Javier Alberto Castillo Tapia

Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Javier Alberto Castillo Tapia
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y notifíquese a la autoridad responsable y tercero interesado a través de oficio que al efecto se gire, para su conocimiento y efectos legales conducentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General antes referido, procédase a su destrucción, además de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 del multi referido Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. personal actuante. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, remitido el quince siguiente, por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Javier Alberto Castillo Tapia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Se reclama la reiterada dilación u omisión procesal en que incurre la autoridad responsable consistente en dictar todas y cada una de las medidas necesarias para el eficaz e inmediato dictado del acuerdo, en el que se emita el Auto de Radicación de Juicio y se señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, la que deberá efectuarse dentro de los siguientes quince días siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda, conforme al artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, incurriendo con ello en retraso e inactividad procesal en mi agravio en los autos del Juicio Laboral del índice de esa H. Junta responsable promovido por el suscrito JAVIER ALBERTO CASTILLO TAPIA, en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, y, SECCIÓN 36 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, mismo que fuera promovido con fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, mediante escrito presentado en esa misma fecha ante la Oficialía de Partes de la propia autoridad responsable." La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se tuvo recibido el escrito de demanda, se ordenó registrar en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo número 734/2020, y se admitió a trámite; por ende, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda y anexos; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a una autoridad que tiene su residencia en el ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: * La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en radicar la demanda presentada por el aquí quejoso, y consecuentemente, señalar fecha y hora para la audiencia previa y de conciliación que corresponde. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En esa tesitura, se tiene, que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable en acordar lo conducente respecto del escrito de demanda presentado por el ahora quejoso; esto es, emitir el correspondiente auto de radicación, resulta inexistente por las razones que a continuación se exponen. Primeramente, resulta pertinente señalar que la certeza o falsedad del acto atribuido a la autoridad responsable, resultan de los elementos y datos que arrojan las constancias de autos, mismos que, en el caso que se analiza no se advierten, esto es, en el expediente en que se actúa, no existe medio de convicción del que se pueda observar la existencia del referido acto reclamado. También debe precisarse que en el caso, corresponde al peticionario del amparo la carga de la prueba, con el que tienda a demostrar ya sea directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y justificar que es inconstitucional, tal y como quedó sustentado en la Jurisprudencia VI.2º.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." A efecto de demostrar lo sostenido por este juzgado, es pertinente señalar el contenido del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Numeral en comento, que establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, hace procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo. Una vez realizada la anterior acotación, es de indicarse que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el expediente laboral número 719/2019, a las que se les otorga valor probatorio en términos con antelación, de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, lo siguiente: El quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió acuerdo en el que de manera medular tuvo recibido el escrito de demanda y sus anexos presentada por el aquí quejoso Javier Alberto Castillo Tapia, por propio derecho, y ordenó registrar en el libro de gobierno que se lleva en dicho tribunal bajo el número 719/2019, asimismo, le tuvo señalado el domicilio procesal designado, hecha la designación de apoderados legales, ofrecidas las pruebas y señaló las trece horas del quince de abril de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de conciliación con apercibimiento de ley a las partes procesales. Lo anterior, deja en evidencia inexistencia del acto que se le reclama a la citada responsable, en el sentido de que había sido omisa en acordar el escrito de demanda presentado por el impetrante de amparo, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, toda vez que al momento de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (catorce de diciembre de dos mil veinte), la omisión atribuida a la autoridad responsable no existía, pues el quince de noviembre de dos mil diecinueve (data anterior a la presentación de la demanda), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictó el correspondiente auto de radicación y fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de Ley, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional. Determinación de inexistencia del acto reclamado, que encuentra sustento en el criterio de la Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, visible en la página 273, del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". No escapa de la vista de este órgano de control constitucional además que obra en autos a los que se ha dado valor probatorio copia certificada del diverso acuerdo fechado en tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el tribunal obrero responsable con el estado procesal de los autos del juicio laboral acordó fijar nueva fecha y hora para la audiencia de ley que corresponde al juicio laboral, y señaló las trece horas del diez de enero de dos mil veintidós, ello, bajo a percibimiento de ley a las partes procesales, asimismo, comisionó a la actuaria judicial de su adscripción realice el emplazamiento de las autoridades demandadas, lo que evidencia los trámites inherentes que está realizando el tribunal obrero para la continuidad del juicio de origen. En ese orden, por las razones apuntadas con antelación, y con fundamento legal en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo que nos ocupa, lo que hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó el impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el diecisiete siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluyan sus nombres y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, con fundamento en los diversos 62 y 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Javier Alberto Castillo Tapia, contra el acto identificado en el segundo considerando de esta sentencia y que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por los motivos establecidos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", asimismo, anótese en el libro de registro.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 734/2020, de los que se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, con el escrito electrónico de cuenta suscrito por Hirám Espinosa Casarrubias, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, fórmese cuaderno de antecedentes, el cual deberá glosarse al juicio principal sin previo acuerdo, una vez que se dicte la resolución que en derecho proceda. En virtud de lo anterior, y en atención al escrito de cuenta, dígase al promovente que se esté a lo resuelto en esta data, en que se emitió la sentencia que corresponde al presente sumario, misma que será notificada de manera personal en el domicilio procesal que tiene señalado en autos.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, misiva signada por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el correspondiente informe justificado, con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, y a fin de que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación rendido, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan para su verificativo las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.

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