Javier Alejandro Durón Pizaña
Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Javier Alejandro Durón Pizaña
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de demanda de cuenta, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos que atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Se ordena registrar la demanda bajo el juicio de amparo 602/2023-VIII, y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se reitera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo para la actualización de tal figura jurídica, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. Como apoyo a lo dicho, esta autoridad invoca la jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda". Por tanto, es de indicarse que de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa precisa como acto reclamado el siguiente: "ACTO DE AUTORIDA QUE RECLAMO.- Le reclamo a la autoridad responsable al C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE en esta Ciudad, EL AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO de fecha 11 de mayo de 2023 y del cual SE TIENE CONOCIMIENTO HASTA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 en el cual se requiere a la parte demandada ******************** el pago de la cantidad de $305,521.31 pesos en virtud de la condena ordenada en el laudo de fecha 07 de octubre de 2022. Lo anterior en el expediente laboral ******************** de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad". Para mejor comprensión del sentido de este proveído, es menester mencionar que de los antecedentes que el amparista indica en su demanda de amparo, se deduce que éste promovió juicio ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, quien lo radicó con el número ******************** contra la moral ********************. Transcurrido el citado juicio, el siete de octubre de dos mil veintidós, se emitió laudo condenatorio, en virtud de lo cual, el tres de abril del año en curso, el agraviado solicitó a la junta que emitiera la ejecución para su cumplimiento y que además, tomara en cuenta los incrementos salariales trascurridos desde la fecha del despido injustificado (nueve de octubre de dos mil dieciséis) hasta el día en que la moral acatara su cumplimiento; a tal petición, se emitió el auto de once de mayo del año que transcurre, en el que se ordenó el requerimiento de pago y embargo para el acatamiento del laudo hasta por la cantidad de $********************); de igual manera, respecto a la solicitud de actualización del salario se le determinó: "Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones vertidas respecto al salario a cuantificar en el presente requerimiento de pago, dígasele al mismo que no ha lugar acordar de conformidad toda vez que en laudo de fecha siete de octubre de dos mil veintidós, quedó debidamente establecido el salario con el cual se cuantificará al momento de emitir el presenta auto". De lo precisado, se deduce que en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, la parte agraviada es parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de parte actora, por lo que no hay incertidumbre de que ese proceso se encuentra en ejecución de sentencia, es decir, se combate un acto que no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, en virtud que ese último acto debe ser entendido como aquel que tiene por cumplido el laudo; declara la imposibilidad jurídica o material para acatarlo, o bien, determina el archivo del juicio, momento en el que serán analizables las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución y sus consecuencias. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" En el primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Al respecto, en la segunda disposición invocada se prevé que el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquéllos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, verbigracia las determinaciones pronunciadas en los incidentes de liquidación de prestaciones, o la expedición de medidas de apremio para vencer la contumacia del obligado. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- e inclusive, la que ordena el archivo definitivo del expediente, por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Sobre esa tesitura, es posible sustentar que la instancia constitucional promovida en contra el acto emitido durante el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente si aún no ha sido pronunciada la determinación que constituya la última resolución de esa fase o bien, si la cuestión impugnada no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así resulta, pues para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deba recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, resulta patente que no es procedente la presente instancia constitucional frente a dicho acto de autoridad, porque aunado al hecho de que no constituye la última resolución en la fase de ejecución como lo señala el artículo 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia, que se reclame la última resolución, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aún más, de lo dispuesto en el precepto en estudio, se deduce que para que proceda el juicio de amparo se deben dar los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. La distinción entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y la diversa "en ejecución de la misma", consiste en que la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, se trata de una actuación en la etapa de ejecución de sentencia, lo que hace por ahora improcedente esta instancia constitucional. De ahí que, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, habida cuenta que no es la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente en contra del proveído de once de mayo del año en curso dictado en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, que ordenó el pago de la cantidad $********************), misma que comprende el monto de las prestaciones reclamadas por el quejoso y a que fue condenada ********************, en el laudo de siete de octubre de dos mil veintidós; de ahí que, las violaciones que pudieran acontecer en ese procedimiento de ejecución, deberán combatirse cuando se reclame la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo condenado; declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por tanto, se insiste que el acto reclamado se trata de un proveído dictado en la fase procesal de ejecución del laudo emitido, por lo que, únicamente es susceptible de ser reclamado como violación, cuando se impugne la última resolución dictada en el periodo de ejecución, que será la que determine cumplido el laudo, declare la imposibilidad para hacerlo, u ordene el archivo del expediente; de ahí, que debe tenerse por actualizada la causa de improcedencia que se estudia. Por ello, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Alejandro Duró********************. En otro orden de ideas, en términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a los profesionistas ********************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.
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