Javier Aguilar Garcia

Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
906/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Javier Aguilar Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Se declara auto consentido. En cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós y visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte el cómputo de los noventa días otorgados a la parte quejosa en dicho proveído, para que acudiera ante este Juzgado, a efecto de que se realizara la devolución de los documentos susceptibles, mismo que concluyó el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, sin que se hubiese presentado para tal fin; en consecuencia, se declara que dichas documentales pueden ser destruidas con el expediente. Remítase físicamente el expediente en que se actúa, al archivo definitivo de este juzgado. 15/08/23 10:14:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.bc ARTURO ITZCÓATL HERNÁNDEZ GARCÍA Lineamientos para la integración del expediente físico. Por otro lado, de conformidad con el artículo transitorio SEXTO1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, se precisa que al expediente físico relativo al expediente en que se actúa, solo se agregarán los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha siete de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria el cuatro de febrero de dos mil veintidós, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Documento susceptible de devolución. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto un documento que por sus características debe ser devuelto, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple del mismo a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Hecho lo anterior o bien, transcurrido el plazo referido sin que la parte quejosa acuda a recoger el documento, devuélvanse los autos al archivo previo el acuerdo correspondiente en el que se haga constar el cómputo respectivo. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. El siete de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que, en el considerando Noveno, se redactaron los efectos del amparo, en términos del numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, quedando de la siguiente manera: ".(i)No se aplique al quejoso Javier Aguilar García, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 44, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. [.] (ii)Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 44, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se ven reflejadas en el comprobante de pago con número de folio 11-14323413. Además, quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución de los importes respectivos; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que proceda a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa mínima que contempla la fracción I, en sus diversos incisos, del numeral 44 aludido y devuelva al impetrante la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la [.] En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley, ya que su cálculo depende de la suma del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre esa nueva cantidad deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver al agraviado. De ahí que deba requerirse al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por ser la autoridad que realiza funciones específicas de recaudación para su debido cumplimiento. [.] Cabe destacar, que si bien en el presente juicio de amparo respecto de la autoridad receptora, Dirección de Recaudación Política y Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, quien recibió el pago del derecho, se sobreseyó, se encuentra obligada a dar cumplimiento a esta sentencia en cuanto tenga conocimiento, lo que tiene sustento en el criterio jurisprudencial emitido por la entonces Tercera Sala del máximo Tribunal de la Nación, que dice: [.] En la inteligencia de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de San Luis Potosí, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias expidieron y promulgaron la ley que contiene los artículos tildados de inconstitucionales, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En tal virtud al resultar fundado el argumento analizado, mismo que incidirá de manera determinante dado que la autoridad receptora deberá dejar insubsistente el entero relativo al recibos 11-14323413 y procederá a recalcular el monto del derecho a pagar y devolver al impetrante la diferencia que resulte a su favor, tal circunstancia hace innecesario resolver sobre los restantes motivos de inconformidad." 1.2. Firmeza de la resolución de amparo. Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables. 2. Informes sobre el cumplimiento. En proveído de quince de febrero del año en curso, se tuvo a al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, rindiendo informe respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, del que se advierte lo siguiente: - Que desincorpora de la esfera jurídica del quejoso, la imposición que establece el numeral 44 fracción I inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí. - Deja insubsistente la validez del recibo de entero número 11-14323413. - Acompañó oficio SF/DGI/DJCM/AD/M/0219/2022, dirigido al Director de Control Presupuestal del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el que le solicita dejar insubsistente el entero relativo al comprobante de pago con folio 11-14323413, recalculando el monto del derecho a pagar la tarifa mínima que contempla el numeral 44 fracción I, en sus diversos incisos de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, devolviendo la diferencia que resulte a su favor. En proveído de tres de marzo del año en curso, se tuvo al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, remitiendo copia certificada de la póliza de cheque con número de folio 0009408, que ampara la cantidad de $30,690.00 (treinta mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional). En veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se recibió el oficio SF/PF/791/2022, remitido por el multicitado procurador, mediante el cual adjunta al mismo copia certificada de póliza de cheque número 00077 del título nominativo 9408 de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, por la cantidad de $30,690.00 (treinta mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), en que fue recepcionado por el aquí quejoso, dando vista al mismo. 3. Valoración probatoria. Documentales que hacen prueba plena, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos públicos expedidos por autoridades en el ejercicio de las facultades que la ley les concede. 4. Consideraciones preliminares. A fin de dar claridad en cuanto al cumplimiento a que estaban obligadas las autoridades responsables, es preciso señalar que, para que se tenga cumplida la ejecutoria de amparo, será indispensable que se encuentre demostrado: - Que no se aplique al quejoso Javier Aguilar García, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 44, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. - Que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 44, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se ven reflejadas en el comprobante de pago con número de folio 11-14323413. - Que proceda a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa mínima que contempla la fracción I, en sus diversos incisos, del numeral 44 aludido y devuelva al impetrante la diferencia que resulte a su favor. También implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley. 5. Determinación sobre el cumplimiento. Por tanto, valoradas que han sido las documentales exhibidas por la responsable, se tiene que las mismas son suficientes para demostrar: - Que existe pronunciamiento expreso en cuanto a la desincorporación presente y futura de la esfera jurídica del quejoso, del contenido material de los artículos 44, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda del Estado. - Que se dejó insubsistente el recibo de entero número 11-14323413; - Que efectuó el recalculo del monto del derecho a pagar conforme a la tarifa mínima que contempla la fracción I, en sus diversos incisos, del numeral 44 aludido y de asistencia social a que se refiere el numeral 93 de la citada Ley de Hacienda del Estado. _ Que se le devolvió al quejoso la cantidad de $30,690.00 (treinta mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.), por dichos conceptos, como diferencia a su favor, derivada del aludido recalculo. Constancias con las cuales se dio vista al quejoso, corriéndole traslado con las copias respectivas, sin que hubiese realizado manifestación alguna, en cuanto a inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de su derecho infringido; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual rinde informe requerido en auto de diecinueve de septiembre del presente año, con relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con informe de cumplimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo de mérito, así como del oficio SF/PF/066/2022 y anexo, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, en seguimiento a lo previsto en auto de veinticuatro de agosto del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

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