Javier Alejandro Lara Leyva
Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Javier Alejandro Lara Leyva
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio que signa el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual solicita le sea informado el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, por las razones que indica. Bien, como lo solicita, y como le fue informado por proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, comuníquese a la oficiante que por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo de que se trata; determinación que se declaró firme el trece de abril siguiente; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio que signa el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual solicita le sea informado el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, por las razones que indica. Bien, como lo solicita, comuníquese a la oficiante que por auto de dieciocho de febrero pasado, se desechó la demanda de amparo de que se trata; determinación que se declaró firme el trece de abril siguiente; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *************; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Por otra parte, devuélvanse a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias referidas en el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; en el entendido que deberá acusar el recibo de estilo en el término de tres días. Notifíquese por oficio a la sala responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por el actuario de este juzgado federal, por medio de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso, *****************, en el domicilio proporcionado por éste -ubicado en ***********************, en esta ciudad-, el proveído de dieciocho de febrero del año en curso, pues la persona con la que entendió la diligencia le manifestó que en ese despacho no representan jurídicamente a persona alguna con el nombre del buscado dado que sólo litigan asuntos laborales, que no lo conoce ni ha escuchado hablar de él. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de la determinación indicada por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal; hasta en tanto el citado quejoso señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista y por ese mismo medio a ******************, el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. AUTO DE 18 DE FEBRERO DE 2021. Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual informa que mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida en el D.C. 369/2020, dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por *************************, por derecho propio, contra actos de la Cuarta Sala y del Juez Décimo Segundo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por lo que al efecto remite el cuaderno de constancias formado con motivo del citado juicio de amparo directo, en el que obra -entre otras- el escrito inicial, tres reproducciones de la demanda de amparo, el ocurso de presentación, así como copia certificada de la resolución de veinticuatro de agosto del año próximo pasado, emitida en el toca 203/2019, del índice de la sala señalada como responsable y una bolsa cerrada con documentos. Comuníquese al órgano colegiado que este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asume el conocimiento del presente asunto, en vía de acuse de recibo. Fórmese expediente -tanto físico como electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 17/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. Visto el contenido de la demanda de mérito, la misma debe desecharse. En efecto, de su estudio integral se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 203/2019, que confirmó el auto emitido en audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el "incidente de remoción de albacea", deducido del juicio sucesorio testamentario a bienes de Ernesto Leyva Sánchez, expediente 1372/2013, del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia la Ciudad de México. Cabe destacar que en dicha determinación -en lo que interesa- se designó con el carácter de albacea de la sucesión de origen a*****************; 1 Esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el diverso que establece los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado por el mismo medio el uno de octubre de dos mil catorce. 2 Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". 3 asimismo, en dicha diligencia, la nombrada aceptó y protestó el cargo conferido. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: ? El promovente es parte formal y material del incidente de donde deriva el acto reclamado, tan es así que tiene el carácter de coheredero. ? No existe incertidumbre en cuanto a que ese procedimiento incidental se encuentra en trámite, pues no se advierte que se haya emitido la interlocutoria que lo resuelva. En esas condiciones, este juzgador considera que en el presente asunto respecto del acto reclamado, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V -aplicado en sentido contrario-. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -" Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Sentado lo precedente, como ya se estableció, la resolución que ahora se reclama, resolvió la apelación de un auto dictado dentro del "incidente de remoción de albacea", deducido del juicio sucesorio testamentario a bienes de*******************, del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, es cierto que la legislación de la materia, no establece expresamente que respecto de actos dentro del juicio, cuando alguno emane de un procedimiento incidental, el amparo indirecto sólo se promoverá en contra de la resolución que lo decida, y que puedan reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento; sin embargo, desde el punto de vista procesal el juicio y el incidente coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión el primero de fondo y el segundo accesoria, pero además ambos inician con un escrito de demanda o demanda incidental, los rige el principio de contradicción conforme al cual el demandado tiene derecho de formular su contestación, se rinden pruebas por los contundentes, quienes además pueden alegar en favor de sus intereses y culminan con una resolución ya sea definitiva o interlocutoria. En mérito de lo anterior, si como se vio el procedimiento de un juicio en lo principal, como en el de un incidente, en su generalidad son similares, entonces, resulta patente que la actuación impugnada -resolución de segunda instancia que confirmó el auto dictado en audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual se llevó a cabo el nombramiento del albacea- al no tener como consecuencia directa una afectación a los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, ya que no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que las consecuencias de la resolución reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento incidental natural. También, la presente instancia constitucional resulta improcedente, ya que al tratarse de aspectos que pueden o no trascender al resultado del fallo que se emita, puede impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la interlocutoria que se dicte en la incidencia de origen -previo cumplimiento al principio de definitividad- si la eventual afectación adjetiva trasciende al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Robustece lo anterior por las razones que informa, la diversa jurisprudencia cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial."3 En vías de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. 3 Jurisprudencia IV.2o. J/13, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, visible a página 11 Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir a trámite la demanda de que se trata, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la conclusión aquí alcanzada; esto es, que el acto combatido no genera un daño de imposible reparación, lo cual como ya como se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional, derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. En otra tesitura, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda, así autorizados para dichos efectos a ****************************. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,554 expedientes
- Jaqueline Chávez Pérez72/2020
- Jaqueline Ruth Jaimes32/2018
- Jaure Segundo Hernández642/2016
- Javier Acuña Fernández965/2016
- Javier Alejandro Lara Leyva592/2018
- Javier Alejandro Lara Leyva930/2017
- Javier Alejandro Lara Leyva928/2017
- Javier Alejandro Sánchez Loyo356/2016
- Javier Coria Tapia780/2018
- Javier Cruz López1265/2022
- Javier Díaz Cuevas13/2021
- Javier Eduardo López Vera881/2019