Jasmin Vargas García

Expediente 1188/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1188/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jasmin Vargas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que dentro de la causa penal 367/2023, se celebró audiencia de procedimiento abreviado; asimismo, que se decretó la suspensión del procedimiento en la presente causa, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en torno a su contenido, toda vez que el pasado treinta y uno de octubre del año en curso, se dictó sentencia definitiva. Cúmplase.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar a la quejosa********************la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa el departamento jurídico del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, le informaron que la referida quejosa fue puesta en libertad el veintiocho de septiembre del año en curso. Notificación por estrados. Ahora bien, tomando en consideración que de la demanda de amparo no se advierte domicilio alguno en el cual pueda ser notificada la quejosa, de conformidad con el artículo 27 fracción lll, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle a la quejosa dicha determinación, así como las subsecuentes de carácter personal por lista de estrados, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en autos, notifico personalmente por estrados al quejoso la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, a las nueve horas del día de hoy, que a la letra dice: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1188/2023-IV; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, de manera electrónica y recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, por conducto de su defensora Adriana Palao Mendoza, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos señalados en la demanda de amparo de la siguiente manera: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo la emisión del acuerdo de fecha SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, emitido en la causa penal ********************, en la que se determina que: 'Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito de la imputada registrado con folio 29654, mediante el cual solicita audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En virtud de lo anterior, al verificar la naturaleza de la audiencia que solicita, del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual se citará a los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida. Asimismo, el numeral 162 de dicho ordenamiento establece que de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Pr tanto, este Juzgador considera que para estar en condiciones de señalar fecha y hora para debatir sobre la modificación o revocación de las medidas cautelares impuestas, la parte solicitante debe exponer las razones que justifiquen su petición. Asimismo, de constancias se advierte que en audiencia inicial de siete de abril de dos mil veintitrés, ********************, fue vinculada a proceso por los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio en la variante de venta, contemplado y castigado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal y en concordancia con el precepto 245 ambos de la Ley General de Salud; así como el diverso contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de Cannabis Sativa L., comúnmente conocido como marihuana, contemplado y castigado en el artículo 476, en relación con el diverso 234, ambos de la Ley General de Salud, y en términos del artículo 167, párrafo tercero y quinto fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en el caso la imputada solo alude a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Sin que de lo expuesto en su solicitud se advierta que las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar en mención hayan variado en modo alguno. No se soslaya, lo resuelto por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en las sentencias de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida de prisión preventiva oficiosa, pero este Juzgador tampoco puede dejar de observar que existe criterio obligatorio de nuestro máximo tribunal (293/2011), respecto a que cuando exista una restricción constitucional deberá estarse a lo que establece el propio texto constitucional. Lo anterior, también se apoya en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de tesis P./J. 20/2014 (10a , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, de rubro: 'DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.' Es así, que de la doctrina adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que los integrantes del Poder Judicial de la Federación deberán atender lo que disponga el texto constitucional y en el caso de la figura de la prisión preventiva oficiosa deberá estarse a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución. Esto significa que los Jueces de Control carecemos de de (sic) facultades para realizar el ejercicio de control de convencionalidad y ponderación que pretende la defensa, respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues en todo caso, será el Alto Tribunal el competente para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, o bien el poder legislativo quien tenga competencia para realizar las adecuaciones que sean necesarias tanto a la ley como a la propia constitución. Atento a lo anterior, al no advertir motivo que justifique su petición, se desecha de plano la solicitud de la defensa, conforme a lo establecido en el citado artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos." SEGUNDO. Radicación y trámite. El veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la demanda se radicó bajo el número de expediente 1188/2023-IV y se admitió; por lo que se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación y se reconoció el carácter de tercera interesada a la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula II-4 en esta ciudad, quien fue debidamente emplazada a juicio. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, puesto que se reclaman determinaciones cuyas consecuencias jurídicas tienen ejecución en esta ciudad, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de autoridad que enseguida se precisan: No Autoridad responsable Actos reclamados 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control. 1. La determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************, a través de la cual desechó de plano la solicitud de señalar audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control. Cierto 19 y 20 Como se ve, la autoridad responsable reconoció expresamente la existencia de los actos reclamados, por ende estos se tienen como plenamente probados. Certeza que se corrobora con la determinación de seis de septiembre del año en curso, dictada en la causa penal ********************, en la que se desechó de plano la solicitud de señalar fecha para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa ********************. Documental que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionario público en el ejercicio de sus facultades. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. En razón que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deberán contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su trascripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta íntegra a sus inconformidades. SEXTO. Estudio del asunto. La parte quejosa aduce, esencialmente, que el desechamiento de la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso es inconvencional, por tanto, el juez debió analizar y valorar la causa, necesidad y proporcionalidad de la misma, debiendo ejercer un adecuado control de convencionalidad entre lo dispuesto por las normas aplicables y la Convención Americana de Derechos Humanos. Calificativa. Los argumentos indicados son esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia conforme lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Estructura del estudio. Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio de esta sentencia se estructurará de la siguiente manera: I. Primeramente, se expondrá el marco constitucional que rige el control de convencionalidad y el principio pro persona (artículo 1), así como la prisión preventiva oficiosa (artículo 19). II. Posteriormente, se analizará la interpretación aislada que actualmente existe en torno a la prisión preventiva oficiosa derivado de lo dispuesto por el artículo 19 constitucional. III. Se justificará por qué se considera que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional atendiendo al principio pro persona y a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México; además del porqué lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es impedimento para arribar a tal conclusión. IV. Finalmente, se analizará el caso concreto y se reforzará la argumentación con relación al impedimento que contiene la contradicción de tesis 293/2011 aludida. I. Marco constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. [.]". Por su parte, el numeral 19 de la constitución federal, a lo que el caso interesa, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. [.]". II. Interpretación textual y aislada del artículo 19 constitucional en relación con la prisión preventiva oficiosa. En primer lugar, es importante establecer que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, por consiguiente, deben emplear los medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. En ese sentido, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se creó, en específico, para los delitos considerados como "graves" y para el de delincuencia organizada, estableciéndose directamente en el artículo 19 constitucional, como un régimen especial de manera que no quedara su aplicación en manos del legislador ordinario. Consecuentemente, en la actualidad en el artículo 19 constitucional se amplió el catálogo de delitos que ameritan la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, incluyéndose los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En ese contexto, al determinar la oficiosidad de la medida, el poder legislativo ordenó que fuera el juez de control quien impusiera la prisión preventiva en forma oficiosa a una persona a quien se le impute la probable comisión de uno o varios de los delitos que el mismo artículo 19 constitucional prevé. Bajo esta perspectiva y partiendo de una interpretación literal y aislada, la prisión preventiva oficiosa sería una medida que operaría en forma automática cuando el delito del que se acusa a una persona se encuentra dentro del catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, la norma aludida se refiere únicamente a la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir al hecho punible y a la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se le está atribuyendo. Por tal motivo, la norma no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación de la libertad. Consecuentemente, la prisión preventiva oficiosa -tal y como está concebida- no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. Lo anterior se considera así, dado que el artículo 19 constitucional -en lo relativo a la prisión preventiva oficiosa- limita el rol del juez afectando su independencia, porque carece de margen de decisión, y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por ende, aplicar la interpretación literal y aislada del artículo 19 constitucional, generaría concluir -a criterio de este órgano de control constitucional- que la forma de imposición automática de la prisión preventiva sería la más restrictiva para los derechos fundamentales y entraría en tensión con otros derechos y principios expresamente contemplados en la constitución federal; por ejemplo, el de la libertad personal, la presunción de inocencia, así como la obligación del juez penal de fundar y motivar exhaustivamente la imposición de las medidas cautelares, lo que conlleva a que no se cuente con un control judicial previo. Asimismo, el artículo 7.3 de la Convención Americana, establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Por ende la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la convención. III. Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa con base en el principio pro persona. En las reformas de dos mil once y en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, así como en la contradicción de criterios 293/2011, se perfiló el actual modelo de control constitucional, en el que con base en el artículo 1° de la carta magna se concluyó que las normas de derechos humanos constituyen el parámetro de regularidad constitucional que deben atender todas las autoridades del Estado mexicano, en el sentido de que los actos que emitan con motivo de su función deben ser coherentes con el contenido de esas normas. Por tal motivo, se determinó que el catálogo de derechos humanos comprende tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en la constitución, como aquéllos contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Lo anterior significa que los derechos humanos de fuente internacional también son parte de la constitución, por mandato expreso de la misma. De igual modo, se sostuvo, que la supremacía constitucional se encuentra integrada en este modelo, ya que todos los derechos humanos están incorporados al ordenamiento mexicano, en tanto forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo. Por ende, las relaciones entre los derechos humanos que integran este parámetro de validez deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos -lo que excluye la jerarquía entre unos y otros- así como del principio pro persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos. Así, los derechos humanos son interdependientes en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos, y son indivisibles en la medida en que no deben tomarse como elementos aislados o separados, sino como un conjunto. Desde esta perspectiva, el principio pro persona funge como un criterio interpretativo que permite compatibilizar la multiplicidad de derechos involucrados en cada actuación del Estado en lo particular; además de que brinda coherencia y armonía en la labor de interpretar el texto constitucional permitiendo que el escrutinio de las normas y actos se ejecute a través de una aplicación del texto constitucional que sea fiel a sus principios y valores. El texto constitucional, en su carácter de norma fundamental del Estado mexicano, solo puede comprenderse a cabalidad como un todo que se orienta por un principio armónico: todas sus partes y componentes se guían con el mismo propósito, con los mismos fines y en función de la vigencia de un Estado constitucional, cuyo principal pilar es la protección más amplia de los derechos humanos. Así, un órgano de control constitucional también podría advertir la existencia de tensiones o antinomias entre normas de rango constitucional. Estos conflictos normativos deben tomarse en cuenta para poder delimitar cuál es la interpretación que debe realizarse; por lo que, para ese fin, se considera adecuado llevar a cabo ese ejercicio de análisis hermenéutico de normas y de preferencia interpretativa a partir del principio pro persona que se encuentra reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección, primero, entre dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que no sea posible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; y segundo, dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquélla que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Lo anterior, como se observa de los precedentes siguientes: I. Jurisprudencia 1a./J. 107/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano". II. Jurisprudencia 1a./J. 37/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma". Esto significa que el principio pro persona funciona, en estos casos, como un criterio de preferencia normativa para solucionar antinomias entre las normas que integran un parámetro de control -con independencia de la fuente de origen de los derechos fundamentales-. A través de este criterio de preferencia normativa, los órganos jurisdiccionales que realicen el control constitucional deberán utilizar el enunciado normativo o la interpretación más protectora para los derechos humanos. Estas pautas de preferencia normativa parten de una premisa básica: las normas de rango constitucional no pueden leerse de forma aislada, ya que conforman un cuerpo normativo supremo, único y coherente a su interior. Por ese motivo, los órganos jurisdiccionales, al establecer el parámetro de regularidad constitucional, deben identificar, integrar y armonizar sistemáticamente todos los elementos normativos relacionados con un derecho fundamental, con miras a establecer el estándar de validez en la forma más protectora de los derechos humanos. III. a). Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1. Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el siete de noviembre de dos mil veintidós, condenó al Estado Mexicano respecto de la aplicación de la prisión preventiva en el marco del sistema penal tradicional. En esa determinación, entre otras cosas, se precisó que para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es necesario que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los requisitos exigidos por la convención. Lo anterior, dado que de proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos, el referido derecho a la presunción de inocencia. En ese sentido, la corte dispuso -en el apartado "B.2. Sobre la compatibilidad de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva con la Convención Americana"- que el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la convención. Por ello, la corte interamericana precisó que ese deber implicaba la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades o porque su ejercicio se ve obstaculizado. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Así, la corte dispuso que las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines debían de ser efectivas (principio del effet utile), lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. Esto, por la corte indicó que era acorde con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 27 dispone que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. Bajo ese contexto, la corte al analizar la figura de la prisión preventiva regulada en el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales (sistema tradicional), en sus párrafos 163 al 165, recordó que la jurisprudencia de ese tribunal ha sido clara y consistente en reconocer únicamente dos finalidades legítimas a la prisión preventiva (el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia) y que "la prevención general" de ciertos delitos, por más graves que sean, o el "efecto disuasivo" no son una de esas finalidades ni deberían serlo. Además, la corte indicó que de la lectura del artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de mil novecientos noventa y nueve, cuando se trata de un proceso penal por un delito que conlleva sanciones privativas a la libertad, pareciera que una vez comprobados los supuestos materiales, basta con verificar que se le tomó la declaración a la persona procesada (o que conste que se rehusó a declarar) para que se aplique la prisión preventiva. Es decir, que dicho numeral establecía preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Situación que -la corte precisó- permitía establecer que la norma analizada contenía cláusulas que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, como lo son el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), y a la presunción de inocencia (art. 8.2). Es importante mencionar que en la codena decretada al Estado Mexicano -específicamente al momento de establecerse las garantías de no repetición- la corte expuso lo siguiente: "[.] 218. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 219. De acuerdo con lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que -en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana". De lo expuesto, se observa que la corte interamericana estableció puntualmente que debía recordar a las autoridades judiciales que tenemos la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la convención americana, y en esta tarea, se deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana, intérprete última. 2. Caso García Rodríguez y otro vs. México. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la corte interamericana nuevamente condenó al Estado Mexicano al analizar el caso García Rodríguez y otro vs. México. Este precedente es sumamente importante, porque de manera frontal se analiza la figura de la prisión preventiva oficiosa regulada en el sistema penal acusatorio vigente. Así, debe destacarse que en el apartado de la sentencia denominado: "La prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000", la corte interamericana recordó que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: 1. Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho. 2. Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y 3. La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Además, que la prisión preventiva debe entenderse como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivogenerales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, se determinó que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Por tal motivo, la corte indicó que el numeral 19 constitucional al establecer la prisión preventiva oficiosa, adolecía de la misma problemática que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año dos mil; puesto que, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por lo tanto, tal como está concebida la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. Tan es así, que limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por esos motivos y algunos diversos, la corte concluyó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año dos mil y el numeral 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en dos mil ocho, contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. En particular, a los derechos siguientes: 1. A no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); 2. Al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5); 3. A la presunción de inocencia (artículo 8.2), y 4. A la igualdad y no discriminación (artículo 24). Posteriormente, la corte indicó que a pesar de la inconvencionalidad de los artículos en cita, existía una problemática respecto de su inaplicación debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la contradicción de tesis 293/2011, aceptó que las restricciones expresas contenidas en la propia constitución desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentran las de la convención americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, la corte interamericana indicó que de conformidad con esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la convención americana y las decisiones de la corte interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. Por tal motivo, la corte estimó necesario recordar que las distintas autoridades estatales tienen la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la convención americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Por tanto, para llevar a cabo esa tarea las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte, como última intérprete de la convención. Esto último quedó plasmado expresamente en el párrafo 300 de la sentencia en análisis, que textualmente indica: "300. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana" III. b). Conclusiones. 1. Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. De lo expuesto, se tiene que para la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que su imposición de forma "automática" viola diversos derechos, específicamente: a. A no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); b. Al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5); c. A la presunción de inocencia (artículo 8.2), y d. A la igualdad y no discriminación (artículo 24). 2. Contradicción de tesis 293/2011 y la obligación de ejercer un control de convencionalidad ex officio. Es importante recalcar, que la corte interamericana no desconoció lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas consideraciones son las que comúnmente se utilizan para concluir que las personas juzgadoras no podemos ordenar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, con motivo de su inconvencionalidad. Al contrario, reconoció su contenido expresamente, indicando que la interpretación que se acogió en ésta genera que el Estado mexicano pueda estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la convención americana y las decisiones de la corte interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. Por tal motivo, la corte categóricamente nos recordó a las autoridades estatales la obligación que tenemos de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la convención americana. En el párrafo 300 de la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro vs. México, la corte interamericana reiteró que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, estamos sometidos a aquél, lo cual nos obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal. Esto último cobra puntual relevancia, dado que la corte claramente especificó que la obligación de ejercer el control de convencionalidad se genera con independencia de que las normas contrarias a la convención y su interpretación sean de naturaleza constitucional o legal. IV. Caso concreto Como se dijo, en esta instancia constitucional la parte quejosa reclama la determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************, a través de la cual se desechó de plano la petición de la defensa de señalar fecha de audiencia para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la hoy quejosa ******************** En ese sentido, del análisis de la determinación reclamada, se observa que el juez responsable desechó de plano la petición de la defensa de señalar fecha de audiencia para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que el delito por el cual se le vinculó a proceso a la imputada era de aquellos que el artículo 19 constitucional, así como el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como de prisión preventiva oficiosa y que él como juez de control carecía de facultades para realizar el ejercicio de control de convencionalidad y ponderación para modificar dicha medida cautelar. Conclusión. Sin embargo, con base a lo expuesto en esta ejecutoria, si bien en la determinación reclamada no se impuso la prisión preventiva oficiosa; empero, al negarle la oportunidad a solicitar la modificación de dicha medida cautelar, es claro que con ello el juez responsable declara la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que resulta inconvencional, al ser incompatible con los derechos de libertad personal, presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, tal y como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México. Por tanto, el juez de control responsable incumplió su obligación de ejercer, ex officio, un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas con la convención americana y su interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (última intérprete de ésta). Obligación que, como se indicó, la corte interamericana lo específico en el párrafo 300 de la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro vs. México, en el que reiteró a las autoridades que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, estamos sometidos a aquél, lo cual nos obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal. Finalmente, se insiste, no es obstáculo a lo anterior lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del cual se ha asumido que las restricciones expresas contenidas en la constitución federal desplazan a las normas internacionales, entre las cuales se encuentran las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De ahí que, con base en ello, se haya resuelto en algunos asuntos que la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 constitucional, como una restricción constitucional, debe mantenerse sobre la convención americana y las sentencias de la corte interamericana que la desarrollan. Sin embargo, hacer prevalecer a la restricción constitucional aludida implicaría, en primer término, elegir la interpretación menos favorable y más restrictiva hacia las personas que están siendo sujetas a prisión preventiva oficiosa, pues un órgano supranacional ya concluyó sin lugar a dudas que esa medida es inconvencional, por lesionar múltiples derechos de las personas. En segundo término, la corte interamericana vuelve a reiterarnos -a todas las autoridades incluidas las personas juzgadoras- que el control de convencionalidad debe realizarse incluso si se deben inaplicar disposiciones constitucionales, pues en todo momento debe atenderse a la mayor protección de los justiciables; ello, sin que deba esperarse a que se deje sin efectos la contradicción de tesis 293/2011 o se reforme la constitución. Lo anterior, dado que, como se indicó, la propia corte interamericana reconoció el contenido de lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y determinó que la interpretación a la que se llegó en ésta genera que el Estado mexicano pueda estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar. Incluso, debe recordarse que ya existen tres sentencias interamericanas de condena contra México (en las dos últimas se indicó expresamente al Estado que debía adecuar la norma constitucional a la convencional), las cuales, en términos del artículo 1° constitucional son vinculantes para los juzgadores mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, como se reconoció en la propia contradicción de tesis 293/2011. Lo cual se vio reflejado en la jurisprudencia P./J. 21/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 293/2011, que dice: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos". Lo expuesto, se robustece con el hecho de que en la propia contradicción de tesis 293/2011 se reconoció que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 1° constitucional, existe un verdadero bloque de constitucionalidad, definido como parámetro de control de regularidad constitucional, que se conforma por el conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. De ahí que, las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos; lo que se traduce en que las normas internacionales en materia de derechos humanos se convierten en constitución. Y, en ese sentido, es posible que en cada caso concreto, bajo el principio pro persona, se opte por la norma que más favorezca al gobernado, con independencia del instrumento en el que se contenga, pues, en realidad existe un solo bloque de derechos humanos. Aunado a ello, se considera hacer mención a lo expuesto por el perito del Estado Mexicano ********************, durante la audiencia pública del caso García Rodríguez y otro vs México, en la que indicó que si bien la contradicción de tesis 293/2011 introdujo las "restricciones constitucionales expresas", lo cierto es que no existió un pronunciamiento específico al respecto y no se dotó de contenido a esa expresión, como tampoco se clarificaron sus eventuales condiciones de aplicación frente a los derechos humanos de fuente convencional. Por ello, las consideraciones plasmadas en la referida contradicción podrían entenderse en realidad como obiter dicta; es decir, un criterio no vinculante u obligatorio para las y los operadores jurídicos del país. Decisión. Consecuentemente, al considerarse sustancialmente fundado el concepto de violación hecho valer respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, suplidos en su deficiencia, se concede el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En atención a que con motivo de la suspensión concedida en el incidente derivado de este juicio de amparo, mediante resolución de veintisiete de septiembre dos mil veintitrés, el juez responsable modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la diversa de presentación periódica semanal y prohibición de salir sin permiso de la demarcación en que el juez responsable ejerce jurisdicción y el sometimiento al cuidado o vigilancia de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, con fundamento en el artículo 155, fracciones I, V y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, con fundamento en lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: No aplique, en lo presente ni en lo futuro, dentro de la causa penal ******************** de su índice, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la imputada, aquí quejosa ******************** Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, consistente en la determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************, a través de la cual desechó de plano la solicitud de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos establecidos en el diverso séptimo

  4. Incidental

    Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1188/2023-IV, promovido por Adriana Palao Mendoza, en favor de la quejosa ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, vía electrónica a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Adriana Palao Mendoza, en favor de la quejosa ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra los actos y la autoridad señalada en su escrito inicial. SEGUNDO. Trámite. En acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, ordenando formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala esencialmente como actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo la emisión del acuerdo de fecha SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, emitido en la causa penal 367/2023, en la que se determina que: "Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito de la imputada registrado con folio 29654, mediante el cual solicita audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En virtud de lo anterior, al verificar la naturaleza de la audiencia que solicita, del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual se citará a los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida. Asimismo, el numeral 162 de dicho ordenamiento establece que de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Por tanto, este Juzgador considera que para estar en condiciones de señalar fecha y hora para debatir sobre la modificación o revocación de las medidas cautelares impuestas, la parte solicitante debe exponer las razones que justifiquen su petición. Asimismo, de constancias se advierte que en audiencia inicial de siete de abril de dos mil veintitrés, Jasmín Vargas García, fue vinculada a proceso por los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio en la variante de venta, contemplado y castigado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal y en concordancia con el precepto 245 ambos de la Ley General de Salud; así como el diverso contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de Cannabis Sativa L., comúnmente conocido como marihuana, contemplado y castigado en el artículo 476, en relación con el diverso 234, ambos de la Ley General de Salud, y en términos del artículo 167, párrafo tercero y quinto fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en el caso la imputada solo alude a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Sin que de lo expuesto en su solicitud se advierta que las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar en mención hayan variado en modo alguno. No se soslaya, lo resuelto por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en las sentencias de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida de prisión preventiva oficiosa, pero este Juzgador tampoco puede dejar de observar que existe criterio obligatorio de nuestro máximo tribunal (293/2011), respecto a que cuando exista una restricción constitucional deberá estarse a lo que establece el propio texto constitucional. Lo anterior, también se apoya en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de tesis P./J. 20/2014 (10a , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." Es así, que de la doctrina adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que los integrantes del Poder Judicial de la Federación deberán atender lo que disponga el texto constitucional y en el caso de la figura de la prisión preventiva oficiosa deberá estarse a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución. Esto significa que los Jueces de Control carecemos de de facultades para realizar el ejercicio de control de convencionalidad y ponderación que pretende la defensa, respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues en todo caso, será el Alto Tribunal el competente para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, o bien el poder legislativo quien tenga competencia para realizar las adecuaciones que sean necesarias tanto a la ley como a la propia constitución. Atento a lo anterior, al no advertir motivo que justifique su petición, se desecha de plano la solicitud de la defensa, conforme a lo establecido en el citado artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos." Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, aceptó al rendir su informe previo, la existencia del acto que se le reclama. Por tanto, deberá tenerse como cierto el acto reclamado para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. Cuarto. Efectos para los que se solicita la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, para los siguientes efectos: "Solicito la suspensión del acto reclamado de conformidad con los artículos 125, 126, 127, 128, 129, 158 y 162 de la Ley de Amparo, ya que su concesión no causa perjuicio al interés público, tampoco es contraria al interés moral o al derecho. Lo anterior con efectos restitutorios provisionales, por la llamada figura de tutela provisional anticipada, independientemente que el artículo 128 ya citado establece que no pueden concederse suspensiones a las medidas cautelares concedidas por la autoridad judicial, mas, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, nuestro Máximo Tribunal estableció que pueden existir excepciones a esta regla. Además, porque existe la figura de la apariencia del buen derecho, porque existe la posibilidad que la sentencia que en su momento se emita en este asunto resulte favorable para la quejosa." Por tanto, una vez precisado el reclamado y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Quinto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación. Sexto. Concesión de la suspensión. En relación al acto reclamado consistente en el proveído que desechó de plano la solicitud de la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada a la quejosa, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, a fin de evitarle un daño irreparable en las etapas del juicio se concede, la suspensión definitiva solicitada, por los siguientes motivos. En la especie, se actualiza el supuesto de apariencia del buen derecho, atento a que se advierte que el quejoso reclama que se le impuso la prisión preventiva oficiosa, con motivo de la causa penal que se sigue en su contra, medida cautelar respecto de la cual, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que, sin suponer la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, en acato a la obligación de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la Constitución, permite conceder la suspensión provisional como una tutela anticipada. Al respecto es importante señalar que al resolver la referida contradicción de criterios (40/2023), el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció, entre otras cosas, lo siguiente: "99. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y garantista. 100. Ahora bien, es pertinente resaltar que la disidencia interpretativa que atañe a la presente ejecutoria tiene su génesis ante los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-. 101. En las mencionadas sentencias interamericanas, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que textualmente se estableció: [.] 102. De lo anterior puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal. [.] 198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma. 199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado. [.] 205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios 36/2023, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo. [.] 218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-. 219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares. [.] 222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios 293/2021, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto. 223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. 224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico." De la anterior ejecutoria, derivó la tesis de jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." De lo expuesto, se concluye que conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) en comento, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estableció que se puede conceder la medida suspensional provisional y obtener una tutela anticipada, por lo que se acredita la apariencia del buen derecho a que hace alusión la quejosa. Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, es factible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo, puesto que mientras dura el juicio de amparo de no señalarse una diversa medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada, se le causarían daños y perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, aunado a que es jurídica y materialmente posible restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XVII. J/24 K (10a.), emitida por Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Previo pronunciamiento respecto a los efectos de la suspensión cabe tener en cuenta que la provisional fue otorgada a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1) Dejará sin efectos la determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida dentro de la causa penal 367/2023, del índice de la responsable, y en su lugar emitiera otra, en la que proveyera sobre la solicitud de audiencia para revisión de modificación de medida cautelar y con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, señalara fecha para la celebración de una audiencia, con intervención de las partes, para la revisión de las medidas cautelares. 2) En la misma audiencia prescindiera de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, procediera al debate de imposición de diversa medida cautelar, conforme a lo señalado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México. Bajo ese contexto, del oficio recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se advierte que la autoridad de referencia el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, indicó que en acato a la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, previo contradictorio entre las partes determinó modificar la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, y en su lugar, se impusieron las medidas previstas en el numeral 155, fracciones I, V y VI de dicho ordenamiento legal. En tales circunstancias, el juez responsable consideró imponer a ********************, las medidas cautelares previstas en el artículo 155 fracciones I, V y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: I) Presentación periódica ante el Centro de Justicia. V) La prohibición de salir sin autorización del estado, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI) El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Como se puede observar, el juez responsable proveyó al dar cumplimiento a la suspensión provisional decretada por este órgano jurisdiccional impuso a ********************, las medidas cautelares previstas en el artículo 155 fracciones I, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que en caso de que se solicite la modificación de las medidas cautelares concedidas por el juez responsable en audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, previstas en el artículo 155 fracciones I, V y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, e impuestas a la quejosa, no se imponga la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal, sin perjuicio de que de acreditarse el supuesto de procedencia se imponga la prisión preventiva justificada. Requisitos de efectividad. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se concede a ******************** la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.

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