Jassibed Concepción Mariscal Hernández
Expediente 72/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jassibed Concepción Mariscal Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito a la central de actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual informa el cumplimento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que haya lugar a dictar providencia alguna al respecto, toda vez, que en auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 72/2017 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. JASSIBE CONCEPCIÓN MARISCAL HERNÁNDEZ, mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer en su momento al juzgado Primero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Fiscal General de Justicia del Estado, consistente en la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de queja 55/2016; misma que estima violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 21, 103, fracción I, 107, fracciones I, II, párrafo primero, segundo, XVI y XVII, de la Constitución Federal. SEGUNDO. En proveído de cinco de enero de dos mil diecisiete, el juez Primero de Distrito en el Estado, radicó la demanda bajo el número 15/2017, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción. Mediante acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, el referido juzgador Federal, declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional, al considerar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. TERCERO. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 15/2017, provenientes del juez declinante, y al compartirse los argumentos expresados se aceptó la competencia planteada, por lo que el asunto quedó radicado bajo el número 72/2017, del inventario de este órgano jurisdiccional, sin que hubiera lugar a requerir el informe justificado, por ya obrar en los autos, por lo que ordenó dar la intervención que le compete a la Representación Social de la Federación adscrita, emplazó a la parte tercera interesada, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley, la cual se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente expediente en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal;1º., 6º., 107, 108, 124, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. El Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, lo que así se advierte de las constancias que remitió como justificación al mismo, las que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de este último ordenamiento legal. TERCERO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la impetrante de garantías, dado que sobre el tema a analizar ya existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de nuestro más alta Tribunal, como más adelante se verá, sin que este tribunal advierta queja deficiente que suplir en su favor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 2305, Libro 33, Agosto 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS CUYO ANÁLISIS ES INNECESARIO CUANDO SOBRE EL TEMA PLANTEADO EN ELLOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, es innecesario su análisis, cuando sobre el tema planteado en ellos ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con su aplicación se da respuesta en forma integral a la cuestión debatida, cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Para arribar a la anterior conclusión, conviene tener presente los antecedentes del acto reclamado, los cuales son: a). Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, se radicó la averiguación previa con número incial 374(MR1)/2015, donde la hoy quejosa, presentaba querella en contra de Carmen Noriega Méndez, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. El escrito de querella, en lo esencial refiere que la indiciada le ofreció a la quejosa la venta de su plaza como Técnico 11 "A" o Auxiliar Contable 11"A", al servicio del Gobierno del Estado de Oaxaca, por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, para ello celebraron el contrato de compraventa de una plaza de base del Gobierno Estatal, ante la fe del Notario Público número diecinueve en el Estado de Oaxaca, conteniendo entre otras cláusulas las siguientes: que la compradora entregaría de forma anticipada la cantidad de sesenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional; que la titular de la plaza entregaría a Jassibe Concepción Mariscal Hernández, el original del escrito de renuncia irrevocable de la base, debidamente firmada, con efectos a partir del quince de julio de dos mil doce, así también, entregar el original de la solicitud de fecha veintiséis de junio de dos mil doce, dirigida al Secretario de Escalafón del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, debidamente firmada, en la que comunica su renuncia y propuesta a favor de Jassibe Concepción Mariscal Hernández, para que se realice el movimiento correspondiente, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil doce. Se refiere en la citada querella, que la ofendida recibió los documentos mencionados en dichas cláusulas, y que al presentar el escrito de renuncia ante el Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el mismo no fue enviado a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para el trámite de baja, dado que el cinco de julio de dos mil doce, Carmen Noriega Méndez, presentó un escrito dirigido al citado Jefe de la Unidad Administrativa, donde le hacía saber que no había presentado renuncia al puesto que desempeña, por lo que el escrito dirigido al Secretario de Escalafón del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, que contenía su propuesta, no fue recibido en razón de que faltaba la copia del oficio de baja de Carmen Noriega Méndez. Que desde el doce de julio de dos mil doce a la fecha de presentación de la querella, la señora Carmen Noriega Méndez, no ha cumplido con el contrato ni le ha reembolsado el dinero que le dio para la compra de la plaza, y cuando la ha encontrado le dice que no le devolverá el dinero; así también, refiere la ofendida que la demandó en la vía civil, y que al resolverse el conflicto se determinó que no se entraba al fondo del asunto y se dejaban a salvo sus derechos, contra dicha resolución interpuso apelación, recurso que fue resuelto por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmando la sentencia apelada, y en contra de ésta, ocurrió en demanda de amparo directo, mismo que le fue negado por los integrantes del Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y ante esas condiciones, formulaba querella en contra de Carmen Noriega Méndez, por el delito de fraude. b). Tramitada que fue la indagatoria, mediante resolución de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, el Representante Social investigador, determinó el no ejercicio de la acción penal, en razón de que no se encontraba acreditado el elemento engaño en el delito de fraude genérico, en esencia, porque el hecho reclamado por la pasivo tuvo su origen en un acto ilegal, como lo fue la venta de una plaza de base laboral, y si bien la indiciada recibió una cantidad de dinero por ello, también lo es, que el otorgamiento de plazas laborales se encuentra sujeta a los reglamentos escalafonarios de las entidades gubernamentales. c). Inconforme con la anterior determinación, la hoy quejosa interpuso recurso de queja, y como agravios refirió en esencia que la resolución recurrida infringe sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, pues en su querella se precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho ilícito; que la indiciada se aprovechó de su inexperiencia, toda vez que no sabía cómo se obtenía el ingreso para trabajar en el Gobierno del Estado, por eso le fue fácil envolverla y ofrecerle una plaza; por último, la resolución no contiene las razones y motivos de hecho para su dictado. Ahora, el medio de impugnación fue resulto por el Fiscal General del Estado, con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en el sentido de confirmar la resolución recurrida. Siendo este el acto reclamado. El argumento toral que funda el acto reclamado, es el siguiente: ".Ahora bien, del material probatorio desahogado en la averiguación previa número 9237(S.C)2015, mismos que fueron valorados con antelación, se concluye que no se encuentra acreditado que Carmen Noriega Méndez, haya realizado la conducta que se le imputa mediando el engaño o el error en el que se hallaba Jassibe Concepción Mariscal Hernández, para obtener un lucro indebido, puesto que como se viene señalando, en todo momento la pasivo estuvo consciente que el contrato de compraventa respecto de una plaza de gobierno estatal, celebrado entre Carmen Noriega Méndez como vendedora y Jassibe Concepción Mariscal Hernández, como compradora, implicaba una actividad ilegal en sí misma, y pese a ello lo formalizó ante Notario Público para obtener su pretensión, y si después la activo lo incumplió, no puede decirse engañada para efectos del delito, ni que la activo se haya aprovechado del engaño o de algún error, porque bien sabía que estaba en un convenio ilícito, y aceptó correr los riesgos que esto implicaba con los resultados ahora conocidos. Además tanto Jassibe Concepción Mariscal Hernández, como Carmen Noriega Méndez, se colocaron en un mismo plano de ilicitud, por lo que ahora la querellante no puede decir que fue engañada, si el motivo de lo convenido era actuar en un ámbito que no está permitido por la norma penal, ya que sostener lo contrario sería como aceptar que alguien pueda beneficiarse de su propia ilicitud y admitir que de un acto ilícito surja otro lícito, puesto que sabido es para el común de las personas, que al momento de celebrar el contrato de compraventa respecto de la plaza de base número 4751, adscrita al módulo de emplacamiento de la Dirección de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, no era la vía para ingresar a laborar como empleado del gobierno del Estado." Al dar respuesta a los agravios de la hoy quejosa, la responsable refirió: ".Al respecto, se precisa que no le asiste la razón a la quejosa, ya que como se ha analizado, de los medios probatorios que integran la averiguación previa número 9237(S.C)2015, y que fueron analizados en lo individual como en su conjunto, se advierte que no se encuentran acreditados los elementos del tipo penal de fraude genérico, por lo que procede confirmar la resolución de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis." Luego, como se dijo al inicio del presente considerando, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan inoperantes, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 303/2012, abordó el tema planteado en este asunto, pues respecto a la compra de plazas laborales, dijo en esencia que: ".la obtención de un empleo remunerado constituye una finalidad lícita en sí misma; sin embargo, si en autos obran pruebas que demuestren que el pasivo sabía que el ofrecimiento realizado por el activo era contrario a derecho, atendiendo a la forma en que se lograría -actos de corrupción o trámites irregulares-, entonces, el incumplimiento a lo prometido de ninguna forma puede ser tutelado penalmente -a través del delito de fraude genérico-, por el contrario, este tipo de conductas deben ser desalentadas, ya que no es factible justificar tal conducta por la necesidad laboral-económica que pudiera imperar en el sujeto pasivo, pues si bien, se reitera, el objetivo final se tornaría lícito en sí mismo -obtención de un empleo remunerado-, no pueden legitimarse los mecanismos empleados para ello si se desarrollan fuera del marco de la ley, en tanto que, precisamente, la sociedad en su conjunto está interesada en que se desalienten los actos de corrupción y trámites irregulares, por lo que la consecución de la finalidad de la promesa incumplida, debe realizarse por los cauces legales. Así, si la actividad que el pasivo encomienda al activo es antijurídica en sí misma -realización de acto de corrupción o trámites irregulares- y, a pesar de ello, accede a realizar un acto de disposición en favor del activo, debe considerarse que asume el riesgo de que no se cumpla la promesa formulada por el activo, dado que lo esperado por la sociedad es que no se materialicen tales actividades ilícitas; de tal manera que, si acorde a la mecánica de los hechos, se advierte que lo que condujo al pasivo para llevar a cabo el acto de disposición patrimonial no fue el engaño de parte del activo -al no haberse generado una concepción falaz de la realidad-, sino a la deliberada intención de obtener un provecho a base de gestiones antijurídicas, no puede considerarse engañado por el activo; por lo que conforme al principio de tipicidad, dicha conducta no encuadra en el delito de fraude genérico previsto en el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que, de estimarlo de esta manera, constituiría una transgresión en perjuicio del gobernado a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." La referida ejecutoria dio como resultado el criterio jurisprudencial visible a página 534, Libro XXIII, Agosto 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO. El precepto citado prevé en su párrafo primero que comete el delito de fraude quien por medio del engaño se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, entendiendo por engaño el provocar mediante argucias, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo para determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo o de un tercero. En ese sentido, no se actualiza el engaño cuando la presunta víctima, desde antes de realizar algún acto de disposición patrimonial, tiene conocimiento de que la actividad encomendada o la promesa formulada por el activo implica una actividad antijurídica en sí misma; de tal manera que cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que conscientemente estuvo involucrado el sujeto pasivo o bien, si éste previamente conoció de la práctica de trámites irregulares del activo, verbigracia, cuando afirma que fue engañado porque entregó cierta cantidad de dinero al sujeto activo y éste incumplió la promesa de "conseguirle diversas plazas de trabajo que se obligó a obtener con base en un soborno", no puede considerarse actualizado el "engaño", en tanto que el incumplimiento de lo convenido implica actuar en un ámbito que no está permitido por las normas aplicables. Lo anterior es así, toda vez que ninguna protección debe brindarle el derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada intención de beneficiarse de un acto de corrupción o de trámites irregulares y, después, ante el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de que se le resarza la disminución patrimonial que sufrió; pues de estimar lo contrario la norma penal no respondería a su objeto esencial de reprimir las conductas ilícitas y por el contrario serviría para avalar otra de esa misma naturaleza. Como se advierte de la ejecutoria y jurisprudencia transcrita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido de que la compra de plazas laborales, en el caso mediante un trámite irregular -dado que la ofendida celebró con la indiciada un contrato de compraventa respecto del puesto de Técnico 11"A", o Auxiliar Contable 11"A", al servicio del Gobierno del Estado-, refirió que el incumplimiento a lo prometido de ninguna forma puede ser tutelado penalmente a través del delito de fraude genérico, ya que ese tipo de conductas deben ser desalentadas, ya que no es factible justificar tal conducta por la necesidad laboral-económica que pudiera imperar en el sujeto pasivo, por lo que no puede tenerse por acreditado el elemento engaño en dicho ilícito. En ese sentido, la conducta que reprocha la hoy quejosa a la indiciada Carmen Noriega Méndez, no es constitutiva del delito de fraude genérico, en razón de que como lo argumentó el Fiscal General del Estado, el contrato celebrado entre éstas, implicaba una actividad ilegal en sí misma, dado que para obtener una plaza dentro del gobierno del Estado, debe estarse a la normatividad que regula la contratación de personal, o bien, a los reglamentos escalafonarios que las dependencias puedan tener pactadas con determinado sindicato. A manera de corolario, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 3, de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo es un derecho y un deber sociales, y no es artículo de comercio, por lo que, ello es una razón más para concluir que la celebración del contrato de compraventa celebrado por la quejosa con la que indiciada, respecto de la plaza con base de Técnico 11"A", o Auxiliar Contable 11"A", al servicio del Gobierno del Estado, implica una conducta ilícita en sí misma, que en modo alguno puede ser sancionada por la ley penal en los términos que lo refiere. No pasa desapercibido que la ofendida al ratificar su escrito de querella ante el Agente del Ministerio Público investigador, refirió contar con la edad de veintitrés años, y contar con la licenciatura en administración, laborando en un despacho contable, lo que denota posee un grado de estudios basto para entender el trámite irregular que se encontraba efectuando para obtener una plaza, y con ello, asumió el riesgo de que no se cumpliera la promesa formulada por la activo. En las relatadas consideraciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la quejosa JASSIBE CONCEPCIÓN MARISCAL HERNÁNDEZ, sin que se advierta suplencia de la queja conforme al artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, conlleva negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado al Fiscal General del Estado, consistente en la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de queja 55/2016, que confirma la negativa de no ejercitar acción penal en contra de Carmen Noriega Méndez, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JASSIBE CONCEPCIÓN MARISCAL HERNÁNDEZ, en contra del acto reclamado al Fiscal General del Estado, consistente en la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de queja 55/2016, que confirma la negativa de no ejercitar acción penal en contra de Carmen Noriega Méndez, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la razón signada por el Actuario Judicial adscrito, de diecinueve de enero del presente año, por la que informa que no le fueron recibidos los oficios números 42799/2016 y 115/2017, dirigidos al Instituto Estatal de Ecología del Estado de Oaxaca, por las razones que expone; por tanto y a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de garantías, reexpídanse los oficios mencionados, con la denominación correcta, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Por recibo del oficio de cuenta número 1641/2017, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, al que acompaña el juicio de amparo 15/2017 del índice del citado Juzgado promovido por JASSIBED CONCEPCIÓN MARISCAL HERNÁNDEZ, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, y dos cuadernos de prueba. Acúsese el recibo correspondiente. Fórmese expediente bajo el número 72/2017, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente. Del oficio y anexo de cuenta se desprende que en auto de trece de enero de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito en el Estado, declinó competencia legal a favor de este Juzgado Tercero de Distrito para continuar con el conocimiento del juicio, por estimar actualizada la hipótesis prevista por el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince, al haber prevenido en el conocimiento del asunto en el diverso juicio de amparo 1151/2016, promovido por la quejosa JASSIBED CONCEPCIÓN MARISCAL HERNÁNDEZ, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Fiscalía General de Justicia de Estado de Oaxaca, derivados de la averiguación previa número 9237/S.C./2015. Por compartirse en esencia el criterio sostenido por el citado Juez Federal y toda vez que este juzgado es legalmente competente para conocer del mismo, se acepta la competencia declinada, lo cual se ordena comunicar a las partes para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y se declara válido todo lo actuado en el juicio de amparo 15/2017. No ha lugar a ordenar el trámite del incidente de suspensión por no haberse solicitado. No se estima necesario requerir su informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que del examen de los autos se advierte ya fue solicitado por el Juez declinante; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, con el mismo dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga. Por conducto del Actuario adscrito a este juzgado y con una copia de la demanda de garantías emplácese a este juicio a la tercera interesada CARMEN NORIEGA MÉNDEZ, en el domicilio que se proporcionó en la averiguación previa que es el despacho número tres, número trescientos cuatro de la calle Guerrero, en la ciudad de Oaxaca de Juárez; debiendo requerirla para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes a éste, señale domicilio en la ciudad de Oaxaca para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun aquéllas de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Fórmese por separado tomos de pruebas con las copias certificadas de la averiguación previa 9237(S.C)2015 y el cuaderno de queja 55/2016 del índice de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que remite el Juez declinante respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, el cual quedará bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomo I y II de pruebas; de igual forma, téngase a la vista al momento de celebrar la audiencia respectiva. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Téngase a la parte quejosa señalando los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones, y como autorizados a las personas que menciona sin gozar de las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Hágase del conocimiento a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, lo determinado en este proveído, para efecto de compensación en las cargas de trabajo. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y A LA TERCERA INTERESADA.
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