JAVIER ALBARRÁN ESPINOSA y Otros.
Expediente 1500/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2018
Partes del expediente
- JAVIER ALBARRÁN ESPINOSA y Otros.
- Noé Albarrán Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA II. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintisiete de septiembre pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Asimismo, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a los impetrantes de amparo por conducto de su representante común para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibido que de no hacerlo dentro de ese término será destruido junto con el expediente. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA II. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************************en su carácter de ejidatarios del Ejido de San Buenaventura, Toluca, Estado de México, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Procuraduría Agraria Delegación Federal en el Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1500/2018-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, es pertinente destacar que en la especie de la lectura de la demanda se comprende que el acto reclamado consiste esencialmente en: La inscripción y calificación del acta de asamblea de veintitrés de septiembre del año en curso, en la cual se suspendió el ejercicio de los derechos corporativos de los quejosos en su carácter de ejidatarios por un periodo de seis meses. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La porción normativa transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la Ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de Leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, es importante destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto a los que requiere la Ley de Amparo como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) La legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo para su procedencia. d) El caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, el contenido del artículo 18, fracción IX, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: . IX De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas.". De la norma transcrita se desprende que el Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer del juicio de nulidad instaurado contra la omisión en que incurre la Procuraduría Agraria y depare perjuicio a ejidatarios o comuneros. En ese sentido, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debe agotar antes de acudir ante esta instancia constitucional, por virtud del cual se puede obtener la satisfacción de sus pretensiones. De ahí, que contra el acto que se combate, consistente en la inscripción y calificación del acta de asamblea de veintitrés de septiembre del año en curso, (sin mediar juicio o mandamiento) en la cual se suspendió el ejercicio de los derechos corporativos de los quejosos en su carácter de ejidatarios por un periodo de seis meses, la parte quejosa tiene la obligación de promover juicio agrario ante el Tribunal correspondiente. Por tanto, al tratarse de la afectación de un derecho de agrario, o bien, la existencia de una obligación, su impugnación tiene la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo del acto tildado de inconstitucional, lo que evidencia que se traduce en actos dictados por autoridades administrativas diversas a los tribunales judiciales, que dan origen a la tramitación de un juicio cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Unitario Agrario competente. Además, del contenido del artículo 166 de la Ley Agraria se desprende que podrá decretarse la suspensión de los actos reclamados, para cuya substanciación se remite al trámite previsto en la Ley de Amparo, de ahí que no se exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en virtud de que ambos juicios se regulan por igual ordenamiento legal y requisitos para proveer sobre la medida cautelar; por tanto, se cumple con ese requisito, contemplando lo dispuesto en la Ley de Amparo en materia de suspensión, pues se constituyen los mismos requisitos con lo que se refuerza que el acto que se combate carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por último, también se cumple con el último requisito para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el caso concreto no se ubica dentro de las excepciones previstas en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX de la Ley de la materia, y con fundamento en lo dispuesto en el diverso artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Noé Albarrán Pérez, Javier Albarrán Espinoza Rosalio Santana Vallejo, Amadeo Espinoza Esquivel y Octavio Francisco Turral Anaya, en su carácter de ejidatarios del Ejido de San Buenaventura, Toluca, Estado de México, contra actos de la Procuraduría Agraria Delegación Federal en el Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, en lo conducente la Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos treinta y cuatro, del tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que señala: "AGRARIO. ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. LEGALIDAD DE LA. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VIA IDONEA PARA IMPUGNARLA. El juicio de garantías no es la vía idónea para combatir la ilegalidad de las Asambleas Generales de Ejidatarios, puesto que para ello existe un procedimiento especial previsto en la Ley de la Reforma Agraria. En el capítulo correspondiente a la "nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias" en los artículos 406 a 412 se detalla el procedimiento a seguir para impugnar de ilegales tales actos y, por su parte, el artículo 36 de la propia Ley dispone: "Toda controversia sobre la legalidad de las convocatorias, la validez de las Asambleas Generales y la fidelidad de las actas correspondientes será resuelta por las comisiones agrarias mixtas, conforme al procedimiento establecido en esta Ley". Es por medio de este mecanismo como debe impugnarse la validez de una Asamblea y no a través del juicio de garantías, que es un medio extraordinario de defensa, no previsto para la anulación de actos de carácter interno de los núcleos de población; además, no le es permitido al juez de amparo substituirse en las facultades que son propias de las autoridades agrarias; por ello previamente al amparo, para combatir la ilegalidad de una Asamblea General de Ejidatarios, se debe acudir ante la Comisión Agraria Mixta." De igual modo es aplicable, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página ciento treinta y uno, del tomo VII, del mes de julio de mil novecientos noventa y uno del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que señala: "ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS PARA ELECCION DE COMISARIADO EJIDAL, COMPETE A LA COMISION AGRARIA MIXTA DECLARAR SU NULIDAD Y NO AL JUEZ DE DISTRITO. Carece de fundamento legal la decisión del juez de Distrito que niega valor probatorio al acta de Asamblea General de Ejidatarios en que se designan a los integrantes del comisariado ejidal, si ello no ha sido resuelto por la autoridad competente para emitir la decisión conducente, que lo es la Comisión Agraria Mixta, atento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que establece que toda controversia sobre la legalidad de las convocatorias, la validez de las asambleas generales y la fidelidad de las actas correspondientes será resuelta por dicha autoridad, conforme al procedimiento previsto en la propia ley." DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. REPRESENTANTE COMUN. Como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Noé Albarrán Pérez. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Ocampo Hernández e Iván Hernández Guadarrama, dado que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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