Jasper Azael Arteaga Hernández
Expediente 2156/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2156/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jasper Azael Arteaga Hernández
Actuaciones
- Principal
mesa 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo promovido por ALENNIE NAXLEERY HERNÁNDEZ PÉREZ, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales J.A.A.H; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
mesa 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Incidental
MESA 4.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por ALENNIE NAXLEERY HERNÁNDEZ PÉREZ, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales J.A.A.H, contra actos del FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CARPETAS DEL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE TACOTALPA, TABASCO y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Y APERCIBIMIENTO De conformidad con los artículos 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su notificación, debiendo expresar si son o no ciertos los actos reclamados, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibiéndolas de que en caso que omitan rendir su informe, se les presumirá cierto el acto y se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, así como la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 695, bajo el rubro: "INFORME PREVIO, MULTA POR NO RENDIRLO O ENVIARLO EXTEMPORÁNEAMENTE". FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, la impetrante de amparo señala como acto reclamado: "[.] El oficio UTMCTA_16563/2019, de trece de diciembre de dos mil diecinueve dictado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Carpetas del Centro de Procuración de Justicia de Tacotalpa, Tabasco, en los autos de la carpeta de investigación CI-TA_I-500/2019 [.]". PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS LEGALES Previo al pronunciamiento de la medida cautelar solicitada, en relación a las consecuencias del acto reclamado, cabe precisar lo siguiente: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido las directrices que deben tomarse en cuenta para el otorgamiento de la medida cautelar, con base en los presupuestos relativos a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El criterio obligatorio a que se hace referencia, es la Jurisprudencia 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, que es obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tenemos que, además de los requisitos contenidos en el numeral 128 de dicha legislación, el juzgador de amparo, al pronunciarse sobre la concesión o negativa de la medida cautelar solicitada, debe tomar en cuenta lo siguiente: I. La apariencia del buen derecho, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, llevando a cabo un cálculo de probabilidades que permita anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, tomando en consideración la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado sus características y su trascendencia, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho invocado. II. El peligro en la demora, se traduce en la necesidad de que el acto reclamado no se consume de manera irreparable, atento a los notorios perjuicios que ello entraña en contra del peticionario. Corrobora el argumento de que se debe efectuar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL "O AL ORDEN PÚBLICO. Por tanto, tomando en consideración que la quejosa ALENNIE NAXLEERY HERNÁNDEZ PÉREZ, solicita la suspensión por el acto reclamado, el cual está relacionado con el interés de una persona menor de edad, resulta necesario realizar las siguientes precisiones: El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. De ahí, que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal, visible en la página 10, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.". NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora bien, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el contenido del oficio de trece de diciembre de dos mil diecinueve en el cual se le negaron las medidas cautelares que había solicitado, considerando que dicho acto ya se emitió y por ende, se trata de un acto consumado, no susceptible de suspenderse, pues proveer lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora bien, de los antecedentes de la demanda de derechos fundamentales se advierte que la parte quejosa interpuso ante el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Procuración de Justicia en Tacotalpa, Tabasco, una denuncia en contra de su cónyuge Juan Jesús Artega Arenas, por el delito de sustracción de menores, formándose la carpeta de investigación CI-TA_I-500/2019; toda vez que la quejosa entregó a su menor hijo a su progenitor, con la finalidad de cumplir con los horarios de convivencia pactado entre ellos; sin embargo éste último se negó a devolverlo a su madre. Partiendo de lo anteriormente expuesto, y tomando en consideración la manifestación de la quejosa consistente en que el menor se encuentra retenido en casa de su progenitor, procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Carpetas del Centro de Procuración de Justicia de Tacotalpa, Tabasco, autoridad responsable, implemente de inmediato las medidas que sean necesarias para localizar al menor de edad de iniciales J.A.A.H, y se cerciore como refiere la parte quejosa que el citado infante se encuentra bajo la tutela de Juan Jesús Arteaga Arenas, asimismo, en atención al interés superior de referido menor, deberá proveer sobre la continuidad de la convivencia del referido infante con su progenitora de manera provisional, a efecto de evitarle cualquier daño a la salud emocional y mental. El cumplimiento a la presente medida suspensional deberá comunicarlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificacion del presente auto, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año Es aplicable en lo conducente la tesis 2a. CXLI/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 792, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto y, para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Emmanuel Méndez Vargas, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a la diversa persona que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que ésta no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
- Principal
MESA 4.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual ALENNIE NAXLEERY HERNÁNDEZ PÉREZ, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales J.A.A.H, personalidad que acredita con el original del acta de nacimiento con folio A27 1158704, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CARPETAS DEL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE TACOTALPA, TABASCO y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 2156/2019-4. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01 (99-3) 3-10-50-23 o al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Emmanuel Méndez Vargas, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a la diversa persona que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que ésta no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se reserva ordenar el emplazamiento de la persona a la que le pudiera revestir el carácter de tercero interesado en el presente juicio, hasta en tanto las autoridades rindan sus respectivos informes justificados. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto: Original del escrito de contestación de demanda de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, Original del oficio UTMCTA_I-653/2019, de trece de diciembre actual, Original del oficio 2033 de once de diciembre del año en curso, Copia simple de la constancia de veintiocho de noviembre último, Original del escrito de ampliación de declaración de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, Originales del acta de matrimonio a nombre de Juan Jesús Artega Arenas y Alennie Naxleery Hernández Pérez y acta de nacimiento de su menor hijo de iniciales J.A.A.H, Original de la cédula de notificación de veinticinco de noviembre del año en curso, Copia simple de la demanda de divorcio necesario de diez de noviembre del presente año, Copia simple del acta 73/2019, de la audiencia de celebración de acta, de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, Copia simple del acta PRODEMFAJ 103/2019, de comparecencia voluntaria, de quince de abril del año en curso, Copia simple del acta PROFADE 200/2019, de convivencia de menor, de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, que anexa a su demanda de amparo. Probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Amparo, gírese oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, designe un defensor de oficio que represente al menor de edad quejoso de iniciales J.A.A.H., en este juicio, atendiendo a que en el caso existe conflicto de intereses. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Tiene aplicación al caso, la tesis XIX.1o.P.T.1 CS (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2448, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA." INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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