Jared Albino Soriano Hernández
Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jared Albino Soriano Hernández
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de ocho de febrero del año en curso, transcurrió del diez al dieciséis de los cursantes1, como se desprende de la certificación secretarial previa. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones. Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica);
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente Se recibe la demanda de amparo signada por *, por derecho propio, contra actos de los Jueces de Control en el Sistema Acusatorio Adversarial (sic) y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda Como el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena su digitalización e incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Prevención La lectura integral1 que se hizo a la demanda de amparo, llevó a encontrar irregularidades en la precisión del acto reclamado y las autoridades señaladas como responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. De inicio, en la demanda de amparo, el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ".1.- De las autoridades reclamo la posibilidad de decretar la ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN en contra del suscrito. 2.- de las autoridades reclamo la eventual imposición de la medida cautelar de prisión Preventiva Justificada, dentro de la investigación que se me sigue en las Comisiones creadas por el H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado.". Sin embargo, de los antecedentes de la demanda y conceptos de violación, el quejoso únicamente se refiere a la posible existencia de una orden de aprehensión girada en su contra, sin haber mediado algún otro medio de conducción al proceso, a pesar de que según él no existe la necesidad de cautela. Lo anterior, genera incertidumbre sobre las razones del quejoso para introducir como acto reclamado la eventual imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; porque no se tienen datos para afirmar, en primera, la existencia de un procedimiento penal instruido al quejoso, y, en segunda, que en dicho proceso se hubiera resuelto su situación jurídica dictándole auto de vinculación a proceso y una medida cautelar de prisión preventiva, pues de ser el caso, sería necesario que proporcionara los datos del proceso penal y la autoridad que dictó tales actos. Por lo que se puede afirmar que la real afectación a su esfera jurídica, sería la posible orden de aprehensión dictada en su contra así como su ejecución y como consecuencia de ello, la privación de su libertad. Luego, existe imprecisión respecto de las autoridades que el quejoso señala como responsables, pues a todos los jueces que pretende atribuirles ese carácter, los enuncia por nombre, sin especificar su denominación correcta, completa y actual conforme al organigrama del Poder Judicial del Estado de Puebla, lo cual, impide que esta autoridad cuente con los elementos necesarios para llamarlos en su calidad de autoridades responsables, y con ello, requerirles su respectivo informe justificado. De ahí que, sea necesario que los jueces señalados como responsables, se nombren conforme a su denominación oficial que como autoridades jurisdiccionales les corresponden, máxime que el acto de molestia que llegasen a dictar será conforme a su calidad de autoridad y no como particulares, lo que pudiera parecer al quererlos llamar a juicio por su nombre. Por lo tanto, el quejoso deberá ser específico en la denominación de cada juez. Sin embargo, se le hace la precisión de que la Jueza de Control Mirian Huerta Lechuga adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, informó que las causas tramitadas en esas regiones judiciales no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a todos los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión 544/2020 de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Asimismo, mediante oficio 22328/2021-ADM, de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Juez Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, informó a esta autoridad que tiene acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal del Estado de Puebla, por lo que se encuentra en aptitud, acorde a sus facultades, de rendir los informes previos y justificados correspondientes dentro de los juicios de amparo, en los que sean señalados como autoridades responsables los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución de cualquier región judicial del Estado de Puebla. Por otra parte, resulta impreciso el señalamiento de las autoridades pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Puebla, señaladas de la forma siguiente: ".Fiscal Especializado en combate a la Corrupción JESÚS CASTRO JÁCOME y de todos los Agentes del Ministerio Público adscritos a la referida Fiscalía (.) Asimismo, a todos los Ciudadanos Fiscales de investigación de la propia Fiscalía General del Estado de Puebla...). Es ese sentido, no es posible el señalamiento como se indica en la demanda, pues se realiza de forma genérica, al especificar solo el nombre y denominación correcta de un fiscal; sin embargo, los demás se señalan como "todos los agentes" sin ser preciso en indicar a qué fiscalía se encuentran adscritos, mesa, turno, unidad, o cualquier otro dato que permita identificar a qué autoridad en concreto es a quién se debe emplazar al presente juicio. Luego, el quejoso atribuye la orden de aprehensión dictada, no solo a los jueces indicados, sino también a los fiscales citados, sin embargo, dichas autoridades no cuentan con facultades para emitir una orden de aprehensión como la reclama el quejoso, incluso tampoco tienen la facultad para ejecutarla, pues con base en los artículos 132, fracción III y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo las policías tienen la facultad para realizar las detenciones en los casos autorizados por la constitución; de ahí que, serán los agentes policiales los encargados de ejecutar órdenes de aprehensión y de poner a disposición a las personas detenidas, pues son quienes operativamente llevan las acciones necesarias para materializarlas, sin que los fiscales intervengan en ello. Por consiguiente, el quejoso deberá precisar si pese a lo anterior, desea insistir en que los fiscales sean llamados a juicio o si, es su deseo que únicamente se tenga como autoridad ejecutora al Director General de la Agencia Estatal de Investigación -en su denominación correcta-, pues de conformidad con el artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los agentes estatales de investigación del Estado de Puebla, al mando del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por todo lo anterior, es necesario que el quejoso especifique el acto que pretende reclamar y las autoridades a las cuales desea atribuírselo. Sobre todo, porque la suplencia de la queja no llega al extremo de que esta potestad federal, selecciones los actos y autoridades que deben ser llamados al juicio de amparo con la calidad de responsables ordenadoras y ejecutoras, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional, en términos del artículo 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: *. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV y V, y 114 fracciones I y IV, de la citada legislación, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días al en que surta efectos la notificación de este auto, presente escrito en el cual bajo protesta de decir verdad: I. Manifieste si es su deseo limitar como único acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución, descartando la medida de cautelar de prisión preventiva. II. Indique si desea desistirse de todas las autoridades que señaló con denominaciones incorrectas, y en su lugar, precise si desea que únicamente sean llamados a juicio, en su calidad de ordenadora y ejecutora, en forma respectiva, las siguientes: 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; y, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. En el entendido que es un hecho notorio que la primera autoridad tiene la facultad y los medios necesarios para rendir informes respecto de todas las regiones judiciales del estado, conforme a los antecedentes citados. Por el contrario, indique las denominaciones correctas de cada uno de los jueces señalados como responsables. III. Exprese si desea desistirse de las autoridades señaladas como: "Fiscal Especializado en combate a la Corrupción JESÚS CASTRO JÁCOME y de todos los Agentes del Ministerio Público adscritos a la referida Fiscalía (.) Asimismo, a todos los Ciudadanos Fiscales de investigación de la propia Fiscalía General del Estado de Puebla" pues como se estableció en párrafos precedentes no tienen facultades para emitir órdenes como la reclamada, por lo que de insistir en su señalamiento podría derivar una causal de improcedencia. Conviene indicar al quejoso un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se apercibe al quejoso que de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios a *, porque así lo solicitó el quejoso, además, tienen registrada su cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Mientras que las diversas personas nombradas en la demanda, solo quedan autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues no se encontró registro de su cédula en el mencionado sistema. Además, como lo solicita, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico respecto de los usuarios *" y "*", por así solicitarlo el promovente de forma expresa. En relación a la solicitud para poder ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es necesario precisar que únicamente se autoriza como usuario para oír y recibir notificaciones, el segundo de los mencionados, esto es, "*"; por así solicitarlo de manera expresa; pues, de lo contrario se produciría una duplicidad de notificaciones respecto de una misma actuación procesal, lo cual pudiera incidir en una falta de certeza jurídica en perjuicio del quejoso. No obstante, quedan a salvo sus derechos en caso de que desee señalar un usuario en particular. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En ese sentido, se toma conocimiento de la manifestación expresa del quejoso, respecto a que sus datos personales sean reservados, de ahí que la versión pública de todos los acuerdos tanto del presente cuaderno principal como del incidente de suspensión (de ser el caso) y sentencia, que en su caso se emitan, serán publicados con supresión de los mismos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.
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