Jared Esquivel Morales

Expediente 190/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
190/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Jared Esquivel Morales
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 14282/2022 y 14283/2022, por el cual se notificó a las autoridades responsables foráneas el auto que decretó el sobreseimiento dictado en este expediente, puesto que al haberse sobreseído el presente juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables conforme a lo dispuesto el artículo 87 de la ley de la materia. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214). Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EL CAUL DETERMINÓ: lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de mayo de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, se encuentra programada para el día hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende y Segundo Secretario de Acuerdos adscrito al órgano jurisdiccional, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificadas del auto admisorio de tres de marzo del año en curso, como se desprende de los acuses de recibo de los oficios 5545/2022 y 5546/2022, de las que se aprecia que se les notificó el quince de marzo de este año, por lo que ya feneció el plazo de quince días que se les otorgó para tal efecto. En esa tesitura, y toda vez que resulta necesario contar con las constancias relativas al acto reclamado y demás actuaciones relacionadas para resolver conforme a derecho el presente sumario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remitan a este órgano de control constitucional copia certificada de las actuaciones relativas a la designación del perito tercero en discordia, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 20/2020-II, solicitado por el ahora quejoso. Apercibidos que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de la materia y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo1, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio2. Así lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 17/97, que establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino ????????????? que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo V, Febrero de 1997, página 108). Por tanto, para dar margen a ello, procede diferir la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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