Jasmin Roman de Alejandro

Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
384/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Jasmin Roman de Alejandro
  • Khaled Fadi Khaled Abbas Roman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apareciendo que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja contra el proveído donde se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. Se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene a la promovente , en atención al requerimiento formulado el diez del mes y año en curso, manifestando que en la carpeta judicial ...., se llevó a cabo audiencia en la que se decretó la suspensión condicional del procedimiento; actuación, en que, según su dicho, el Agente del Ministerio Público y el Asesor jurídico de la víctima, fueron omisos en realizar manifestaciones tendentes a que subsistieran las medidas cautelares señaladas el dieciocho de enero de dos mil veinte (auto de vinculación a proceso, impuestas por el Juez de Control y de Juicio Oral con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Asimismo, refiere que, solicitó a la citada autoridad judicial se incluyeran diversas medidas; sin embargo, en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, negó tal petición (acto reclamado); circunstancias de las que este juzgado se da por enterado. Así las cosas, una vez analizado el escrito inicial, así como los diversos aclaratorios, se considera viable el DESECHAMIENTO DE PLANO, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. ... ... En ese contexto, es preciso señalar que, del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa acude a solicitar la protección de la justicia federal, señalando como acto reclamado: "ACTOS RECLAMADOS: auto de fecha 18 de junio del 2021, con relación a la audiencia de fecha 9 de septiembre del 2020, derivado de la carpeta judicial ...por hechos constitutivos del delito de VIOLENCIA FAMILIAR en contra de ...., notificado el día 21 de junio del 2021, por conducto de la unidad de medios de comunicación del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, en el cual existe la omisión para respetar lo emitido por el Juez de Control y de Juicio Oral con residencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León bajo el acta de audiencia de fecha 18 de enero del 2020 en la cual se le vinculó a proceso así como también se le decretaron medidas cautelares con relación al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones VII y VIII que a la letra dicen lo siguiente: VII) La prohibición de concurrir o acercarse a los domicilios de la víctima y su menor hijo o los lugares en que se encuentren y VII) La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y su menor hijo , donde omiten reparar el daño para tener una salida alterna imponerlas para el menor ...." En esa tesitura, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima, destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que, antes de promover la acción constitucional, la parte quejosa tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad, basta que se omita promover tal recurso. ... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Así las cosas, debe establecerse que del estudio integral del escrito inicial y diversos aclaratorios, se aprecia que la aquí quejosa se duele de lo resuelto por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, mediante determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que resolvió: "Por tal motivo, no es posible proveer de conformidad la petición de la asesora jurídica, en cuanto a que se acuerde la petición de la víctima, respecto a se agreguen a las medidas cautelares impuestas el nombre de su menor hijo, esto en cuanto a que no conviva ni se acerque al domicilio del ahora imputado; toda vez que esa condición no le fue impuesta el imputado como obligación dentro de la suspensión condicional concedida en fecha 09 de septiembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los artículos 50 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." (fojas 10 y 11). En el caso, se advierte que la parte quejosa tenía la carga procesal, previo a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el recurso de revocación, de conformidad con lo previsto en los artículos 456, 457, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, de tales preceptos se advierte que las resoluciones judiciales, entendiendo por éstas las emitidas oralmente o por escrito, podrán ser impugnadas en los términos y casos previstos expresamente, a través del recurso de apelación y revocación, según corresponda. Ahora, el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas procesales en las que intervenga una autoridad judicial, tratándose de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; además, si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita, para lo cual, el órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. Cabe precisar que el recurso de revocación, es un medio de impugnación de tipo horizontal, concedido a los gobernados que se estimen afectados en su esfera jurídica por un acto judicial determinado; que se debe interponer ante la autoridad que emitió el acto a fin de que sea ella misma quien proceda a la revisión del acuerdo cuestionado, así como que en caso de que se encuentre demostrada su ilegalidad a partir del estudio de los agravios esgrimidos por el inconforme, proceda a su anulación o modificación. EL referido medio de impugnación parte del presupuesto de que ningún Juez o tribunal puede revocar sus propias determinaciones; de ahí que sólo con el impulso procesal de la parte afectada el órgano jurisdiccional puede revisar cierto tipo de resoluciones. Pues, existen los elementos de procedencia para el recurso de revocación; y se actualizan en cualquier etapa del procedimiento penal cuando: Se trate de resoluciones de mero trámite. 2. Que dichas resoluciones se resuelvan sin sustanciación. El objeto del recurso de revocación no es atacar el fondo del asunto, sino resolver cuestiones de mero trámite, que se refiere a determinaciones en las que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio a conciencia propia de una resolución y no de un acuerdo. ... Tomando en consideración los anteriores parámetros, se advierte que la determinación dictada el dieciocho de junio del presente año, dentro de la carpeta judicial ...., no se resolvió el fondo del asunto, ni se puso término al procedimiento y la emisión del acto reclamado no requirió substanciación y se pronunció a manera de auto. Bajo ese contexto, es inconcuso que en contra de la determinación reclamada que nos ocupa, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código de Nacional Procedimientos Penales, que rige el procedimiento de donde emana el aludido acto reclamado. Pues el acto que acude a reclamar la impetrante, a través de este juicio de amparo, debió impugnarse a través del citado recurso de revocación; en la medida en que se advierte que la determinación reclamada es mero trámite, al no implicar el análisis de fondo del asunto, ni poner fin al mismo, y dicho recurso constituye un medio ordinario de defensa previsto por la legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se pretende impugnar. De tal manera, que se hace patente que la promovente de amparo no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; pues se insiste previamente a ello debió interponer el recurso de revocación en contra de la determinación de dieciocho de junio de esta anualidad. Por tanto, tomando en consideración los razonamientos expuestos en la presente sentencia, se concluye que, ante la omisión de la parte quejosa de combatir a través del recurso ordinario correspondiente (recurso de revocación), la resolución que se impugna, ello hace patente la actualización de la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y como consecuencia, debe desecharse el presente juicio. ... En la inteligencia que el acto reclamado no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, establecidas en la ley de amparo; a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo. Puesto que la determinación reclamada no encuadra en ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo. Además, dicho acto tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso; ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto ni el acto reclamado afecta o trasciende en la situación que impera sobre el quejoso por cuanto a su libertad personal se refiere, y no versa de manera directa sobre la sentencia definitiva dictada en el proceso penal. Tampoco la promovente del juicio resulta ser extraña al procedimiento de donde emana la resolución que se pretende reclamar en esta vía; y la procedencia del medio de defensa está debidamente determinado sin estar sujeto a interpretación adicional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA a la parte quejosa Jasmin Roman de Alejandro, en representación del menor de iniciales K.F.K.A.R., el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... Visto lo de cuenta, se tiene a la promovente , en atención al requerimiento formulado el diez del mes y año en curso, manifestando que en la carpeta judicial ...., se llevó a cabo audiencia en la que se decretó la suspensión condicional del procedimiento; actuación, en que, según su dicho, el Agente del Ministerio Público y el Asesor jurídico de la víctima, fueron omisos en realizar manifestaciones tendentes a que subsistieran las medidas cautelares señaladas el dieciocho de enero de dos mil veinte (auto de vinculación a proceso, impuestas por el Juez de Control y de Juicio Oral con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Asimismo, refiere que, solicitó a la citada autoridad judicial se incluyeran diversas medidas; sin embargo, en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, negó tal petición (acto reclamado); circunstancias de las que este juzgado se da por enterado. Así las cosas, una vez analizado el escrito inicial, así como los diversos aclaratorios, se considera viable el DESECHAMIENTO DE PLANO, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. ... ... En ese contexto, es preciso señalar que, del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa acude a solicitar la protección de la justicia federal, señalando como acto reclamado: "ACTOS RECLAMADOS: auto de fecha 18 de junio del 2021, con relación a la audiencia de fecha 9 de septiembre del 2020, derivado de la carpeta judicial ...por hechos constitutivos del delito de VIOLENCIA FAMILIAR en contra de ...., notificado el día 21 de junio del 2021, por conducto de la unidad de medios de comunicación del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, en el cual existe la omisión para respetar lo emitido por el Juez de Control y de Juicio Oral con residencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León bajo el acta de audiencia de fecha 18 de enero del 2020 en la cual se le vinculó a proceso así como también se le decretaron medidas cautelares con relación al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones VII y VIII que a la letra dicen lo siguiente: VII) La prohibición de concurrir o acercarse a los domicilios de la víctima y su menor hijo o los lugares en que se encuentren y VII) La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y su menor hijo , donde omiten reparar el daño para tener una salida alterna imponerlas para el menor ...." En esa tesitura, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima, destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que, antes de promover la acción constitucional, la parte quejosa tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad, basta que se omita promover tal recurso. ... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Así las cosas, debe establecerse que del estudio integral del escrito inicial y diversos aclaratorios, se aprecia que la aquí quejosa se duele de lo resuelto por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, mediante determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que resolvió: "Por tal motivo, no es posible proveer de conformidad la petición de la asesora jurídica, en cuanto a que se acuerde la petición de la víctima, respecto a se agreguen a las medidas cautelares impuestas el nombre de su menor hijo, esto en cuanto a que no conviva ni se acerque al domicilio del ahora imputado; toda vez que esa condición no le fue impuesta el imputado como obligación dentro de la suspensión condicional concedida en fecha 09 de septiembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los artículos 50 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." (fojas 10 y 11). En el caso, se advierte que la parte quejosa tenía la carga procesal, previo a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el recurso de revocación, de conformidad con lo previsto en los artículos 456, 457, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, de tales preceptos se advierte que las resoluciones judiciales, entendiendo por éstas las emitidas oralmente o por escrito, podrán ser impugnadas en los términos y casos previstos expresamente, a través del recurso de apelación y revocación, según corresponda. Ahora, el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas procesales en las que intervenga una autoridad judicial, tratándose de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; además, si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita, para lo cual, el órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. Cabe precisar que el recurso de revocación, es un medio de impugnación de tipo horizontal, concedido a los gobernados que se estimen afectados en su esfera jurídica por un acto judicial determinado; que se debe interponer ante la autoridad que emitió el acto a fin de que sea ella misma quien proceda a la revisión del acuerdo cuestionado, así como que en caso de que se encuentre demostrada su ilegalidad a partir del estudio de los agravios esgrimidos por el inconforme, proceda a su anulación o modificación. EL referido medio de impugnación parte del presupuesto de que ningún Juez o tribunal puede revocar sus propias determinaciones; de ahí que sólo con el impulso procesal de la parte afectada el órgano jurisdiccional puede revisar cierto tipo de resoluciones. Pues, existen los elementos de procedencia para el recurso de revocación; y se actualizan en cualquier etapa del procedimiento penal cuando: Se trate de resoluciones de mero trámite. 2. Que dichas resoluciones se resuelvan sin sustanciación. El objeto del recurso de revocación no es atacar el fondo del asunto, sino resolver cuestiones de mero trámite, que se refiere a determinaciones en las que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio a conciencia propia de una resolución y no de un acuerdo. ... Tomando en consideración los anteriores parámetros, se advierte que la determinación dictada el dieciocho de junio del presente año, dentro de la carpeta judicial ...., no se resolvió el fondo del asunto, ni se puso término al procedimiento y la emisión del acto reclamado no requirió substanciación y se pronunció a manera de auto. Bajo ese contexto, es inconcuso que en contra de la determinación reclamada que nos ocupa, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código de Nacional Procedimientos Penales, que rige el procedimiento de donde emana el aludido acto reclamado. Pues el acto que acude a reclamar la impetrante, a través de este juicio de amparo, debió impugnarse a través del citado recurso de revocación; en la medida en que se advierte que la determinación reclamada es mero trámite, al no implicar el análisis de fondo del asunto, ni poner fin al mismo, y dicho recurso constituye un medio ordinario de defensa previsto por la legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se pretende impugnar. De tal manera, que se hace patente que la promovente de amparo no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; pues se insiste previamente a ello debió interponer el recurso de revocación en contra de la determinación de dieciocho de junio de esta anualidad. Por tanto, tomando en consideración los razonamientos expuestos en la presente sentencia, se concluye que, ante la omisión de la parte quejosa de combatir a través del recurso ordinario correspondiente (recurso de revocación), la resolución que se impugna, ello hace patente la actualización de la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y como consecuencia, debe desecharse el presente juicio. ... En la inteligencia que el acto reclamado no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, establecidas en la ley de amparo; a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo. Puesto que la determinación reclamada no encuadra en ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo. Además, dicho acto tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso; ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto ni el acto reclamado afecta o trasciende en la situación que impera sobre el quejoso por cuanto a su libertad personal se refiere, y no versa de manera directa sobre la sentencia definitiva dictada en el proceso penal. Tampoco la promovente del juicio resulta ser extraña al procedimiento de donde emana la resolución que se pretende reclamar en esta vía; y la procedencia del medio de defensa está debidamente determinado sin estar sujeto a interpretación adicional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....

  4. Principal

    Se tiene a ... pretendiendo desahogar la vista otorgada en proveído de tres de los actuales, manifestando en lo que aquí interesa bajo protesta de decir verdad ... Una vez analizado el ocurso de trato, se aprecia que la promovente no cumple con la prevención efectuada en el auto aclaratorio antes mencionado, sumado a derivan diversas discrepancias. No es posible tener a la promovente dando cumplimiento a la prevención realizada el tres de los actuales; requiérase de nueva cuenta, para que bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD dé cumplimiento de manera integral; en la inteligencia, que continúa transcurriendo el término concedido con el apercibimiento ahí descrito.

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