Jarol Estivenson Moncada Martinez
Expediente 1329/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jarol Estivenson Moncada Martinez
- Josué Gerardo Hernández Amaya
- Louis Jeune Changlas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy, sin que sea posible celebrarla, ya que se encuentra trascurriendo el plazo de quince días otorgado a las autoridades responsables Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Titular del Área Jurídica de la citada comisión, ambas con residencia en esta ciudad, en auto de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 16 a 26), para que rindan su respectivo informe justificado; el cual les fue notificado en seis del presente mes y año, según acuse de recibo que obra en autos (foja 34). Atento a lo anterior, se fijan nuevamente las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, pretende promover "incidente de desacato a suspensión", contra la suspensión provisional dictada en treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (fojas 15 a 29). Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer de conformidad con su petición, en virtud que el incidente que promueve no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, por lo tanto, este órgano de control constitucional, se encuentra impedido a realizar el trámite respectivo, tomando como base que el cumplimiento a la suspensión está regulado mediante dos sistemas, el que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental, y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. El primero de los citados sistemas se encuentra previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento" El precepto legal transcrito dispone que para hacer efectiva la medida suspensional se debe observar el Título Quinto denominado "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos", de la Ley de Amparo, que consagra los medios que el legislador proporcionó al órgano judicial para lograr la eficacia de sus resoluciones tales como las ejecutorias que conceden la protección de la Justicia Federal así como las resoluciones suspensionales; dichos medios consisten en: multa, expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia, auxilio de la fuerza pública, así como la puesta del infractor a disposición del Ministerio Público de la Federación. Bajo esa tónica, el segundo sistema, que es el que nos ocupa, se encuentra regulado en el Título Tercero, capítulo V denominado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión" de la Ley de Amparo, conformado por los numerales 206 al 209 los cuales desarrollan dicha incidencia en los términos siguientes: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Conforme al primer precepto legal transcrito, en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, se podrá promover el incidente que se resuelve, entre otros supuestos, por el incumplimiento de la suspensión decretada por el Juzgador Constitucional. Asimismo, el incidente que nos ocupa se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, tratándose del amparo biinstancial y ante el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito si la medida cautelar fue concedida en el amparo directo. La incidencia en cuestión se tramitará por escrito con copias para las partes, ofreciendo las pruebas relativas; el órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de los diez días y requerirá a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días rinda su informe, en la inteligencia de que la falta o deficiencia del mismo presumirá cierta la conducta reclamada; finalmente, en la audiencia se recibirán las pruebas ofertadas, se concederá la oportunidad a las partes para que aleguen oralmente lo que consideren pertinente y se dictará la resolución. Si resulta que la autoridad responsable no ha cumplido la suspensión o, en su caso, lo ha hecho de manera excesiva, defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza insuficiente, se le requerirá para que en el plazo de veinticuatro horas cumpla la suspensión adecuadamente, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Fiscal Ejecutivo Titular. Pues bien, de lo relatado se destacan las siguientes características del incidente que nos ocupa: a) No es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público; b) Es represivo en la medida que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; y, c) Ante la violación de la suspensión, el Juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración. Ello se explica en la tesis I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos mil quince, tomo III, con registro digital 2009071, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión). De lo expuesto es dable concluir que los sistemas previstos en la Ley de Amparo, para el cumplimiento de la suspensión, participan del objetivo común concerniente de modo primordial al acatamiento de dicha medida cautelar, con independencia de la sanción mediata que pueda ser imputable a las autoridades que sean contumaces en la consecución de dicho cometido. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión otorgada por el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no incumplimiento de la suspensión decretada por este juzgado como lo sostiene la parte quejosa, y se proceda conforme al artículo 209 de la Ley de Amparo, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 125, 136 y 139 del ordenamiento legal en cita que establecen lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de plano, provisional o definitiva, surge a partir de que se notifica la determinación correspondiente, por lo que es a partir de ese momento que deben realizar todas las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que fue otorgada dicha medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronunció la resolución correspondiente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es mantener viva la materia del acto reclamado. Así, en términos generales, para determinar el incumplimiento por parte de las autoridades responsables, se debe partir del acreditamiento de los siguientes supuestos: a) Que la medida cautelar se haya concedido por órgano competente. b) Que la resolución donde se otorgó y decidió surtió efectos, es decir, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y c) Que con fecha posterior al conocimiento del otorgamiento de la medida suspensional, la autoridad responsable haya inobservado o desacato la misma; es decir, si aquélla ordena paralizar el acto reclamado, las autoridades responsables la ejecutaron o, en su caso, si les ordena la realización de actos positivos, las autoridades se abstienen de llevar a cabo tales acciones. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis que se aplica por analogía, a instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, página seiscientos ochenta, con registro digital 212419, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." En ese sentido, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a las pruebas que ofrece en dicho escrito, pues éstas versan sobre el incidente en comento. Por otra parte, no ha lugar a dar vista a la Fiscalía General de la República, por las razones expuestas con antelación; máxime que la promovente, no demostró el impedimento que tiene para formular por sí misma la denuncia ante la autoridad competente, en términos de los artículos 21 y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Carta Magna. Por lo tanto, se dejan a salvo sus derechos para que promueva lo que considere ante la autoridad que corresponda. Sin que sea el caso, solicitar a las autoridades responsables, el cumplimiento de la suspensión provisional, toda vez que en diez de noviembre del año en curso (foja 45 a 58), se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. Notifíquese
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, pretende promover "incidente de incumplimiento de plano", contra la suspensión dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (fojas 15 a 29). Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer de conformidad con su petición, en virtud que el incidente que promueve no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, por lo tanto, este órgano de control constitucional, se encuentra impedido a realizar el trámite respectivo, tomando como base que el cumplimiento a la suspensión está regulado mediante dos sistemas, el que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental, y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. El primero de los citados sistemas se encuentra previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento" El precepto legal transcrito dispone que para hacer efectiva la medida suspensional se debe observar el Título Quinto denominado "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos", de la Ley de Amparo, que consagra los medios que el legislador proporcionó al órgano judicial para lograr la eficacia de sus resoluciones tales como las ejecutorias que conceden la protección de la Justicia Federal así como las resoluciones suspensionales; dichos medios consisten en: multa, expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia, auxilio de la fuerza pública, así como la puesta del infractor a disposición del Ministerio Público de la Federación. Bajo esa tónica, el segundo sistema, que es el que nos ocupa, se encuentra regulado en el Título Tercero, capítulo V denominado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión" de la Ley de Amparo, conformado por los numerales 206 al 209 los cuales desarrollan dicha incidencia en los términos siguientes: (..)." Conforme al primer precepto legal transcrito, en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, se podrá promover el incidente que se resuelve, entre otros supuestos, por el incumplimiento de la suspensión decretada por el Juzgador Constitucional. Asimismo, el incidente que nos ocupa se promoverá ante el órgano judicial unitario, tratándose del amparo biinstancial y ante el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito si la medida cautelar fue concedida en el amparo directo. La incidencia en cuestión se tramitará por escrito con copias para las partes, ofreciendo las pruebas relativas; el órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de los diez días y requerirá a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días rinda su informe, en la inteligencia de que la falta o deficiencia del mismo presumirá cierta la conducta reclamada; finalmente, en la audiencia se recibirán las pruebas ofertadas, se concederá la oportunidad a las partes para que aleguen oralmente lo que consideren pertinente y se dictará la resolución. Si resulta que la autoridad responsable no ha cumplido la suspensión o, en su caso, lo ha hecho de manera excesiva, defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza insuficiente, se le requerirá para que en el plazo de veinticuatro horas cumpla la suspensión adecuadamente, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Fiscal Ejecutivo Titular. Pues bien, de lo relatado se destacan las siguientes características del incidente que nos ocupa: a) No es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público; b) Es represivo en la medida que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; y, c) Ante la violación de la suspensión, el Juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración. Ello se explica en la tesis I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos mil quince, tomo III, con registro digital 2009071, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión). De lo expuesto es dable concluir que los sistemas previstos en la Ley de Amparo, para el cumplimiento de la suspensión, participan del objetivo común concerniente de modo primordial al acatamiento de dicha medida cautelar, con independencia de la sanción mediata que pueda ser imputable a las autoridades que sean contumaces en la consecución de dicho cometido. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión otorgada por el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no incumplimiento de la suspensión decretada por este juzgado como lo sostiene la parte quejosa, y se proceda conforme al artículo 209 de la Ley de Amparo, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 125, 136 y 139 del ordenamiento legal en cita que establecen lo siguiente: (...)". Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de plano, provisional o definitiva, surge a partir de que se notifica la determinación correspondiente, por lo que es a partir de ese momento que deben realizar todas las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que fue otorgada dicha medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronunció la resolución correspondiente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es mantener viva la materia del acto reclamado. Así, en términos generales, para determinar el incumplimiento por parte de las autoridades responsables, se debe partir del acreditamiento de los siguientes supuestos: a) Que la medida cautelar se haya concedido por órgano competente. b) Que la resolución donde se otorgó y decidió surtió efectos, es decir, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y c) Que con fecha posterior al conocimiento del otorgamiento de la medida suspensional, la autoridad responsable haya inobservado o desacato la misma; es decir, si aquélla ordena paralizar el acto reclamado, las autoridades responsables la ejecutaron o, en su caso, si les ordena la realización de actos positivos, las autoridades se abstienen de llevar a cabo tales acciones. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis que se aplica por analogía, a instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, página seiscientos ochenta, con registro digital 212419, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. (..)." En ese sentido, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a las pruebas que adjunta a dicho escrito, pues éstas versan sobre el incidente en comento. Por otra parte, no ha lugar a dar vista a la Fiscalía General de la República, por las razones expuestas con antelación; máxime que el promovente, no demostró el impedimento que tiene para formular por sí mismo la denuncia ante la autoridad competente, en términos de los artículos 21 y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Carta Magna. Por lo tanto, se dejan a salvo sus derechos para que promueva lo que considere ante la autoridad que corresponda. Sin que sea el caso, solicitar a las autoridades responsables, el cumplimiento de la suspensión provisional, toda vez que el diez de noviembre del año en curso (foja 45 a 58), se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
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