Jared Ceos Bejar Sánchez

Expediente 1223/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1223/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Jared Ceos Bejar Sánchez
  • Titular encargado (a) de la Estación Migratoria, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio enviados por el Sub representante Local en Los Algodones, Baja California, en suplencia por ausencia del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que el doce de agosto de dos mil veintidós, se otorgó al quejoso Jared Ceos Bejar Sánchez, documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con el cual fue puesto en completa libertad, remitiendo para tal efecto copia certificada de dicha constancia. Sin que proceda realizar pronunciamiento respecto a la designación de delegados y señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que en auto de once de agosto del año en curso, se proveyó lo propio. -Cesación de efectos- Ahora bien, al realizar un examen acucioso de las referidas constancias y al estar completas, por ende, suficientes para su estudio, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el precepto 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, que se invoca de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, la contradicción de tesis 26/200-PL, con registro 184572 que derivo la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo asentado en el primer párrafo del presente auto, se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, como ya se dijo, se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: 1.- Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, así como la omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2.- La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra del quejoso. 3.- El traslado del quejoso de una entidad a otra. 4.- La discriminación en contra del quejoso por su origen étnico o nacional, de acuerdo con lo establecido por nuestra carta magna, en su artículo primero constitucional, vulnerándoseles los derechos humanos reconocidos por la misma." Sin embargo, se advierte que el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas al quejoso Jared Ceos Bejar Sánchez, lo anterior, hasta en tanto regularizara su situación migratoria, en el que además se hace constar que se recibió su pasaporte, para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dicho documento. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Por lo que, si a la parte quejosa se le otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, abandonó las instalaciones en la que se encontraba alojado y se le entregó su pasaporte, cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además, desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Jared Ceos Bejar Sánchez. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Enrique Alberto Gutiérrez García, perito en materia de ingeniería en sistemas electrónicos, mediante el cual, solicita se informe el estatus de los honorarios y viáticos, remitiendo los detalles relativos a los gastos y costos generados por la realización del dictamen pericial presentado en autos. Ahora bien, del anexo que remite consistente en los detalles de los honorarios, se advierte que es omiso en apegarse a los lineamientos del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL QUE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO PERITOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA, en especifico, al artículo 9, fracciones V, VI y VII, los que se citan para mayor comprensión: "Artículo 9. Procedimiento El Solicitante para designar a las peritas o los peritos registrados en la Lista, deberá agotar el siguiente procedimiento: [.] V. El Solicitante informará a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, el monto de los honorarios de la perita o el perito que designe para hacer la previsión de los recursos; para lo cual, la perita o el perito deberá presentar escrito con la precisión del monto de sus honorarios, mismos que deberán estar debidamente justificados, especificando circunstancias de tiempo, modo y lugar, las horas que empleará en la realización del Dictamen pericial y deberá ajustarse al Arancel vigente; VI. El Solicitante revisará que el monto de los honorarios se encuentre debidamente justificado y acorde con el Arancel vigente al momento de que los servicios fueron efectivamente devengados, en su caso, prevendrá a la perita o al perito a efecto de que presente nuevamente el monto de los honorarios, debiendo especificar aquella información o documentación que hiciera falta para brindar el trámite respectivo, para lo cual tendrá quince días naturales; y VII. Realizado el servicio encomendado, se solicitará a la perita o al perito presentar el comprobante fiscal digital y, en su caso, la documentación comprobatoria de los Gastos, a fin de remitirla a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería para el pago correspondiente." En tal razón, este órgano jurisdiccional, hará el pronunciamiento respectivo, hasta en tanto, el perito reúna la documentación exigida en el artículo transcrito, esto es, una vez que acredite de manera objetiva los gastos derivados de la generación del dictamen pericial rendido en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y personalmente al perito.

  3. Incidental

    Mexicali, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios y anexos provenientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California y Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, mediante los cuales, el primero ellos, remite constancias de emplazamiento de la parte demandada, y respecto al segundo, acompaña razón de imposibilidad de emplazamiento, relativas al expediente laboral 841/2021-4A del índice de la responsable, con proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós a través del cual requiere a la parte actora para que proporcione domicilio del demandado. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que, dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo recaído a la constancia de emplazamiento de la parte demandada, así como de la totalidad de las constancias con las que se acrediten las gestiones que se encuentre realizando a fin de acatar en sus términos el fallo protector. Apercibida que de no cumplir dentro del plazo antes señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, en caso de incumplimiento se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. De igual manera, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico; a fin de que por su conducto ordene a la autoridad responsable, para que dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; haciéndole del conocimiento que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada se encuentra obligada a conminar a ésta a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido que incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria dictada, en los mismos términos que su subalterno, lo anterior con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, mediante el cual solicita se amplíe el plazo por quince días más a fin de dar cumplimiento al fallo protector, en relación al expediente laboral 38/2021-IV de su índice. Visto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le otorga a la citada responsable una prórroga de quince (15) días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que cumpla a cabalidad con el fallo protector y remita las constancias que así lo acredite, por lo que se le requiere, a fin de que transcurrido el plazo aludido, informe a éste juzgado lo correspondiente y remita la documentación necesaria para apoyar su afirmación. Apercibida que de no cumplir dentro del plazo antes señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, en caso de incumplimiento se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con el oficio correspondiente. Notifíquese.

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