Javier Alfonso Villagrana

Expediente 268/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
268/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
14/07/2016

Partes del expediente

  • Javier Alfonso Villagrana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; catorce de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veinte de junio de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje: emita de manera inmediata el laudo correspondiente dentro del expediente ***************, relativo al juicio laboral promovido por la parte quejosa en contra del *************** e ***************. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Ahora, visto el estado que guardan los autos se advierte que el dos de junio pasado, se recibió el laudo dictado por la la autoridad responsable Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, para que manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo ***************, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado por razones de competencia el cinco siguiente, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y acto reclamado que se precisan: 3.- AUTORIDADES DEMANDADAS.- Al tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de la Materia, me permito designar las siguientes: a) JUNTA ESPECIAL NUMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad. 4.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la OMISIÓN en que ha incurrido la Autoridad Responsable al No dictar el LAUDO dentro de los plazos y términos que establece la propia Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral seguido por mí, la C. *************** en contra de los hoy terceros perjudicados que son ***************, ventilado ante la responsable bajo el expediente ********************. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 17, segundo párrafo y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de abril de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que, después de diferida, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. RESULTANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que es un asunto en materia laboral en el que se reclaman omisiones de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por omitir dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************, dentro del término señalado en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir informe justificado, manifestó que es cierto que ha omitido dictar el laudo en el juicio de laboral de origen, a pesar de haber cerrado instrucción el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Lo anterior se corrobora con la copia certificada que remitió la junta responsable, probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni este juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación que expresa el quejoso. El accionante aduce que la junta responsable con su omisión vulnera las garantías contenidas en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie podrá ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Del texto trascrito, observamos que la garantía de administración de justicia contiene varios principios de derecho público subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, traducida en la obligación que tienen las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público Así, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que, es claro que todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, con registro 922523, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En suma, el precepto constitucional antes transcrito, consagra a favor de los gobernados el derecho a la administración de justicia pronta y expedita por parte de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quienes se encuentran obligados inexcusablemente a impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, para lo cual deben observar además los términos que fijen las leyes secundarias. En ese sentido, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo [...]" 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De la lectura de dichas hipótesis normativas se colige que en el procedimiento laboral, una vez que concluya el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, el secretario auxiliar, de oficio, procederá a declarar cerrada la instrucción y en consecuencia: formulará por escrito proyecto de resolución dentro del término de diez días siguientes a aquél en que se haya declarado cerrada la instrucción; y entregará copia de dicho proyecto a cada uno de los miembros de la junta. Por su parte, los miembros de la junta: 1. podrán solicitar que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, dentro del término de cinco días siguientes al en que reciban la copia del proyecto de laudo; 2 en ese supuesto, la junta, con citación de las partes, señalará fecha y hora para el desahogo de las diligencias solicitadas por los miembros de dicho Tribunal, lo que deberá ocurrir dentro del plazo de ocho días; 3. una vez que transcurra el término de cinco días a que se refiere el inciso a, o el de ocho días señalado en el inciso b, el presidente de la junta deberá citar a los miembros de ésta para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que concluyan los términos referidos en líneas que anteceden; y, 4. en caso de que el proyecto formulado por el auxiliar sea aprobado en sus términos, se elevará a la categoría de laudo y será firmado por los miembros de la junta, o bien, si existen adiciones o modificaciones se ordenará al secretario redacte el laudo conforme a lo aprobado, debiendo quedar constancia de ello. Conforme a lo anterior, se tiene que por regla general, el secretario auxiliar de la junta cuenta con un término de diez días contados a partir de aquél en que se haya declarado cerrada la instrucción, para formular el proyecto de laudo correspondiente. Asimismo, la junta responsable cuenta con diez días para aprobar dicho proyecto, mismos que deberán computarse a partir del día siguiente al en que haya fenecido el término de cinco días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando no exista solicitud por parte de sus miembros para el desahogo de las diligencias que se estimen necesarias para el esclarecimiento de la verdad. En ese orden de ideas, si de la constancia aportada por la autoridad responsable (foja 26), se advierte que el dieciséis de febrero del año actual, se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen y hasta este momento no se ha dictado el laudo correspondiente; resulta incuestionable que la responsable se apartó de la obligación que le imponen los artículos 885 y 887 de la mencionada laboral. Esto, porque hasta la fecha ha transcurrido en exceso el término general de veinte días a que se refieren los preceptos legales invocados, lo que evidentemente viola en perjuicio del quejoso la garantía de expeditez de la administración de justicia consagrada en el artículo 17 de nuestra Ley Suprema, dado que no existe precepto legal alguno en la Ley Federal del Trabajo, que permita a la responsable emitir el laudo correspondiente fuera del término aludido. En consecuencia, ante lo fundado de los motivos de disenso, lo procedente es conceder a ********************la protección federal que solicita, para el efecto de que la junta responsable, en acatamiento a lo que disponen los artículos 885 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, emita de manera inmediata el laudo correspondiente dentro del expediente ********************, relativo al juicio laboral promovido por la parte quejosa en contra del ********************. Ello, en virtud de haber transcurrido en exceso los términos a que se refieren los preceptos legales invocados, conforme a lo analizado en esta determinación. Tal concesión tiene sustento en la tesis aislada 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Materia común, con número de registro 2005150, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra la omisión reclamada de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe que remitió la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con relación al término concedido en el citado auto, aún no transcurren los ocho días concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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