Javier Antonio Santos
Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Antonio Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la justicia federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de este mes y año, causó ejecutoria la sentencia de amparo; sin embargo toda vez que no existe la notificación realizada a la parte quejosa, se omitió computar el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a dicha parte procesal. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2°, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento respecto de dicho auto; y se comisiona al Actuario encargado de realizar las notificaciones en el presente asunto, para que a la brevedad notifique a la parte quejosa la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la Justicia a la parte quejosa, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "...Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 604/2022, promovido por (.), por conducto de su defensor particular Hugo Alberto Sosa García, contra actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado. De una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se inconforma con el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control del Circuito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la causa penal 36/2022, por su probable responsabilidad del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 404 bis, fracciones I y II; y sancionado por el diverso 405 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto. (...) TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Para justificar su informe, el juez responsable remitió un disco versátil digital que contiene archivos de audio, video y en pdf que contienen diversas constancias, a las que se otorga valor probatorio pleno y de las que se advierte que el seis de mayo de dos mil veintidós, en su causa penal 36/2022, dictó auto de vinculación proceso contra el aquí quejoso. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresan. (.) CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte: Que a partir del veinte de noviembre de dos mil quince, Javier Antonio Santos, aquí quejoso y Gema Lucía Cortés Ramírez (tercera interesada), empezaron a vivir en concubinato en el domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán, Oaxaca y de dicha relación procrearon dos hijos de nombres D.A.C. y P.A.C.. Que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce horas, la víctima Gema Lucía Cortés Ramírez se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán, Oaxaca, cuidando a sus menores hijos, cuando Javier Antonio Santos le dijo "qué cosas estás haciendo, seguro estabas con tu celular , tú no te fijas de nuestros hijos, a mi no me quieras ver la cara de pendejo porque siempre me la ves", para después jalarla del brazo izquierdo y del brazo derecho y la metió al cuarto, agarró un cinturón que estaba sobre una maleta y le pegó varias veces en la pantorrilla de la pierna izquierda; después con sus dos manos la agarró del cuello y estaba por ahorcarla cuando entró su menor hijo D.A.C., por lo que Javier Antonio Santos la soltó. Que el viernes treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente las diez horas, Gema Lucía Cortés Ramírez se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán, Oaxaca, cuando llegó Javier Antonio Santos y le metió una patada en la pantorrilla izquierda; que la agarró de la cabeza y la empezó a sacudir diciéndole "estás pendeja, cállate y deja de llorar, porque si no te voy a romper tu madre". Que a raíz de estos hechos, Gema Lucía Cortés Ramírez presentó equimosis en región lateral de la rodilla izquierda y trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivoEl Ministerio Público solicitó al juez responsable citara a JAVIER ANTONIO SANTOS a la audiencia de imputación por hechos que la ley señala como delito; por lo que el juez citó al imputado a la audiencia que se llevaría a cabo el tres de mayo de dos mil veintidós. Que en razón de la denuncia formulada por la víctima, en audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, JAVIER ANTONIO SANTOS compareció ante el juez responsable para que se le formulara la imputación de los hechos, lo que realizó el Ministerio Público y también expuso los datos de prueba que a su juicio consideró justificaban la solicitud de vinculación a proceso; posteriormente a petición del imputado se ordenó la ampliación del plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica. En la audiencia de ampliación de término constitucional, celebrada el seis de mayo de dos mil veintidós, una vez desahogadas las pruebas admitidas a las partes, se vinculó a proceso al aquí quejoso, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404, 404 bis fracciones I y II y sancionado por el diverso 405, del Código Penal en el Estado de Oaxaca. Esa resolución es el acto reclamado por el quejoso en el este juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: (.) Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que enseguida se cita: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, se indica que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone como conceptos de violación: 1. Que en el acto reclamado no existen acreditados ni siquiera a nivel indiciario elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y su probable responsabilidad. 2. Que respecto a la violencia física, no existe un certificado médico que certifique las lesiones que presenta la víctima. 3. Que respecto a la violencia psicoemocional, la prueba psicológica solo contiene una opinión subjetiva y no un dato objetivo fundamental para demostrar que el daño emocional es derivado de lo manifestado por la víctima. 4. Que el juez de control no valoró con el mismo rango los datos de prueba del Ministerio Público y las pruebas desahogadas y argumentos de la defensa, y al no hacerlo, violó el principio de igualdad entre las partes, sustentando su dicho en la tesis aislada con registro 2015953 de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA". 5. Que en el caso no existe posibilidad mínima que el quejoso haya cometido el delito, lo que vulnera el principio de que todo acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y que nunca podrá condenarse a un acusado si no se comprueba plenamente el delito que se atribuye. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del indiciado; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Sobre la base anterior, RESULTAN INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, expresados por la parte quejosa, sin que exista queja deficiente por suplir. Al respecto, el auto de vinculación a proceso que se estudia se encuentra regulado por el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A su vez, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinan los requisitos que han de cumplirse para la emisión de un auto de vinculación a proceso: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se puede apreciar de la anterior transcripción, para que sea válido el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que previamente se comunique la imputación al indiciado, en la que se debe indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, que se le otorgue la oportunidad de declarar y que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Bajo este contexto, del análisis de las videograbaciones que contienen las audiencias que tuvieron lugar en el proceso penal, remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, con pleno valor probatorio al tener la naturaleza de una documental pública, se advierte la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, relacionada con la imputación que se formuló al aquí quejoso y la diversa de ampliación de término de seis de mayo de dos mil veintidós, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso. De ellas se determina que en el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos señalados previstos en la norma constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós (minuto 10 con 11 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4), se comunicó la imputación a (.), por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, y sancionado por el diverso 405 del Código Penal en el Estado de Oaxaca, con base en los siguientes hechos: ? Que a partir del veinte de noviembre de dos mil quince, Javier Antonio Santos y Gema Lucía Cortés Ramírez empezaron a vivir en concubinato en el domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán, Oaxaca y de dicha relación procrearon dos hijos de nombres D.A.C. y P.A.C. (minuto 10 con 44 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4) ? Que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce horas, la víctima Gema Lucía Cortés Ramírez se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán, Oaxaca, cuidando a sus menores hijos, cuando (.) le dijo "qué cosas estás haciendo, seguro estabas con tu celular , tú no te fijas de nuestros hijos, a mi no me quieras ver la cara de pendejo porque siempre me la ves", para después jalarla del brazo izquierdo y del brazo derecho y la metió al cuarto, agarró un cinturón que estaba sobre una maleta y le pegó varias veces en la pantorrilla de la pierna izquierda; después con sus dos manos la agarró del cuello y estaba por ahorcarla cuando entró su menor hijo D.A.C., por lo que (.)la soltó (minuto 11 con 06 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). ? Que el viernes treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente las diez horas, 8...)se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán, Oaxaca, cuando llegó 8...)y le metió una patada en la pantorrilla izquierda; que la agarró de la cabeza y la empezó a sacudir diciéndole "estás pendeja, cállate y deja de llorar, porque si no te voy a romper tu madre" (minuto 11 con 49 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). ? Que a raíz de estos hechos, Gema Lucía Cortés Ramírez presentó equimosis en región lateral de la rodilla izquierda y trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo (minuto 12 con 16 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, el aludido Agente del Ministerio Público los consideró como constitutivos del delito en mención, y la forma de intervención que se le atribuyó al imputado fue que realizó la conducta por sí. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara al imputado la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como procesado, y asistido de defensa particular, se le dio la posibilidad de declarar, manifestando su deseo de no emitir su declaración preparatoria (minuto 18 con 05 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). Ahora, para justificar el tercero de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistentes en que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en la audiencia inicial de tres de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable otorgó el uso de la voz a la representación social quien realizó la solicitud de vinculación a proceso, (minuto 18 con 30 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4) sustentando su petición en los siguientes datos de prueba: 1. Denuncia verbal de cuatro de enero de dos mil veintidós, emitida por Gema Lucía Cortés Ramírez, de la que se advierte que el diecisiete de julio de dos mil catorce conoció a (.), que ella estudiaba en el CBTIS ciento ochenta y tres de Miahuatlán de Porfirio Díaz y (.)tenía un taxi foráneo del sitio Tamazulapam; que ella tenía veintidós años y él treinta y nueve; que empezaron a tener una relación de noviazgo y el veinte de junio de dos mil quince quedó embarazada de Javier; que el veinte de noviembre de ese año Javier le dijo que si quería ir a vivir con él y ella dijo que sí. Que se fueron a vivir al domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Oaxaca; que el doce de marzo de dos mil dieciséis nació su primer hijo D.A.C.; que el primer año de relación no hubo golpes pero no le daba dinero para ella y sus hijos y le decía "eres una pendeja y buena para nada, ya estoy harto de ti; lárgate de mi casa, pero me dejas a mi hijo". Que a mediados de julio de dos mil diecisiete fue la primera vez que Javier le pegó con las manos; la empujó de frente y cayó en un mueble pegándose en la espalda la cual sangró; que no dijo nada a sus papás ni fue al médico porque la amenazaba diciéndole que le iba a quitar a su hijo; que en agosto de dos mil dieciocho y marzo de dos mil diecinueve también la golpeó. Que el dos de enero de dos mil diecinueve nació su segunda hija P.A.C., por lo que Javier dejó de golpearla por varios meses. Que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno siendo las doce horas, en su domicilio conyugal, la víctima se encontraba con sus menores hijos cuando llegó (.)y le dijo "qué cosa estás haciendo, seguro estabas con tu celular, tú no te fijas de nuestros hijos, a mí no me quieras ver la cara de pendejo porque siempre me la ves" para después jalarla de su brazo izquierdo y del derecho y la metió en un cuarto, agarró un cinturón que estaba sobre la maleta y le pegó en la pantorrilla de la pierna izquierda, le pegó fuerte con el cinturón con ambas manos; que la agarró del cuello y estaba por ahorcarla cuando entró al cuarto el menor D.A.C., por lo que Javier la soltó y se fue. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno a las diez horas la se encontraba en el referido domicilio cuando Javier Antonio Santos sin algún motivo le dio una patada en su pantorrilla izquierda; con sus manos la agarró de la cabeza y la empezó a sacudir diciéndole "estás pendeja, cállate y dejar de llorar porque si no te voy a romper tu madre"; que así estuvo por dos minutos y después salió y dijo que se iba a trabajar; que se quedó muy espantada y sentía que no podía respirar bien. Que el dos de enero de dos mil veintidós le contó a sus padres Demetrio (.) todo lo que (...)le había hecho y sus padres le dijeron que tenía que denunciarlo (minuto 19 con 14 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 2. Acta de nacimiento del menor D.A.C., con número de control 0831689, del que se advierte que el menor nació el doce de marzo de dos mil dieciséis y sus padres son 8...)(minuto 26 con 47 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 3. Acta de nacimiento de la menor P.A.C., con número de control 20026215 del que se advierte que la menor nació el dos de enero de dos mil veinte y sus padres son (.)(minuto 27 con 22 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 4. Certificado médico de Gema Lucía Cortés Ramírez, emitido por el doctor Jairo Sánchez González, en el que determinó que la víctima presenta equimosis en la región lateral de la rodilla izquierda; lesión que tarda en sanar menos de quince días y no pone en riesgo la vida ni la función (minuto 27 con 53 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 5. Certificado médico de lesiones de ocho de enero de dos mil veintidós, emitido por el perito médico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, doctor Arturo Avendaño Ramírez, a favor de Gema Lucía Cortés Ramírez, a quien encontró consciente, orientada, sobria, sin huellas de lesiones externas visibles, y que contó con dolor por contusión en la cara externa de la pierna y el muslo izquierdo (minuto 28 con 58 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 6. Dictamen psicológico de ocho de enero de dos mil veintidós, emitido por la perito psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde valoró a (.), quien presentó estado de ánimo deprimido, bajo nivel de energía e insomnio, con signos de fascia depresiva, accesos de llanto, voz entrecortada, frotamiento y movimientos repetitivos de manos; de acuerdo a las escalas de Hamilton se determinó un estado de ansiedad, de intensidad marcada y deprimido moderado, que se identifican rasgos de dependencia emocional, angustia, aislamiento, falta de confianza en los contactos sociales, pasividad, tendencia a la complacencia, inseguridad y autoestima devaluada (minuto 30 con 21 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 7. Inspección ocular de veintinueve de enero de dos mil doce, donde se describe el lugar ubicado en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en cuyo interior afirma la víctima sufrió violencia psicológica y física por parte de (...9. Se anexaron diversas fotografías del lugar (minuto 36 con 29 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 8. Entrevista realizada el veinte de enero de dos mil veintidós, a Demetrio Cortés Santos de treinta de enero de dos mil veintidós, quien refirió que es padre de Gema Lucía Cortés Ramírez; que en el mes de diciembre de dos mil dieciséis su hija decidió irse a vivir en unión libre con Javier Antonio Santos; que luego empezó a sufrir violencia física y psicológica pero esto él no lo sabía, hasta principios de enero de dos mil veintidós, cuando su hija llegó a su casa y les dijo a él y a su esposa que se había salido de la casa de su pareja por maltratos constantes. Que su hija le dijo que el martes veintiocho de diciembre y el viernes treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno su agresor la golpeó y por eso se salió de su casa y les solicitaba que la apoyaran en recibirla ya que no tenía a dónde ir, por lo que su esposa y él decidieron darle su protección. Que cuando su hija llegó al domicilio iba con moretones de las patadas que Javier Antonio Santos le había causado; anexó dos fotografías de las agresiones. (minuto 43 con 34 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). 9. Acta de media filiación aportada por (.)al Agente Estatal de Investigaciones, respecto de (...) alias "El Colorado", de cuarenta y seis años, estatura promedio de un metro con cincuenta y cinco centímetros, complexión robusta, tez clara, cabello semi calvo y color colorado, de frente amplia, cejas semipobladas, ojos grandes y cafés, nariz chata, boca grande, labios gruesos, vestimenta pantalón de mezclilla, playeras tipo polo y calza tenis (minuto 48 con 23 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4). Luego de la enunciación de los datos de prueba, la representación planteó los argumentos por los que consideró que se reúnen los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado. Posteriormente, en atención a que el imputado y su defensa solicitaron la duplicidad del plazo constitucional (1 hora con 0 minutos y 21 segundos del archivo denominado 0036-22 A1 FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL 1-1.mp4), mediante la audiencia de ampliación de plazo constitucional celebrada el seis de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable concedió el uso de la voz a la defensa del imputado (2 minutos con 51 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 1-5.mp4), quien como teoría del caso indicó que los hechos no ocurrieron como señaló la fiscalía, ya que el imputado se encontraba en la ciudad de Oaxaca el veintiocho de diciembre a las doce horas y el treinta y uno de diciembre a las diez horas. Presentó como datos de prueba: 1. Testimonial a través de interrogatorio de Juana Santiago Rojas, quien en esencia afirmó: que vive en Tamazulapam, Santo Tomás Miahuatlán; que tiene como treinta años que ya no ve; que conoce a Javier Santos porque las lleva a Oaxaca en su taxi tres veces al mes; que el treinta y uno de diciembre que pasó, Javier la llevó en su taxi a Oaxaca a una consulta en la clínica San Francisco, con el doctor Matamoros, donde le hicieron una endoscopía. Que salieron de su casa en Tamazulapam, Miahuatlán, a las ocho u ocho treinta de la mañana porque su cita era a las doce; que salió con su hija y los niños de ésta y nada más; que después de la consulta fueron a comer como a la una; después a la farmacia a comprar medicina y de ahí regresaron a Miahuatlán y llegarían como tres treinta o cuatro de la tarde. Que el veintiocho de diciembre también llevó a su hija a Oaxaca porque padece de reflujo biliar; que ese día veintiocho salió con su hija como a las ocho u ocho y media y las llevó Javier; que su pasó a consulta como a las doce o doce y media; de ahí fueron a almorzar y después a comprar la medicina y regresarían a Miahuatlán como a la una y media. (4 minutos con 56 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 2-5.mp4). A preguntas o contra interrogatorio del Ministerio Público expuso: que el treinta y uno de diciembre fue a consulta a la clínica San Francisco; que eso lo sabe porque se lo dijo su hija ya que ella no ve bien; que entró a consulta con el (.) y (.) no entró a la consulta, él se quedó en el coche; que la hora en que todo eso ocurrió la sabe porque su hija le dijo y lo que declaró es porque se lo dijo su hija, porque la declarante no ve bien. (20 minutos con 43 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 2-5.mp4). 2. Testimonial a través de interrogatorio de Angélica María Arango Santiago, quien en esencia afirmó: que estaba presente en esa audiencia porque entregó unas recetas al señor Javier para que tuviera sus pruebas porque según tiene problemas; que solicitó al señor Javier un servicio de taxi para que la llevara a ella, a su mamá y a sus niños a Oaxaca; que eso fue el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, que Javier llegó a su casa como a las ocho y se fue con su mamá, su hermana Flora y sus niños al médico porque tenía una cita con el doctor (.)a las diez de la mañana en la clínica de especialidades San Francisco porque padece de reflujo biliar; que llegaron antes de las diez a Oaxaca; que esperó como dos horas para que la atendieran y después se fueron a almorzar, como a la una; que después fue a la farmacia Omega a comprar su medicina; que regresaron a Miahuatlán como a las cinco de la tarde. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, también le solicitó un servicio de taxi a Javier porque su mamá tenía una cita también a las diez de la mañana; que salieron a las ocho de la mañana rumbo a la ciudad de Oaxaca; que llegaron a las diez en punto; que regresarían a Miahuatlán como a las tres o tres y media porque fueron al médico, a la farmacia, a almorzar; que las recetas de las citas se las entregó al imputado. Posteriormente la testigo reconoció y dio lectura a la receta de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, expedida a favor de Angélica Arango Santiago, donde se advierte como diagnóstico gastropatía antral y corporal con el tratamiento correspondiente. Después la testigo reconoció y dio lectura a la receta de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, expedida a favor de Juana Santiago Rojas, donde se advierte como diagnóstico un síndrome por diabetes e hipertensión con el tratamiento correspondiente, firmada por el doctor Leonardo Raymundo Matamoros Ponce. A preguntas o contra interrogatorio del Ministerio Público expuso: que el veintisiete de diciembre pidió un servicio de taxi a (...9 para el día veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, para que la llevara al parque San Francisco, que también la llevó con el endoscopista Miguel Arciniega Gómez, quien tiene su domicilio por la colonia Reforma; que todo lo expresado también lo dijo en una entrevista que le realizó la defensa del imputado a las ocho de la mañana de ese día; que en la entrevista dijo que la cita del veintiocho de diciembre fue a las once de la mañana. (5 minutos con 29 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 3-5.mp4). 3. Interrogatorio al imputado (.)de seis de mayo de dos mil veintidós, por parte de su defensa. Al respecto expuso: que sobre los supuestos hechos él no sabe por qué esta persona lo acusa o con qué fin, porque él no la agredió, por eso llevó a sus testigos porque fueron a la ciudad de Oaxaca y no pudo agredir a esa persona en la hora en que supuestamente la agredió; que normalmente él las lleva al médico; que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno pasó entre ocho y ocho treinta horas y de ahí se trasladó a la ciudad de Oaxaca, se estacionó en el parque San Francisco; que él nunca ha agredido a Gema Lucía Cortés Ramírez y que no sabe por qué se le acusa de algo que él no hizo (2 minutos con 27 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 4-5.mp4). Considerando lo anterior, el juez responsable procedió a resolver la solicitud de vinculación a proceso en la misma audiencia de ampliación de término de seis de mayo de dos mil veintidós (43 minutos con 21 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 4-5.mp4), y determinó vincular a proceso al imputado por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 404, en relación con el 404 bis, fracciones I y II, y sancionado por el diverso 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca que enseguida se transcriben: "TITULO VIGESIMO SEGUNDO. Delitos contra el derecho a una vida libre de violencia CAPITULO I Violencia familiar Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio. (.) Artículo 405. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores o en contra de persona con discapacidad. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". De la anterior transcripción la responsable tuvo como elementos integradores del delito los siguientes (16 minutos con 52 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 5-5.mp4): a) Que el sujeto activo realice una acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal o psicológica en contra de una persona. b) Que el sujeto activo tenga o haya tenido una relación de parentesco ya sea por consanguinidad, afinidad legal, concubinato, noviazgo, relación de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. c) Que ese resultado lo sea una alteración física y psicológica del pasivo por parte de la actividad que despliega el sujeto activo. Ahora, tales elementos, la juez responsable los tuvo por acreditados correctamente de la siguiente forma (17 minutos con 38 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 4-5.mp4). "El primer elemento queda acreditado desde luego la acción de dominar, controlar a una persona se advierte con la propia declaración que nos hace la víctima en esta causa; se advierte la forma en como fue agredida en diversas ocasiones en especial los días veintiocho y treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, en el interior de su domicilio ubicado en Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma de Santo Tomás Tamazulapam, Oaxaca, se advierte pues que efectivamente esa intención fue de someter y agredir de manera física y psicológica a la víctima que nos ocupa, por las razones que también expuso la Agente del Ministerio Público, que señala en el numeral 404 en sus fracciones I y II, desde luego queda acreditado porque efectivamente con esa manifestación que le hace el imputado de referencia como lo es de que: "qué cosa estás haciendo, seguro estás con tu celular, no te fijas de nuestros hijos, también no me quieras ver la cara de pendejo, siempre me la vez", la jaló de los brazos, le pegó con un cinturón varias veces en la pantorrilla de la pierna izquierda, la agarró con sus dos manos del cuello intentando ahorcarla. También el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno también la empezó a golpear y le metió una patada pegándole en la pantorrilla izquierda; le agarró la cabeza, la empezó a sacudir diciéndole "está pendeja, cállate y deja de llorar, porque si no te voy a romper la madre", desde luego pues esos son los sometimientos que señala el ilícito que nos ocupa, desde luego pues se advierte la realización de esa conducta dirigida a someter y controlar y agredir físicamente y psicológicamente a la sujeto activo de referencia. Que haya tenido una relación de parentesco pues queda acreditado con la propia manifestación que hace la víctima de referencia y su señor padre pues se advierte que tuvieron una relación de concubinato donde procrearon dos hijos de los nombres ya antes mencionados y señala la víctima diversas fechas desde que se conocieron, desde la primera agresión física y verbal que tuvo, las que siguieron y en especial las que tuvieron verificativo el veintiocho treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. También se advierte que existe un resultado material, es decir, una alteración física y psicológica, esto se acredita con las periciales médico y la pericial psicológica ya antes valoradas, donde se advierte la conducta desplegada por el sujeto activo pues tuvo como consecuencia que Gema Lucía Cortés Ramírez presentara una equimosis en la región lateral de rodilla izquierda, también presentó un trastorno con ansiedad mixta, un estado de ánimo depresivo, pues quedan acreditados los elementos en estudio". También desestimó la teoría del caso planteada por la defensa del imputado de la siguiente manera (20 minutos con 44 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 4-5.mp4). "No así como lo señala la defensa de acuerdo a las tesis que invocó y las jurisprudencias, también como lo señaló la Agente del Ministerio Público en cuanto a las múltiples contradicciones que hay hasta en este momento de los atestes, en especial de lo declarado por Angélica María Arango Santiago, advierto, reitero, hasta este momento procesal resultan insuficientes las aportadas por la defensa; no existen otros datos de prueba que identifiquen que efectivamente era el taxi que refieren que los llevó; tampoco que se haya identificado que fuera la misma persona el chofer de nombre Javier Antonio Santos quien los haya llevado en fechas y horas ya antes mencionadas, se advierte que se estacionaron en el parque de la clínica San Francisco, es posible recabar datos de prueba para corroborar el mismo, tampoco hasta este momento reitero no se advierte las llamadas telefónicas, los números a los que lo realizaron para pedir los servicios que pueda ser corroborado esta manifestación que hacen las testigos que presentó la defensa y en su caso darle la credibilidad a lo que menciona el imputado que nos ocupa. También no existe el permiso que hayan solicitado el horario que solicitó el permiso para salir del territorio donde es competente el taxi del sitio ya antes mencionado que es de Tamazulapam para dirigirse a la ciudad de Oaxaca; no existe ese registro, además de que existe una contradicción en cuanto a las personas que viajaban en el mismo, reitero que Angélica María Arango Santiago manifestó que también iba una de sus hermanas, así lo manifestó en su declaración, no se advierte el nombre de ella, que efectivamente haya estado en el taxi, y también no se corrobora con lo manifestado por Juana Santiago Rojas, respecto de los horarios que hace referencia, que se evidenció en los ejercicios que realizó el Agente del Ministerio Público en la audiencia respectiva; por lo tanto, hasta este momento pues no queda acreditado la teoría del caso de la defensa por las razones ya antes expuestas". Medios de prueba que la juez responsable valoró de manera libre y lógica en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues respecto a la denuncia de la víctima, le dio valor probatorio acertadamente ya que cumple con el parámetro formal establecido en el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue realizada ante autoridad competente, como es el Agente del Ministerio Público, quien identificó a la denunciante, recibió la narración circunstanciada de hechos, por persona a quien le constan directamente, y que indicó quién cometió esos hechos y las personas que intervinieron, por lo que le dio acertadamente valor probatorio. Respecto al acta de nacimiento de los menores D.A.C y P.A.C., se estima que de forma acertada les dio valor probatorio, porque fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones y son documentales públicas en términos del artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no fueron objetadas en cuanto su autenticidad y que estimó pertinente para demostrar el parentesco; y por ello es creíble la manifestación de la víctima de que se encontraba en compañía de sus menores hijos en las fechas en que ocurrieron los hechos denunciados. También relacionó el dictamen médico, pues en éste se señaló que la víctima presentó equimosis en la región lateral de la rodilla izquierda que tarda en sanar en menos de quince días y por tanto corrobora el dicho de la víctima en el sentido de que fue agredida física y verbalmente el veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. De igual manera adminiculó lo anterior con el dictamen psicológico realizado a la víctima, el cual fue acorde a lo narrado por ésta, ya que presentó ánimo deprimido con bajo nivel de energía e insomnio, estado de ansiedad de intensidad marcado y deprimido moderado, con angustia, aislamiento, falta de confianza en los contactos sociales. Respecto a los dictámenes, la intervención de los peritos se realizó acorde a lo establecido por el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que acertadamente les dio valor probatorio porque se cumplieron con los numerales 367 y 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales y están estructurados con metodología, con consideraciones técnicas; por lo que corroboran el dicho de la víctima. Tocante a la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, de él obtuvo el domicilio en que la víctima indica ocurrieron las agresiones que denunció ante el Ministerio Público, y que se ubica en calle Lázaro Cárdenas número veinte, barrio La Loma, Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por ello fue correcto que le diera valor probatorio en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la entrevista de Demetrio Cortés Santos, padre de la víctima, con ella corroboró el dicho de la víctima en el sentido que se fue a vivir en unión libre con su agresor y que el veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno dicha persona la golpeó y por esa razón su hija se salió de la casa y buscó su ayuda; además que se percataron de los moretones de las patadas provocadas por el agresor; por ello fue correcto que le diera valor probatorio en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a los interrogatorios aportados por la defensa del imputado, a cargo de (.), aun cuando tienen contradicciones, les dio valor probatorio únicamente en lo que se corrobora con las recetas médicas, es decir, que fueron a la ciudad de Oaxaca a recibir atención médica, no así respecto de los horarios en que narraron esos hechos; lo que se estima correcto. Y en cuanto al dicho del imputado, fue atinado que estimara que en parte era creíble y en otra no, pues advirtió que únicamente quería corroborar el dicho de sus testigos como mecánica de defensa, al pretender ubicar al imputado en un lugar diferente al en que ocurrieron los hechos, pero sin ofrecer pruebas que justificaran las llamadas en que se pidieron los servicios, que se identificara el taxi en que se trasladaron, que el imputado fue quien manejó ese taxi, y que el taxi contó con el permiso de la base de su comunidad para salir de su área. Precisado lo anterior, la responsable consideró que se acreditaron hechos que la ley señala como delito de violencia familiar. En cuanto a la probable comisión o participación del imputado, aquí quejoso, la juez responsable de manera atinada señaló que estaba acreditada, con los mismos datos de prueba y sobre el tema indicó (24 minutos con 29 segundos del archivo denominado 0036-22 A2 AMPLIACION DE TERMINO 4-5.mp4): ". En cuanto a la probable participación de (.)por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de Gema Lucía Cortés Ramírez, hasta este momento se encuentra debidamente acreditado; lo anterior con el señalamiento que en su contra la hace la víctima de referencia y que es corroborado con lo manifestado por su señor padre; por las periciales médicas, la psicológica, la inspección en el lugar de los hechos donde se detalló dónde fue, dónde ocurrió; el color del taxi que se encontraba estacionado en el mismo. Además, pues este señalamiento como lo manifesté al darle la valoración correspondiente, pues es una persona que fue su concubina, que tuvieron conocimiento y realizaron una relación de noviazgo de años pasados y por lo tanto es creíble esa manifestación; además de que la víctima de referencia menciona que no nada más el veintiocho de diciembre y treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno la agredió física y psicológicamente, sino ya anteriormente habían diversas cuestiones y fechas que otorgó y plasmó en la declaración respectiva. Actuar que, como lo refiere la responsable, el aquí quejoso hizo de forma dolosa en términos del artículo 8, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca, pues sabía que la consecuencia de su actuar era antijurídica y no obstante la llevó a cabo con todos sus elementos, lesionando el bien jurídico tutelado por la norma penal que el derecho de la víctima y sus hijos a vivir una vida libre de violencia en su núcleo familiar; su intervención la hizo en términos del artículo 11, fracción II del citado código, ya que fue autor material por tener el dominio funcional del hecho. Ahora, para justificar el cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistente en que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, la juez responsable correctamente sostuvo que en el particular no advirtió que el imputado actuara bajo una causa de justificación de las que señala el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca como lo es la legítima defensa, un estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho; tampoco se observa que el imputado no tuviera capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y conducirse de acuerdo a esa comprensión pues es mayor de edad; además que cuenta con la capacidad de goce y ejercicio pues no quedó justificado que padezca algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado; menos se justificó la existencia de algún error de prohibición que le hiciera creer que su conducta era lícita. De esta manera, fue acertado el actuar de la juez responsable al dictar contra el quejoso auto de vinculación a proceso, considerándolo probable responsable en la comisión del hecho señalado como delito de violencia familiar, previsto en los artículos 404, 404 bis fracciones I y II y sancionado por el artículo 405, todos del Código Penal en el Estado de Oaxaca, ya que en el acto reclamado se precisó, en función de las pruebas recabadas, la forma comisiva del delito; las peculiaridades del agente del delito; y la forma en que acontecieron los hechos por la que someterá a acusación al quejoso. De esta forma, los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo son INFUNDADOS, sin que se advierta deficiencia que suplir en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, en sus conceptos de violación, el quejoso señala, en esencia, 1. que en el acto reclamado no existen acreditados ni siquiera a nivel indiciario elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y su probable responsabilidad; sin embargo, contrario a lo que afirma la parte quejosa, tales argumentos son infundados, pues como se vio con antelación, el juez responsable ponderó de manera correcta las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público, como son la denuncia de la víctima; el acta de nacimiento de los menores hijos de los implicados; el dictamen médico y el psicológico; la inspección ocular y el testimonio del padre de la víctima; las cuales fueron valoradas correctamente por la juez responsable para concluir que con ellas quedaron acreditados los hechos que se le imputan de forma probable. En cuanto a que 2. y 3. no existe un certificado médico que certifique las lesiones que presenta la víctima y que respecto a la violencia psicoemocional, la prueba psicológica solo contiene una opinión subjetiva y no un dato objetivo fundamental para demostrar que el daño emocional es derivado de lo manifestado por la víctima, también resultan infundados tales argumentos; pues por el contrario del certificado médico emitido por el doctor Jairo Sánchez González, se observa que a exploración física de la víctima presentó equimosis en la región lateral de la rodilla izquierda; aunado a que el padre de la víctima, al narrar los hechos que le constaban, aportó fotografías de las que se advierten las lesiones que dijo pudo observar en su hija. Respecto al dictamen psicológico, no asiste razón a la parte quejosa, ya que del dictamen de ocho de enero de dos mil veintidós, se observa que la perito psicóloga utilizó como metodología la evaluación psicológica a través de entrevista psicológica individual mediante interrogatorio fenomenológico tipo semi estructurado y focalizado; utilizó la observación directa e interpretación de lenguaje no verbal; ocupó el examen mental; se valoraron los procesos mentales superiores y sensoriomotores; una escala de Hamilton para la evaluación de la ansiedad, una escala de depresión de Hamilton y un test proyectivo gráfico de la persona bajo la lluvia; por lo que se reitera, es infundado que el quejoso estime que el dictamen solo se trate de una opinión subjetiva de la perito, sobre todo porque no objetó la metodología utilizada y descrita con antelación. En cuanto a que 4. el juez de control no valoró con el mismo rango los datos de prueba del Ministerio Público y las pruebas desahogadas y argumentos de la defensa, y al no hacerlo, violó el principio de igualdad entre las partes, también es infundado el argumento, pues no existe disposición legal que obligue al juez natural a darle el mismo valor a las pruebas aportadas por las partes; ni siquiera la tesis aislada con registro 2015953 en la que sustenta su argumento, la cual, con independencia de que es tesis aislada y no conlleva a su obligatoriedad en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente refiere que, desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, las pruebas que pueda aportar el imputado, y las reunidas por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, no deben rebasar al estándar de dato, es decir, de indicios razonables; y en el caso el juez responsable dio tratamiento de datos de prueba a las aportadas por el Ministerio Público, el imputado y su defensa. Aunado a lo anterior, el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. De ahí que, se reitera, el juez responsable no se encontraba obligado a dar el mismo valor probatorio a las pruebas ofrecidas por las partes. Finalmente, en cuanto a que 5. en el caso no existe posibilidad mínima que el quejoso haya cometido el delito, lo que vulnera el principio de que todo acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y que nunca podrá condenarse a un acusado si no se comprueba plenamente el delito que se atribuye, es infundado, porque, se reitera, el juez responsable ponderó los datos de prueba aportados por las partes, las cuales fueron valoradas correctamente y concluir que con ellas quedaron acreditados los hechos que se imputan al aquí quejoso de forma probable. De ahí que no se vulneraron los principios de que todo acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y que nunca podrá condenarse a un acusado si no se comprueba plenamente el delito que se atribuye, pues el auto de vinculación a proceso no le da el carácter de sentenciado al aquí quejoso; por el contrario, únicamente lo sujeta como probable responsable a un proceso en el cual el Ministerio Público estará obligado a aportar pruebas que demuestren su culpabilidad y también estará en posibilidad de aportar aquellas que desvirtúe en su momento la acusación del Fiscal. Cabe agregar, como correctamente lo señaló la responsable en el acto reclamado, que no son necesarios elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente los hechos de que se trata; pues lo importante es que no hay dato de prueba que demuestre que el quejoso no participó en el hecho ilícito que se recrimina, además de que, en el dictado del auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo, de tal forma que con los datos señalados por la autoridad ministerial, se demuestra la participación en grado probable del quejoso como sujeto activo, y en su caso, en la etapa de investigación complementaria, las partes, entre ellas quien solicita el amparo, pueden recabar medios de convicción que desvirtúen la comisión de la conducta que se le atribuye para ser analizados en la etapa de juicio (si se llega a ella); sobre todo, porque en el acto reclamado solamente se fija la materia de la investigación por el hecho que la ley señala como delito, porque existen indicios razonables que demuestran la probabilidad de que lo cometió. Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página trescientos sesenta del libro cuarenta y cinco, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, materia penal, registro 2014800, que a continuación se transcribe. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.), en los términos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
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