Javier Aguirre Barbosa
Expediente 1083/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Aguirre Barbosa
Actuaciones
- Principal
Mesa I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta por el cual la titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del distrito judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, devuelve diligenciado el despacho con número de orden 1699/2016 y de origen 749/2016; por tanto, regístrese la baja del despacho en el libro respectivo. Por otra parte vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de julio de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Javier Aguirre Barbosa, transcurrió para el promovente del nueve al quince de este mes y año, sin que lo interpusiera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, y en virtud que se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del referido acuerdo, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del aludido acuerdo, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Aguirre Barbosa, contra actos del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 1083/2016 que le correspondió. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso esencialmente reclama de las autoridades responsables la notificación del problema de trece de mayo del año en curso, en donde se le dice que le encontraron una navaja, una regla, puntillas de color, entre otras cosas; que no se le acuse y castigue injustamente por algo que no cometió y se castigue al verdadero culpable. Ahora bien, se considera conveniente señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En el caso, se estima se actualiza la improcedencia del juicio prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 1° Constitucional en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, ya que el acto del que se duele el quejoso no tienen una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior es así, pues la carta magna ordena respetar derechos humanos en sus expresiones mínimas de los ciudadanos y conforme al principio de progresividad, en la medida de lo posible, atento a los recursos humanos y materiales, ir avanzando gradualmente en la satisfacción de necesidades de los internos siendo prioritario aquéllas básicas para su subsistencia y en el caso las que reclama no cumple tales estándares. En ese orden, el acto reclamado por el promovente del amparo, no tiene efectos de imposible reparación sobre derechos sustantivos, ya que el mismo no se traduce en la afectación a los niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al interior de las prisiones del país de forma digna. Ello, toda vez que no puede dejarse de tomar en consideración que su estatus legal restringe ciertos derechos y libertades, por lo que, si bien el Estado debe hacerse cargo de su reinserción a la sociedad por medio de diversas actividades, esto es acorde a los reglamentos y disposiciones para su cumplimiento, sin que nunca pueda dejarse de otorgar el mínimo vital. Sin que el acto que reclama atente contra su vida, toda vez que en esencia se duele de la notificación del problema de trece de mayo del año en curso, en donde se le dice que le encontraron una navaja, una regla, puntillas de color, entre otras cosas; que no se le acuse y castigue injustamente por algo que no cometió; tomando en consideración las medidas de seguridad y disciplina del personal de operación de los Centros Federales de Readaptación Social, así como de los propios internos que ahí se encuentren, a fin de prevenir cualquier tipo de eventualidades que los ponga en riesgo. Máxime que de la narración de hecho que formula no se advierte que con la sola notificación de lo acontecido el trece de mayo del presente año, se le cause perjuicio alguno a sus derechos sustantivos, toda vez que en su caso podría tratarse del inicio de un procedimiento disciplinario en el cual podrá ser oído y vencido. De ahí que su inconformidad en relación a la notificación del problema de trece de mayo del año en curso, en donde se le dice que le encontraron una navaja, una regla, puntillas de color, entre otras cosas; que no se le acuse y castigue injustamente por algo que no cometió, no es un aspecto del que se pueda ocupar el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo promovido por Javier Aguirre Barbosa, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 1° Constitucional con relación al diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Toda vez que el quejoso Javier Aguirre Barbosa, , se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con inserción de este proveído notifíquesele el presente acuerdo mediante atento despacho que se gire al titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca. En el entendido que el juez requerido deberá proveer el despacho que se le envía dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que lo reciba; asimismo, hágase saber a dicha autoridad, que la notificación encomendada deberá hacerla en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo, y no de conformidad con la legislación que rige sus actuaciones. Se hace del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tienen derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese; personalmente al promovente.
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