Jasibi Carimi Mosri Ramírez
Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jasibi Carimi Mosri Ramírez
- Claudia Perichart Argumosa
Actuaciones
- Principal
IX.... Vista la certificación que antecede se advierte que feneció el plazo que prevé el artículo 86 con relación al 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la determinación de mérito ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.
- Principal
IX... Téngase recibido el oficio enviado por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de laudo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós en el juicio laboral de origen con la cual el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional. Ahora bien, dicha figura prevé dos hipótesis de cesación de efectos a saber: por revocación, y b) por sustitución. El primer supuesto ocurre cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en este amparo, ya que la omisión que reclama la parte quejosa de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, ha dejado de existir, pues de la constancia que remitió la responsable, a la que se concede pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que el catorce de octubre de dos mil veintidós, emitió el laudo en el juicio laboral J.4BIS/624/2019. En ese tenor, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse dictado el referido laudo, se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Como consecuencia de dicha determinación, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación y, por ende, el fondo de la litis constitucional planteada. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Sin que sea óbice que la parte tercera interesada no haya sido emplazada, pues si bien de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste ese carácter a la contraparte de la parte quejosa cuando el acto reclamado emane de una controversia del orden judicial, lo cierto es, que en el particular la subsistencia del acto reclamado no repercute de manera alguna sobre los derechos del demandado, por lo que, en nada afecta su esfera jurídica y, por tanto, su llamado a la instancia constitucional retardaría injustificadamente la resolución de la controversia de amparo. Finalmente, se tiene a la autoridad señalando correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
- Principal
IX... Se admite a trámite la demanda de amparo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Requiérase a las partes para que en el momento de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano federal. Se apercibe a la impetrante que en caso de que las autoridades que indica no puedan ser notificadas con la denominación que refiere, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Dése la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se fija día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.
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