Javier Antonio Medina Luna

Expediente 358/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
358/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Javier Antonio Medina Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTRONICO CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo1. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. En efecto, en el presente asunto, en relación con los actos atribuidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con domicilio Tlalnepantla de Baz, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo 1 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexaron la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con domicilio Tlalnepantla de Baz y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a sus informes respectivos, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que los exhortos remitidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con domicilio Tlalnepantla de Baz y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, remitidos para emplazar a los demandados, ya fueron diligenciados, sin que en las direcciones proporcionadas por la parte actora se haya localizado a los demandados. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que adjuntó a su informe de ley la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con domicilio Tlalnepantla de Baz, se obtiene que mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, tuvo por recibido el exhorto de mérito y comisionó al actuario de su adscripción a fin de que procediera al emplazamiento de los demandados + + + Luego, en cumplimiento a lo anterior, la actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, licenciada + + , llevó a cabo la diligencia encomendada sin tener éxito alguno, ya que al constituirse en el domicilio proporcionado fue atendida por una persona quien le indicó que en esa ubicación no se encuentran las personas buscadas, acreditando su dicho con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del que se advierte que el nombre de la persona moral que ahí se ubica es distinto a las personas demandadas. Por tanto, es claro que por cuanto hace a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sí atendió el exhorto que recibió de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Luego, en lo relativo a la la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de acuerdo con las constancias que remitió la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se obtiene que mediante oficio 395/2021 le fue librado exhorto a efecto de que emplazar al juicio laboral de origen a los demandados + + Sin embargo, de las respectivas diligencias por parte de los actuarios adscritos a la Junta en mención de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno (respecto a la primera moral demandada en mención) y treinta de marzo siguiente (por lo que hace a los restantes accionados), se observa que dichos demandados no fueron localizados en las ubicaciones señaladas para tal efecto, por lo que dicho exhorto fue devuelto sin diligenciar, adjuntando las razones actuariales de mérito. Motivo por el cual, el quince de julio de dos mil veintiuno, se le hizo del conocimiento a la parte actora de lo anterior, en la diligencia relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que la requirió para que en el plazo de tres días proporcionara un nuevo, distinto y correcto domicilio para emplazar a juicio a las partes demandadas ya citadas. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte amparista la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Se afirma lo anterior, ya que como se observa, las autoridades realizaron las acciones tendentes a lograr el emplazamiento de la parte demandad, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes, lo cual aconteció durante la sustanciación del presente juicio de amparo, pues la parte quejosa presentó la demanda constitucional el dos de marzo de dos mil veintiuno, y con posterioridad, en las fechas ya indicadas, las responsables llevaron a cabo las diligencias relativas a lograr el emplazamiento de los demandados, sin obtener éxito. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juico promovido por + + >, en contra de los actos que reclama a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, sita en esta localidad, y de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante el licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario con

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que remitió la autoridad responsable con informe justificado remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, las cuales fueron recibidas y puestas a la vista de las partes en proveído de dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, con anexo que acompaña, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de octubre del año en curso, remite las constancias de las comunicaciones oficiales enviadas por las autoridades exhortadas en el que se advierten los motivos por los cuales no se logró notificar a la parte demanda en el juicio de origen, y las gestiones realizadas posteriormente. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, los que deberán relacionarse en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

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