Javier Antonio Antillon Robledo
Expediente 2360/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2360/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2019
Partes del expediente
- Javier Antonio Antillon Robledo
Actuaciones
- Principal
Del análisis integral de las constancias que obran en actuaciones, se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido, en el presente incidente de suspensión, en virtud de que en el juicio principal derivado del presente incidente en que se actúa, causó ejecutoria la sentencia respectiva; ahora bien, de actuaciones se advierte que en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, remitiendo copias certificadas de diversas constancias con carácter confidencial, con la finalidad de que obrara como prueba en el presente asunto; por tal motivo, toda vez que ya no es necesario su permanencia, se ordena devolver dichas constancias a su lugar de origen. Se solicita el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Precisión de efectos. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "(.) Precisión de los efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, el efecto de la sentencia de amparo se traduce en lo siguiente: A) Se desincorpore en lo presente y futuro de la esfera jurídica del quejoso Luis Eduardo Muñoz Ramírez, la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h) [por lo que hace al cobro de la cantidad de $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional)], de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. B) La autoridad 3) Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea número 75, en San Miguel El Alto, Jalisco, conforme corresponda a la naturaleza de los actos inscribibles: B1) Tenga por liquidados los derechos por el registro de la escritura 44,975 (cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y cinco), conforme a la tarifa establecida en el tercer párrafo del inciso a), de la fracción I, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, no aquella a que se refiere el inciso h) de la fracción I reclamada, al encontrarse inmersos en la cantidad de $584.32 (quinientos ochenta y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional), que ampara el recibo de pago. B2) Por consiguiente, deberá devolver la cantidad de $5,225.00 (cinco mil doscientos veintincinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que pagó por Registro procedente de otras entidades de la República, contemplado en el recibo oficial número A 43453009. B3) En el entendido de que los diversos pagos por un monto de $418.00 (cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), y $584.32, (quinientos ochenta y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional) contemplados en el recibo oficial A 43453009, al no ser materia de litis en el presente juicio de amparo, deberán quedar firmes. B4) Cabe señalar que la devolución correspondiente deberá efectuarse debidamente actualizada, conforme a los mecanismos legales aplicables al presente asunto". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso, Gobernador y Secretario, todos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Se formula requerimiento. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido, se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad, a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, EL AUTO DICTADO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Desecha incidente de modificación o revocación de la suspensión. Se tiene por recibido el escrito de XXXXXX, mediante el cual promueve incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva, mismo resulta notoriamente improcedente, por las razones siguientes: Dentro del presente incidente de suspensión se tuvieron como actos reclamados por la parte quejosa, esencialmente la desposesión XXXXXX, y del lote de terreno en el que se encuentra construida. De las actuaciones que integran los presentes cuadernos incidentales, se observa que por resolución de doce de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva, para el efecto de que para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guarden; esto es, que de no haber ocurrido, las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo diligencia alguna que tenga por objeto desposeer a XXXXXX. del XXXXXXX, y la finca en él construida, con relación a la parte alícuota de la que la primera es copropietaria; en el entendido que dicha suspensión quedó condicionada a la garantía ahí establecida. Por su parte, el artículo 154 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Del artículo transcrito se desprende, entre otras cosas, que, la resolución que concede o niegue la suspensión definitiva podrá ser modificada o revocada de oficio o a petición de parte, siempre y cuando acontezca un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora bien, la referida tercera interesada solicita se revoque la suspensión concedida, virtud a que, afirman, existen notables y suficientes causas de improcedencia en el expediente principal. Pues alega que con la ratificación de firma del escrito aclaratorio de la demanda de amparo por parte de la quejosa, se advierte que esta firmo la escritura pública treinta y siete mil seiscientos veintiuno, celebrada ante el notario público número cuarenta de Guadalajara, Jalisco. En las condiciones apuntadas, resulta notoriamente improcedente el incidente de revocación o modificación de la suspensión que se pretende, pues el mismo no se plantea a la luz del supuesto que prevé el artículo 154 de la Ley de Amparo, es decir, con base en algún hecho superveniente, sino que únicamente se hace descansar, como se vio, en que se actualizan las causas de improcedencia que hace valer, cuyo estudio, dicho sea de paso, es propio del juicio de amparo de donde emana la presente incidencia. Por lo que, al margen de que si se actualizan o no tales causas de improcedencia invocadas por dicha parte, lo cierto es que, en la especie, conforme a la información que arroja el expediente en que se actúa, se determina que no existe algún hecho fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada al momento de dictar la resolución sobre la suspensión. Por tanto, con fundamente en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se decide desechar de plano, por notoriamente improcedente, el incidente de modificación o revocación de la suspensión planteado. Sin que pase desapercibido para quien resuelve, que entre las manifestaciones de la tercera interesada se desprende que con fecha posterior a la concesión de la suspensión definitiva, tuvo conocimiento de la tramitación del presente incidente de suspensión, no obstante se ha establecido que aún cuando no obre constancia de notificación del incidente de suspensión a la parte tercera interesada, llegando el día señalado para la celebración de la audiencia incidental, debe decidirse sobre la suspensión definitiva, dado el principio de celeridad que impera en el trámite incidental, además que esa circunstancia no está contemplada en la Ley de Amparo como causa de diferimiento, por lo contrario, el artículo 138 fracción II de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental debe celebrarse dentro del plazo de cinco días, con la única excepción a que se refiere el artículo 141 de ese cuerpo legal. Pero aún más, la falta de notificación no deja en estado de indefensión a la parte tercera interesada porque tienen a su alcance los recursos o medios de defensa legales para lograr la modificación o revocación de lo decidido en la audiencia incidental. Además, no pasa inadvertido que la suspensión definitiva está sujeta a revisión por la superioridad misma que aún no ha sido resuelta por lo que esta podrá ser modificada o revocada.
- Principal
Por las razones que se exponen, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, para su verificativo.
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