horas y la orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional. En ese sentido, en proveído de dieciséis de enero de la presente anualidad (9-21) y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Alejandro Mendoza Zaragoza en representación de ******, ordenando a la actuaria que se constituyera para ello en las instalaciones de la Estación Migratoria de Veracruz, Veracruz, lugar donde se dijo se encontraba la directo quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada. En cumplimiento a lo anterior, el día dieciséis de enero pasado, la actuaria judicial adscrita se constituyó en tales instalaciones en busca de los directos quejosos, sin embargo, no localizó a los impetrantes *******, pues le informaron que dichas personas no se encontraban en esas instalaciones. Posteriormente, por auto de doce de mayo del actual (foja 103) se tuvo al Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, informando que los directos quejosos ********, fueron puestos a disposición a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, en donde se les otorgó salida definitiva del país el día dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, la autoridad encargada de Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, mediante oficio INM/ORV/EMA/DJ/03254/2023 acordado en auto de uno de agosto del año en curso se le tuvo informado que las directas quejosas Marlie Valentina Ponce López y Ana Sofía Alvarado López son menores de edad, al momento de su puesta a disposición, y por ello, no se dejan a disposición de dichas instalaciones; asimismo, la autoridad Encargada de las Oficinas de Canalización del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Acayucan, Veracruz, informó mediante oficio INM/ORV/ORLACY/3186/2023 de tres de octubre del año en curso, que las directas quejosas ******* fueron puestas a resguardo humanitario en la Oficina de Canalización de NNA de INM en Acayucan, Veracruz, mediante oficio No.INM/ORV/ACY/0068/2023, las cuales viajaban en compañía de sus padres Ana Rosa López Corvera, Jonathan Javier Alvarado García, el día dieciséis de enero del año en curso fueron canalizadas en el albergue "Faustina Kowalska, A.C.," con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, para posteriormente otorgarles la Condición de Estancia de Visitante por Razones Humanitarias a dichas menores directas quejosas, por conducto de sus padres **********, a quienes se les otorgó la condición de estancia de visitante por razones humanitarias el dieciséis de enero de este año, por tratarse de un adulto acompañado con un menor o adolescente, por lo que las menores, para estar a su cuidado, anexando constancias para tal efecto. Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización de la agraviada con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; en el caso, resultó innecesario seguir con la búsqueda y localización de los directos quejosos **************, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, al haberse agotado las providencias necesarias para lograr su comparecencia, pues la referida autoridad fue contundente y categórica en informar que la misma no se encuentran en el lugar designado para su alojamiento, al determinarse su salida definitiva del país, sin que se cuente con un domicilio en el que pueda ser localizado para la ratificación de la misma, ni por parte de las responsables, ni por el propio promovente. Así, queda evidenciado que la falta de ratificación por parte de los impetrantes de amparo ********, se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, por lo que, no se logra la materialización de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se siga el juicio de amparo a instancia de la parte agraviada por los actos aquí reclamados. Además, lo anterior al mismo tiempo, evidencia la falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por identidad de razón, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A.3 K (11a.) Materia: Común, dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, registro: 2024397, de rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS. Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos." Por tanto, es claro que se concreta el motivo de improcedencia establecido en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, 6º y 15 de la ley de la materia, puesto que ante la falta de ratificación, no quedó evidenciada la voluntad para la promoción de la demanda, así como su falta de interés jurídico y/o legítimo para acudir a la vía indirecta a solicitar el amparo contra los actos reclamados. CONCLUSIÓN En consecuencia, ante la actualización del motivo de improcedencia analizado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación planteados. Ahora, no es el caso realizar pronunciamiento alguno respecto de la autoridad señalada como responsables denominadas 4. Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, 5. Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración, 6. Subdirector de Regulación Migratoria, dependiente del Instituto Nacional de Migración, 7. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "A", 8. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" y 9. Encargado de la Representación Local de Acayucan, todos con sede en Acayucan, Veracruz, y que se tuvieron por inexistentes (foja 55) como lo dispone la tesis de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el auto en que se admitió la demanda, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Mendoza Zaragoza en representación de ********* contra los actos reclamados y por las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero y cuarto por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Encargada de las Oficinas de Canalización del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Acayucan, Veracruz, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de septiembre del año actual para lo cual remite copias certificadas relativas a la información con que cuentan de las quejosas Marlie Valentina Ponce o Ponse López y Ana Sofía Alvarado López. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. En otro aspecto, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el once de octubre del actual, surtirá sus efectos el trece siguiente y el citado plazo transcurrirá del dieciséis al veinticinco de octubre del año en curso, y la audiencia constitucional está fijada para el próximo dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional señalada para el dieciocho de octubre del presente año en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para que tenga verificativo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Encargada de las Oficinas de Canalización del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Acayucan, Veracruz, atento a su contenido se le tiene pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante misiva 26048 de cinco de septiembre del año actual, sin embargo no informó si las directas quejosas ********************y********************aún se encuentran dentro del territorio mexicano. En tales condiciones requiérase nuevamente a la Encargada de la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes con residencia en Acayucan, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíe toda la información con que cuentan de las quejosas ********************y********************asimismo informe si siguen en territorio Mexicano o ya se encuentran en su país de origen, de tal forma que de ser así remitan las constancias de la salida definitiva de este país de dichas directas quejosas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido para el efecto, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta veces valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintinueve de agosto del año en curso que, tal como lo manifestó a este órgano jurisdiccional mediante oficio INM/ORV/EMA/DJ/03254/2023 de veinticinco de julio pasado, las quejosas ******************** y ********************, pudieran ser menores de edad, y que no cuenta con mayores datos de las mismas. Sin embargo, informa que la autoridad competente para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de agosto del año actual, es la Encargada de la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes con residencia en Acayucan, Veracruz. En mérito de lo anterior, se impone, requerir al Encargada de la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes con residencia en Acayucan, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíe toda la información con que cuentan de las quejosas ******************** y ********************, asimismo informe si han estado alojadas en alguna de las Estancias de Migración dentro del Estado, y der ser el caso, proporcione toda la información relevante para su localización por parte de este órgano de control constitucional. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido para el efecto, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta veces valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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