Jaqueline Lugo Valenzuela
Expediente 679/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/08/2023
Partes del expediente
- Jaqueline Lugo Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual devuelve el expediente de este juicio; asimismo, informa que ha quedado firme la resolución por la cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por la promovente, el cual registro con número 316/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el uno de septiembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/CIBN/sob
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa y su autorizado, respecto a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante determinación de trece de julio del actual, el Cuarto Tribunal Colegiado de Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la impetrante en contra del auto de diecinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda intentada. En consecuencia de ello, la solicitud de envío que refiere al máximo tribunal del país, deberá realizarla ante el tribunal colegiado de circuito que tuvo conocimiento del medio de impugnación interpuesto, a fin de acordar lo procedente respecto a su petición. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso signado por la quejosa; se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra del proveído de diecinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, remítase a la superioridad reproducción de las constancias pertinentes, así como de la misiva de expresión de agravios. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/CIBN/sob
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve Jaqueline Lugo Valenzuela, contra actos de Enrique Carbajal Báez, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8º, 29, 133 y 136 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 679/2023-F. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama esencialmente la petición o solicitud elevada a Enrique Carbajal Báez, a través del cual le requiere la contestación de un cuestionario formulado por escrito, con fecha veintiséis de abril del actual. En ese orden, este juzgado estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio, pues así lo dispone el artículo 1° de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, febrero de 1997, tomo V, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre la persona y la autoridad responsable (en el caso un particular), es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y la persona señalada como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089, septiembre de 2011, tomo XXXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, que son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, se afirma que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, pues no puede considerarse a Enrique Carbajal Báez, como autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el acto que se le atribuye carece de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, septiembre de 2011, tomo XXXIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción ll, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales intentada, con sustento en el precepto 113 del mismo ordenamiento legal. Domicilio y autorizado Téngase como autorizados en los términos solicitados, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, los señalados en el escrito de demanda. De igual forma, se tiene como medios de comunicación no procesal el correo electrónico y número de teléfono proporcionados. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de diecinueve de junio de dos mil veintitrés emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
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