Javier Adolfo Barron González

Expediente 570/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 52 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
570/2016
Año
2016
Actuaciones
52
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Javier Adolfo Barron González
  • JAVIER ADOLFO BARRON GONZÁLEZ y Otros.
  • Julio César Solar Renero
  • BLANCA ALICIA MARTÍNEZ DEL CAMPO RANGEL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro recurso de inconformidad 5/2018 y el expediente de amparo número 570/2016 de este juzgado; de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo; acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada y devuélvase el presente asunto al archivo. Finalmente, glósese a los presentes autos, el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso de los inconformes Javier Adolfo Barrón González ********************, por el que interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de siete de febrero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente vigente, remítase el original del escrito de inconformidad, así como el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente con las constancias necesarias y distribúyanse entre las partes copias simples de la inconformidad interpuesta.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "Reitere sus consideraciones de no ejercicio de la acción penal del delito de allanamiento de morada. Con libertad de decisión, de manera fundada y motivada, determine si la acción reprochada a la inculpada se efectuó sobre un bien ajeno o propio de ésta, en su caso, deberá resolver con la misma libertad sobre la existencia de los demás elementos corpóreos, pero tratándose del medio comisivo furtividad, lo deberá analizar en función de las víctimas no de los testigos u otras personas. Con libertad de decisión, de manera fundada y motivada, determine si está actualizado o no el delito de fraude, en su caso si advierte o no algún otro delito." Inconforme con dicha determinación, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, del que conocieron los Integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R-172/2017, quienes por ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, determinaron confirmar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Ahora bien, de las constancias que envió el agente del Ministerio Público responsable, se advierte que mediante resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete dictada en la averiguación previa 710/2013/DMZS-III/DGIEST/M-DOS-AIE de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistentes las determinaciones de veintitrés de abril de dos mil dieciséis, así como la de dos de octubre de dos mil diecisiete. Determinó que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de allanamiento de morada, al encontrarse deshabitado el inmueble sobre el que se aduce se desplegó tal conducta, por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal respecto de tal ilícito. Respecto al delito de despojo determinó que no se acredita la "ajenidad" del objeto del delito porque de las probanzas que obran en la indagatoria se advierte que las partes celebraron un contrato de "compra venta a plazos", (denominación que dio la responsable por los motivos expuesto en su determinación), el cual se perfeccionó al haber entregado parte del precio, por lo que el bien inmueble de que se trata, no le resulta ajeno a la aquí tercera interesada. En relación con el elemento "furtividad" expuso que tal actividad por parte de la inculpada no es suficiente para acreditar los elementos del cuerpo del delito de despojo, pues para considerar que dicha furtividad es ilícita, es necesario que la conducta tenga como fin perturbar los derechos legítimos del ocupante, hecho que no acontece en el presente caso, porque nunca existió tal ocupante, por lo que al no acreditarse los elementos del delito, determinó el no ejercicio de la acción penal respecto del mismo. En cuanto hace al delito de fraude, determinó que no existía lucro, ya que la inculpada entregó una cantidad de dinero como parte del objeto de la venta. Finalmente, concluyó que tampoco se actualizaba el delito de fraude específico pues consideró que para la existencia de éste, era indispensable acreditar la simulación de un acto jurídico en perjuicio de otra persona, lo que en la especie no aconteció. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de los quejosos, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues en esencia refieren que: La autoridad responsable no valora adecuadamente las pruebas que obran en la indagatoria de que se trata. Al estudiar los delitos de despojo y fraude únicamente enuncia algunas pruebas, sin analizar la totalidad de las mismas. No estudió la ampliación de denuncia de siete de enero de dos mil quince, que se refiere a ilícito de despojo. No funda ni motiva correctamente la determinación de archivo, pues no sustentó esa determinación en los preceptos legales aplicables. No realizó un estudio del elemento furtividad. No analizó ningún pronunciamiento de los delitos de falsedad de declaraciones y delitos cometidos contra la administración de justicia. No analizó el instrumento público cuarenta y nueve mil doscientos treinta y uno, otorgado por el titular de la Notaría Pública Número Diecinueve de esta ciudad ni el contrato que celebraron con la tercera interesada, con el cual se demuestra que los quejosos son los propietarios y que la tercera interesada se introdujo furtivamente. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de forma y fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de archivo de veintitrés de abril de dos mil dieciséis y realizara lo precisado en párrafos precedentes. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción, tomando en consideración las pruebas que obran en la indagatoria generadora del acto reclamado, estableció que no estaban acreditados los delitos de despojo, fraude y fraude específico. Lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la misma, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la autoridad responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que la llevaron a concluir que en el caso particular los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos antes citados. En esa medida, las manifestaciones aducidas por los quejosos, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estimen pertinentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "Reitere sus consideraciones de no ejercicio de la acción penal del delito de allanamiento de morada. Con libertad de decisión, de manera fundada y motivada, determine si la acción reprochada a la inculpada se efectuó sobre un bien ajeno o propio de ésta, en su caso, deberá resolver con la misma libertad sobre la existencia de los demás elementos corpóreos, pero tratándose del medio comisivo furtividad, lo deberá analizar en función de las víctimas no de los testigos u otras personas. Con libertad de decisión, de manera fundada y motivada, determine si está actualizado o no el delito de fraude, en su caso si advierte o no algún otro delito." Inconforme con dicha determinación, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, del que conocieron los Integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R-172/2017, quienes por ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, determinaron confirmar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Ahora bien, de las constancias que envió el agente del Ministerio Público responsable, se advierte que mediante resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete dictada en la averiguación previa 710/2013/DMZS-III/DGIEST/M-DOS-AIE de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistentes las determinaciones de veintitrés de abril de dos mil dieciséis, así como la de dos de octubre de dos mil diecisiete. Determinó que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de allanamiento de morada, al encontrarse deshabitado el inmueble sobre el que se aduce se desplegó tal conducta, por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal respecto de tal ilícito. Respecto al delito de despojo determinó que no se acredita la "ajenidad" del objeto del delito porque de las probanzas que obran en la indagatoria se advierte que las partes celebraron un contrato de "compra venta a plazos", (denominación que dio la responsable por los motivos expuesto en su determinación), el cual se perfeccionó al haber entregado parte del precio, por lo que el bien inmueble de que se trata, no le resulta ajeno a la aquí tercera interesada. En relación con el elemento "furtividad" expuso que tal actividad por parte de la inculpada no es suficiente para acreditar los elementos del cuerpo del delito de despojo, pues para considerar que dicha furtividad es ilícita, es necesario que la conducta tenga como fin perturbar los derechos legítimos del ocupante, hecho que no acontece en el presente caso, porque nunca existió tal ocupante, por lo que al no acreditarse los elementos del delito, determinó el no ejercicio de la acción penal respecto del mismo. En cuanto hace al delito de fraude, determinó que no existía lucro, ya que la inculpada entregó una cantidad de dinero como parte del objeto de la venta. Finalmente, concluyó que tampoco se actualizaba el delito de fraude específico pues consideró que para la existencia de éste, era indispensable acreditar la simulación de un acto jurídico en perjuicio de otra persona, lo que en la especie no aconteció. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de los quejosos, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues en esencia refieren que: La autoridad responsable no valora adecuadamente las pruebas que obran en la indagatoria de que se trata. Al estudiar los delitos de despojo y fraude únicamente enuncia algunas pruebas, sin analizar la totalidad de las mismas. No estudió la ampliación de denuncia de siete de enero de dos mil quince, que se refiere a ilícito de despojo. No funda ni motiva correctamente la determinación de archivo, pues no sustentó esa determinación en los preceptos legales aplicables. No realizó un estudio del elemento furtividad. No analizó ningún pronunciamiento de los delitos de falsedad de declaraciones y delitos cometidos contra la administración de justicia. No analizó el instrumento público cuarenta y nueve mil doscientos treinta y uno, otorgado por el titular de la Notaría Pública Número Diecinueve de esta ciudad ni el contrato que celebraron con la tercera interesada, con el cual se demuestra que los quejosos son los propietarios y que la tercera interesada se introdujo furtivamente. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de forma y fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de archivo de veintitrés de abril de dos mil dieciséis y realizara lo precisado en párrafos precedentes. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción, tomando en consideración las pruebas que obran en la indagatoria generadora del acto reclamado, estableció que no estaban acreditados los delitos de despojo, fraude y fraude específico. Lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la misma, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la autoridad responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que la llevaron a concluir que en el caso particular los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos antes citados. En esa medida, las manifestaciones aducidas por los quejosos, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estimen pertinentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

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