Jared Arturo Cruz Patiño
Expediente 315/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jared Arturo Cruz Patiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese: por lista las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se provee: con fundamento en lo que disponen los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que el cinco de mayo de dos mil veinte, se decretó la suspensión de oficio en el presente asunto y atento a lo narrado con antelación, se deja sin efectos dicha suspensión y las medidas decretadas en la misma. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; sin embargo, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, inciso a). del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, el expediente en que se actúa es susceptible de depurable. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual, informa a este juzgado federal, que el quejoso fue externado de dicho Centro Penitenciario, el nueve de septiembre del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, Estado de México, y remite las constancias relativas. Lo anterior es así, toda vez que dicha información ya se tuvo por recibida en auto de treinta de octubre del año en curso, y por auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo 315/2020. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En este orden, cabe señalar que los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el quejoso en su calidad de imputado e interno en un centro de reclusión, reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud Federal, Secretaria de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Subsecretaría de Control Penitenciario en el Estado de México, Gobernador Constitucional del Estado de México, Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México y del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, lo siguiente: La omisión de brindar la información suficiente, detallada y transparente en relación al virus denominado coronavirus COVID 19 en lugar donde se encuentra interno. La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico para evitar contagio en el lugar donde se encuentra privado de la libertad. La omisión de tomar las medidas necesarias para poder seguir en contacto con los familiares, notificar el medio para ello, ante la suspensión de visitas al interior del centro de reclusión en donde se encuentra. La omisión de establecer y elaborar un protocolo para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus en el interior del centro penitenciario. La omisión de elaborar acuerdos o convenios con instituciones públicas y/o privadas del sector salud en los ámbitos federal y local a efecto de atender la urgencia derivada del COVID 19 al interior del centro, designando personal médico suficiente que proporcione servicios de salud de manera continua y permanente. Se solicita que con motivo de la interposición del presente juicio de amparo no se imponga ningún castigo y/o medidas de represión al quejoso, consistente en el confinamiento en solitario y/o el cambio de celda y/o dormitorio por parte de las autoridades penitenciarias. La omisión de establecer la medidas de salud suficientes y medidas sanitarias adecuadas, así como el de distribuir cubrebocas, alcohol, y desinfectante en donde se encuentra recluido. Omisiones que, por su naturaleza, violentan la esfera jurídica del quejoso, al poner en riesgo su salud y su vida conforme a lo establecido en el artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .y artículo 15 de la Ley de Amparo con lo que se transgrede el derecho al mínimo vital. La omisión de realizar al quejoso la prueba mediante la cual se descarte que padece la enfermedad covid-19 y en caso de ser positivo, ordenar el tratamiento médico correspondiente de forma urgente en el centro de reclusión en donde se encuentra. La omisión de dar seguimiento correspondiente a la causa que se le instruye, lo que considera vulnera su derecho de la salud y a la libertad. Sin embargo, conforme a las constancias que remitió la propia responsable, Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, se advierten las medidas sanitarias derivadas al COVID-19, así como la atención médica brindada al quejoso durante su reclusión el dicho Centro Penitenciario; pero especialmente que éste obtuvo su libertad el nueve de septiembre de dos mil veinte, toda vez que el Juez de Juicio Oral de Ecatepec, Estado de México, dictó sentencia absolutoria a favor. Razón por la cual se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría emitir una sentencia de amparo que ordenara a las autoridades responsables para que en el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso se le brindara la información suficiente, detallada y transparente en relación al virus denominado coronavirus COVID 19, así como el equipo sanitario específico para evitar contagio, tomando las medidas necesarias para que el quejoso, pudiera seguir en contacto con los familiares; se le practicara el estudio médico correspondiente para verificar si ha contraído dicho virus; y en su momento se resolviera el procedimiento que se le instruye al quejoso, cuando de autos se advierte que dicho asunto fue resuelto, y con motivo de ello se le dictó sentencia absolutoria, lo que implicó que se decretara la libertad del quejoso, y que éste ya no continuara recluido. En razón de lo anterior se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsable para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta del cinco de noviembre de dos mil veinte. Por otra parte y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. De conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes.
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