Javier Aranda Rodríguez

Expediente 551/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
551/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Javier Aranda Rodríguez
  • Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Puebla, Con Residencia En Puebla, Juez Marco Antonio Meneses Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictada dentro recurso de revisión número R-79/2022, el expediente de amparo número 551/2021 y un anexos y un disco formato digital DVD, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió desechar el recurso de revisión, confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado; así como el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se negó el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente se suspensión El cuaderno original es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a), pues las medidas cautelares -provisional como y definitiva-, fueron concedidas; por ende, se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, concluido, dentro de los noventa días siguientes será depurado: se conservarán las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la suspensión, para después transferirlo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. El duplicado es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha. Archívese por separado. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, Juez *************, las constancias que anexó como justificante de su informe, consistente en copias certificadas y un disco formato DVD, derivados de la causa penal 390/2011 de su índice, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, sin ser necesario requerir el acuse respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de Lucero Illescas Flores en su carácter de defensora particular de los quejosos Javier Aranda Rodríguez y Horacio Pérez Sánchez y con el escrito de Ingrid Dennis Organista Acua, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los citados quejosos, atento al contenido del primero de los mismos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de engrose de tres de noviembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Finalmente, se hace constar que las promociones de cuenta se recibieron de forma electrónica en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica transacción; por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 551/2021, promovido por Javier Aranda Rodríguez y Horacio Pérez Sánchez; para dictar sentencia. R e s u l t a n d o. Primero. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y turnado a este juzgado el día hábil siguiente, Javier Aranda Rodríguez y Horacio Pérez Sánchez, por conducto de su defensora Lucero Illesca Flores, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Marco Antonio Meneses Aguilar, y otra autoridad, al considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 21 y 123 constitucionales. Actos que hizo consistir en la resolución que califica de legal la detención de los quejosos y auto de vinculación a proceso emitidos en su perjuicio el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada a Javier Aranda Rodríguez, decretada en esa misma fecha, mismos que tuvieron lugar dentro de la carpeta judicial administrativa 390/2021. Segundo. Por auto de once de junio de dos mil veintiuno se formó, registró y admitió a trámite el juicio de amparo 551/2021; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción de este juzgado, se ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento de origen; finalmente, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este juzgado la tiene conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclaman: - Javier Aranda Rodríguez y Horacio Pérez Sánchez la resolución que califica de legal su detención y el auto de vinculación a proceso decretado a los quejosos el veintiuno de mayo del actual. - Javier Aranda Rodríguez la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada al quejoso en esa misma data y su ejecución. Actos emitidos en la carpeta judicial administrativa 390/2021 del índice del Juzgado responsable, respectivamente. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al juez y director responsables, por así aceptarlo al rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior, se corrobora con el contenido del disco compacto en formato DVD, relativo a la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa 390/2021, así como con la copia certificada de las constancias que constan en el expediente de la citada causa, que dicho juez remitió en apoyo a su informe; de las cuales es posible advertir que el órgano jurisdiccional responsable en ejercicio de sus funciones emitió los actos reclamados, así como que el Director del Centro de Reinserción Social responsable se encuentra ejecutando la medida cautelar de prisión preventiva respecto de Javier Aranda Rodríguez. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación respecto de la calificación de legal la detención y retención. Dado que no se advierte la existencia de alguna causa de improcedencia se procede al estudio de los actos reclamados, para lo cual se analizarán los conceptos de violación en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. En este considerando se analizarán los conceptos de violación respecto de la calificación de legal la detención y retención los cuales son infundados sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De manera previa, a fin de verificar si la calificación de legal aquí analizada se efectuó respetando los derechos fundamentales de los quejosos, es menester señalar que el artículo 16, en sus párrafos tercero, quinto, sexto y séptimo, de la constitución prevé, como regla general, que ninguna persona podrá ser privada de la libertad, sino es mediante orden de aprehensión emitida por autoridad judicial competente, por delitos cuya pena sea privativa de la libertad, existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión y como excepciones a aquella, se prevé: 1) La posibilidad de que cualquier persona pueda detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido (flagrancia), supuesto en el que deberá ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. 2) Que el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, ordene la detención en casos urgentes, en los que se trate de delito grave y exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En el caso se analizará la hipótesis prevista en el numeral 1) antes citado, misma que fue recogida por el legislador y plasmadas en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que en lo que interesa se previó que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, entendiéndose por esto último cuando: I. Que en ese momento este cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo sea detenida, en virtud de: a) Ser sorprendida cometiendo el delito y es perseguida sin interrupción, o b) Cuando la persona es señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Hipótesis en las que inmediatamente se debe de entregar al detenido a la autoridad más próxima, misma que con igual prontitud deberá ponerlo a disposición del Ministerio Público. Ahora bien, de las constancias y videos remitidos por la autoridad responsable se advierte que el juez responsable calificó de legal la detención y retención de los quejosos al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser detenidos al momento de estar cometiendo hechos con la apariencia de los siguientes delitos: a) Respecto Javier Aranda Rodríguez: - Contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L, previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con el artículo 479 de la Ley General de Salud. - Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso C, de la Ley Federal de Uso de Armas y Explosivos. - Utilización de uniformes con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, previsto y sancionado en el artículo 250 bis 1 fracción V del Código Penal Federal. b) Respecto de Horacio Pérez Sánchez contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y diacetilmorfina, previsto y sancionado en los numerales 477 en relación con 479 de la Ley General de Salud. Actuar que se estima ajustado a los parámetros constitucionales y legales antes señalados. En efecto, como lo indicó el juez responsable respecto del control de detención, pues de la narrado en la puesta a disposición y del informe policial homologado de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por los elementos de la Policía Municipal Preventiva de Amozoc de Mota, José Marcos Trujeque Soledad, Margarita Torres Roque, Héctor Lima Castillo y José Jacobo León, se advierte que los citados elementos mientras realizaban su recorrido de seguridad y vigilancia ese mismo diecinueve, a bordo de la unidad oficial P 029, alrededor de las tres horas con treinta minutos sobre el camino de terracería que conduce a la colonia San Jacinto de Amozoc de Mota, con dirección de oriente a poniente, advirtieron que en sentido contrario circulaba una camioneta blanca, Ford, Expedition y detrás una pipa aparentemente de gas negra con las luces apagadas circunstancia, por lo que José Marco que manejaba la unidad encendió la torreta para que los vieran los vehículos que circulaba hacia ellos y al acercárseles, la pipa y la camioneta se detuvieron intempestivamente, momento en que bajaron dos sujetos de las puertas traseras de la camioneta que realizaron detonaciones con armas mientras retrocedían a pie, los elementos aprehensores descendieron de la patrulla y se cubrieron con las puertas de su unidad, cuando les dejaron de disparar proceden a acercarse a la camioneta y a la pipa. Al aproximarse al vehículo Ford observan que del lado del conductor se encontraba una persona, por lo que José Marcos se aproximó de ese lado y se identificó, advirtiendo que se trata de un masculino que porta un chaleco balístico de color verde camuflajeado tipo militar, al que le solicitó que descendiera, pero no podía bajar porque se había atorado el cinturón de seguridad, elemento policial que desde el exterior advierte (a un costado de la persona que estaba a bordo del vehículo) que entre el asiento del conductor y del copiloto hay un arma larga de fuego, le indica al citado sujeto que lo ayudaría a desabrochar el cinturón de seguridad, momento en el que el sujeto se identificó con el policía como Javier Aranda Rodríguez y le hizo referencia que era elemento de la policía sacando de su bolsa izquierda del pantalón un documento por la Secretaría de Seguridad Pública, mismo que no correspondía a alguna identificación y que consistía a un oficio de presentación para examen de control de confianza. Posteriormente, José Marcos y el diverso elemento policial Héctor, que brindaba seguridad perimetral, solicitaron a Javier autorización para realizar una inspección en el vehículo, a la que accedió, y en la cual se localizó en la bolsa derecha delantera del pantalón seis bolsas de plástico transparente las cuales en su interior contenían hierba verde y seca con las características de la mariguana; por lo que solicitaron al cabinero de C5 informes de si tenía dato alguno de que el detenido fuera elemento de seguridad pública y se procedió a la revisión de la camioneta de donde se sacó el arma que se localizaba entre los asientos del piloto y copiloto, misma que correspondió a un arma de fuego larga, de la marca Anderson con matrícula 2016157, la cual tenía un cargador negro con la leyenda "556" con veinticinco cartuchos útiles con la leyenda en el culote "Águila", además de que en la guantera del vehículo se localizaron veinte bolsas más transparentes, que también contenían hierba seca y verde con características similares a la mariguana, también encontraron una bolsa de plástico que también contenía mariguana; por lo que le preguntaron a Javier si contaba alguna autorización o permiso para portar el arma de fuego y la sustancia narcótica, respondiendo que no. De igual manera, se advierte que mientras los elementos José Marcos y Héctor realizaban lo antes descrito, los policías Margarita y José Jacobo se dirigieron a la pipa negra que se encontraba en el lugar, de la cual bajó del conductor una persona masculina quien intentó correr en dirección a la parte trasera, por lo que Margarita le indicó que se detuviera y al hacer caso omiso, procedió a abrazarlo por la parte de atrás, momento en el que dicho sujeto cayó al piso, diciendo "ya estuvo", sujeto que indicó se llama Horacio, al que se le solicitó autorización para realizar una inspección, misma que otorgó su consentimiento, localizando en la bolsa delantera derecha de su pantalón cuatro bolsas transparentes tipo "ziploc" que en su interior contienen un polvo blanco y granulado con las características similares a la droga conocida como cristal, así mismo también le localizaron dos bolsas de plástico transparente tipo "ziploc" que en su interior contienian una sustancia color café con las características de la droga conocida como heroína, así refieren los elementos aprehensores que al cuestionar a Horacio si contaba con permiso para poseer la sustancia, sin que este hiciera manifestación alguna al respecto. Hechos con los que, como lo sostiene el juez responsable, se puede establecer que al momento de la detención de Javier se encontraba ejecutando hechos con apariencia de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L; de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de utilización de uniformes con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública y que al momento de detener a Horacio estaba cometiendo hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y diacetilmorfina. Con relación a lo anterior, los quejosos señalaron que el juez responsable dejó de observar lo que establecen los numerales 19 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en tanto que no verifica la falta de certeza de los hechos al momento de la detención de los quejosos, puesto que sostienen que es inverosímil lo narrado en el parte informativo por los elementos aprehensores, pues de lo ahí expuesto no se justifica el control provisional preventivo de primer nivel, por lo que la responsable debió de declarar ilegal la detención y las pruebas obtenidas en esa revisión. Pues sostiene que la autoridad no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito, sino que tiene que ser sorprendido al momento de estar cometiendo el delito, cuestión que es arbitraria si proviene de una restricción de la libertad carente de la razonabilidad que justifique la realización de un control preventivo provisional por parte de la policía, cuyo grado de intensidad debe atender a las circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o su integridad corre peligro; de ahí que los aprehensores estaban obligados a exponer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los llevaron a estimar que los quejosos eran sospechosos. Con relación a este tópico los impetrantes también señalan que cuando el control de detención deriva de la comisión de una infracción administrativa como sería el reglamento de tránsito, se debe exponer en que consistió dicha infracción, así como la justificación de aquella conducta que constituyó una mayor intromisión en la persona y sus propiedades, debiendo el juzgador analizar los motivos que condujeron a restringir los derechos de esa persona a fin de descartar que aquella se efectuó únicamente basados en razones meramente discriminatorias. Una vez que precisaron lo anterior los inconformes señalan que en el caso no se colmó lo tocante a la intensidad del control preventivo realizado ni que justifique el segundo nivel de restricción consistente en la revisión del vehículo, el cual realizaron los elementos aprehensores sin razón alguna, por lo que refiere que la restricción de la libertad se efectuó injustificadamente, pues incluso este se realizó sin que mediara algún control preventivo menor. No les asiste la razón. Para estimarlo así hay que destacar que en la tesis 1a. XCIII/2015 (10A.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invocan los inconformes, dicho órgano refiere que no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse como una forma de restricción de la libertad pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. Así, ese órgano colegiado distingue tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona, a saber: a) Simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención. b) Restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad. c) Detención en sentido estricto. Del primero refiere que ese primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica (puede darse cuando un agente de policía se acerca a una persona y le hace preguntas sin coacción y el particular puede retirarse en cualquier momento). Por su parte, respecto de la dos siguientes formas que implican la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona esta razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes de la autoridad, y debe ser excepcional y estar justificada por las circunstancias que la rodean. Con relación a estas últimas figuras que implican una limitación al derecho de la libertad de las personas la Primera Sala antes referida en la tesis 1A. XXVI/2016 (10A.) señaló que existen controles preventivos cuya finalidad es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos; y, excluir la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, pues para que esta figura se actualice es necesario una sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito, lo cual debe derivar de las circunstancias objetivas como son los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía en este contexto, las condiciones en las cuales la dicha autoridad estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Así refiere que las condiciones circunstanciales son las que justificaran la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, así como el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad, de los cuales destaca dos tipos de control a realizar: 1. El preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, entre otros y en el cual también pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. El preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, en el cual podrán registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Ahora bien, si en el caso, contrario a lo manifestado por los impetrantes si se advierten circunstancias razonables en torno a las cuales los elementos realizaron la detención de los impetrantes tienen lugar el diecinueve de mayo del actual a las tres horas con treinta minutos sobre el camino de terracería que conduce a la colonia San Jacinto de Amozoc de Mota, con dirección de oriente a poniente, donde advirtieron que en sentido contrario circulaba una camioneta blanca, Ford, Expedition y detrás una pipa aparentemente de gas negra con las luces apagadas, esa circunstancia justifica que en primer momento los elementos policiacos prendieran la torreta para que los observaran, pues de acuerdo a lo antes expuesto están en posibilidad de averiguar porque viajaban con las luces apagadas a fin de prevenir cualquier ilícito. Por su parte el hecho de que los vehículos se detuvieran intempestivamente y que de la camioneta descendieran dos sujetos con armas los cuales comenzaron a disparar quienes que se dieron a la fuga, da lugar a que los elementos aprehensores realizaran un control preventivo de segundo grado es decir que procedieran a la revisión tanto de las personas que permanecieron a bordo de los mismos, así como el interior de ellos. Aunado a lo anterior, dicho control preventivo se justifica en mayor medida si se toma en consideración que al acercarse los elementos aprehensores al vehículo en el que viajaba Javier desde el exterior advierte que entre el asiento del conductor y del copiloto había un arma larga de fuego, así como que al momento en que los policías se acercaron al vehículo en el que iba Horacio éste intentara correr en dirección a la parte trasera de la pipa. Por ende, es correcto que se califique de legal la detención si al momento de que se efectuaron esos controles preventivos se encontró que Javier se estaba ejecutando hechos con apariencia de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L; de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de utilización de uniformes con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública y Horacio estaba cometiendo hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y diacetilmorfina. De ahí que sea ajustado a derecho que el juez responsable considerara legal la detención de los quejosos y se considerara como válidos los indicios descubiertos en dichas revisiones. De igual manera, como indicó el juez responsable, la instancia investigadora no excedió del plazo de cuarenta y ocho horas para resolver la situación jurídica de los impetrantes, en tanto que los elementos aprehensores pusieron a los quejosos a disposición de la representación social a las nueve horas con nueve minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y ésta a su vez lo consignó ante el Juez responsable a las ocho hora con treinta y ocho minutos del veintiuno siguiente. Y si bien entre el lapso en que los quejosos fueron detenidos (tres horas y treinta minutos del diecinueve de mayo del actual) y aquel en que fue puesto a disposición de la instancia investigadora (nueve horas con nueve minutos de mismo diecinueve de mayo del actual) transcurrieron poco más de cinco horas y media, cómo lo refirió el juez responsable, aquel retraso se advierte atiende a que los elementos aprehensores llevaron a cabo la recolección y aseguramiento de los indicios indispensables para la presentación de los detenidos ante la instancia investigadora, así como para el llenado del informe policial homologado al que deben presentar para efecto de la puesta a disposición en conformidad con el artículo 43 de la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual debe contener en lo que interesa, la ubicación del evento y en su caso, los caminos; la descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar; en caso de detenciones los motivos de esta, la descripción de los detenidos, nombre y apodo de los mismos, descripción de estado físico aparente; objetos que le fueron encontrados, entre otros datos; de ahí que el lapso que transcurrió se estima se encuentra justificado. Al respecto, los quejosos refieren que dicho actuar transgrede los artículos 21 constitucional, 131 fracción I, III, IV, VIII, 132 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, y del Protocolo Nacional de Primer Respondiente, pues los elementos de seguridad pública tienen el deber de informar inmediatamente al Ministerio Público cuando detengan a una persona, aviso que en el caso no se llevó a cabo, por lo que los actos de investigación que realizó la policía municipal sin dicha conducción no pueden servir de sustento para justificar su detención pues no fueron trasladados inmediatamente ante el Ministerio Público. No le asiste la razón a los impetrantes. En efecto, la Primera Sala referida al resolver la contradicción de tesis 92/2015 señaló que las repercusiones en la dilación en la puesta a disposición impactan en el material probatorio de la manera siguiente: a) La anulación de la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) La invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada (como lo son las declaraciones del indiciado que no tengan el carácter de confesión), los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el juez; y, c) La nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, sin la conducción y mando del Ministerio Público. Y el referido máximo órgano jurisdiccional precisó que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia, no podían ser invalidadas por actos posteriores, a menos que sean por vicios propios en la detención. Así, esta Primera Sala indicó que la violación consistente en que el detenido no sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público, no afecta la licitud del parte informativo de la policía, en lo concerniente a la precisión de las circunstancias que motivaron su intervención, la forma en que se realizó la captura y el aseguramiento de evidencias relacionadas con el delito flagrante; ya que aquélla violación en todo caso afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público. Ahora bien, en el caso como se indicó en párrafos precedentes se estimó que la detención de los quejosos se ajustó a los parámetros constitucionales y el retraso en la puesta a disposición es independiente de la detención y el tiempo que transcurrió entre la detención y la puesta a disposición se encuentra justificada por lo que no pueden considerarse como ilegales pues estos consisten esencialmente a la recolección de indicios encontrados al momento de a detención (los cuales están obligados a preserva los elementos aprehensores en términos del artículo 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales), así como el tiempo que les tomó la elaboración del informe policial homologado respecto del cual también se encontraban obligados por ley a elaborar. De ahí que ningún beneficio irrogue a los quejosos la tesis 1a. CLXXV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN, puesto que se advierten cuestiones razonables que justifican el lapso transcurrido entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público de los quejosos. Finalmente, cabe mencionar del análisis de los criterios invocados por los quejosos de rubros DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN; CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO CONJUNTAMENTE CON EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 10 DE JUNIO DE 2011, RESPETA ESTE PRINCIPIO, se inadvierte cuestión alguna que genere algún beneficio a los quejosos que tenga como consecuencia evidenciar la inconstitucionalidad del control de detención y retención. En esas condiciones, al no advertir motivo para suplir la deficiencia de éste, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado consistente en la calificación de legal la detención y retención. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso. Son infundados los conceptos de violación expuestos por los quejosos, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para estimarlo así hay que destacar que los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén como requisitos para decretar un auto de vinculación a proceso los siguientes: 1) Que se haya formulado la imputación; 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; 3) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y 4) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Los requisitos de forma del auto de vinculación a proceso están contenidos en el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo 316 de dicho Código, y, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Así mismo, el auto de vinculación en conformidad con el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá ser emitido oralmente y además constar por escrito, después de su emisión oral. Ahora bien, de autos se desprende que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia inicial, con la comparecencia de los impetrantes y de sus defensores particulares; la representación social formuló imputación respecto de los hechos que estimó encuadraban en las conductas consideradas por la ley como delitos, por lo que el órgano jurisdiccional responsable otorgó a los inconformes la oportunidad de declarar respecto de los hechos que le atribuyen, quienes se reservaron ese derecho, y se procedió, previa solicitud de la instancia investigadora, con la etapa de vinculación en la cual, una vez expuestos los datos de prueba los impetrantes solicitaron se resolviera en ese instante su situación jurídica, se otorgó a la defensa la oportunidad de controvertir lo expuesto por el representante social, la cual atendiendo a su estrategia de defensa indicó que no tenía nada que manifestar, por lo que la autoridad responsable dictó auto de vinculación, al considerar que probablemente participó en la comisión del hecho con apariencia de: a) Respecto Javier Aranda Rodríguez: - Contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L, previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con el artículo 479 de la Ley General de Salud. - Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso C, de la Ley Federal de Uso de Armas y Explosivos. - Utilización de uniformes con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, previsto y sancionado en el artículo 250 bis 1 fracción V del Código Penal Federal. b) Respecto de Horacio Pérez Sánchez contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y diacetilmorfina, previsto y sancionado en los numerales 477 en relación con 479 de la Ley General de Salud. Lo anterior, con apoyo en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Publico siguientes: a) Oficio de puesta a disposición sin número e informe policial homologado de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, elaborado por los policías municipales José Marcos Trujeque Soledad, Margarita Torres Roque, Héctor Lima Castillo y José Jacobo León Sánchez. b) Dictamen en materia de balística forense 5717. c) Dictamen en química forense 5719. d) Dictamen en materia de fotografía forense 5716. e) Dictamen en materia de valuación 5718. f) Informe de investigación criminal 8807/2021. Medios de prueba con los que como lo hizo el juez responsable se pude establecer que con relación a Javier Aranda Rodríguez acontecieron los hechos considerados por la ley como delitos en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L (previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con el artículo 479 de la Ley General de Salud), de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (previsto en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso C, de la Ley Federal de Uso de Armas y Explosivos) y de utilización de uniformes con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública (previsto y sancionado en el artículo 250 bis 1 fracción V del Código Penal Federal); así como que respecto de Horacio Pérez Sánchez se actualizan hechos con apariencia del ilícito contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y diacetilmorfina (previsto y sancionado en los numerales 477 en relación con 479 de la Ley General de Salud), así como que exista le probabilidad de que ellos lo cometieron. En tanto que de lo expuesto de ellos se puede concluir que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno a las tres horas con treinta minutos al ir sobre el camino de terracería que conduce a la colonia San Jacinto del municipio de Amozoc de Mota, Puebla, Javier Aranda Rodríguez a bordo de la camioneta Ford, Expedition, con placas S62BGS de la Ciudad de México y Horacio Pérez Sánchez a bordo de la vehículo marca Dodge, Ram 6500-7000, con placas SJ90377 del Estado de Puebla, el primero poseía en su pantalón seis bolsas que contenían 18.5 gr. (dieciocho punto cinco gramos) de cannabis sativa L, y en la guantera de la camioneta veinte bolsas transparentes que en conjunto contenían 71.5 gr. (setenta y uno punto cinco gramos) y una diversa con 45.1 gr. (cuarenta y cinco punto un gramos) de la misma sustancia; así como que portaba en el vehículo un arma de fuego larga tipo fusil calibre .223 marca Anderson de uso exclusivo del ejército; sin autorización para ello ni pertenecer a las fuerzas armadas del país; además de que utilizaba un chaleco táctico antibalas con las siglas de la Secretaría de la Defensa Nacional con el ánimo de hacerse pasar como servidor público; y por su parte que el segundo portaba en la bolsa de su pantalón cuatro bolsas de plástico que contienen 0.4 gr. (cero punto cuatro gramos) de metanfetamina y dos bolsas de plástico que en su interior tiene 0.2 gr. (cero punto dos gramos) de diacetilmorfina sin contar con la autorización para poseer esas sustancias. En efecto, de la puesta a disposición sin número e informe policial homologado de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, elaborado por los policías municipales José Marcos Trujeque Soledad, Margarita Torres Roque, Héctor Lima Castillo y José Jacobo León Sánchez se puede establecer que ese mismo día a las tres horas con treinta minutos al ir sobre el camino de terracería que conduce a la colonia San Jacinto del municipio de Amozoc de Mota, Puebla, Javier Aranda Rodríguez iba a bordo de la camioneta Ford, Expedition, con placas S62BGS de la Ciudad de México y Horacio Pérez Sánchez abordó de la vehículo marca Dodge, Ram 6500-7000, con placas SJ90377 del Estado de Puebla. Así como que al momento de que fue revisado Javier (con motivo de las circunstancias que originaron la detención de ambos quejosos) le fueron encontrados veintisiete envoltorios que en su interior contenían hierba seca con apariencia de cannabis sativa L (mariguana), así como un arma de fuego larga tipo fusil calibre .223, con un cargador abastecido con veintisiete cartuchos, además, de que al momento de la detención utilizaba un chaleco táctico antibalas con las siglas de la Secretaría de la Defensa Nacional e indicó que era elemento de la policía y mostrando un oficio de presentación para examen de control de confianza. Por su parte, al momento de revisar a Horacio se advirtió que este poseía en la bolsa delantera de su pantalón cuatro envoltorios con polvo blanco granulado con características similares a la droga conocida como cristal y dos bolsas que en su interior contenían una sustancia color café con las características de la droga conocida como heroína. Del dictamen en materia de balística forense de 5717 se advierte que el arma localizada en el vehículo en el que iba Javier es un fusil calibre .223 con sistema de disparo semi automático se encuentra señalado en el artículo 11 inciso C de la Ley Federal de Uso de Armas y Explosivos como de aquellas armas que son de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área, además de que el cargador y cartuchos son de los útiles para el funcionamiento de dicha arma de fuego. Por su parte del dictamen de química forense de 5719 se puede establecer que la sustancia que se ubicaba en los envoltorios localizados a Javier se trata del estupefaciente denominado cannabis sativa L, conocido como mariguana, indicando que la masa neta localizada en posesión de este asciende a 141.1 gr. (ciento cuarenta y uno punto uno gramos); así como que las sustancias localizadas a Horacio corresponden a 0.4 gr. (cero punto cuatro gramos), es decir 400mgr. (cuatrocientos miligramos) y 0.2 gr. (cero punto dos gramos) de diacetilmorfina, conocida comúnmente como heroína, esto es, 200 mgr. (doscientos miligramos de esta sustancia). Por su parte, de los dictámenes en materia de fotografía forense 5716 y de valuación 5718 se evidencia la existencia de los objetos e instrumentos del delito, es decir, de las sustancias localizadas a los quejosos, así como del segundo de ellos se destacan las características del chaleco que utilizaba Javier, las cuales corresponden a un chaleco verde, diseño pixelado, modelo de DNA CN 341301 de talla mediana de fabricación de junio dos mil quince, el cual presentaba los paneles balísticos desgastados, que tiene las siglas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, con el informe de investigación criminal 8807/2021 se puede tener información de las características del lugar de los hechos, de los bienes y objetos asegurados y puestos a disposición de la representación social, entre ellos el chaleco que vestía Javier del que destaca que en la etiqueta se precisa la leyenda Secretaría de la Defensa Nacional del 16º Batallón Policía Militar y número económico 907, además de que da fe de la existencia del oficio que refieren los elementos aprehensores les exhibió el citado quejoso; además de que se indica que el elemento que realizó dicho documento informa que al hacer una investigación del modus vivendi se advirtió que Javier no forma parte de la policía de los cuerpos de Seguridad Estatal del Estado de Puebla. Datos con los que, como lo hizo la responsable, se puede concluir que respecto Javier Aranda Rodríguez acontecieron los hechos considerados por la ley como delitos en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L; de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y de utilización de uniformes con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, antes precisados; así como que respecto de Horacio Pérez Sánchez se actualizan hechos con apariencia del ilícito contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y diacetilmorfina, así como que exista le probabilidad de que ellos lo cometieron. Hechos que, como les indicó el juez responsable, se les atribuye en calidad de autores y que son de naturaleza dolosa conforme los artículos 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal. De ahí que sea infundado lo aducido por los quejosos en el sentido de que el auto de vinculación a proceso decretado en su contra por el juez responsable no colme los extremos previstos en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que estiman que los datos de prueba son insuficientes ni idóneos para justificar el hecho con apariencia de delito que se les atribuye, puesto que como se evidenció, a los quejosos se les formuló imputación, se les dio la oportunidad de declarar, derecho que se reservaron a ejercer, y los datos de prueba expuestos son suficientes e idóneos para establecer que se cometieron los hechos señalados por la ley como delitos que se les atribuye y existe la probabilidad de que participaron en su comisión. Tampoco asiste la razón a los quejosos al sostener que para el dictado del auto de vinculación a proceso es necesario que previamente se acreditara plenamente los elementos objetivos, subjetivos y normativo del cuerpo de los hechos con apariencia de delito, ya que para la emisión del auto de vinculación únicamente es necesario que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que la ley señale ese hecho como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió, sin que sea necesario la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que dichos extremos sólo son exigibles para el dictado de una sentencia. De ahí que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, extremo que en el caso se encuentra satisfecho. Finalmente, cabe mencionar del análisis de los criterios invocados por los quejosos de rubros: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO; PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA; y, PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN se inadvierte cuestión alguna que genere algún beneficio a los quejosos que tenga como consecuencia evidenciar la inconstitucionalidad del control de detención y retención. En tales condiciones, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Aranda Rodríguez y Horacio Pérez Sánchez contra el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistente en el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno en la causa penal 390/2021. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva decretada a Javier Aranda Rodríguez. El quejoso no formuló conceptos de violación contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada, sin que se advierta alguno que deba ser suplida en su deficiencia. La prisión preventiva oficiosa es ajustada a los estándares legales y constitucionales. En efecto, el juez responsable impuso al quejoso prisión preventiva oficiosa al ubicarse el delito en uno de los supuestos que la Constitución y la ley prevén para que se decrete esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (delitos cometidos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo) , aun ante la ausencia de alguna solicitud por parte de la representación social, de ahí que si el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, conforme a lo previsto en los artículos 19, párrafo segundo, constitucional, y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al considerar que se actualizó la circunstancia de que los hechos por los que se realizó imputación y solicitó vinculación a proceso se realizaron por un ilícito cometido respecto del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Determinación del juez responsable que es acertada, en tanto que el supuesto que invocó es acorde a los hechos narrados, lo cual permite imponer dicha medida, aún de oficio, puesto que se le atribuye al impetrante su participación en el hecho ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, respecto del cual, aun ante la ausencia de solicitud expresa del fiscal, se faculta al juez de origen a imponer la prisión preventiva oficiosa. De tal manera, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa está justificada; por ende, se niega el amparo al quejoso. Negativa que se hace extensiva a su ejecución, atribuida al director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, pues no se le atribuyen vicios propios. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Aranda Rodríguez y Horacio Pérez Sánchez contra los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, emitidos dentro de la carpeta judicial administrativa 390/2021, precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en los diversos cuarto, quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ++ y ++ contra los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, emitidos dentro de la carpeta judicial administrativa 390/2021, precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en los diversos cuarto, quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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