Jardin Said Maravilla Rodriguez

Expediente 1276/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1276/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Jardin Said Maravilla Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación practicada por el Secretario del Juzgado, que transcurrió el plazo para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal en el juicio de amparo 1276/2020, por la cual SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de ese derecho, por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido;... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por este medio se notifica al tercero interesado, la sentencia de veintiséis de febrero pasado

  3. Principal

    Por este medio se notifica al quejoso, la sentencia de veintiséis de febrero pasado

  4. Principal

    VISTOS para dictar sentencia constitucional, los autos del juicio de amparo 1276/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, JORDÍN SAID MARAVILLA RODRÍGUEZ, solicitó el amparo y protección constitucional contra la autoridad Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad; por los actos que a continuación se precisan: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: I.- EN LO GENERAL: violación al debido procedimiento de investigación y proceso judicial por falta de defensa adecuada y acceso a la jurisdicción y, por ende, Reclamo violación a los artículo 1°, 14, 16, 17, 20 y 21, todos d ellos de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, materializadas por las graves deficiencias esencialmente de omisión que en mi perjuicio han incurrido, primero el C. Agente Ministerial o Fiscal en su calidad de investigador de delitos ya mencionado y, segundo, el C Juez que, guardando todo tipo de reserva en cuanto a las consideraciones y respeto que me merecen, no se han ceñido a los deberes que la Constitución, los Tratados y las Leyes aplicables les exigen al respeto del Debido Proceso o inherentes garantías para una defensa adecuada de que debo gozar como todo imputado sin excepción. II.- EN ESPECÍFICO: a) Atribuido a las dos anteriores responsables, les reprocho la carencia de efectiva defensa ya que, el día 07 de Octubre del 2019 ante el Ministerio Público y el día 08 de Noviembre de la misma anualidad ante el Juez de Control, l pedí nombrando defensor al LIC. LUIS PONCIANO VÁZQUEZ RIOS sin que me fuera concedida atención alguna. b) El silencio ante mi petición de rendir declaración solicitada el 8 de Noviembre del 2019. c) La omisión hacer comparecer a mis coimputados o simple testigos como realmente lo son. d) La necesaria restitución o ampliación del plazo de investigación que, conforme al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aún resta en mi caso." La parte quejosa señaló como violados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Auto inicial Por auto de treinta de diciembre dos mil diecinueve, previo cumplimiento a prevención, se admitió la demanda a trámite; se registró en el libro de gobierno de este juzgado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Trámite Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito fue notificado (foja 33 reverso), asimismo, durante la secuela procesal se emplazó al tercero interesado Walter Luciano López Elizalde mediante lista publicada en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación el siete de enero de dos mil veinte; y, previos diferimientos por cuestiones de tramite la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracción III de la Constitución Federal, 114 fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado partiendo del criterio de que la demanda debe ser analizada como un todo; así del análisis integral del libelo inicial se aprecia que el acto reclamado a las responsable Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad, en esta vía, consiste sustancialmente en: La omisión de acordar de conformidad su escrito presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, el siete de octubre de dos mil diecinueve. La omisión de acordar de conformidad su escrito presentado ante el Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante cual solicitó se fijara hora para rendir su declaración y esclarecer los hechos expuestos por la parte ofendida y designó como su defensor particular al licenciado Luis Ponciano Vázquez Ríos. La omisión de hacer comparecer a sus coimputados. Cabe apuntar que la parte impetrante, señala como acto reclamado la en su inciso d), La necesaria restitución o ampliación del plazo de investigación que conforme al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos penales aun resta en mi caso; sin embargo esto en realidad constituyen efectos que pretende obtener con el fallo protector, de ahí que no se tendrán como actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Abril de dos mil, con número de registro 192097, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCRERO. Inexistencia de los actos La autoridad responsable Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, al rendir su informe con justificación, negó el acto que se le reclama, consistentes en la omisión de hacer comparecer a los coimputados del aquí quejoso, argumentando que en la causa penal 3188/2019 de origen, con número único de caso 02-2019-07606, si bien es cierto el hecho delictivo que se le atribuye al aquí quejoso fue en carácter de coautor, también lo es que únicamente se instruye la causa penal en cita en contra de JORDÍN SAID MARAVILLA RODRÍGUEZ, pues hasta este momento se desconoce la identidad de diversos coautores, sin que sea óbice que la Fiscalía posteriormente formule imputación en contra de los diversos activos del delito. Negativa que se corrobora con la copia certificada de la causa penal 3188/2019, con número único de caso 02-2019-07606 remitidas por el Juez responsable, así como el registro audiovisual que contiene diversas audiencias; sin que la parte quejosa aportara a este juicio prueba alguna para desvirtuar tal negativa y sin que del contenido de los informes se advierta hayan participado en la violación Constitucional que reclama la quejosa; razón por la cual se tienen por inexistente el acto que se reclama a las citada autoridad responsable. En ese mismo sentido la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, expresamente negó el acto reclamado consistente en la omisión la fiscalía de acordar de conformidad su escrito presentado ante ella, el siete de octubre de dos mil diecinueve, ya que el ocho de octubre de dos mil diecinueve, se acordó de conformidad su petición de revocar al anterior defensor y en su lugar se designó al licenciado Luis Ponciano Vázquez Rios, se le tuvo señalando domicilio procesal y respecto al ofrecimiento de diverso testigo, acordó no había lugar acordar de conformidad por las razones que ahí expuso. Ahora bien, del análisis de las constancias ofrecidas por la responsable a través de su informe justificado y el propio abogado quejoso en su escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, se pone de relieve que efectivamente, por auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se acordó su promoción presentada ante la fiscalía el siete de octubre de dos mil diecinueve. Por ende, es de concluirse que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -que lo fue el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve- no existían las omisiones reclamadas al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, en virtud de haberse acordado su promoción siete de octubre de dos mil diecinueve, el ocho siguiente. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos veintisiete del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que, a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS: Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado La autoridad responsable Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, señaló que es cierto el acto que se les atribuye consistente en la omisión de acordar su promoción presentada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante cual el aquí quejoso solicitó se fijara hora para rendir su declaración y designó como su defensor particular al licenciado Luis Ponciano Vázquez Ríos. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que integran la causa penal 3188/2019, con número único de caso 02-2019-07606, así como registros audiovisuales en "DVD" que contiene diversas audiencias. Instrumentos y documentos que al haberse emitido por el Juez de Control del Partido Judicial de esta ciudad, funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a sus funciones y con motivo de las mismas, además de que en éstas se observa la existencia regular de los sellos, membretes, firmas y rúbricas, que para ese caso previenen las leyes; adquieren el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2°, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Así, la existencia del acto que se reclama a la autoridad responsable está acreditada en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común página 703, de texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por tanto, la existencia de los actos reclamados está acreditada en el juicio de amparo. QUINTO. Causas de Improcedencia Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable hizo valer la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia. De la demanda de amparo se advierte la omisión de proveer sobre la solicitud del quejoso de que se fijara hora para rendir su declaración y con ella esclarecer los hechos expuestos por la parte ofendida, así como la designación del licenciado Luis Ponciano Vázquez Ríos, como su defensor particular, lo cual solicitó mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 3188/2019, con número único de caso 02-2019-07606. No obstante a ello, las autoridades responsables Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, realizaron las siguientes actuaciones dentro de la citada causa penal. 1. Acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinte, en el cual se le tuvo designando al profesionista Luis Ponciano Vázquez Ríos, requiriéndolo para que en el término de tres días compareciera a aceptar el cargo conferido; asimismo se citó a las partes a una audiencia general, programada para el trece de febrero de dos mil veinte, para que rindiera su declaración. 2. Mediante escrito presentado ante la responsable el ocho de enero de dos mil veinte, se tuvo al citado defensor aceptando el cargo conferido. 3.- Audiencia General de trece de febrero de dos mil veinte, donde se aprecia que fue asistido por el citado profesionista; asimismo el aquí quejoso rindió su declaración. De modo que con ello se demuestra que se destruyó el acto reclamado, así como los efectos que el mismo produjo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados y, en consecuencia, quedó en una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido, pues la responsable dio contestación a ambas peticiones cuya omisión el quejosos reclamó, ya que reconoció al citado profesionista de defensor particular y además señaló fecha para recibir la declaración del quejoso, diligencia a la cual éste compareció. De esta manera, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, de modo que se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto que se reclama y, de esta forma, es inconcuso que el acto ya no agravia a la parte quejosa; y por ende, disfruta de los derechos que alegó le fueron afectados por el acto de autoridad. Resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia 59/99, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, en relación con el 63, fracción V , ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORDÍN SAID MARAVILLA RODRÍGUEZ, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el tercero y quinto considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Jorge Iván Guerrero Salazar, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy veintiséis de febrero de dos mil veintiuno fecha en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy fe

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