Jared Sandoval Guzmán

Expediente 231/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
231/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Jared Sandoval Guzmán

Actuaciones

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 231/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular de este Órgano Jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, autorizado en sesión de once de enero de dos mil veintiuno, notificado mediante oficio CCT/ST/0020/2021 de esa misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular de este Órgano Jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, autorizado en sesión de once de enero de dos mil veintiuno, notificado mediante oficio CCT/ST/0020/2021 de esa misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesado la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la cual en su parte medular dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado ante el Secretario de Guardia de este órgano jurisdiccional el doce de mayo de dos mil veinte, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-29). SEGUNDO. Trámite. Por auto de la misma fecha, se acordó: admitir la demanda de amparo al considerarse un asunto urgente; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 30-35). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 45-46, 130, 204-225, 260-261 y 270). Se ordenó emplazar a los terceros interesados, así como fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 278-279). Emplazados que estuvieron los terceros interesados al presente juicio de amparo (fojas 282 y 283) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día indicados. Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama una orden de traslado proveniente de autoridad administrativa, susceptible de afectar el derecho fundamental de la libertad personal del quejoso, aunque sea de manera provisional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene su ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que consisten en: La orden de traslado y prorroga de jurisdicción emitidas en el proceso penal 125/2020 del índice del Juzgado de Control y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, a fin de que el quejoso sea traslado del lugar de su reclusión en la ciudad de Veracruz, Veracruz, a un diverso lugar, así como la ejecución de dichas órdenes. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a la 1. Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz (fojas 206-261) 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz (licenciado Rafael Agustín Hernández Virués) (fojas 45-46) y, 3. Juez Ejecutor de Sentencia adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz (foja 130) lo anterior en razón de que al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos atribuidos a cada una de ellas. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dichas autoridades responsables, es decir, que éstas hayan ordenado o participado en la emisión de los actos reclamados; se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto hace a los actos atribuidos a las mismas, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 4. Director General de Prevención y Reinserción Social, en Xalapa, Veracruz (fojas 204-225) y al 5. Encargado del Módulo de Prisión Preventiva en Veracruz, Veracruz (fojas 270) en razón de que al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de la orden de traslado y su ejecución reclamadas. Lo que se constata, ya que la primera de las autoridades responsables antes mencionadas remitió en original la determinación de traslado reclamada de veintiocho de abril de dos mil veinte (fojas 226-252) la cual tiene valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. El 4. Director General de Prevención y Reinserción Social, en Xalapa, Veracruz, sostiene se concreta el motivo improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello porque -dice- cesaron los efectos de la orden de traslado emitida por dicha autoridad responsable, precisamente al momento en que la autoridad judicial (Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz -licenciado José Clemente Zorrilla-) calificó como legal y ratificó el traslado del quejoso, es decir, desde el momento en que dicho juzgador convalidó el traslado reclamado a la misma. En el caso, se estima que efectivamente cesaron los efectos de la orden de traslado y su ejecución reclamadas, pero por razones distintas a las mencionadas por la aludida autoridad responsable, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, que permitirán su mejor comprensión: 1). El veintiocho de abril de dos mil veinte, el Director General de Prevención y Reinserción Social, en Xalapa, Veracruz, resolvió: ".PRIMERO. Dado que dicho Módulo Preventivo de setenta y dos horas de Veracruz, Veracruz no reúne las exigencias enmarcadas por diversos documentos internacionales, así como por la Ley Nacional de Ejecución Penal, y tomando en consideración la situación jurídica de las personas privadas de su libertad en el multicitado Módulo, con fundamento en lo previsto por los artículos 14, 15, fracciones IX y XIV, 19, 20, párrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V y VII, así como segundo párrafo, 49, y 52 párrafo primero fracciones II, III y párrafo segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el suscrito en calidad de Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, RESULEVE que es procedente AUTORIZAR el egreso de las siguientes personas, PARA SER TRASLADADOS a los Centros Penitenciarios de: (.) Tuxpan Se anexa información donde se precisa la situación jurídica de las personas privadas de su libertad y destinos: NO. NOMBRE CAUSA PENAL Y/O PROCESO PENAL DELITO JUZGADO CERESO (.) 19 SANDOVAL GUZMÁN JARED 125/2020 ROBO AGRAVADO JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL SALA "E" DE VERACRUZ TUXPAN SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución administrativa al Subdirector de Custodia Penitenciaria de esta Dirección General a fin de que se avoque a los respectivos traslados, respetando en todo momento los derechos humanos de los PPL´s durante estos actos jurídicos; a los CC. Directores o Encargados de los Centros de Reinserción Social correspondientes; a las Autoridades Judiciales competentes; así como a las personas privadas de su libertad al culminarse la realización del movimiento, ello en atención a la urgencia, complejidad y como medida de seguridad para la salvaguarda del traslado en comento." (fojas 226-252). 2). Dicha determinación fue comunicada al Juez del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Sala "E" del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, mediante oficio SSP-DGPRS/DJ/4747/2020, de veintinueve de abril de dos mil veinte (fojas 253-254). 3). Luego, mediante oficio 273/2020, de treinta de abril de dos mil veinte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, hizo del conocimiento del Director General de Prevención y Reinserción Social, que calificó de legal y ratificó el traslado efectuado respecto del imputado Jared Sandoval Guzmán y otros (foja 255). 4). No obstante lo anterior, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el imputado aquí quejoso Jared Sandoval Guzmán obtuvo su libertad personal del Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz al que había sido trasladado, esto por orden del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral XVII del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, al obtener el beneficio de la suspensión condicional del proceso en los autos de la causa penal 125/2020-E que se le sigue por el delito de robo agravado; según se observa de la boleta de libertad respectiva, misma que fue firmada por el imputado (foja 272). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos el 5. Encargado del Módulo de Prisión Preventiva en Veracruz, Veracruz, se desprende que treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el imputado aquí quejoso obtuvo su libertad personal del Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz al que había sido trasladado, al haberse acogido a la suspensión condicional del proceso en la causa penal 125/2020-E que se le sigue por el delito de robo agravado; según se aprecia de la boleta de libertad respectiva (foja 272). Como se observa, la libertad personal del quejoso ordenada por la autoridad judicial se traduce en un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado al Director General de Prevención y Reinserción Social, en la medida que con dicha determinación judicial fue sustituida la orden de traslado administrativa inicialmente reclamada. Además, se observa que la determinación de poner en libertad al imputado le fue debidamente notificada por la autoridad penitenciaria, como se desprende del apartado inserto en la boleta de libertad "INTERNO LIBERADO" en el que enseguida aparece el nombre del imputado seguido de su firma (fojas 272) la cual coincide con los rasgos caligráficos de la firma que calza la demanda de amparo con que se formó este expediente (foja 29). Luego, si la parte quejosa conoció la determinación judicial (orden de libertad por suspensión condicional del procedimiento) que sustituyó la orden de traslado administrativa emitida por la autoridad responsable; por ende, es claro que cesaron los efectos de dicho acto y su ejecución, al haber desaparecido en su totalidad los mismos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia se originó con anterioridad a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades responsables 4. Director General de Prevención y Reinserción Social, en Xalapa, Veracruz y 5. Encargado del Módulo de Prisión Preventiva en Veracruz, Veracruz. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jared Sandoval Guzmán, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la diligencia de emplazamiento de cuatro de noviembre del año en curso, realizada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, se tiene por emplazada a la parte tercero interesada Super Smart de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado legal Alfredo Espejo Barradas. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Urano, número doscientos ochenta y ocho-doscientos noventa y cuatro, fraccionamiento Jardines de Virgina, en esta ciudad; por lo que hágase del conocimiento de la aludida parte, que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a las personas buscadas, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, las notificaciones se practicarán por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.

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