Javier Alejandro Morales Cortes
Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Javier Alejandro Morales Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 397/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido a este juzgado de Distrito al día siguiente; Javier Alejandro Morales Cortes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de las autoridades 1) Congreso del Estado de Morelos y 2) Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, de quienes reclamo lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2017, suscrito por la Comisión del Trabajo Previsión y Seguridad social, del congreso del Estado de Morelos, mediante oficio número CTPySS/LIII-3/0137/02/2018, mediante el cual se niega la procedencia de la solicitud del otorgamiento de la pensión por Jubilación solicitada por el suscrito. El primer acto de aplicación del artículo 58, fracción I, inciso K, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos SEGUNDO. Tramite de la demanda. El doce de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 397/2018-II; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, finalmente, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, considerando que el acto reclamado no tiene ejecución, es competente el juez del lugar en que se presentó la demanda. SEGUNDO. Determinación y certeza de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: Congreso del Estado de Morelos se reclama la expedición del artículo 58, fracción I, inciso K, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, la aplicación de la invocada norma, materializada en el dictamen de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, por el que se niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, no obstante que lo haya negado al rendir su informe justificado. Aunado a lo anterior, cabe destacar que tratándose -como en el caso- de un juicio de amparo donde se cuestiona la constitucionalidad de preceptos contenidos en una ley, la existencia de las normas reclamadas no depende del contenido de los informes de las responsables, pues basta que estén publicadas en el Diario o Periódico Oficial para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades correspondientes estén obligadas a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, Agosto de 2000, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". De igual forma, debe decirse que es cierto el dictamen de fecha diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, que se reclama a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por el que niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en razón de que así lo señaló dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 44 a 47). Se corrobora lo anterior, con las fotocopias certificadas de tal acto combatido (fojas 49 a 56), a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público, por de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, para justificar la aplicación de la norma invocada, es oportuno transcribir el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos: "58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: --- a) Con 30 años de servicio 100%; --- b) Con 29 años de servicio 95%; --- c) Con 28 años de servicio 90%; --- d) Con 27 años de servicio 85%; --- e) Con 26 años de servicio 80%; --- f) Con 25 años de servicio 75%; --- g) Con 24 años de servicio 70%; --- h) Con 23 años de servicio 65%; --- i) Con 22 años de servicio 60%; --- j) Con 21 años de servicio 55%; y --- k) Con 20 años de servicio 50%. --- Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. --- Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II. Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden: --- a) Con 28 años de servicio 100%; --- b) Con 27 años de servicio 95%; --- c) Con 26 años de servicio 90%; --- d) Con 25 años de servicio 85%; --- e) Con 24 años de servicio 80%; --- f) Con 23 años de servicio 75%; --- g) Con 22 años de servicio 70%, --- h) Con 21 años de servicio 65%; --- i) Con 20 años de servicio 60%; --- j) Con 19 años de servicio 55%; y --- k) Con 18 años de servicio 50%. --- Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. --- Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. --- El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.". En el amparo contra leyes existen diversos supuestos donde ubicar la aplicación de la norma combatida, a saber: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor. 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa). 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido, en los casos en que no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada. 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido), en este supuesto, la situación jurídica del quejoso es análoga, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por inobservancia del principio de igualdad, por lo que la pretensión principal del impetrante es la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos. Esto se apoya, con el texto de la jurisprudencia que emitió el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Novena Época, con registro 162657, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, en Materia Común, Tesis I.15o.A. J/12, que señala: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República." Sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a derechos humanos principalmente, por generalidad, igualdad o equidad en términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es este último supuesto en el que se ubica el quejoso y para acreditarlo basta referir que en el invocado dictamen de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, que se reclama a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, se le negó al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, al no contar con la antigüedad necesaria de servicio efectivo, por lo que no encuadraba en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil, al no haber acreditado una antigüedad de veinte años para gozar de una pensión por jubilación del cincuenta por ciento de su último salario, con lo que se actualiza una aplicación negativa de la norma combatida, esto es, del referido precepto legal, fracción I, inciso k), a diferencia de lo regulado para las mujeres trabajadoras, a las que únicamente se le exigen dieciocho años de servicio. TERCERO. Causal de improcedencia respecto al dictamen de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. En este punto de la presente sentencia, es pertinente señalar que, a través de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. El criterio anterior está contenido en la jurisprudencia localizable en la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis 2a./J. 71/2000, visible en la página 235, que es del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto al acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a Javier Alejandro Morales Cortes, pensión por jubilación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225; registro: 170 500, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del vigente artículo 5, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite: "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Debe citarse como antecedentes del caso, que a través de escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ante el Congreso del Estado de Morelos, Javier Alejandro Morales Cortes, solicitó pensión por jubilación (foja 58). A través de oficio del siete de febrero del dos mil dieciocho (foja 18), que se entregó al quejoso el dieciséis de ese mes y año, por así haberlo acreditado (fojas 18), le fue notificado el dictamen de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por el que determinó que no era procedente otorgar al aquí quejoso, la pensión solicitada (fojas 20 a 29 y 49 a 56). En ese sentido, del informe justificado de dicha Comisión se aprecia que, precisamente, al tener el carácter de comisión legislativa, se trata de un órgano interno que en el ámbito de su competencia, analizó la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de Javier Alejandro Morales Cortes, y emitió un dictamen que somete a votación y se traduce en un punto de acuerdo. Por tanto, el sólo dictamen no constituye una resolución que haya dirimido de forma definitiva la solicitud de pensión, como sí lo sería si se da la aprobación del Congreso. En ese sentido, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. Se trascribe a continuación dicha disposición: "Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno.". A su vez, entre la competencia que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, otorga a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se encuentra el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho: "Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su responsabilidad: I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho;.". En el mismo orden de ideas, el artículo 54, fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas deben conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno: "ARTÍCULO 54.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: I. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno; (ADICIONADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2013) En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado en el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, y cuidando en todo momento no rebasar el término establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.". De conformidad con las disposiciones referidas, el acuerdo reclamado de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a Javier Alejandro Morales Cortes, pensión por Jubilación, a fin de convertirse en una resolución que en definitiva dirima el trámite de la solicitud de pensión, debe ser presentado al Pleno del Congreso del Estado de Morelos, para su aprobación. Ello es así, porque al tenor de las normas expuestas, se puede advertir que las Comisiones legislativas son órganos internos del Congreso del Estado de Morelos que contribuyen a que éste cumpla con sus atribuciones previstas en la Constitución Local y las leyes respectivas, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que pueda someterse a votación; y, en caso de aprobación por el Pleno del Órgano Legislativo Estatal, lo que se traducirá en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin a la solicitud de pensión hecha por el peticionario de amparo, como sí lo es la aprobación o no que realiza el Pleno al dictamen que la Comisión respectiva le presente, para convertirla en punto de acuerdo; por lo que al impugnarse dicho dictamen a través del presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada en este apartado por no constituir un acto definitivo y, por ende, se está en presencia del reclamo de un acto que no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de Javier Alejandro Morales Cortes. Lo anterior, se insiste, pues lo dictaminado por la Comisión responsable, como se explicó, no dirime en definitiva el planteamiento formulado por el quejoso en torno a la pretensión que solicitó le fuera otorgada y, por ende, lo resuelto por dicha instancia previa no constituye un acto de autoridad con las características que al respecto disponen los ordinales 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que no afecta de manera real y actual el derecho ejercido por el impetrante del amparo, en la medida que no podría catalogarse como una resolución definitiva. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 180675, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 88/2004, Página: 919, del rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO. De los artículos 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 94, 95 y 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las Comisiones legislativas son órganos internos de las Cámaras del Congreso de la Unión que contribuyen a que éstas cumplan con sus atribuciones constitucionales, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que contendrá una parte expositiva de las razones en que se funde y otra de proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; asimismo, se observa que realizado el dictamen, el cual debe estar firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión, debe someterse a discusión y una vez discutido se pone a votación y, en caso de aprobación por el Pleno de la Cámara legislativa, se traduce en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin al asunto, como sí lo es la aprobación que realiza el Pleno, por lo que al impugnarse dicho dictamen en una controversia constitucional, debe sobreseerse en el procedimiento por no constituir aquél un acto definitivo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, a quien le reclamó el dictamen de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, por el que se niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada; por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En el caso, este juzgado federal determinó en párrafo anteriores, la actualización de una causal de improcedencia del juicio respecto al acto concreto de aplicación, como lo es el aludido dictamen de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; por ello, en estricta aplicación de la jurisprudencia de mérito y la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, y debido a la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente debe hacerse extensivo el sobreseimiento en el juicio respecto a los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la expedición del artículo 58, fracción I, inciso K, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER ALEJANDRO MORALES CORTÉS, respecto de los actos y norma jurídica identificados en la parte considerativa de la sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil dieciocho que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de veintitrés de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido a este juzgado de Distrito al día siguiente; Javier Alejandro Morales Cortes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de las autoridades 1) Congreso del Estado de Morelos y 2) Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, de quienes reclamo lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2017, suscrito por la Comisión del Trabajo Previsión y Seguridad social, del congreso del Estado de Morelos, mediante oficio número CTPySS/LIII-3/0137/02/2018, mediante el cual se niega la procedencia de la solicitud del otorgamiento de la pensión por Jubilación solicitada por el suscrito. El primer acto de aplicación del artículo 58, fracción I, inciso K, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos SEGUNDO. Tramite de la demanda. El doce de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 397/2018-II; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, finalmente, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, considerando que el acto reclamado no tiene ejecución, es competente el juez del lugar en que se presentó la demanda. SEGUNDO. Determinación y certeza de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: Congreso del Estado de Morelos se reclama la expedición del artículo 58, fracción I, inciso K, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, la aplicación de la invocada norma, materializada en el dictamen de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, por el que se niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, no obstante que lo haya negado al rendir su informe justificado. Aunado a lo anterior, cabe destacar que tratándose -como en el caso- de un juicio de amparo donde se cuestiona la constitucionalidad de preceptos contenidos en una ley, la existencia de las normas reclamadas no depende del contenido de los informes de las responsables, pues basta que estén publicadas en el Diario o Periódico Oficial para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades correspondientes estén obligadas a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, Agosto de 2000, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". De igual forma, debe decirse que es cierto el dictamen de fecha diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, que se reclama a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por el que niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en razón de que así lo señaló dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 44 a 47). Se corrobora lo anterior, con las fotocopias certificadas de tal acto combatido (fojas 49 a 56), a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público, por de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, para justificar la aplicación de la norma invocada, es oportuno transcribir el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos: "58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: --- a) Con 30 años de servicio 100%; --- b) Con 29 años de servicio 95%; --- c) Con 28 años de servicio 90%; --- d) Con 27 años de servicio 85%; --- e) Con 26 años de servicio 80%; --- f) Con 25 años de servicio 75%; --- g) Con 24 años de servicio 70%; --- h) Con 23 años de servicio 65%; --- i) Con 22 años de servicio 60%; --- j) Con 21 años de servicio 55%; y --- k) Con 20 años de servicio 50%. --- Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. --- Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II. Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden: --- a) Con 28 años de servicio 100%; --- b) Con 27 años de servicio 95%; --- c) Con 26 años de servicio 90%; --- d) Con 25 años de servicio 85%; --- e) Con 24 años de servicio 80%; --- f) Con 23 años de servicio 75%; --- g) Con 22 años de servicio 70%, --- h) Con 21 años de servicio 65%; --- i) Con 20 años de servicio 60%; --- j) Con 19 años de servicio 55%; y --- k) Con 18 años de servicio 50%. --- Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. --- Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. --- El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.". En el amparo contra leyes existen diversos supuestos donde ubicar la aplicación de la norma combatida, a saber: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor. 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa). 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido, en los casos en que no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada. 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido), en este supuesto, la situación jurídica del quejoso es análoga, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por inobservancia del principio de igualdad, por lo que la pretensión principal del impetrante es la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos. Esto se apoya, con el texto de la jurisprudencia que emitió el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Novena Época, con registro 162657, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, en Materia Común, Tesis I.15o.A. J/12, que señala: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República." Sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a derechos humanos principalmente, por generalidad, igualdad o equidad en términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es este último supuesto en el que se ubica el quejoso y para acreditarlo basta referir que en el invocado dictamen de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, que se reclama a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, se le negó al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, al no contar con la antigüedad necesaria de servicio efectivo, por lo que no encuadraba en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil, al no haber acreditado una antigüedad de veinte años para gozar de una pensión por jubilación del cincuenta por ciento de su último salario, con lo que se actualiza una aplicación negativa de la norma combatida, esto es, del referido precepto legal, fracción I, inciso k), a diferencia de lo regulado para las mujeres trabajadoras, a las que únicamente se le exigen dieciocho años de servicio. TERCERO. Causal de improcedencia respecto al dictamen de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. En este punto de la presente sentencia, es pertinente señalar que, a través de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. El criterio anterior está contenido en la jurisprudencia localizable en la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis 2a./J. 71/2000, visible en la página 235, que es del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto al acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a Javier Alejandro Morales Cortes, pensión por jubilación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225; registro: 170 500, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del vigente artículo 5, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite: "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Debe citarse como antecedentes del caso, que a través de escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ante el Congreso del Estado de Morelos, Javier Alejandro Morales Cortes, solicitó pensión por jubilación (foja 58). A través de oficio del siete de febrero del dos mil dieciocho (foja 18), que se entregó al quejoso el dieciséis de ese mes y año, por así haberlo acreditado (fojas 18), le fue notificado el dictamen de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por el que determinó que no era procedente otorgar al aquí quejoso, la pensión solicitada (fojas 20 a 29 y 49 a 56). En ese sentido, del informe justificado de dicha Comisión se aprecia que, precisamente, al tener el carácter de comisión legislativa, se trata de un órgano interno que en el ámbito de su competencia, analizó la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de Javier Alejandro Morales Cortes, y emitió un dictamen que somete a votación y se traduce en un punto de acuerdo. Por tanto, el sólo dictamen no constituye una resolución que haya dirimido de forma definitiva la solicitud de pensión, como sí lo sería si se da la aprobación del Congreso. En ese sentido, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. Se trascribe a continuación dicha disposición: "Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno.". A su vez, entre la competencia que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, otorga a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se encuentra el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho: "Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su responsabilidad: I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho;.". En el mismo orden de ideas, el artículo 54, fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas deben conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno: "ARTÍCULO 54.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: I. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno; (ADICIONADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2013) En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado en el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, y cuidando en todo momento no rebasar el término establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.". De conformidad con las disposiciones referidas, el acuerdo reclamado de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a Javier Alejandro Morales Cortes, pensión por Jubilación, a fin de convertirse en una resolución que en definitiva dirima el trámite de la solicitud de pensión, debe ser presentado al Pleno del Congreso del Estado de Morelos, para su aprobación. Ello es así, porque al tenor de las normas expuestas, se puede advertir que las Comisiones legislativas son órganos internos del Congreso del Estado de Morelos que contribuyen a que éste cumpla con sus atribuciones previstas en la Constitución Local y las leyes respectivas, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que pueda someterse a votación; y, en caso de aprobación por el Pleno del Órgano Legislativo Estatal, lo que se traducirá en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin a la solicitud de pensión hecha por el peticionario de amparo, como sí lo es la aprobación o no que realiza el Pleno al dictamen que la Comisión respectiva le presente, para convertirla en punto de acuerdo; por lo que al impugnarse dicho dictamen a través del presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada en este apartado por no constituir un acto definitivo y, por ende, se está en presencia del reclamo de un acto que no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de Javier Alejandro Morales Cortes. Lo anterior, se insiste, pues lo dictaminado por la Comisión responsable, como se explicó, no dirime en definitiva el planteamiento formulado por el quejoso en torno a la pretensión que solicitó le fuera otorgada y, por ende, lo resuelto por dicha instancia previa no constituye un acto de autoridad con las características que al respecto disponen los ordinales 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que no afecta de manera real y actual el derecho ejercido por el impetrante del amparo, en la medida que no podría catalogarse como una resolución definitiva. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 180675, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 88/2004, Página: 919, del rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO. De los artículos 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 94, 95 y 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las Comisiones legislativas son órganos internos de las Cámaras del Congreso de la Unión que contribuyen a que éstas cumplan con sus atribuciones constitucionales, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que contendrá una parte expositiva de las razones en que se funde y otra de proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; asimismo, se observa que realizado el dictamen, el cual debe estar firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión, debe someterse a discusión y una vez discutido se pone a votación y, en caso de aprobación por el Pleno de la Cámara legislativa, se traduce en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin al asunto, como sí lo es la aprobación que realiza el Pleno, por lo que al impugnarse dicho dictamen en una controversia constitucional, debe sobreseerse en el procedimiento por no constituir aquél un acto definitivo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, a quien le reclamó el dictamen de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, por el que se niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada; por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En el caso, este juzgado federal determinó en párrafo anteriores, la actualización de una causal de improcedencia del juicio respecto al acto concreto de aplicación, como lo es el aludido dictamen de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; por ello, en estricta aplicación de la jurisprudencia de mérito y la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, y debido a la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente debe hacerse extensivo el sobreseimiento en el juicio respecto a los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la expedición del artículo 58, fracción I, inciso K, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER ALEJANDRO MORALES CORTÉS, respecto de los actos y norma jurídica identificados en la parte considerativa de la sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil dieciocho que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Jadilson Alonso Navarro está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe. Doy fe.
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