Javier Álvarez López
Expediente 186/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Titular de Unidad de Inteligencia Financiera
- Javier Álvarez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto la cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través de loa cuales informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo indirecto 186/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por otra parte, solicita se le remita los informes justificados con los que se cuente de las autoridades que ya los rindieron. En atención a lo anterior, el doce de mayo del año en cita, se reservó acordar el informe justificado de la autoridad Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta en tanto, se conociera que órgano jurisdiccional conocería del presente juicio amparo, lo que ya aconteció, por ende, se ordena remitir el referido informe al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido. DESTNO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción una vez que hayan transcurrido los seis meses que establece tal disposición. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Se recibe escrito Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado por el apoderado legal de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado el siete de abril de dos mil veintiuno, y hace del conocimiento, en lo que interesa, que la cuenta de la que deriva la tarjeta de débito 5204-1641-9558-3098, a nombre del quejoso Santos Javier Álvarez López, se aperturó en la sucursal número 135 C.F. Alameda, ubicada en Juárez 84, colonia Centro, Área 4, Cuauhtémoc, código postal 0640, Ciudad de México; circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales conducentes. Incompetencia Atento a lo anterior, tomando en cuenta la literalidad de la demanda y de los escritos de desahogo de prevención formulados por la parte quejosa, este juzgado considera que debe declinar su competencia legal, por cuestión de territorio, virtud a que el acto reclamado tiene ejecución en lugar distinto al en que el suscrito ejerce jurisdicción, es decir, en el Estado de México -en específico en la ciudades de Nezahualcóyotl y La Paz- y en la Ciudad de México, por lo que se estima que la competencia legal para conocer de la presente vía de constitucionalidad, le asiste a favor de un Juzgado Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen: En primer lugar, debe apuntarse que el quejoso señaló como acto reclamado y autoridades responsables, lo siguiente: Actos reclamados 1. Negativa de que se le elimine de la lista de personas bloqueadas, por lo que subsisten los efectos del acuerdo 74/2020, que es el bloqueo de sus cuentas bancarias con números 96093720 y 39501300650369, aperturadas en BBVA Bancomer y Banco Azteca, respectivamente, así como la diversa de Banamex con número de tarjeta 5204-1641-9556-3098. Autoridades responsables 1. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 2. Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otra parte en el escrito aclaratorio recibido en proveído de trece de abril de dos mil veintiuno -identificado con el folio 2785- indicó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1) Que la cuenta en BBVA Bancomer, número 96093720, se aperturó en la sucursal 4691-NEZA ESTADIO. 2) Que la cuenta en Banco Azteca, número 39501300650369, se aperturó en la sucursal 3950 PP Valle de los Reyes la Paz. Y, como se advierte del ocurso recibido en esta data, la cuenta de la que deriva la tarjeta de débito 5204-1641-9558-3098, a nombre del quejoso Santos Javier Álvarez López, se aperturó en la sucursal número 135 C.F. Alameda, ubicada en Juárez 84, colonia Centro, Área 4, Cuauhtémoc, código postal 0640, Ciudad de México. Aquí, conviene precisar que del análisis practicado a la demanda y al escrito aclaratorio, así como de las pruebas remitidas al escrito de cuenta, en específico de los contratos en los que apertura dichos estados de cuenta -96093720 y 39501300650369, aperturadas en BBVA Bancomer y Banco Azteca-, así como del informe recibido en esta data respecto a la diversa de Banamex con número de tarjeta 5204-1641-9556-3098, se advierte que dos de esas cuentas que por esta vía defiende, fueron aperturadas en los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, en el Estado de México, y la restante en la Ciudad de México. En esa tesitura, es menester destacar que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Ahora, de los preceptos citados con antelación, se advierte que la competencia para conocer de la demanda de amparo, se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, de los cuales surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse o bien, 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está llevando a cabo, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio; De esas mismas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, b) en donde trate de ejecutarse, c) en donde se ejecute o d) en donde se haya ejecutado; Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. El lugar donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. 4. El lugar donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos: A) Actos de Tracto Sucesivo, que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente; B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; En este contexto, si el elemento cardinal que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, es inconcuso que la competencia legal para conocer del juicio de amparo enderezado en su contra, le asiste a un Juzgado Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Ello es así, virtud a que las sucursales de las cuentas bancarias con números 96093720 y 39501300650369, aperturadas en BBVA Bancomer y Banco Azteca, respectivamente, se encuentran en Nezahualcóyotl y La Paz, en el Estado de México, por lo que sus efectos y consecuencias se surten precisamente en esos lugares, al ser los sitios en que se ejecutan los actos de molestia citados y donde este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción, al asistirle al juez de Distrito residente. Por ende, el artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". En efecto, si se analiza la ejecución del acto reclamado dentro de las hipótesis previamente planteadas, puede concluirse que, se adecua en"3. El lugar donde se ejecute", y por tanto, debe conocer el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar ".c) en donde se ejecute", lo cual en la especie acontece en el Estado de México, concretamente en Nezahualcóyotl, al ser el lugar en donde ejerce jurisdicción por el Juez de Distrito, al haberse contratado dos de las tres cuentas bancarias que defiende la parte amparista y por ende, donde se materializa en tiempo y espacio, la ejecución de su reclamo. Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: II. SEGUNDO CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad. [.]" Por tal efecto, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, dado que el acto que combate la parte quejosa, se está ejecutando en esa jurisdicción como se precisó en supralíneas. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Aunado a lo anterior, resulta relevante la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de dos mil once, página trescientos sesenta nueve, que textualmente señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Solicitándole de la manera más atenta al juez de distrito que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto, informe si acepta o no la competencia planteada. No pasa inadvertido que también reclama la cuenta aperturada en Banamex con número de tarjeta 5204-1641-9556-3098, en la Ciudad de México, donde los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, no ejercen jurisdicción; sin embargo, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, los citados órganos jurisdiccional pertenecen al mismo circuito que este juzgado de Distrito, es por ello que se consideró competente los órganos con sede en la citada ciudad. Además, el bloqueo de todas las cuentas derivan del mismo acto reclamado y en dicha localidad se aperturaron dos cuentas. Se ordena formar cuaderno de antecedentes Fórmese con copia de la demanda de amparo y de esta determinación y las constancias respectivas, el cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Se recibe oficio Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se recibe el oficio 470, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 153/2021 de su índice, derivado del juicio de amparo indirecto 186/2021, ya que la actuaria adscrita al citado órgano jurisdiccional señaló que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Prolongación Felipe ángeles número uno, edificio veinte, Unidad Habitacional Torres III, La Paz, Estado de México, empero, que encontró tres entradas de dicho conjunto y cada entrada tiene diferentes números de departamento y ninguno llega al edifico veinte, por ello, le preguntó a diversas personas de sexo masculino que se encontraban vigilando la entrada de las personas que viven en dicho lugar, pero que ninguno de ellos conocía al quejoso ni a los autorizados en el presente expediente. Se ordena notificación por lista En consecuencia, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano federal, hasta en tanto, el quejoso señale un domicilio dentro de la área conurbada donde este juzgado ejercer jurisdicción Anotaciones Por otra parte, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda de amparo Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra las autoridades y acto reclamado que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 2. Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera. ACTO RECLAMADO 1. Negativa de que se le elimine de la lista de personas bloqueadas, por lo que subsisten los efectos del acuerdo de bloqueo 74/2020. Radicación de demanda Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 186/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Prevención Ahora, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se atiende, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de garantías contiene tales requisitos, pero éstos fueran deficientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que proceda en cuanto al libelo de cuenta, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, y bajo protesta de decir verdad, satisfaga los requisitos que establecen los referidos numerales de la legislación de la materia, es decir: 1. Deberá precisar los domicilios donde aperturó las cuentas bancarias -Banco Azteca, Banamex y BBVA Bancomer- de las que le afectan el acto reclamado. Dicha prevención deberá ser desahogada por el propio impetrante del amparo, pues la manifestación "bajo protesta de decir verdad", constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar ésta, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal de la parte quejosa, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber al promovente que del escrito con el cual dé cumplimiento a la presente determinación, deberá exhibir el número de copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento Se apercibe al promovente que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Designación de autorizados En otro punto, se advierte que los autorizados Guillermo Manzo González y Luis Alejandro Manzo González, no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, limitación que se establece hasta en tanto registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho en el indicado sistema y lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa a través de nueva promoción. Notificación por exhorto Por otra parte, toda vez que el domicilio del quejoso se encuentra ubicado en calle Prolongación Felipe Ángeles, número 1, edificio 20, unidad habitacional Torres III, La Paz, Estado de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 1582 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se envía atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, notifique el presente proveído al quejoso Santos Javier Álvarez López o alguno de sus autorizados (Guillermo Manzo González y Luis Alejandro Manzo González) y lo requiera en sus términos; asimismo, para que en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en el local de este juzgado, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad exhortada que de no tener inconveniente legal alguno habilite días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Conforme a lo establecido en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, se pide al juzgado federal exhortado la devolución de la presente comunicación oficial a través de la Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, o bien, vía correo electrónico institucional - 7jdomajf2ctop@correo.cjf.gob.mx-, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, previo escaneo de las constancias conducentes, conforme al artículo 12, incisos b), f) y g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, se aprueba que el exhorto que para tal efecto se envía, sea remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE). Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Habilitación de días y horas inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese por exhorto al quejoso Santos Javier Álvarez López.
- Incidental
RESUELVE Único. Se niega la suspensión definitiva a Santos Javier Álvarez López, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables por los motivos expuestos en la presente determinación. Notifíquese.
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