Javier Alejandro Garza Unda

Expediente 213/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
213/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Javier Alejandro Garza Unda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la ciudad de México, por medio del cual informa, que acepta la competencia planteada por este Juzgado Federal, para conocer del juicio de amparo promovido por ****. En virtud de lo anterior, se ordena el ARCHIVO definitivo del presente cuaderno de antecedentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atendiendo a punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por ****, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la omisión y los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 213/2017-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones, atento al trámite del expediente. Ahora bien, del escrito de cuenta se desprende que el promovente señala como autoridad responsable, entre otras, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 2°, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el Acuerdo 98/2016 que refiere fija los precios de la gasolina, emitido por el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. En ese orden, de la demanda de amparo y anexos que a ella se adjuntaron, como antecedentes de los actos reclamados se desprende, en lo que aquí interesa, que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, el precio de la gasolina tendría aumento hasta de un 20% en todo el país durante dos mil diecisiete. Con los ajustes, el precio promedio anual nacional del uno al tres de febrero de dos mil diecisiete, será de $15.99 para la gasolina magna. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuerda que cada una de las noventa regiones en las que fue dividido el país tendrán sus propios niveles; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del dieciocho de febrero siguiente, los ajustes al precio serán diversos; y de igual forma, los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del país, atendiendo costos de llevar los combustibles a cada región, los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex, entre otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Ahora, el artículo 2°, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el artículo 28 párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la quejosa menciona fueron violentados con la omisión e inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación reclamados en este juicio de amparo a la letra dicen: "Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: D) Combustibles automotrices. H) Combustibles Fósiles Artículo 2o.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D), y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes: Gasolina menor a 92 octanos 38.00 centavos por litro. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 46.37 centavos por litro. 6 de 117 Diésel 31.54 centavos por litro. Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida. Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. Los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien adquiera gasolinas o diésel, un monto equivalente al impuesto establecido en este artículo, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado. Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado. Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en sustitución de las declaraciones informativas a que se refiere esta Ley, los contribuyentes presentarán a más tardar el último día hábil de cada mes la información correspondiente a los litros de las gasolinas y diésel enajenados por los que se haya causado el impuesto por cada expendio autorizado o establecimiento del contribuyente, en cada una de las entidades federativas durante el mes inmediato anterior; tratándose de enajenaciones a distribuidores de gasolinas y diésel, la información se presentará de acuerdo a la entidad federativa en la que se ubique el punto de entrega convenido con cada distribuidor. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución que corresponda a las entidades federativas durante los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior al mes en que los contribuyentes hayan realizado el pago". "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses." Por su parte, el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 dispone lo siguiente: "Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018." En tanto que el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone: "Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que: I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad; II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional; III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social; IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros, y V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal. Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. En esa medida, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, por regla general, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución el acto reclamado, lo que fijará de plano la competencia; salvo la hipótesis de especialización por materia, caso en el que, con independencia del lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado o haya prevenido el Juez de Distrito, conocerá del asunto el Juez Especializado en la Materia de que se trate de conformidad con los establecido por el artículo 34 párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida, en razón de que la solicitante del amparo reclama actos que se encuentran vinculados con la competencia económica, ya que se reclama a la Comisión Federal de Competencia Económica, en cuanto a las opiniones que emitan sobre la fijación de precios al público de las gasolinas. Sobre el tema, es aplicable, por lo que informa, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Página: 1746 "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (El énfasis es añadido). PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Por ello, de acuerdo con el ya mencionado artículo 34 segundo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el diverso numeral 48 primer párrafo del citado ordenamiento legal, este Órgano de Control Constitucional estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, en términos del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo, sus anexos y sus copias, así como escrito aclaratorio, copias y anexo que este último se adjuntaron, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México, para que de conformidad con el indicado artículo 48 segundo párrafo, primera parte, de la mencionada Ley, se pronuncie y resuelva sobre si acepta o no el conocimiento del asunto y lo informe a este Juzgado de la Federación. Sobre el tema, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, a través de la nota informativa registrada con el número DGCS/NI:14/2017, se informa que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, desechó cincuenta demandas de amparo promovidas en contra del nuevo diseño de la política económica en materia de determinación del precio de las gasolinas, con el argumento esencial de que no corresponde al Poder Judicial de la Federación hacer pronunciamiento al respecto porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es o no correcta la política pública en materia económica implementada por uno de los poderes de la Unión. Fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, téngase como domicilio para recibir notificaciones por parte del promovente el ubicado en

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