Javier Alejandro Alcocer Arteaga

Expediente 602/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
602/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2015

Partes del expediente

  • Javier Alejandro Alcocer Arteaga

Actuaciones

  1. Principal

    ... el oficio número 17820-I signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que por auto de siete de mayo pasado aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno. Por otra parte, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que esta autoridad declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ... el escrito signado por Angélica Portilla Morales, por medio del cual devuelve el aviso de notificación de veintiocho de abril pasado, toda vez que, según lo manifiesta, en el domicilio señalado por la parte quejosa se encuentra un despacho contable, sin que la ocursante represente los intereses de los quejosos Javier Alejandro Alcocer Arteaga y Mónica Sarahí Smith Rebolledo; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la nueva Ley de Amparo, hágaseles dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que en lo conducente dice: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil quince. Vista; la demanda de amparo promovida por Javier Alejandro Alcocer Arteaga y Mónica Sarahi Smith Rebolledo, cada uno por propio derecho, contra actos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16. Fórmese expediente y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 602/2015. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Así pues, de la lectura íntegra de la demanda en comento se advierte que el acto que reclama la solicitante del amparo, esencialmente lo constituye: "(.) la resolución dictada por los Magistrados que integran la SALA CONSTITUCIONAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, dentro de los autos del Toca No. 27/2015 que modifica la resolución recurrida, que emana de la Investigación Ministerial No. 1447/2013/VER/IV/A, del índice de la Agencia Cuarta del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, de la Ciudad de Veracruz, Ver., (.)". Por lo anterior, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.--- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.--- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación de dicho precepto, se concluye que el primer criterio para establecer la competencia de un juicio de garantías se determina atendiendo a la ejecución de los actos reclamados, y el tercero corresponde a la residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto combatido, cuando éste no requiera ejecución material. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, constituye el parámetro que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En esas circunstancias, partiendo de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, concretamente en la resolución dictada en los autos del toca 27/2015 del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad capital, en la cual se modifica la resolución recurrida en la investigación ministerial 1447/2013/VER/IV/A de la Agencia Cuarta del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, con sede en Veracruz, Veracruz, para el efecto de que se desahogaran diversas pruebas; por lo tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional no es competente por jurisdicción territorial para conocer de la demanda en cuestión, toda vez que el efecto positivo de la resolución que por esta vía constitucional se reclama, implícitamente tendrá ejecución material en Veracruz, Veracruz, lugar que está fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, por lo que será en aquel lugar donde tendrá ejecución el acto que se combate, dado que la consecuencia lógica del acto impugnado es precisamente que se desahoguen diversas probanzas dentro de la investigación ministerial 1447/2013/VER/IV/A del índice de la Agencia Cuarta del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, con sede en Veracruz, Veracruz, y proceda a realizar la determinación que en derecho corresponda, razón por la que deberá continuarse con la tramitación del expediente en aquella localidad, dado que en aquel lugar es donde se continuará con el procedimiento dentro de la investigación ministerial de origen. Se cita como apoyo la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Nueva Ley de Amparo, y de conformidad con los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente para conocer de este asunto, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Boca del Río. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ello, con independencia de que los impetrantes del amparo hayan señalado como autoridad responsable a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que, como ya se dijo, el acto reclamado tiene como consecuencia lógica que el Agente Cuarto del Ministerio Público, residente en Veracruz, Veracruz, siga con la secuela procesal del juicio natural. Por sus consideraciones es aplicable también la Jurisprudencia II.3o. J/72, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 78, Junio de 1994, Octava Época, visible en la página 46, cuyo rubro y texto enuncian: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". Sin que pase inadvertido el hecho que las tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, y con apoyo en los artículos 37 y 48 de la nueva legislación aplicable a la materia, de inmediato remítase el expediente en que se actúa, así como las diez copias de la demanda al Homólogo Federal de mérito, a fin de que determine al respecto sobre la competencia planteada, solicitándole una vez en su poder el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda, así como autógrafa de este acuerdo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el artículo 48 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la nueva ley aplicable a la materia, el que señala en su escrito de cuenta, y por autorizados de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Xochitl Cervantes Rivera, Fernando Lorenzo Velasco, Marina Mora Ramírez y Gabriel Cueto Cobos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... notifíquese y personalmente a la parte quejosa....

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