Javier Alejandro Faustino

Expediente 671/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
671/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2015

Partes del expediente

  • Javier Alejandro Faustino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer el referido recurso; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2,86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales. Se ordena el archivo del presente expediente. Se declara que el presente expediente y los incidentes de suspensión, son susceptibles de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, mediante el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En principio, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "IV.- ACTO RECLAMADO. El ACTO RECLAMADO, que se combate en el presente juicio de garantías, del H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, que se sirva ordenar acordar la promoción presentada en oficialía de partes de la autoridad responsable en fechas 05 de agosto del 2015, correspondiente en el expediente número DIT-030/2012, dentro de los plazos establecidos por la misma LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Causándome agravios de modo irreparable, toda vez que la responsable desde que se presentó el escrito hasta la presentación de la presente demanda no se ha pronunciado al respecto en los términos del artículo 685, 838 y demás relativos y aplicables de la Ley federal del Trabajo.". Esto es, la omisión de acordar el escrito presentado en oficialía de partes de la autoridad responsable el cinco de agosto de dos mil quince. Hecha la precisión, en el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículos 63, fracción V, esta última en relación con la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." El precepto transcrito prevé el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Es oportuno precisar que al tratarse de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es . En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ello respecto del acto consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa en oficialía de partes de la autoridad responsable el cinco de agosto de dos mil quince, toda vez que en proveído de nueve de octubre de dos mil quince acordó el citado escrito, señalando que en atención a las manifestaciones contenidas en el mismo se estuviera a lo acordado en auto de veinticinco de agosto de dos mil quince, tal como se observa de la transcripción siguiente: "CUENTA: En fecha nueve del mes de octubre del año dos mil quince, doy cuenta al Pleno de este H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con los escritos presentados ante la Oficialía de Partes los días cinco de agosto, seis de mayo todos del dos mil quince.- CONSTE.-El Secretario de Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil quince.------------------------------------------------------- AUTO: VISTO En primer término se le tiene por presentado por el licenciado Anastacio Bautista Nicolás, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, con sus escritos de cuenta haciendo las manifestaciones que obran en el cuerpo del mismo, y en cuanto a sus peticiones, en cuanto acordar el auto de admisión de pruebas dígasele que este apegado al proveído de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, así mismo solo se les tiene por reconocidas las personalidades para oír y recibir notificaciones y documentos a la ciudadana AIDA GREGORIA TUZ RAJON Y PAMELA JAZMIN GARCIA PAVON, ahora bien, en cuanto a revisar o tener acceso al expediente, no es procedente acordar favorable a su petición, a razón que no se les confiere u otorga las personalidades de apoderadas legales, dando el debido cumpliendo con lo requerido en el artículo 692 fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo en vigor de aplicación supletoria a la Ley que rige la materia, para ser parte en la presente lítis y representar a la parte actora en el presente proceso; ahora bien, con respecto al memorial de fecha seis de mayo del dos mil quince, que fuera presentado ante la oficialía de partes de esta autoridad, por la licenciada Rubi Mercedes Chan sosa, con la personalidad ya reconocida en autos, se le tiene como nuevo domicilio a la parte actora para oír y recibir notificaciones el ubicado EN COLONIA SANTA MARIA, ANDADOR, CARLOS PLANK, NUMERO 53 DE ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, y no habiendo más que constar agréguese a los autos la promociones de cuenta para que obren como correspondan.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así por mayoría de votos lo acordaron y firman los miembros que integran el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, ante el Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.- CONSTE.". A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó fue la falta de pronunciamiento en relación a su escrito presentado en oficialía de partes de la autoridad responsable el cinco de agosto de dos mil quince, en el cual solicitó a la autoridad responsable que se admitan las pruebas ofrecidas por las partes, la cesación de los efectos se actualiza cuando ésta acordó dicho escrito, lo que se evidencia de las constancias remitidas por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en las que se desprende que en auto de nueve de octubre de dos mil quince, le indicó a la parte actora [aquí quejosa] que se estuviera a lo acordado en proveído de veinticinco de agosto del presente año, en el cual se pronunció sobre las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen, remitiendo copia certificada de dichos acuerdos. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de acordar el escrito presentado en oficialía de partes de la autoridad responsable el cinco de agosto de dos mil quince deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicha omisión, de las constancias remitidas por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, se advierte que mediante acuerdo de nueve de octubre del presente año acordó el precitado escrito. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento para el presente asunto fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Por tanto, en el presente caso y como ya se dijo, se actualiza la causal de sobreseimiento previstas en el artículo 63, fracciones V, en relación a la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que, cuando dicha causal de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil quince. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en relación a lo manifestado en la parte final del oficio de cuenta en el sentido de que este órgano jurisdiccional encuentre las medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos, sobre la actuación en la que aparentemente ha incurrido la parte quejosa al considerar que ésta ya tenía pleno conocimiento de dicho auto y, por tanto, pudo haber informado a este Juzgado Federal sobre la actualización de la causal de improcedencia analizada. A ese respecto, dígase a la autoridad responsable que a juicio de este juzgado federal no resulta procedente imponer al quejoso una multa ante la omisión que refiere incurrió de hacer del conocimiento de la causa de improcedencia que se ha actualizado en el presente juicio. El artículo 251 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 251. En el caso del artículo 64 de esta Ley, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días. Por su parte, el artículo 64 de la ley de la materia es del tenor siguiente: Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. En ese tenor, la multa procede cuando dentro del proceso constitucional alguna de las partes tenga conocimiento de una causa de sobreseimiento y no lo comunique de inmediato al órgano jurisdiccional, y será de treinta a trescientos días de salario, sin embargo, como lo ha sostenido el Alto Tribunal de la Nación, para determinar si la conducta de las partes encuadra dentro de la norma para imponer una multa, deben considerarse las circunstancias del caso concreto mediante un análisis lógico y racional basado en datos objetivos del expediente. En el caso, la responsable refiere que, a juicio de este Juzgado Federal debe imponerse una multa toda vez que el quejoso tuvo conocimiento del auto donde se pronunció sobre el escrito de cinco de agosto de dos mil quince desde el dieciséis de octubre, sin embargo, de las constancias que obran en autos no se advierten datos objetivos de que, efectivamente, el quejoso hubiese tenido conocimiento del auto nueve de octubre de dos mil quince desde el dieciséis de octubre de dos mil quince, virtud que dicha notificación corrió por lista, sin que existan datos adicionales que permitan evidenciar que en esa fecha tuvo conocimiento del auto citado.

  3. Principal

    Se admite la demanda en sus términos y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del tes de noviembre del año en curso para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se requiere a las autoridades responsables rindan sus respectivos informes justificados dentro del término de ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita.

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