Javier Almanza Cantú

Expediente 1303/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1303/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Javier Almanza Cantú

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Javier Almanza Cantú, hubiese recurrido el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 557/2016 promovido por José Luis Mancilla Castro, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el veintidós de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente, José Luis Mancilla Castro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: a) ORDENADORA: Magistrados que integran la Primera Sala Regional Familiar de Toluca. b) EJECUTORA: C. Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. "IV. ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de la autoridad responsable ordenadora la sentencia de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca de apelación número 143/2016.y de la segunda, el cumplimiento que le pretenda dar a esa ilegal resolución." SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de amparo; determinación contra la cual el quejoso interpuso recurso de queja, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo, que declaró fundado el recurso; en cumplimiento a dicha resolución, este juzgado en auto de siete de junio pasado, admitió a trámite la demanda de amparo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se reconoció con el carácter de tercera interesada a Jahel Israde Herrera y se ordenó su emplazamiento; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. La audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es emitido después de concluido el juicio, con ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia lo constituyen los siguientes: 1. La resolución dictada en el recurso de apelación 143/2016, interpuesto contra la interlocutoria que resolvió el incidente de inclusión de bienes, formado en el expediente 547/2007. 2. La ejecución de dicha determinación. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca y el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, ambos del Estado de México, al rendir informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora el original del toca de apelación 143/2016 y el expediente 547/2007, a los cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, registro 246389, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia 226, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente narrar los siguientes antecedentes: 1. José Jesús Mancilla Castro demandó de Jahel Israde Herrera, la disolución del vínculo matrimonial, la disolución de la sociedad conyugal, la custodia provisional y definitiva de sus menores hijos, el pago de la pensión alimenticia provisional y definitiva, el aseguramiento de dicha pensión y el pago de gastos y costas. El juicio fue radicado ante el Juzgado Sexto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, con el registro 547/2007. 2. La demandada Jahel Israde Herrera, al contestar la demanda reconvino al actor principal las prestaciones siguientes: el pago de la pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de ella, la terminación de la sociedad conyugal, la liquidación de esa sociedad, el pago de las utilidades como socio de la sociedad conyugal, la custodia provisional y definitiva de sus menores hijos y el pago de gastos y costas. 3. Tramitado el juicio, el cuatro de junio de dos mil ocho se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió no actualizada la causa de divorcio demandada por el actor, denegándose la disolución de la sociedad conyugal; se confirió al actor la custodia de sus menores hijos; se condenó a la demandada principal el pago de la pensión alimentaria a favor de sus hijos; se declaró infundada la pretensión alimentaria a favor de ella; se decretó la disolución de la sociedad conyugal demandada en reconvención y se dejaron a salvo los derechos de la demandada respecto de la prestación de utilidades. 4. El uno de julio de dos mil ocho, la sentencia referida causó ejecutoria. 5. El veintinueve de octubre de dos mil ocho, Jahel Israde Herrera promovió incidente de liquidación de sociedad conyugal, el cual se resolvió mediante interlocutoria de ocho de enero de dos mil nueve, donde se estipuló que los bienes que formaban parte de la sociedad conyugal son: a) Vehículo Marca Ford Mustang GT, dos puertas, modelo mil novecientos noventa y cinco, serie 1FALP42TOSF. b) El inmueble ubicado en lote número veinte, manzana XIII, Fraccionamiento Xinantecatl, en Metepec, Estado de México. c) Lote de terreno con construcción ubicado en lote diecinueve, condominio III, manzana 2, en Santiaguito Coaxustenco, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México. La interlocutoria mencionada fue confirmada por la Primera Sala Regional de Toluca, en el toca 116/2009. 6. En fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, Jahel Israde Herrera promovió incidente de rendición de cuentas, respecto de la negociación de clínica veterinaria, ubicada en el inmueble lote número veinte, manzana XIII, Fraccionamiento Xinantecatl, en Metepec, Estado de México. Tal incidente se resolvió el ocho de febrero de dos milo diez, el cual se declaró improcedente al no acreditarse la existencia de dicha negociación. 7. El veinticinco de noviembre de dos mil nueve, Jahel Israde Herrera solicitó del Juez responsable, girara oficio a la institución bancaria HSBC, para que informara los números de cuenta a nombre de ella y el quejoso José Luis Mancilla Castro, lo cual fue desahogado el dieciocho de diciembre de dos mil nueve. 8. El cinco de febrero de dos mil diez, la tercera interesada solicitó se designara perito partidor, designándose a Yunuen Ariceaga Dávila; quien en fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, emitió el dictamen respectivo. 9. En data seis de abril de dos mil diez, Jahel Israde Herrera promovió indecente de objeción al proyecto de partición formulado el veintitrés de marzo de ese año, por el perito partidor, seguido en sus trámites dicho incidente, el veinte de mayo de dos mil diez se emitió interlocutoria, en la que se declaró improcedente, misma que fue confirmada por la Primera Sala Familiar de Toluca, en el toca 458/2010. 10. El veintiséis de mayo de dos mil once, Jahel Israde Herrera promovió incidente de inclusión de bienes a la sociedad conyugal, mismo que no fue tramitado conforme a lo acordado en auto de dos de junio de dos mil once. 11. En fecha cinco de agosto de dos mil once, la demandada solicitó del Juez Sexto Familiar, se requiriera la actualización del peritaje y proyecto de partición emitido por la perito designada por el tribunal, el cual fue presentado el doce de diciembre de dos mil once. 12. El uno de diciembre de dos mil once, Jahel Israde Herrera promovió nuevamente incidente de inclusión de bienes a la sociedad conyugal, el cual fue inadmitido en auto de dos de diciembre de dos mil once. 13. El catorce de octubre de dos mil quince, Jahel Israde Herrera promovió de nueva cuenta incidente de inclusión de bienes a la sociedad conyugal, el cual fue admitido en auto de cuatro de noviembre de dos mil quince. 14. José Luis Mancilla Castro al desahogar la vista que se le otorgó con motivo del incidente, solicitó la prescripción de la ejecución de la sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 2.183 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 15. Mediante interlocutoria de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el Juez Sexto Familiar de Toluca resolvió el incidente planteado, cuyos resolutivos son: ".PRIMERO. Se declara que ha operado la prescripción para la ejecución de la sentencia del ocho de enero de dos mil nueve, declarada firme mediante ejecutoria de sala del diecisiete de febrero de dos mil nueve, y en consecuencia resulta improcedente entrar al fondo del incidente que nos ocupa. SEGUNDO. No ha lugar a condenar al pago de gastos y costas en este incidente, por no darse los supuestos de ley al respecto." 16. Inconforme con esa determinación, Jahel Israde Herrera interpuso recurso de apelación, radicado ante la Primera Sala Familiar de Toluca, con el toca 143/2016, resuelto en sentencia de uno de abril de este año, de la siguiente forma: ".PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios que hizo valer JAHEL ISRADE HERRERA, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en el INCIDENTE DE INCLUSIÓN DE BIEN, promovido por la recurrente, dentro de os autos del expediente número 547/2007, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre DIVORCIO NECESARIO intentado por JOSÉ JESÚS MANCILLA CASTRO, en contra de JAHEL ISRADE HERRERA; en consecuencia: SEGUNDO. Se revoca el contenido de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, a que se hace referencia en el resolutivo que antecede, y TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento a fin de que el Juzgador de primera instancia se allegue en términos de lo considerando en el presente fallo, de la inspección judicial que se practicará en el domicilio de la negociación que se pretende incluir a la sociedad conyugal, a fin de tener certeza sobre la existencia real y material de la misma, y hecho que sea lo anterior, deberá pronunciarse sobre la procedencia de la acción incidental intentada." La resolución de referencia constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. En virtud de que las partes en el presente juicio no invocaron causas de improcedencia, ni este juzgado de Distrito las advierte de oficio, debe decirse que tanto las consideraciones del acto reclamado, así como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior sirve de apoyo la tesis publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1992, Tomo IX, Materia Común, Octava Época, cuyo contenido es: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." Y jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en acatamiento estricto a los principios de congruencia y exhaustividad que deben prevalecer en toda sentencia de amparo, este Juzgado de Distrito estima pertinente citar de forma sintetizada, los argumentos formulados por la parte quejosa, sin necesidad de analizarlos individualmente, ni en el orden propuesto por el quejoso, pues del análisis de los mismos, se advierte relación intrínseca entre ellos. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, publicada en la página 1677, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Común, Novena Época, cuya literalidad es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." 1. La autoridad responsable violó en su perjuicio los derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Sala responsable resolvió más allá de lo que la ley le permite, corrigiendo y sustituyendo los errores de la tercera interesada, ya que los argumentos plasmados en el recurso de apelación no están encaminados a combatir los razonamientos vertidos por el Juez natural al declarar la prescripción de la ejecución, por el contrario suple la deficiencia de la queja en favor de su contraparte, máxime que por la naturaleza de la ejecución del juicio no aplican las reglas del derecho familiar. 2. La responsable no funda ni motiva su resolución, con lo cual violenta las formalidades esenciales del procedimiento. 3. Es incorrecta la resolución reclamada, porque la promoción 5110 de uno de diciembre de dos mil once, no es apta para interrumpir el plazo de la prescripción, toda vez que ese incidente de inclusión de bienes no fue admitido a trámite, por tanto, las peticiones referidas, para que interrumpan dicho plazo, deben acordarse favorablemente. 3. Al ordenarse la reposición del procedimiento para el desahogo de la prueba de inspección judicial, la responsable no toma en consideración que la contraparte del quejoso no compareció a la audiencia incidental, a fin de que se desahogaran sus pruebas, siendo correcto que el Juez responsable de primer grado tuviera por desierta esa probanza, máxime que no pretendió justificar su inasistencia, lo cual constituye una aceptación tácita. Los argumentos hechos valer por el promovente en sus conceptos de violación, sintetizados previamente con el número uno (1) son infundados, mientras que el resumido en el número dos es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, en virtud de lo siguiente: Respecto del concepto de violación infundado, este Juzgado de Distrito estima necesario realizar el estudio respectivo, al aducirse cuestiones relativas a la suplencia de la queja en materia familiar. En ese orden se estima que, la Sala responsable no resolvió más allá de lo pedido en el recurso de apelación planteado por la tercera interesada, por el contrario, pues basta realizar la lectura de los agravios propuestos para determinar que sí combatió los argumentos vertidos por el Juez Familiar, ya que adujo lo necesario para sostener que el plazo de prescripción incoado por el quejoso se vio interrumpido, con los diversos actos realizados con el fin de ejecutar la liquidación de la sociedad conyugal, así como incluir el bien de la negociación denominada clínica veterinaria. En efecto, porque no es cierto que la tercera interesada no haya combatido los razonamientos del Juez primigenio para decretar la prescripción, debido a que de la lectura de los dos agravios formulados, se obtiene que combate los argumentos respectivos, sin que la Sala responsable en ese tópico, se haya extralimitado en su función jurisdiccional, por lo que a juicio de este órgano constitucional, los agravios expresados por la contraparte del quejoso no resultan inoperantes como lo afirma, como tampoco aplicables los criterios de tribunales federales que invoca. Ahora, también debe desestimarse el argumento del quejoso cuando afirma que la Sala no debió suplir la deficiencia de la queja en favor de su contraria, porque en su concepto, tal suplencia no es procedente ya que el divorcio y la ejecución de la sentencia dictada en un procedimiento de esa naturaleza, no corresponden al derecho familiar, invocando la tesis de rubro "APELACIÓN. INDEBIDA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA, EN VIRTUD DE QUE EL DIVORCIO NO ES UN DERECHO FAMILIAR.". Es así porque contrario a lo sostenido por el amparista, la institución del matrimonio y todos los derechos y obligaciones surgidos de éste, corresponden al derecho familiar, en virtud de que en el propio Código Civil para el Estado de México, el matrimonio se funda dentro del Libro Cuarto, denominado "Del Derecho Familiar", y en el título segundo, capítulo II, se prevé lo relativo a la Sociedad Conyugal y específicamente en el precepto 4.31, se establece lo relativo a las causas de terminación de la sociedad conyugal; en consecuencia, los tópicos relativos a la terminación de la sociedad conyugal y su respectiva ejecución, sin duda corresponden a las disposiciones que contiene el derecho familiar. Aunado a lo anterior, el artículo 5.8 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece: "Artículo 5.8. En el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja." Precepto que instituye como obligación del Juez, la aplicación del principio de suplencia de la queja, cuando deba resolver controversias del derecho familiar, motivo por el que sin duda, la Sala responsable está en aptitud de suplir la queja deficiente en los agravios de las partes, en específico, en el recurso de apelación 143/2016, porque la sociedad conyugal, su liquidación, incluso su ejecución, se encuentran inmersas dentro del derecho familiar, de ahí que la responsable en todo momento pueda suplir las deficiencias en los agravios formulados por la recurrente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 15/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Materia Civil, Novena Época, de contiendo: "DIVORCIO NECESARIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece que la sentencia de segunda instancia sólo tomará en consideración los agravios expresados por el apelante; también lo es que el 509 del propio código impone al tribunal de alzada el deber de suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados en los siguientes supuestos: "I. Cuando el juicio verse sobre derechos familiares; y II. Cuando intervengan por lo menos un menor como parte, si por falta de esa suplencia pudieran verse afectados su estado civil o su patrimonio.". Por otra parte, el citado código califica a la disolución del vínculo matrimonial como un problema inherente a la familia, pues en su libro cuarto, donde se contiene lo relativo a juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares, se encuentra inmerso el capítulo décimo quinto, denominado "Divorcio", y toda vez que los artículos 1102 y 1109 del propio ordenamiento legal, los cuales, respectivamente, disponen, que los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y que el juzgador de lo familiar debe suplir la deficiencia de las partes, cuando de no hacerlo no se satisfaga la finalidad prevista en el artículo 293 del Código Civil para el Estado de Puebla; ello lleva a concluir que al implicar el divorcio necesario la disolución del vínculo matrimonial (cuestión capital que afecta a la familia, cuyos problemas se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad), debe garantizarse que al resolverse un asunto de esta naturaleza se supla la deficiencia de las partes, cuando de no hacerlo no se satisfaga la finalidad del precepto últimamente citado, por lo que la regla prevista en el artículo 1109 del citado código adjetivo subsiste en la apelación y por ello, el tribunal de alzada al dictar la sentencia correspondiente, deberá suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados. Suplencia que, en términos del referido artículo 293, debe atender preferentemente al interés de los menores o mayores incapaces, si los hubiere en la familia de que se trate; en caso contrario se atenderá al interés de la familia misma y por último al de los mayores de edad capaces que formen parte de ella." En otro orden, resulta fundado el argumento del quejoso, cuando afirma que el acto reclamado no se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, pues a juicio de este Juzgado, la Sala incurrió en una indebida motivación. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, establece: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto parcialmente transcrito evidencia los derechos de legalidad y seguridad jurídica que protege, entre otros, el derecho al debido proceso legal. El derecho de seguridad jurídica en comento, se encuentra integrado por cuatro hipótesis específicas, a saber: 1. Seguir un juicio contra la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional (la vida, la libertad o propiedades, posesiones o derechos). 2. Tal juicio debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos. 3. Su tramitación debe observar las formalidades esenciales del procedimiento, y 4. El fallo respectivo debe dictarse conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que le hubiere dado motivo. De igual manera, el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto constitucional en comento consagra el principio de legalidad, relativo a la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación debe entenderse, la disposición normativa de carácter general que sirve de sustento a la autoridad para emitir cualquier acto, la ley debe estipular una situación concreta para la realización del acto de autoridad; en otras palabras, existir una ley que autorice el acto, de manera tal, que las autoridades sólo puedan hacer lo permitido por la norma jurídica. Motivación es indicar las circunstancias y modalidades del caso particular por las cuales se considera que los hechos encuadran dentro del marco general establecido por la ley. Así, la motivación legal implica la adecuación realizada por la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el cual opera o surte efectos. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia publicada con el número 204, en la página 166, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En tales condiciones, si el objetivo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es evitar la indefensión de los gobernados, mediante la protección a sus derechos al emitirse actos arbitrarios, en el caso esa situación no acontece, pues la autoridad responsable fundó y motivó su determinación de forma incorrecta. Precisado lo anterior, es válido afirmar que el acto reclamado incumplió con los derechos de debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se transgredió el principio de conguencia que debe contener toda resolución, ya que no se analizaron todos los agravios expuestos por la incidentista y que sin duda violenta los derechos del quejoso, porque de analizarse la totalidad de esos agravios, la sentencia podría tomar un sentido diferente. Lo anterior está relacionado con el principio de congruencia, el que en términos de la teoría general del proceso, consiste en que las sentencias no sólo deben de ser conformes consigo mismas, en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada (congruencia externa), sino también en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna). Sobre el particular es de citarse la tesis publicada en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228 Cuarta Parte, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." En ese orden de ideas, como se ha establecido, la resolución que se reclama por ésta vía, transgrede en perjuicio del quejoso el principio de congruencia, porque Jahel Israde Herrera al formular sus agravios, específicamente en la foja diez del Toca, último párrafo, argumentó: ".Luego entonces, lo incorrecto del fallo del Natural, deviene de la apreciación que realizó al razonar que en el incidente planteado existe la aplicabilidad del artículo 7.480, fracción I, párrafo segundo del Código Civil, en el sentido de que 'se considera no interrumpido el plazo para la prescripción, si el actor desistiere de la demanda o fue desestimada'." Es menester recordar que el Juez de Primera Instancia, al emitir la interlocutoria recurrida en apelación, sostuvo que la ejecución de la sentencia había prescrito, conforme a las reglas previstas en el artículo 7.480 del Código Civil de esta Entidad Federativa. Ahora, por la trascendencia de lo peticionado por la incidentista, al tratarse de la perdida de la posibilidad de ejecutar una sentencia, es necesario que la Sala responsable analice el argumento propuesto a su potestad, para generar un ambiente de seguridad jurídica entre las partes, y que tengan la certeza de qué reglas deben seguirse respecto del tema de la pérdida del derecho de ejecutar la sentencia, es decir, si en el caso es aplicable la norma invocada por el Juez natural o deba ceñirse a diversas reglas. En efecto, porque el amparista refiere que ha operado la prescripción en la ejecución de la sentencia con base en las reglas previstas para la acción, con fundamento en el artículo 7.480 del Código Civil aplicable, que el Juez natural avaló; su contraparte aduce que esa norma no es aplicable, de ahí la importancia de fijar las bases objetivas para determinar si la hipótesis invocada por el quejoso se actualiza o las partes deben sujetarse a reglas diversas que también están previstas para regular la figura de la perdida de los derechos y resolver si se las partes deben acogerse a las reglas de la perdida por el transcurso del tiempo de derechos sustantivos o de otra índole. Se estima lo anterior, porque si bien este Juzgado advierte las circunstancias planteadas, lo cierto es que es esta instancia no se encuentra facultado para realizar el análisis respectivo, conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, norma que tiene su origen jurídico en los principios del derecho y de la lógica, ya que no es dable juzgar la conducta de la autoridad sino frente a la situación y las circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la propia resolución, lo que implica que este tribunal federal no puede sustituirse a la autoridad, al decidir el juicio de amparo y fundamentar la sentencia reclamada, ya que de hacerlo se convertiría en tribunal de plena jurisdicción y desvirtuaría el espíritu de la Carta Magna y de la Ley de Amparo, máxime si ese tópico aún no ha sido analizado por la responsable. Por las razones que informa, es aplicable la tesis I.7o.A.21 K (10a.), publicada en la página en el Semanario Judicial de la Federación, el cinco de agosto de dos mil dieciséis, Materia Común, Décima Época, de contenido: "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU JUSTIFICACIÓN. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece el principio de limitación de pruebas, al prever que en las sentencias dictadas en los juicios de la materia el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella (salvo las excepciones previstas en la propia ley referidas a la vía indirecta o las establecidas jurisprudencialmente por los órganos del Poder Judicial de la Federación, relativas a cuestiones de procedencia del juicio constitucional). Ese impedimento técnico del impartidor de justicia encuentra su justificación racional y constitucional en la propia naturaleza del amparo, el cual no constituye una instancia más en el procedimiento de origen, sino un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto ejercer un control constitucional sobre la resolución reclamada, a fin de determinar si viola o no derechos fundamentales y, por ende, no podría examinarse si la responsable, al emitir el fallo reclamado, transgredió éstos por el hecho de omitir el examen de pruebas y planteamientos que no fueron objeto de la controversia de origen. Además, el amparo no es equiparable a la acción procesal ordinaria en las materias civil, laboral, penal o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que se dirige a controlar el acto de autoridad para ajustarlo al orden establecido en la Ley Suprema, pero sin que los tribunales de amparo puedan sustituirse en el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades responsables, admitiendo pruebas o tomando en consideración elementos de convicción que no se rindieron ante ellas, dado que ello equivaldría a convertirles en una ulterior instancia revisora." Así, analizada la situación sometida a estudio y como el acto reclamado es violatorio de los derechos de legalidad y seguridad jurídica garantizados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del quejoso, con sustento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional que solicita, para que la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la sentencia de uno de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca de apelación 143/2016, 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otra en la cual analice el agravio propuesto a su potestad referido en esta sentencia, y desde luego los restantes según lo paute la técnica del recurso de apelación, y resuelva si son o no aplicables las reglas de prescripción invocadas por el quejoso y acogidas por el Juez de primera instancia; y, 3. De considerar que son aplicables las reglas de prescripción previstas en el artículo 7.480 del Código Civil, a que añude la apelante, y de asumir que si es posible ejecutar la sentencia, deberá explicar qué actuación interrumpió la prescripción y porqué dicha actuación se ajusta a esas reglas de interrupción. En consecuencia, al resultar fundado uno de los conceptos de violación hecho valer por el solicitante del amparo, resulta innecesario hacer el estudio de los restantes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o. J/2, visible en la página 688 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Materia Común, de cuyo rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS EN LA APELACION. SU FALTA DE ESTUDIO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS Y HACE INNECESARIO RESOLVER ACERCA DE LOS DEMAS CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el fallo combatido es omiso en el estudio de los agravios formulados al respecto, y nada se dice para declararlos infundados o inoperantes, se advierte una franca violación al artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, en su primera parte, en la que establece que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estima el apelante le cause la resolución recurrida. Ahora bien, si conforme al artículo ya citado y lo dispuesto además por el diverso 363, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine si en la sentencia recurrida se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios que regulan la valoración de las pruebas o si se alteraron los hechos, es obvio que el fallo de segunda instancia tiene que abordar el estudio completo de los agravios hechos valer por el apelante, pues constituyen éstos la materia de la alzada, no siendo legalmente suficiente con que el fallo del ad quem exprese que la resolución de primer grado debe confirmarse, sin que antes funde y motive el desechamiento de los aspectos y problemas jurídicos planteados en los agravios, con mayor razón si en el pliego respectivo el apelante pretende desincorporarse del tipo delictuoso en que fue comprendido, asegurando, que éste fue mal clasificado atenta su conducta delictuosa, si es que la hubo. Por estas razones, se estima que la sentencia así dictada es violatoria de garantías contra el quejoso y, sin que sea necesario el estudio de los demás conceptos de violación, procede que se le conceda el amparo a aquél, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente su fallo y dicte uno nuevo, previo el estudio de todos los agravios hechos valer en la apelación, resolviendo en consecuencia lo que estime legalmente procedente." Y la tesis aislada III.3o.C.53 K, visible en la página 789 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, tomo X, de cuyo contenido, siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se estima fundado debido a la incongruencia de la sentencia reclamada, al haber incurrido la responsable en la omisión de estudiar la totalidad de los agravios expresados por el inconforme, resulta innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos que tienden al fondo del negocio, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que no es permitido por virtud de que los tribunales federales no son revisores de dicha autoridad." En ese orden de ideas, debe entenderse que la concesión del amparo decretada, se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez y Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por no haberse reclamado por vicios propios. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o. J/338, que se aprecia en la página 69, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Jesús Mancilla Castro, por lo motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido del licenciado Yamín Dávalos Rosas, secretario que autoriza, firma y da fe.

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