Jared Sierra Puc

Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
680/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Jared Sierra Puc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III-Agréguese el oficio firmado por la secretaria de Acuerdos de Sala en funciones de juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado; al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la autoridad responsable señalada, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta la citada autoridad responsable. Al respecto, se procede a analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se impone señalar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento, que establece la improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravia a la parte quejosa. Así, tratándose de la omisión de ordenar remitir los autos originales del juicio ordinario civil de investigación a la paternidad, radicado bajo el número 291/2019, a la Segunda Sala Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, los efectos y consecuencias de dicha omisión desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como se verá a continuación. Es de puntualizarse que las documentales que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justiciado, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa reclama del juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de ordenar remitir los autos originales del juicio ordinario civil de investigación a la paternidad, radicado bajo el número 291/2019, a la Segunda Sala Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto, en contra de la sentencia definitiva de nueve de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, al rendir su informe justificado la autoridad responsable, precisó que el veinticinco de agosto del año en curso, emitió un acuerdo en virtud de que los demandados Ricardo Rodríguez Ríos y Rubén Mario Vizcaíno Torres, no contestaron a vista del auto de cuatro de abril del presente año, y se les declaró por perdido su derecho a hacerlo; motivo por el cual, ordenó remitir el expediente original del citado juicio de origen al Tribunal de Segunda Instancia para la substanciación del citado medio de impugnación, tal como consta en el oficio PJ-CJ-JZFCH-3565/2022, donde obra sello de recibido de treinta de agosto de dos mil veintidós, de la Segunda Sala Especializada en materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. De lo anterior se tiene que si la demanda de amparo donde se controvertía el acto omisivo, se presentó el veintidós de agosto del año en curso y el auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, con el que se ordenó remitir el expediente original relativo al juicio ordinario civil de investigación a la paternidad, radicado bajo el número 291/2019 al Tribunal de Segunda Instancia para la substanciación del citado recurso, tal como consta en el oficio PJ-CJ-JZFCH-3565/2022 [que constituye la materia de reclamo en el juicio de amparo en que se actúa]. Esto es, con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por la parte solicitante del amparo a la autoridad responsable, pues éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad del conocimiento había sido omisa en ordenar remitir los autos originales del citado juicio de rigen a la Segunda Sala Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Puntualizando que el presente asunto se resuelve atendiendo al acto reclamado y en vista de los principios de congruencia previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente, como si se hubiera otorgado el amparo precisamente para el efecto de vencer esa abstención. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 184572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, página: 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del ministerio público adscrito a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    III- Agréguese el pedimento 209/2022, presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de que se trata, para ser tomados en consideración al momento de verificarse la audiencia constitucional, en el presente asunto. Por otra parte, una vez que se dicte la sentencia respectiva, le será otorgada la copia que solicita, sin ser necesario que reitere su solicitud, dado que ello se ordenará en la propia resolución que se emita. Notifíquese por lista.

  3. Incidental

    III- R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Jared Sierra Puc, la suspensión definitiva del acto que reclamó a la autoridad responsable, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  4. Principal

    III- Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Jared Sierra Puc, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que reclama del juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se ordena formar expediente; registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 680/2022-III-A; y dar la intervención que compete al fiscal de la federación adscrito, entregándole copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en atención a lo solicitado por el agente del ministerio público de la federación adscrito a este juzgado, con el oficio 71/2022, de veintiocho de junio de dos mi veintidós, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, al referido representante social. En ese sentido, toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el fiscal de la Federación adscrito, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario "Israelcardenas"; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "Israelcardenas", al presente juicio de amparo, a efecto de que el representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión que solicita la parte quejosa. Por otra parte, pídase su informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendirlo por escrito o por medios magnéticos dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, con sustento en el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, se sirva remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas al mismo. Apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rinda su informe correspondiente. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa por la cantidad $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós. Igualmente, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra de acto reclamado, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme a los artículos 25 y 26, del referido Acuerdo General, en relación con el numeral 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Ahora, teniendo en cuenta que constituye un hecho evidente que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales no se realiza en un contexto de "normalidad" y por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector de la labor jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, tomando en consideración la situación de contingencia actual, al inicio precisada, que ha obligado a restringir el acceso a las instalaciones de este juzgado federal, transiten hacia la actuación desde el "Portal de Servicios en Línea" y utilicen oportunamente las herramientas tecnológicas dispuestas para ello, lo anterior para que se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónica y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=54&Exp=2, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Asimismo, toda vez que la parte promovente en su escrito inicial de demanda señaló tercero interesado; por tanto, se reserva proveer lo legalmente conducente, hasta que obre en autos el informe justificado requerido a la autoridad responsable y se advierta si en el caso le reviste tal carácter, para ordenar su emplazamiento a este juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a José Gaspar Ríos Padilla, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese por lista, personalmente al agente del ministerio público adscrito y por oficio a la autoridad correspondiente.

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