Javier Alfonso Cordero Blanco

Expediente 413/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
413/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Javier Alfonso Cordero Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de mayo de la presente anualidad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, éste y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE VEINTITRES DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "Agréguese el ocurso de ... mandatario Judicial de ..., personalidad que se acredita en términos de las copias certificadas anexas al ocurso de cuenta, al efecto se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El dispositivo 113 de la ley invocada1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia2, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. El quejoso reclama la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en el toca ..., por la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria de veinticuatro de enero anterior, que desestimó el incidente de quita de intereses emitida en el juicio especial hipotecario ..., por el Juez Vigésimo Cuarto de la misma especialidad y residencia. Cabe precisar que acorde a las manifestaciones formuladas bajo protesta de decir verdad por el quejoso3, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, no se ha dictado sentencia definitiva en la primera instancia del juicio de origen. III. El juicio de amparo es improcedente respecto del acto precisado, pues no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de laparte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Al respecto de lo anterior, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (...)" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Tribunal Pleno sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos donde el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que cuyo rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRADE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo4. En el particular, el acto reclamado que desestimó el incidente de quita de intereses, no envuelve cuestiones de carácter sustantivo, por el contrario, son de carácter y/o naturaleza intraprocesal. Ello es así, dado que la regulación de intereses que se pretende a través del incidente interpuesto, es un aspecto de análisis oficioso en la sentencia definitiva que dirima la instancia. Como se corrobora de la la tesis XXX.3o.12 C (10a.), de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo llI, Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 2007, que dice: "INTERESES, CONDENA A SU PAGO. POR EXCEPCIÓN, EL ANÁLISIS DE USURA Y, EN SU CASO, LA DETERMINACIÓN DE UNA TASA DE INTERÉS MÁS JUSTA, PUEDE REALIZARLAS DE OFICIO EL JUZGADOR, AUN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE NO HAYA SIDO MATERIA DEL FONDO DEL ASUNTO NI EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO EXPRESO QUE HAYA CONDENADO A LAS PARTES A SU PAGO. Si bien conforme a las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 28/2017 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la obligación y facultad de la autoridad jurisdiccional de revisar si el interés pactado en el documento crediticio, es usurario o excesivo y, en su caso, reducirlo prudencialmente, por regla general, se ejerce y agota en el momento en que se ocupa de ese tema en la sentencia respectiva y emite el pronunciamiento correspondiente, el cual una vez que haya quedado firme, constituirá cosa juzgada; por excepción, cuando esa cuestión no es analizada en la sentencia relativa, ya sea porque no se estudió el fondo del asunto o porque no se emitió un pronunciamiento expreso sobre la condena al pago de intereses, no es posible afirmar que ese punto ya fue abordado y, en consecuencia, que existe cosa juzgada, al respecto. Lo anterior, porque en esos supuestos la autoridad jurisdiccional realmente no analiza si el interés pactado por las partes resulta excesivo o usurario, ni lleva a cabo un estudio oficioso sobre la posibilidad de reducirlos prudencialmente; sino que en esa hipótesis se limita a emitir un pronunciamiento en el sentido de que no se cumplieron determinados presupuestos procesales o, en su caso, a declarar la procedencia de diversas prestaciones que no están relacionadas directamente con la condena al pago de intereses. De esta manera, si bien es cierto que la decisión contenida en una sentencia que puso fin al juicio y que no entró al fondo del asunto (como podría ocurrir cuando resulta fundada la excepción de prescripción y se dejan a salvo los derechos de las partes), una vez que queda firme, es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; también es verdad que si esa determinación no contiene un pronunciamiento expreso, y menos aún una condena referente a la procedencia al pago de intereses, no podrá constituir cosa juzgada respecto de este último punto, de acuerdo con lo que se sostuvo en la contradicción de tesis 284/2015, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, la emisión de una sentencia en tales términos, no debe ser obstáculo para que la autoridad jurisdiccional, en aras de proteger los derechos humanos de los gobernados, y siguiendo las directrices fijadas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, aun en ejecución de sentencia pueda analizar si el interés pactado por las partes resulta excesivo o usurario y, en su caso, fije una tasa reducida prudencialmente." Conforme a esa premisa, el acto reclamado tampoco tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no traen como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales reconocidos ni a las garantías individuales del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, porque no declara la pérdida de underecho, tampoco concluye una etapa procesal ni constituye una prerrogativa en las partes5. Además, cabe la posibilidad de que la sentencia definitiva, donde se analizarán oficiosamente la regulación de los intereses que pretende, resulte favorable al impetrante y en caso contrario, podrá combatir esa determinación a través del medio de impugnación que en su caso promueva, donde podrá alegar contra la determinación de los eventuales intereses6. Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Por ser notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ... mandatario Judicial de ..., contra actos de la Novena Sala Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa, el proveído de dos de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, éste y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE DOS DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "Vista la demanda de amparo que promueve ... quien se ostenta mandatario Judicial de Javier Alfonso Cordero Blanco contra actos de la Novena Sala Civil de la Ciudad de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 413/2022. Tramítese en su versión física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 114 de la ley de la materia, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con: ÚNICO. En términos de la fracción III del numeral citado en el párrafo anterior, ... deberá acreditar el carácter con que comparece a este juicio, es decir, como mandatario Judicial de ..., pues la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso que se debe hacer constar al proveer acerca de la demanda. Lo anterior es así, pues si bien el artículo 11 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el promovente del juicio de amparo tenga acreditada ante la autoridad responsable la personalidad que ostenta, ésta seráigualmente reconocida en el juicio constitucional, siempre y cuando exhiba las constancias respectivas. Es decir, el reconocimiento simultáneo de la personalidad se encuentra supeditado a que la promovente la acredite con constancias idóneas, como es el original del documento donde emana dicha personalidad, el acuerdo donde se le reconoce, o bien, con copia certificada de éstos. Sustenta la prevención, la jurisprudencia P./J.43/96, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, entérminos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." No obsta que en su ocurso de demanda manifieste lo siguiente "[...] personalidad que tengo acreditada ante la autoridad responsable, la H. NOVENA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO [...]", pues conforme a la fracción III del artículo 114 de la ley de la materia1, constituye una omisión que debe ser subsanada por quien promueve el juicio de amparo. Aclaración que deberá formular de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el presente proveído, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del ordinal 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.Respecto de quienes autoriza acorde al ordinal 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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