Javier Alejandro Medina de la Garza
Expediente 2644/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Javier Alejandro Medina de la Garza
Actuaciones
- Principal
Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para su mejor identificación. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Vista la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como apoderado legal de , personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en términos de la documental que acompaña; contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2644/2022-IV-2. Del mismo modo, fórmese el expediente electrónico en términos de la normatividad vigente y el cuadernillo material únicamente con las promociones que se presenten en forma física y con las constancias de notificación correspondientes; lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. IMPROCEDENCIA. No obstante lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que motivó la formación del presente juicio, ya que se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En efecto, del estudio conjunto del ocurso de amparo y las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa, se advierte que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar laudo dentro del juico laboral 1/15/2487, dado que desde el siete de octubre de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen. Ahora bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa, se advierte que el siete de octubre de dos mil veintidós la Junta responsable, en el expediente laboral 1/15/2487 de su índice, se cerró el cierre de instrucción, en virtud de que las etapas del procedimiento fueron agotadas en su totalidad, sin que a la fecha se haya emitido el laudo correspondiente. Por tanto, como se adelantó, en el presente caso se advierte que la demanda de amparo contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo interpretado este último en sentido contrario. Preceptos que señalan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del primero de los numerales de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa, por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Y del último de ellos, se observa que procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, debiéndose entender por esto último, cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por nuestra Carta Magna o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, siguiendo los lineamientos ordenados por el artículo 113 de la ley de la materia, se advierte la actualización de la ya citada causal de improcedencia, ya que los actos impugnados en esta vía constitucional por la parte quejosa no son de imposible reparación. En cuanto a la naturaleza de los referidos actos, se considera oportuno, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la legislación de la materia, señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo qué debe entenderse por ejecución irreparable en la tesis jurisprudencial P./J. 24/92, publicada en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". De lo anterior, se colige que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio siempre y cuando tengan una ejecución irreparable, debiendo entenderse por esto último, cuando el acto transgreda algún derecho sustantivo del gobernado, tutelado por la constitución o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y sus efectos ya no puedan ser reparados en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En este contexto, como quedó precisado con antelación, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que la parte agraviada se duele en esencia de la omisión de dicha junta de dictar el laudo respectivo dentro de los autos el expediente 1/15/2487 de su índice, pese a que se encuentra en proyecto de resolución desde el día siete de octubre de dos mil veintidós. Lo reseñado, evidencia que tal actuación por parte de la Junta laboral responsable, resulta insuficiente para que deba ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación de acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues con ello no se produce en el promovente, afectación material alguna en los derechos fundamentales tutelados por nuestra Carta Magna, ni los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Se dice lo anterior, al no advertir esta resolutora que en el caso en estudio excepcionalmente exista una abierta dilación del procedimiento en el juicio laboral de origen o paralización total del mismo, toda vez que, si el amparista refiere que en fecha siete de octubre de dos mil veintidós, se encuentra en proyecto para resolución en forma de laudo, en ese sentido es menester destacar el contenido de lo dispuesto en los numerales 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. ." Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta." De los numerales transcritos con antelación se evidencia que una vez cerrada la instrucción, la Junta cuenta con el término de diez días para formular el proyecto de laudo, el cual se entregara a cada uno de los integrantes, quienes cuentan con cinco días hábiles para solicitar se practiquen las diligencias que estimen convenientes, las cuales se podrán practicar dentro de un término de ocho días, y transcurrido dicho término se citara para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Derivado de lo cual se advierte que una vez cerrada la instrucción, la Junta responsable cuenta con aproximadamente un término de treinta y tres días hábiles para practicar las diligencias necesarias y dictar el laudo respectivo. Así, la suscrita considera, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos dentro del juicio laboral, o en la realización de cualquiera otra diligencia, el juicio de amparo sólo será procedente cuando han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Esto, pues de lo dispuesto en el citado precepto, se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días hábiles) para que la Junta no se mantenga inactivo y provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa el procedimiento a instancia de las partes, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Máxime, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 171/2022, y que dio origen a la Jurisprudencia que adelante se cita, y que dio origen a la Jurisprudencia que adelante se cita, destacó que el Amparo Indirecto procede, entre otras, contra la omisión de dictar el laudo, sí a la fecha de la presentación de la demanda transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía para hacerlo, es decir, cuarenta y cinco días posteriores a los treinta y tres descritos con antelación, circunstancia que en el caso no ha acontecido. "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales.". (Época: Undécima Época. Registro: 2025625. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 09 de diciembre 2022 10:21 h. Materia(s): (Común, Laboral). Tesis: 2a./J. 63/2022 (11a.)) Precedente cuya razón decisoria se basó en estimar que de no transcurrir, previo a la presentación de la demanda de tutela constitucional, el plazo previamente fijado por la Segunda Sala para determinar actualizada una dilación excesiva en el dictado del laudo, plazo razonable que destacó también debía computarse a partir de la fecha en la que legalmente debieron pronunciarse el o los actos procesales combatidos, se estaría atentando contra el principio del agravio personal y directo previsto como regla general de procedencia del juicio de amparo. De donde se sigue que si en el caso no ha transcurrido el plazo referido de dilación procesal no se verifica una afectación real y actual en la esfera del aquí disconforme. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada; por lo que, se ordena hacer las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según se insta en el ordinal 2° de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal para oír y recibir toda clase de notificaciones, el que refiere para tal efecto en el proemio de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en los términos que refiere a las profesionistas que alude en su ocurso de demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde ahora se autoriza a su costa la expedición de copias certificadas que sean de su interés, previa constancia que se deje en autos de tales efectos; en la inteligencia que dicha autorización no abarca la reproducción de otros documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. PUBLICIDAD DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo, suscrito por el delegado de las responsables de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite copia simple del oficio que fue presentado en este Juzgado en ocho de diciembre de dos mil veintidós, signado por la licenciada , delegada de la autoridad responsable. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento, que el requerimiento formulado en autos fue para el efecto de que informará a este Juzgado si los documentos utilizados para dictar el oficio REF-DPE/DJP/328/2021 derivado del diverso juicio de amparo 455/2021 del índice de este Juzgado, son suficientes para pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud reclamada en esta instancia, y de no ser el caso, remitiera copia certificada de las constancias que considere pertinentes a fin de acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a las autoridades responsables, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que en el presente juicio de amparo, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que: "a) Emita un acuerdo por escrito en el que se pronuncie en forma congruente, sobre la petición que le presentó VIRGINIA FERNÁNDEZ CAUDILLO, el dos de octubre de dos mil diecinueve, relativa a la solicitud de pensión por viudez. b) Notifique esa determinación a la parte quejosa en forma personal, en el domicilio que haya señalado para tal efecto, o bien, en el que precisó en su demanda de amparo el cual se ubica en calle Paseos Vistas del Sol, número seis mil ochocientos uno (6801), séptimo piso, interior setecientos uno, fraccionamiento Comercial Vistas del Sol Torre Corporativo Azenzo, de esta ciudad." Apercibida que de no hacerlo así, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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