Javier Alejandro Ramírez Martínez
Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Alejandro Ramírez Martínez
- Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público (Uif), Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En tres de noviembre de dos mil veintiuno, el secretario certifica: que el plazo de diez días con que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, transcurrió del catorce al veintisiete del mismo mes y año, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; con lo anterior, y con el estado de autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3.1. Incidente de suspensión. Asimismo, acorde con el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3.2 Una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del mencionado acuerdo. 3.3. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de constancia. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de la documental que en sigilo remitió la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, devuélvase mediante el servicio de mensajería acelerada, solicitándole acuse recibo al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
- Principal
SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. I. Competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 19 a 20), el Secretario encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró con número de expediente 405/2021; admitió la demanda a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la vista al agente del Ministerio Público de su adscripción y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. En proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 101 a 105), se tuvo por recibido el informe justificado del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México, del que advirtió la existencia del juicio de amparo promovido por Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital Variable, representado por Javier Alejandro Ramírez Martínez, en el que señaló como acto reclamado, entre otros, su inclusión a la lista de personas bloqueadas, el cual, por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, el que registró con número de amparo indirecto 223/2020. En esas condiciones, estimó que el juicio de amparo en que se actúa y el diverso 223/2020 del índice de este órgano de control constitucional, guardaban estrecha relación; por lo que, declaró que era legalmente incompetente por conocimiento previo de este juzgado, en términos del artículo 46, antepenúltimo y último párrafos, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, que reformó y adicionó el similar, que establece en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil dieciséis, por lo cual, la remitió las constancias del juicio a este órgano jurisdiccional, para su conocimiento. II. Trámite de la demanda ante este juzgado. La demanda de amparo de que se trata fue recibida en este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el diez de agosto de dos mil veintiuno; y en auto de doce siguiente se ordenó registrarla con el expediente 469/2021 (fojas 111 a 116), se avocó al conocimiento del asunto; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV , ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004 , ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Javier Alejandro Ramírez Martínez reclama: Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México: a) La orden girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, para bloquear cualquier cuenta bancaria abierta a su nombre en la Institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, sucursal Uruapan Michoacán. b) La orden girada a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad de Uruapan Michoacán, a efecto de que bloquee e inmovilice los fondos existentes en las cuentas abiertas a nombre del quejoso. c) La puesta a disposición de las entidades financieras conocidas como instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115, noveno párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito. Del Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México: a) La ejecución de la orden de bloqueo, mediante instrucción girada a la institución bancaria ejecutora para que realice el bloqueo de mérito. b) Poner a disposición de las entidades financieras la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115, noveno párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. Del Gerente de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad de Uruapan Michoacán: a) La ejecución de la orden de bloqueo, para la inmovilización de los fondos existentes en la cuenta bancaria 1578139334. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado a la institución financiera responsable, dado que no se acreditó su existencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. En esta instancia constitucional, como se precisó, el promovente reclama: De la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad de Uruapan Michoacán: ? La ejecución de la orden de bloqueo, para la inmovilización de los fondos existentes en la cuenta bancaria 1578139334. En el escrito de demanda expuso que el nueve de julio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento, que la Institución BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, con sede en esta ciudad, bloqueo la cuenta bancaria número 1578139334, a nombre del quejoso, lo cual lo imposibilitó para realizar cualquier disposición en esa cuenta. Al respecto, la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, al rendir su informe justificado por conducto de su apoderada jurídica (fojas 61 y 62), negó la existencia del acto de ejecución reclamado. Expuso, que la cuenta número 1578139334, en favor de Javier Alejandro Ramírez Martínez, se encontraba libre de bloqueo por orden judicial. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, mediante oficio 15885/2021, signado por la apoderada jurídica de la institución bancaria responsable, exhibió impresión de captura de pantalla, relativa a la consulta de saldos de cuenta de la cuenta número 1578139334, en favor de Javier Alejandro Ramírez Martínez, la cual se encuentra activa, y sin evidencia de la existencia de algún bloqueo; misma que para mejor constancia se reproduce vía escáner: Ahora, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, se advierte que el promovente del amparo no rindió prueba suficiente tendente a demostrar la existencia del acto reclamado y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante, el conocimiento oportuno que tuvo de aquellos. En esas condiciones, si la autoridad responsable niega el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, porque los actos negativos no están sujetos a prueba; además, cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, lo que en la especie no ocurrió. En efecto, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo no se advierte que Javier Alejandro Ramírez Martínez, haya acreditado la existencia del bloqueo de la cuenta bancaria 1578139334, de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Lo anterior, toda vez que a su escrito de demanda únicamente exhibió: - Estado de cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, relativo a la cuenta número 1578139334, correspondiente al periodo del veinticinco de mayo al veintiséis de junio del dos mil veintiuno (fojas 13 a 15). - Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del quejoso, con número de folio 21NC7717640 (foja 17). Las documentales precisadas merecen pleno valor convictivo, en términos de los ordinales 197 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, dado que se tratan de impresiones de documentos electrónicos que contienen cadena digital, la cual valida y autentifica el origen de su obtención. Cobran aplicación, la tesis 2a./J. 24/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Sin embargo, no obstante, el valor probatorio de las citadas documentales, las mismas son ineficaces para acreditar la ejecución del bloqueo a la cuenta número 1578139334, de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Ello es así, ya que el estado de cuenta descrito únicamente relata información de los movimientos financieros ocurridos en el periodo del veinticinco de mayo al veintiséis de junio del dos mil veintiuno, en la cuenta bancaria ahí indicada. Mientras que el segundo de los documentos, hace referencia a que el aquí quejoso dio cumplimiento a sus obligaciones fiscales. De ahí que, ante la falta de prueba que acredite la existencia del acto reclamado materia de este considerando, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto el acto y autoridad precisados en este considerando, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, consistentes en la orden girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, para bloquear cualquier cuenta bancaria abierta a su nombre en la Institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, sucursal Uruapan Michoacán; así como su ejecución; y, la puesta a disposición de las entidades financieras conocidas como instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 noveno Párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior, toda vez que la citada autoridad hace una serie de manifestaciones que evidenciaron la existencia de la disposición a las instituciones financieras de la lista con los nombres de personas bloqueadas. En efecto, del informe justificado se advierte que la citada responsable aceptó que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, emitió acuerdo 74/2020, por medio de la cual, incorporo a la lista, a la persona moral denominada Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital Variable, suspendiendo en forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios incluidos en la lista en comento, así como impedir la disposición de los recursos que estas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieren como titulares, cotitulares, firmantes o autorizados, fideicomitentes, representantes legales o apoderados. Además, en los casos en que aparecieran como beneficiarios o fideicomisarios, surtiendo efectos el bloqueo en aquellos casos en que se presente para ejercer beneficios, instrucción que se materializó mediante el oficio 110/F/B/3200/2020, signado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que se corrobora con las constancias que exhibió la autoridad responsable, dentro de las que obra la lista de las personas bloqueadas, misma que fue resguardada en sigilo de este juzgado. Documental con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. No se soslaya que la orden de bloqueo de la cuenta bancaria esta dirigida a la persona moral denominada Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable; sin embargo, como la misma autoridad lo refiere, dicha medida también afecta a los apoderados jurídicos de dichas entidades, supuesto en el que se actualiza el aquí quejoso. Ello es así, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este juzgador, que el aquí quejoso Javier Alejandro Ramírez Martínez, accionó diverso juicio de amparo en cuanto apoderado jurídico de la persona moral denominada Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, del cual conoció este órgano jurisdiccional, al que le asignó número de expediente 223/2020. En esas condiciones, sí Javier Alejandro Ramírez Martínez, tiene el carácter de apoderado jurídico de Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, es evidente que la inclusión en la lista de personas bloqueadas de dicha persona moral, también lo alcanza en cuanto persona física. Lo anterior, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la medida va dirigida tanto a clientes -rol que desplegaría la persona moral-, como a usuarios -en el caso, las personas físicas-, incluido cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de esos clientes. De ahí que se tenga por cierto los actos reclamados de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otra parte, al rendir su informe justificado el director y directora de lo Contencioso, adscritos a la Dirección General Contenciosa (fojas 53 a 57), en representación del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la ejecución de la orden de bloqueo, mediante instrucción girada a la institución bancaria ejecutora para que realice el bloqueo de las cuentas bancarias del quejoso. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, debido a que la autoridad ordenadora acepto su existencia; en consecuencia, estamos en presencia de un acto de ejecución inminente. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, advierte de oficio que, respecto de los actos reclamados dentro de la presente instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; .". De lo antes transcrito se colige que, para la actualización de la causal de improcedencia prevista en la referida fracción, se requiere acreditar: a) Que la ley o acto que se reclamen, hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en una sentencia ejecutoriada se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, o cuando, precisada la existencia de éste se ha determinado su inatacabilidad a través del juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya efectuado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Es importante mencionar, que la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, aplica cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. Dicha figura procesal "cosa juzgada" tiene sustento constitucional en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, pues lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia. En ese sentido, la autoridad de cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Luego, la finalidad de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61, puede aplicarse para sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Cobra aplicación, la jurisprudencia 435, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Y, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito , que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." Criterio que cobran aplicación por identidad jurídica entre el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo Vigente. Ahora, cabe precisar que las publicaciones en la red intranet de los expedientes electrónicos que se siguen ante los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello es así, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio, así como las constancias que obren dentro de los expedientes electrónicos para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones o de los expedientes respectivos. En el caso, como se anticipó, el quejoso reclama: Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México: a) La orden girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, para bloquear cualquier cuenta bancaria abierta a su nombre en la Institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, sucursal Uruapan Michoacán. b) La orden girada a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad de Uruapan Michoacán, a efecto de que bloquee e inmovilice los fondos existentes en las cuentas abiertas a nombre del quejoso. c) La puesta a disposición de las entidades financieras conocidas como instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 noveno Párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. Del Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México: a) La ejecución de la orden de bloqueo, mediante instrucción girada a la institución bancaria ejecutora para que realice el bloqueo de mérito. b) Poner a disposición de las entidades financieras la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115, noveno párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. Empero, dichos actos fueron materia del diverso juicio de amparo 223/2020 del índice de este órgano de control constitucional. Es así, ya que, en dicho juicio, compareció el aquí quejoso Javier Alejandro Ramírez Martínez, en cuanto apoderado jurídico de Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, a reclamar, entre otros actos: "Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México: La orden girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, para bloquear cualquier cuenta bancaria abierta a su nombre en la Institución bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, sucursal Uruapan Michoacán. La orden girada a la institución bancaria BBVA Bancomer SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad de Uruapan Michoacán, a efecto de que bloquee e inmovilice los fondos existentes en las cuentas abiertas a nombre de la quejosa. La puesta a disposición de las entidades financieras conocidas como instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 noveno Párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito en la que se incluye el nombre, denominación o razón social de la quejosa. Del Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México: La ejecución de la orden de bloqueo, mediante instrucción girada a la institución bancaria ejecutora para que realice el bloqueo de mérito." De las constancias que integran el presente juicio de amparo y del expediente electrónico del referido sumario, se advierte que mediante sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, este órgano de control constitucional, determinó sobreseer en el juicio de amparo, al estimar que no existían los actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, respecto de los actos reclamados a la Unidad de Inteligencia Financiera, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En dicha resolución se analizó que: - El quejoso hizo valer el procedimiento que en su favor le confiere la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla la garantía de audiencia, así como lo dispuesto en los artículos 13, 16, fracciones I y IX, 28, 35, fracciones I y II, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. - En consecuencia, con el objeto de que la quejosa hiciera valer su garantía de audiencia, dicha autoridad señaló las once treinta horas del uno de septiembre para que la persona moral quejosa se presentara en las instalaciones que ocupa esa unidad administrativa, con domicilio en la Ciudad de México. - Por tal motivo, en el caso se actualizó la causa de improcedencia en estudio, por lo que respecta al inciso a), en razón de que la quejosa acudió ante la propia autoridad responsable a accionar el procedimiento de "Garantía de audiencia", que en su favor confiere la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - Que, el requisito contenido en el inciso b) se cumplió, pues la autoridad en respuesta a la petición del quejosa, mediante oficio 110/F/B/3407/2020 de once de junio de dos mil veinte, hizo de su conocimiento que por acuerdo emitido por el titular de esa unidad de inteligencia financiera se habilitó la revisión de solicitudes de garantía de audiencia, su tramitación y eventual resolución a través de medios electrónicos y en ese sentido que a través de esa vía se encuentra en condiciones de hacer valer el procedimiento de garantía de audiencia que en su favor confiere la 73ª, de la Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para lo cual, señaló las once treinta horas del uno de septiembre del año en curso, a fin que el apoderado legal de la persona moral quejosa se presente en las instalaciones que ocupa esa unidad administrativa, con domicilio en la Ciudad de México. Acuerdo que notificó a la quejosa, mediante correo electrónico de once de junio de dos mil veinte a la dirección electrónico corteslaesperanza@gmail.com, suscrito por la directora general adscrita de la unidad financiera; notificación que confirmó la quejosa el veintiséis de junio del año en curso. - En cuanto al requisito del inciso c) está colmado, pues el procedimiento administrativo contenido en la 73ª, de la Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece el derecho a las personas que han sido incluidas en la lista de personas bloqueadas para accionar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio denominado "Garantía de Audiencia", a través del cual pueden hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aportar pruebas y formular los alegatos que estimen pertinentes, a fin de desvirtuar los indicios por lo que se sustentó su inclusión a la referida lista, pudiendo lograr que se declare procedente su eliminación de la lista y, por ende, se deje sin efectos la suspensión o bloqueo de los instrumentos financieros. - Lo anterior, ya que de conformidad con la fracción II de la citada Disposición General, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas, y en su caso, determine si procede o no su eliminación de la misma. - Por ende, concluyó que, a través de dicho medio legal, el acto reclamado era susceptible de ser modificado, revocado o nulificado". En ese orden de ideas, se concluyó que, respecto de los actos reclamados a la Unidad de Inteligencia Financiera, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, al no haber sido impugnada la sentencia dictada en el juicio de amparo 223/2020, fue declarada firme mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte, por lo que, se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. De lo antes precisado se advierte que el juicio de amparo número 223/2020 del índice de este juzgado, se siguió por el quejoso Javier Alejandro Ramírez Martínez, en cuanto apoderado legal de la persona moral denominado Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, contra la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera; por los actos reclamados, ya precisados con antelación; y en dicho juicio de amparo existe sentencia ejecutoriada. Mientras que la presente instancia constitucional, fue promovido también por Javier Alejandro Ramírez Martínez (por su propio derecho), contra la Unidad de Inteligencia Financiera, a quién le reclamó: a) La orden girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, para bloquear cualquier cuenta bancaria abierta a su nombre en la Institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, sucursal Uruapan Michoacán. b) La orden girada a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en esta ciudad de Uruapan Michoacán, a efecto de que bloquee e inmovilice los fondos existentes en las cuentas abiertas a nombre del quejoso. c) La puesta a disposición de las entidades financieras conocidas como instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 noveno Párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. Por ello, si el actual juicio de amparo fue promovido por la misma parte quejosa; aunque con diferente carácter, contra la misma autoridad ordenadora y por los propios actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, sin que sea obstáculo para que se actualice la causal de improcedencia invocada, el hecho que en el presente juicio de amparo haya comparecido Javier Alejandro Ramírez Martínez, actuando por su propio derecho, y el diverso 223/2020, en cuanto apoderado jurídico de la persona moral Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable. Ello en virtud, de que como se reseñó, en el considerando cuarto de esta sentencia, la orden de bloqueo de la cuenta bancaria, reclamada, si bien, está dirigida a la persona moral denominada Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable; también es verdad, que dicha medida igualmente afecta a los apoderados jurídicos de dichas entidades, en cuanto personas físicas, al ser los sujetos que actúan a nombre de dichos entes jurídicos. Por lo tanto, sí en cuanto apoderado jurídico de dicha persona moral, promovió juicio de amparo en el que reclamó el citado acto, es evidente que lo analizado en aquel juicio, afecta la presente instancia constitucional. En esas condiciones, al surtirse los elementos de la cosa juzgada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer el presente juicio de garantías, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal invocado. Sobre el particular, ante la identidad jurídica sustancial entre el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretado, y el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, cabe citar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que textualmente señala: "IMPROCEDENCIA, CONDICIONES PARA LA OPERANCIA DE LA CAUSAL DE, POR EXISTIR EJECUTORIA PRONUNCIADA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, opera la causal de improcedencia contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora bien, resulta pertinente establecer que, para que se actualice esa hipótesis, es necesario que tanto el juicio ya resuelto como el relacionado, hubiesen sido promovidos por el mismo quejoso, contra idéntica autoridad responsable y por iguales actos reclamados, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales argüidas, según se deriva de los dispuestos en la fracción III del numeral en comento; sin que lo impida el hecho de que el quejoso, en el nuevo juicio, únicamente hubiere señalado a uno de los miembros del tribunal resolutor como autoridad responsable, si de las propias constancias se advierte que, quien dictó la resolución en forma colegiada lo fue la citada sala". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la orden que estimó ilegal. Asimismo, este órgano de control constitucional, estima que respecto de los actos reclamados materia de este considerando, también se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el precepto legal recién transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quien, teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: - Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. - Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. - Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Dicho criterio jurídico cobra puntual aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible advertir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales debe presentarse la demanda constitucional, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley, mas no inferirse con base en presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. En el caso, como ya quedó precisado en líneas precedentes, el aquí quejoso Javier Alejandro Ramírez Martínez, en cuanto apoderado legal de la persona moral denominado Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, promovió juicio de amparo indirecto contra los mismos actos y autoridades reclamadas en la presente instancia constitucional. En el escrito de demanda, de aquel juicio , en el apartado de antecedentes, refirió, que el tres de junio de dos mil veinte, fue notificado mediante correo electrónico, enviado por la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, que la empresa moral que representa denominada Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, había sido incluida en la lista de personas bloqueadas, por lo que, a partir del cuatro de ese mes y año, no se podía hacer ninguna disposición en la cuenta bancaria a nombre de dicha moral. En esas condiciones, contrario a lo manifestado por el quejoso en la presente instancia constitucional, conoció de la existencia de los actos reclamados desde el tres de junio de dos mil veinte, data en la que, en su carácter de apoderado jurídico de Cortes Avo Esperanza, Sociedad Anónima de Capital variable, le notificaron que la persona moral que representa fue incluida en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Se estima así, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes; es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como apoderado de una persona moral se ignore como persona física, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. En ese sentido, se genera la certeza jurídica de que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados en la presente instancia constitucional desde el tres de junio de dos mil veinte. Por tanto, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del cuatro al veinticuatro de junio de dos mil veinte; en consecuencia, si la presente demanda de amparo se presentó el trece de julio de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan (foja 6), es inconcuso que se promovió fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción al plazo de quince días que regula el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo presentado contra normas generales por su vigencia, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se reclama una sentencia definitiva en materia penal ni se combaten actos que involucren derechos agrarios. En esas condiciones, para la promoción del juicio de amparo, respecto del acto aquí en estudio, el solicitante de la protección constitucional tenían el imperativo de promover su demanda de amparo dentro del término general de quince días, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso lo hubiere hecho, pues si tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado tres de junio de dos mil veinte, y la demanda de amparo se presentó hasta el trece de julio de dos mil veintiuno, es evidente lo que hizo fuera del plazo legal antes indicado. Por consiguiente, con base en las anteriores consideraciones, respecto de los actos reclamados materia de este considerando, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantean los peticionarios del amparo, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Javier Alejandro Ramírez Martínez contra el acto reclamado a las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expresados en los diversos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el suscrito Abel Jonapa García, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Certifica: Que en el expediente electrónico no obran las constancias de recepción de los oficios siguientes: 15561/2021 y 16156/2021, girados a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 15562/2021 y 16157/2021, girados a la autoridad responsable Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 15563/2021 y 16158/2021, girados al Apoderado Jurídico de BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA Bancomer; Todos los anteriores correspondientes a los proveídos de doce y veintitrés de agosto del año en curso, respectivamente, a través de los cuales se les notifica el avocamiento en el presente juicio por parte de este órgano jurisdiccional, así como la vista con el cambio de titular de este Juzgado. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se reexpiden oficios. De la certificación de cuenta, se advierte que no obran las constancias de envío y recepción de los oficios girados a las autoridades responsables, en proveídos de doce y veintitrés de agosto de la presente anualidad, mediante los cuales se les notifica el avocamiento en el presente juicio por parte de este órgano jurisdiccional, así como la vista con el cambio de titular de este Juzgado. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídanse los oficios: 15561/2021 y 16156/2021, dirigidos a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Avenida Constituyentes, número 1001, colonia Belén de las Flores, delegación Álvaro Obregón, código postal 01110, en la Ciudad de México; 15562/2021 y 16157/2021, dirigidos a la autoridad responsable Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en Insurgentes Sur, número 1971, Torre Sur, Plaza Inn, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; y envíense mediante el servicio de mensajería acelerada denominado "Estafeta", a efecto de contar con las constancias de su envío; asimismo, se tendrá como acuse de recepción el comprobante electrónico generado por el referido servicio de mensajería al momento de su entrega al destinatario. En ese orden de ideas, reexpídanse los oficios 15563/2021 y 16158/2021, dirigidos al Apoderado Jurídico de BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA Bancomer, con domicilio en Calzada Benito Juárez, número 97, colonia Ramón Farías, código postal 60050, en esta ciudad, cuya entrega al destinatario se encomienda al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional. 2. Se requieren constancias de notificación. Finalmente, se instruye al actuario para que proceda a recabar y capturar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), las constancias de notificación ordenadas en este juicio, a efecto de que el presente expediente se encuentre debidamente integrado y evitar la dilación innecesaria en la impartición de justicia, cuya prontitud y expeditez mandata el artículo 17 de la Constitución Federal. 3. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese en los términos precisados en este proveído. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
- Principal
En treinta de agosto de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez, con un oficio recibido vía Interconexión SISE, registrado con folio 11394, dentro del juicio de amparo 469/2021-P. Conste. Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, treinta de agosto de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio 15885/2021 emitido por la apoderada jurídica de la autoridad responsable BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que no fue solicitado por el juzgado oficiante, además, la misiva de mérito fue recibida vía Interconexión, por lo que dicho acuse puede obtenerse del propio sistema. En atención a su contenido, téngase a la citada autoridad responsable cumpliendo con el requerimiento que le fuera formulado en auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno por la autoridad declinante, así como el realizado por este órgano jurisdiccional en proveído de veintitrés del presente mes y año; al efecto, en complemento a su informe justificado, remite impresión de pantalla donde se advierte que la cuenta bancaria 1578139334 se encuentra activa y libre de bloqueo. Con lo anterior, dese vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.
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