Jasson Steven Hernández Fuentes
Expediente 725/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jasson Steven Hernández Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la TANIA ISABEL LÓPEZ ALFONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.58.f6 08/12/23 19:24:38 determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Licenciada Paula Morales Marín, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistente en cuatro discos de videograbación, relativos al proceso penal 303/2021, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Notifíquese, personalmente al quejoso, a los terceros interesados Javier Rodríguez Salamanca, Arlet Málaga Xolo y Moisés Zillo Anastacio, y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN QUE DICE:Córdoba, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los actos reclamados consiste en: I. La resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal 303/2021, por la Jueza de Control de la Tercera Sala, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimocuarto Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en la que declaró la legalidad de la detención del impetrante, ****. II. El auto de vinculación de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitido en contra del quejoso, *****, en el proceso penal 303/2021, por la Jueza de Control de la Tercera Sala, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimocuarto Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por su probable participación en la comisión de los hechos señalados en la ley como ultrajes a la autoridad y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su forma de posesión simple de marihuana. En el caso, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso, ****, a través de su defensor, solicitó ante la jueza del conocimiento una solución alternativa del procedimiento, lo que entraña el consentimiento de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; De la disposición normativa en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales el quejoso realice manifestaciones de voluntad que entrañen su consentimiento. Es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, determinó que la aceptación de un mecanismo de solución alterna al proceso, como es un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso. A ese respecto expuso que el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo alternativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación busca una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, estos es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Agregó que permitir la procedencia del juicio de amparo en esos casos desnaturalizaría el sistema, al consentir que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional". En ese entendido, en el asunto que nos ocupa se estima que los actos reclamados fueron consentidos por el quejoso, pues del disco de videograbación que contiene la audiencia de trece de abril de dos mil veintidós, remitido por la autoridad responsable, se advierte que el peticionario de amparo, por conducto de su defensor, en términos del artículo 117, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales1, solicitó una solución alternativa del conflicto, consistente en la suspensión condicional del proceso; petición que entraña el consentimiento de la resolución que decretó la legalidad de su detención y del auto de vinculación a proceso reclamados, ya que, como determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia invocada, la voluntad del imputado de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales; de lo contrario, se llegaría al extremo de permitir que aquél, por una parte, cuestione la legalidad de dichos actos a través del juicio de amparo y, por otra, les confiera validez al solicitar la suspensión condicional del proceso, lo que jurídicamente deviene inadmisible, al ser incompatibles entre sí. Documental que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere. No pasa inadvertido que la jurisprudencia invocada únicamente se refiere al consentimiento del auto de vinculación a proceso; sin embargo, la resolución que calificó de legal la detención, si bien es autónoma, deriva 1 Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: (.) X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; (.) de los mismo hechos por los cuales se le formuló la imputación; de ahí que el sometimiento a un medio alterno para la solución del proceso penal, implica también que los efectos de dicho acto se consintieron, pues sería incongruente que pretenda acceder a éste e impugne su constitucionalidad. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, personalmente al quejoso, a los terceros interesados **********, y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas. Así lo acordó y firma Margarita Morrison Pérez, Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, asistida de Guadalupe Villagómez Aguilera, secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido en relación con la ampliación de la demanda por la Licenciada Janet Pérez Caro, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, con dos anexos consistentes en dos discos de videograbación, relativos al proceso penal 303/2021, de su índice; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado los discos de videograbación para mejor manejo del presente expediente. Notifíquese.
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