Jaqueline Gamboa López

Expediente 1020/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1020/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Jaqueline Gamboa López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO CONCEDIDO A LAS PARTES PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA POR LA AUTORIDAD OBLIGADA PARA ELLO. SE DECLARA CUMPLIDA. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES. ARCHÍVESE COMO ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO.

  2. Principal

    EN DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SECRETARIO CERTIFICA: A) LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, SURTIÓ EFECTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEGISLACIÓN INVOCADA, PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, TRANSCURRIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: PARTE NOTIFICACIÓN SURTIÓ EFECTOS PLAZO QUEJOSO 1 DE OCTUBRE DE 2019 1 DE OCTUBRE DE 2019 DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 DE OCTUBRE DE 2019 2 DE OCTUBRE DE 2019 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 AUTORIDAD RESPONSABLE 1 DE OCTUBRE DE 2019 1 DE OCTUBRE DE 2019 DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 LO ANTERIOR, SIN CONTAR LOS DÍAS INHÁBILES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. B) ASIMISMO, HECHA QUE FUE UNA REVISIÓN MINUCIOSA EN EL LIBRO DE CORRESPONDENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO SE ADVIERTE PROMOCIÓN ALGUNA MEDIANTE LA CUAL SE HAYA INTERPUESTO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY. DOY FE. EL SECRETARIO EN LA MISMA FECHA, EL SECRETARIO DA CUENTA AL JUEZ CON LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y CON EL ESTADO DE AUTOS. CONSTE. NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE Y EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE ALGUNA DE LAS PARTES HUBIESE RECURRIDO LA SENTENCIA DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A JAQUELINE GAMBOA LÓPEZ, CONTRA ACTOS QUE RECLAMÓ AL JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 355 Y 356 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA, CONFORME LO ESTABLECE EL 2° PRECEPTO DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE ESA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA. HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). AHORA, EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE ASUNTO, ES PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, REALICE LO SIGUIENTE: ".A) DEJE INSUBSISTENTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO CONTRA LA AQUÍ QUEJOSA, DURANTE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA 173/2019; POR LA PROBABLE COMISIÓN DEL HECHO DELICTUOSO DE ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE, EN AGRAVIO DE LA COLECTIVIDAD. B) EN SU LUGAR, EMITA OTRA RESOLUCIÓN EN LA QUE ANALICE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA QUEJOSA; EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS EN EL CUERPO DE LA PRESENTE SENTENCIA Y EN CONSECUENCIA, NO TENGA POR JUSTIFICADA LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE LA PETICIONARIA DE AMPARO EN EL HECHO DELICTIVO DE REFERENCIA Y, POR TANTO, DICTE AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO." EN ESE ORDEN DE IDEAS, DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO DADO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, Y SE RESERVÓ PROVEER LO CONDUCENTE HASTA EN TANTO CAUSARA EJECUTORIA DICHA RESOLUCIÓN, LO CUAL YA ACONTECIÓ, POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, DESE VISTA A LAS PARTES CON EL OFICIO Y EL DISCO COMPACTO CERTIFICADO REMITIDOS POR EL JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO; APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL LAPSO CONCEDIDO, EL SUSCRITO JUZGADOR SE PRONUNCIARÁ AL RESPECTO CON BASE EN LOS ELEMENTOS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE Y LOS DATOS APORTADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA HÉCTOR VÁZQUEZ FERZULI, JUEZ DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN UNIÓN DE CARLOS ROBERTO SÁENZ RAMOS, SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

  3. Principal

    EN DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SECRETARIO DA CUENTA AL JUEZ CON EL OFICIO REGISTRADO CON EL NÚMERO DE CORRESPONDENCIA INTERNA 13362. CONSTE. NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA DEL JUEZ DE CONTROL DE DISTRITO JUDICIAL DE ZUMPANGO ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA; POR TANTO, SE RESERVA ACORDAR LO CONDUCENTE HASTA EN TANTO CAUSE EJECUTORIA LA REFERIDA RESOLUCIÓN NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA HÉCTOR VÁZQUEZ FERZULI, JUEZ DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN UNIÓN DE CARLOS ROBERTO SÁENZ RAMOS, SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1020/2019-V-B, promovido por Jaqueline Gamboa López, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito judicial de Zumpango, Estado de México, y; RESULTANDO: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El dos de agosto de dos mil diecinueve -3 a 29- en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se recibió la demanda de amparo promovida por Jaqueline Gamboa López, por propio derecho, remitida al día hábil siguiente a este juzgado, por cuestión de turno; la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisan. El cual estimó violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales y, como antecedentes, relató bajo protesta de decir verdad, aquellos que estimó pertinentes. II. RADICACIÓN Y ADMISIÓN. En auto de cinco de agosto pasado -30 a 34- se registró la demanda en los libros de gobierno y, se admitió bajo el juicio de amparo 1020/2019-V-B, se pidió informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. EMPLAZAMIENTO A TERCEROS INTERESADOS. Del informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México -41-, se obtuvo que, el agente del Ministerio Público que interviene en la carpeta administrativa de origen, tiene el carácter de tercero interesado, por lo que en auto de catorce de agosto de este año -42 y 43- en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se ordenó su legal emplazamiento; lo que ocurrió el quince de agosto pasado -48-. IV. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En esta fecha -previo diferimiento- tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, en el diverso 53/2018 del citado Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ya que el acto que se reclama se emitió y tiene ejecución, dentro de los límites territoriales donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo ; a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio es el siguiente: ? Auto de vinculación a proceso, dictado contra la aquí quejosa, durante la continuación de la audiencia inicial el trece de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 173/2019; por la probable comisión del hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad. Acto que se atribuyó al juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. En tales condiciones, ese será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio . TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama al Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, relativo a la emisión del auto de vinculación a proceso durante la continuación de la audiencia inicial de trece de julio de este año, dentro de la carpeta administrativa 173/2019; ello, al así expresarlo al rendir su informe justificado -41- . Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de origen 173/2019 del índice del juez responsable; contenida en uno de los discos compactos relacionados, así como las audiencias celebradas dentro de la misma. Constancias remitidas por el juez de control, anexas a su informe justificado, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo establece en su artículo 2 . Asimismo, respecto de las videograbaciones de las audiencias celebradas en la carpeta administrativa, adquieren el carácter de documentales públicas en sentido amplio, para efectos de su valoración en el juicio de amparo . CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la alegaran, respecto del acto cuya certeza se ha evidenciado, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo , se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos por la quejosa. En ese orden de ideas, es procedente el juicio constitucional contra el acto que Jaqueline Gamboa López reclama -el cual fue interpuesto oportunamente- . QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo al estudio de fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado: 1. El agente del Ministerio Público adscrito a la mesa de trámite de Zumpango, Estado de México, solicitó audiencia inicial para formular imputación sin detenido, contra Jaqueline Gamboa López y otras -dos- por su probable participación en la comisión del delito: ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, cometido en agravio de la colectividad. 2. El uno de julio de dos mil diecinueve -disco 1 de pruebas- tuvo verificativo ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, la audiencia inicial para formulación de imputación, deducida de la carpeta administrativa 173/2019; sin embargo, luego de que el fiscal expusiera la imputación y los datos de prueba con que contaba, fue suspendida a petición de la defensa, al expresar que la carpeta de investigación con la que se les corrió traslado, se encontraba incompleta; ello, a fin de imponerse de la totalidad de las constancias que la integraban. 3. El nueve de julio de este año -disco 2- se llevó a cabo -de nueva cuenta- ante el juez de referencia, la audiencia inicial para formulación de imputación en la carpeta administrativa de origen. Individualizadas las partes, el juez dio a conocer a las investigadas sus derechos constitucionales, les hizo saber el objeto de la audiencia y, tomó protesta a los defensores particulares designados por éstas. 4. El fiscal formuló imputación contra la aquí amparista y otras -minuto 3:41 de la videograbación-, por su probable participación en el hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad y, las investigadas manifestaron entender el hecho imputado -minuto 28:37-. 5. A las nueve horas con cuarenta y ocho minutos -9:48- el juez decretó la detención judicial de las investigadas y, les otorgó su derecho a declarar; luego de consultarlo con sus defensores -para lo cual decretó un receso- decidieron ejercerlo -minuto 0:29 de un nuevo segmento- por lo que escuchó sus respectivas declaraciones . 6. El fiscal solicitó la vinculación a proceso de las imputadas, expresó sus argumentos e hizo referencia a los datos de prueba con los que contaba -minuto 15:18-; acto continuo, el juez cuestionó a las investigadas respecto a los plazos en que podía resolver su situación jurídica -minuto 25:00- a lo que la aquí quejosa y sus coimputadas -previa comunicación con sus defensores- solicitaron el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas -minuto 25:09-. 7. La defensa anunció diversos datos de prueba -documentales y testimoniales- a fin de que se desahogan durante la prórroga constitucional; por lo que se dispuso el trece de julio de este año, para la continuación de la audiencia. 8. Luego de escuchar a las partes, el juez determinó de conformidad con el artículo 155, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, imponer a las imputadas la medida cautelar de presentación periódica -47:48-, con lo que finalizó ese segmento. 9. En la fecha indicada -trece de julio pasado- tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial -disco 3 de pruebas- que comenzó con la expresión del juez, respecto de la exhibición del acta de cabildo de nueve de noviembre de dos mil seis -solicitada mediante oficio al Presidente Municipal de Zumpango-; asimismo se incorporaron mediante lectura y proyección las documentales ofrecidas por la defensa-06:19-. Se desahogó la testimonial a cargo de Nelly Natalia Kato Zaldívar -compañera comerciante de las imputadas- y se incorporaron las placas fotográficas reconocidas y descritas por ésta -24:15-. Posteriormente, la defensa particular desistió a su más entero perjuicio de las diversas testimoniales y videograbaciones ofrecidas, con lo que las imputadas estuvieron de acuerdo -56:53-. Con lo anterior, al no existir otro dato de prueba que incorporar, se dio por concluida la etapa probatoria -58:14-. 10. El juez continuó con la audiencia y otorgó el uso de la voz a la defensa, para que diera contestación a la solicitud de vinculación, lo que así aconteció -58:50-, se concedió al fiscal su respectiva réplica, con lo que dio por cerrado el debate. 11. Una vez escuchadas las partes, a las trece horas con treinta y ocho minutos -13:38- del mismo trece de julio de dos mil diecinueve, de acuerdo con el artículo 19 constitucional y, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez dictó auto de vinculación a proceso únicamente contra Jaqueline Gamboa López . Ello, ante la probable comisión del hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad; previsto y sancionado en los artículos 191 y 194, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y IV y, 11 fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México. El juez reiteró la medida cautelar decretada y, fijó plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria -2:17:03-. Resolución vinculatoria que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y ESTUDIO DE FONDO DEL ACTO RECLAMADO. Se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, los conceptos de violación expresados por la quejosa ; sin embargo, aduce en esencia lo siguiente: a) El juez responsable transgredió los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia; al dictar auto de vinculación en su contra, sin antes cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. b) Se violentaron los numerales 14 y 16 constitucionales, dado que el acto reclamado carece de una adecuada fundamentación y motivación, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia; ello, al quedar vinculada a proceso sin que existan datos de prueba idóneos y suficientes que acrediten que cometió un delito o participó en su comisión, mucho menos, la conducta específica que se le atribuye -obstaculización de vía primaria de comunicación-. c) El juez de control no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, porque la fiscalía formuló doble imputación en su contra -en la audiencia de uno de julio pasado, así como en la de nueve siguiente-, sin que se acreditara que el día de los hechos, hubiera obstruido una vía primaria de comunicación; dado que, fueron los diversos comerciantes los que se instalaron en un lugar comúnmente destinado a esos fines, ello, sin que interrumpieran en algún momento el tránsito vehicular. d) Los datos de prueba expuestos por la fiscalía, no son idóneos ni suficientes para comprobar la probable comisión del delito que se le imputa, al no acreditarse sus elementos objetivos ni subjetivos. e) Al tratarse de una vía primaria de comunicación, la que aparentemente fue motivo de obstaculización; la denuncia correspondía al Gobierno del Estado de México y no al Ayuntamiento de Zumpango, máxime si su representante legal carece de facultades para esos efectos. f) Se violentó el debido proceso y los principios de igualdad entre partes y de contradicción, porque el juez responsable se mostró parcial al corregir al fiscal, para que en la audiencia de nueve de julio pasado, formulara de nueva cuenta imputación en su contra; sin que previamente se diera intervención a su defensa, a fin de que manifestara su conformidad con esa situación. En ese orden de ideas, se procede al estudio de los conceptos de violación, de los cuales se estima fundado el identificado con el inciso b); ello, suplido en su deficiencia , situación que hace innesario el estudio de los argumentos restantes, en atención a las consideraciones siguientes: El suscrito efectúo el análisis del auto de vinculación a proceso de trece de julio pasado, para lo cual atendió al contenido del artículo 19 constitucional, así como a los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al momento de los hechos . Asimismo, como todo acto de autoridad, además de ajustarse a esas premisas legales, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal . En ese tenor, de los artículos de referencia se desprende que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse requisitos tanto de forma, como de fondo; cuya actualización se estudia a continuación: I. Los requisitos formales son los siguientes: A. Se haya formulado imputación. Requisito que en la especie se cumple, porque como se expuso en los antecedentes del acto reclamado, el agente del Ministerio Público en presencia del juez responsable, formuló imputación contra la ahora quejosa, haciéndole de su conocimiento el hecho con apariencia de delito consistente en: ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad. B. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Posterior a la formulación de imputación, el juez responsable concedió a la aquí amparista su derecho a declarar y, previa consulta con su defensa particular, expresó su deseo para hacerlo, por lo que fue debidamente escuchada. C. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. El Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, precisó durante el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial, ser competente por razón de materia, territorio, fuero y persona, para resolver la situación jurídica de la aquí impetrante. D. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez penal -plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensa-. Este elemento se encuentra cumplido, porque el juez de control decretó la detención material y judicial de la quejosa durante la audiencia inicial, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos -9:48- del nueve de julio de este año y su situación jurídica fue resuelta decretándose auto de vinculación a proceso a las trece horas con treinta y ocho minutos -13:38- del trece de julio pasado -dentro de la prórroga constitucional solicitada por su defensa-. Asimismo, quedó acreditado que la hoy amparista estuvo legalmente asistida durante el desarrollo de la audiencia inicial de uno y nueve de julio pasado, así como su continuación de trece siguiente, por los defensores particulares que expresamente designó; por lo que, se cumplió con el requisito de defensa técnica y adecuada a favor de la aquí impetrante . E. Debe dictarse únicamente por hechos que fueron motivo de imputación -aunque el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público- F. Debe estar fundado y motivado. G. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. Por lo que respecta a estos requisitos identificados en los incisos E, F y G, serán materia de estudio a la par de los elementos de fondo. II. Los requisitos de fondo son: 1. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. 2. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 3. No esté plenamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación . De igual forma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 16, 20 y 133 constitucionales, todo acto de autoridad que entrañe afectación a la libertad de una persona , como puede considerarse al auto de vinculación a proceso , debe estar justificado en un mandamiento -aun emitido de forma oral- que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que materializa las garantías de legalidad y seguridad jurídica . Sobre ese marco de referencia constitucional y legal, se examina si el auto reclamado cumple con los requisitos de fondo, para de ese modo dar respuesta a los conceptos de violación planteados en su contra. En ese tenor, se procedió a la reproducción de los discos ópticos remitidos por el responsable, de manera preponderante, los relativos al registro de audio y video de la audiencia inicial de uno y nueve de julio de dos mil diecinueve y su continuación el trece siguiente -discos 1 a 3-, cuya inspección fue practicada por el secretario que dio fe. Así, a fin de advertir si existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la imputada -aquí quejosa- lo cometió o participó en su ejecución -como lo exige el artículo 19 constitucional- y, a su vez tener un panorama del delito en estudio, es pertinente mencionar la circunstancia fáctica expuesta por el juez de control al dictar el auto vinculatorio, sobre la cual en esencia expresó: El ocho de enero de dos mil diecinueve, por conducto de la presidencia municipal, Rubén González Juárez -Jefe de Reglamentos del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México- recibió el oficio OF/PRES/036/2019, por medio del cual, la Unión de Comerciantes San Valentín, asociación civil -de la cual, la aquí quejosa es secretaria- solicitó autorización para la instalación de la denominada "feria del catorce de febrero" en el boulevard ubicado frente a la escuela primaria "Pedro Rodríguez Vargas", en las inmediaciones de la Plaza Juárez de ese municipio. El servidor público de referencia emitió el diverso JDR/OE/003/2019 de veintiuno de enero de este año, por medio del cual informó a los solicitantes, la autorización para el desarrollo de la feria en comento; pero, no en el lugar solicitado, sino en calle Plazuela Zaragoza, Barrio San Juan de ese Ayuntamiento; documento que fue notificado a la aquí quejosa, el veintinueve de enero de este año y que fue motivo de inconformidad por la asociación solicitante. Así, el diez de febrero de esta anualidad, aproximadamente a las veintidós horas, diversas personas -dentro de las cuales, no se encontraba la aquí quejosa- comenzaron a colocar puestos ambulantes en las inmediaciones de la Plaza Juárez, específicamente, en el boulevard ubicado frente a la primaria "Pedro Rodríguez Vargas", por lo que el Jefe de Reglamentos, en compañía de algunos empleados acudieron al lugar, entrevistándose con la aquí amparista Jaqueline Gamboa López, a quien le refirió que no tenían autorización para colocar puestos en ese sitio, porque obstaculizaban una vía de comunicación primaria. La amparista respondió al servidor público que no se moverían de ese sitio, mientras diversas personas que portaban tubos y piedras comenzaron a reunirse, por lo que se solicitó el auxilio de la fuerza pública a fin de evitar confrontaciones, por lo que el Ayuntamiento formuló denuncia por el hecho delictuoso de: ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad. Ahora, de la revisión a las audiencias celebradas los pasados, uno, nueve y trece de julio, se advierte que la fiscalía hizo referencia a los siguientes datos de prueba: 1. Entrevista de Héctor Enrique Bermúdez Hernández -apoderado legal del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México-, quien formuló denuncia en atención al señalamiento del Jefe de Reglamentos. 2. Instrumento Notarial, con el que se acreditó la personalidad del apoderado legal del Ayuntamiento. 3. Oficio JDR/OE/003/2019 de veintiuno de enero de este año, por medio del cual informó a los solicitantes, la autorización para el desarrollo de la feria en lugar diverso. 4. Notificación del referido oficio de veintinueve de enero de esta anualidad a Jaqueline Gamboa López. 5. Entrevista de Rubén González Juárez -Jefe de Reglamentos del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México-, en la que narra la forma en que recibió la solicitud de los comerciantes, cómo dio contestación a la misma y la manera en que el día de los hechos, diversas personas colocaron puestos ambulantes en un lugar que no les estaba permitido. 6. Entrevista de Ricardo Rojas Casasola -Notificador adscrito al departamento de Reglamentos del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México- en la que describió la forma en que notificó la resolución a la aquí quejosa. 7. Acta de inspección del lugar de los hechos; en la que el policía de investigación establece la existencia de diversos puestos semifijos cubiertos por lonas de plástico, que aduce obstruyen la circulación de uno de los carriles de la avenida Juárez, mientras se permite la afluencia vehicular en los diversos carriles de esa vía. 8. Entrevista de la aquí amparista Jaqueline Gamboa López y sus coimputadas Rosa María Luna Vargas y Sofía Roldan Luna, en las que narran cómo integraron su asociación de comerciantes, que cuentan con autorización de administraciones anteriores para ejercer el comercio en el lugar de los hechos y cómo solicitaron apoyo a la actual administración para instalar este año la feria en la que ejercen actos de comercio. 9. Entrevista del testigo Luis Ángel Cruz Gómez, en la que expone que el catorce de febrero de este año, en el boulevard ubicado en las inmediaciones de la Plaza Juárez del municipio de Zumpango, había varios puestos semifijos, que obstruían la vialidad, que compró un oso de peluche, una tarjeta y una caja de chocolates y pagó por ello doscientos ochenta pesos. 10. Diez placas fotográficas en las que se observan los puestos semifijos colocados en el lugar de los hechos. De igual forma, durante el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial, se recibieron las pruebas anunciadas por la defensa, consistentes en: 11. Acta de cabildo de nueve de noviembre de dos mil seis -que fue solicitada mediante oficio al Presidente Municipal de Zumpango- en la que se advierte el acuerdo para regularizar el comercio informal de las inmediaciones de la plaza Juárez de ese municipio. 12. Oficio OF/PRES/036/2019, por medio del cual, la Unión de Comerciantes San Valentín, asociación civil -de la que, la amparista es secretaria- solicitó autorización para la instalación de la denominada "feria del catorce de febrero" en el boulevard ubicado frente a la escuela primaria "Pedro Rodríguez Vargas", en las inmediaciones de la Plaza Juárez de ese municipio. 13. Escrito de recurso de inconformidad de trece de febrero de este año, contra la resolución del Jefe de Reglamentos del Ayuntamiento de Zumpango. 14. La testimonial a cargo de Nelly Natalia Kato Zaldívar -compañera comerciante de la quejosa-, así como la incorporación de las placas fotográficas reconocidas por ésta. A su vez, la defensa particular desistió a su más entero perjuicio de las diversas testimoniales y videograbaciones ofrecidas, con lo que la aquí quejosa y sus coimputadas estuvieron de acuerdo. Por lo anterior, luego de realizar un ensayo interpretativo, el juez de control identificó en los hechos narrados, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación, que éstos incursionaron en el campo de lo ilícito; esto es, tienen la apariencia de delito cuya clasificación jurídica preliminar, adujo, es la de: ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad; previsto y sancionado en los artículos 191 y 194, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y IV y, 11 fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México . Estos numerales establecen como hecho delictivo de ataques a las vías de comunicación cuando alguien dolosamente obstaculiza una vía de comunicación o la prestación de un servicio público local de comunicación o transporte. Así, tenemos que el cúmulo de datos de prueba expuestos por la fiscalía en audiencia inicial, analizados de acuerdo a las reglas de la valoración probatoria -sana crítica- en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pudieran considerarse idóneos, pertinentes y hasta este momento suficientes, para establecer que probablemente se cometió el hecho delictuoso materia de imputación. En ese sentido, es importante recordar que, en el actual sistema penal acusatorio, para emitir un auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado por la ley como delito; ello, con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía ante el juez -los cuales no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional-, por lo que, basta la mención y relación de estos datos recabados por la fiscalía al momento de exponer sus argumentos vinculatorios. Así, los datos de prueba enumerados en líneas precedentes, adquieren relevancia demostrativa para acreditar en grado de probabilidad, las circunstancias de cómo acontecieron los hechos, en relación a la posible obstaculización de una vía de comunicación -en este caso, el boulevard ubicado en las inmediaciones de la plaza Juárez del municipio de Zumpango-. De ahí que, hasta este momento, se puedan considerar eficientes y pertinentes -en su conjunto- los datos de prueba expuestos por la fiscalía para acreditar la probable existencia de un hecho que la ley señala como delito. Ello, sin que el juez responsable efectuara un juicio de valor en relación con los datos de prueba expuestos por la Representación Social, porque sería hasta la etapa de juicio, en la que en igualdad de condiciones, pudiera llevarse a cabo la producción probatoria de las partes y demostrarse o no, la existencia de los hechos objeto del proceso. Ahora bien, este juzgador no estima ajustada a las disposiciones constitucionales y legales, la conclusión del juez responsable por cuanto ve a la justificación de la probable intervención de la quejosa Jaqueline Gamboa López, en el hecho delictivo en análisis -hasta esta etapa procesal- en términos del artículo 11, fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México, que dispone: son autores los que con dominio del hecho, intervienen en la realización del delito. Por lo anterior, es fundado el concepto de violación identificado con el inciso b) en el que la quejosa esencialmente aduce, se violentaron los numerales 14 y 16 constitucionales, dado que el acto reclamado carece de una adecuada fundamentación y motivación, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia; ello, al quedar vinculada a proceso sin que existan datos de prueba idóneos y suficientes que acrediten que cometió un delito o participó en su comisión, mucho menos, la conducta específica que se le atribuye -obstaculización de vía primaria de comunicación-. Ello es así, porque durante el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial, el juez responsable afirmó que, respecto de la aquí quejosa Jaqueline Gamboa López, quedaba acreditada su participación en el hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación, al desarrollar la conducta consistente en obstaculizar una vía de comunicación al instalar diversos puestos semifijos para ejercer el comercio en las inmediaciones de la plaza Juárez del municipio de Zumpango; lo incuso, dijo, llevó a cabo mediante el uso de violencia. Contrario a ello, el suscrito estima que no se actualiza la probable intervención de Jaqueline Gamboa López, en calidad de coautora material con codominio del hecho, en la comisión del delito en estudio, por el que fue vinculada a proceso; situación que implica la transgresión al artículo 19 constitucional, al no quedar acreditados todos y cada uno de los requisitos de fondo, establecidos para el dictado del auto que se reclama. En ese orden de ideas, el juez responsable adujo, que los datos de prueba expuestos por el fiscal eran idóneos y suficientes para acreditar que el día de los hechos, la aquí amparista Jaqueline Gamboa López, obstaculizó una vía primaria de comunicación al instalar diversos puestos semifijos para ejercer el comercio informal, en las inmediaciones de la plaza Juárez del municipio de Zumpango. Sin embargo, el hecho cierto considerado por el juez de control, consistió en que: el diez de febrero de esta anualidad, aproximadamente a las veintidós horas diversas personas -dentro de las cuales, no se encontraba la aquí quejosa- comenzaron a colocar puestos ambulantes en las inmediaciones de la Plaza Juárez; específicamente, en el boulevard ubicado frente a la primaria "Pedro Rodríguez Vargas", por lo que el Jefe de Reglamentos, en compañía de algunos empleados, acudieron al lugar, entrevistándose con la aquí amparista Jaqueline Gamboa López, a quien le refirió que no tenían autorización para colocar sus puestos en ese sitio, al obstaculizar una vía de comunicación primaria. A lo que la amparista respondió, que no se moverían de ese sitio, mientras diversas personas que portaban tubos y piedras comenzaron a reunirse, por lo que se solicitó el auxilio de la fuerza pública a fin de evitar confrontaciones y el Ayuntamiento formuló denuncia por el hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación. Ese hecho, dijo, se corroboró con los datos de prueba expuestos por la fiscalía, consistentes en: - Entrevista de Héctor Enrique Bermúdez Hernández -apoderado legal del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México-, quien formuló la denuncia en atención al señalamiento del Jefe de Reglamentos. - Entrevista de Rubén González Juárez -Jefe de Reglamentos del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México-, quien narró la forma en que recibió la solicitud, cómo le dio contestación y la manera en que el día de los hechos, diversas personas colocaban puestos ambulantes en un lugar que no se les autorizó. - Entrevista de Ricardo Rojas Casasola -Notificador adscrito al departamento de Reglamentos del citado municipio-, en la que narró la forma en que notificó la resolución a la aquí quejosa. - El acta de inspección del lugar de los hechos; en la que se corroboró la existencia de diversos puestos semifijos cubiertos por lonas de plástico, que obstruyen la circulación de uno de los carriles de la avenida Juárez. - Entrevista del testigo Luis Ángel Cruz Gómez, en la que narró que el catorce de febrero de este año, en el boulevard ubicado en las inmediaciones de la Plaza Juárez del municipio de Zumpango, había varios puestos semifijos, que abarcaban la vialidad, que compró un oso de peluche, una tarjeta y una caja de chocolates y pagó por ello doscientos ochenta pesos. En ese sentido, es posible establecer que ninguno de los referidos datos de prueba, acredita ni siquiera de forma indiciaria, que la aquí quejosa hubiera desplegado la conducta consistente en una acción para obstaculizar una vía de comunicación primaria al instalar diversos puestos semifijos para ejercer el comercio informal en las inmediaciones de la plaza Juárez del municipio de Zumpango y, que ello, lo hubiera hecho mediante el uso de violencia, como lo expuso el juez de control -minuto 1:35:00 de la videograbación-. Lo anterior, porque en relación con las entrevistas de Héctor Enrique Bermúdez Hernández -apoderado legal del Ayuntamiento de Zumpango- y Ricardo Rojas Casasola -Notificador adscrito al departamento de Reglamentos del citado municipio-; no se advierte que estuvieran presentes el día y en el lugar de los hechos, para que pudieran constatar la supuesta conducta consistente en una acción llevada a cabo por la aquí quejosa. Ello, porque el primero únicamente fue el encargado de iniciar la denuncia correspondiente ante el señalamiento del Jefe de Reglamentos -sin que le constaran los hechos- y el segundo, fue el encargo de notificar a la aquí amparista la resolución tomada por esa autoridad -de autorizar la colocación de puestos en un lugar diverso-; pero a ninguno de ellos les consta la supuesta conducta llevada a cabo por la impetrante el día referido por la fiscalía -diez de febrero de este año-. Por otro lado, respecto de la inspección del lugar de los hechos y la entrevista del testigo Luis Ángel Cruz Gómez; si bien, corroboran la existencia de diversos puestos semifijos cubiertos por lonas de plástico, que obstruyen la circulación de uno de los carriles de la avenida Juárez; con éstos no se corrobora que la aquí amparista haya realizado la conducta dolosa consistente en un acción, que se le imputa. Porque ni la inspección, ni el testimonio referidos, se recabaron el día de los hechos; por lo que aun y cuando puede acreditarse la existencia de los puestos semifijos en ese sitio; ello no implica que la aquí quejosa sea la persona que los haya colocado -mediante una acción dolosa-. Finalmente, en relación con la entrevista de Rubén González Juárez -Jefe de Reglamentos del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México-, se advierte que éste hace mención que recibió la solicitud de los comerciantes para instalar sus puestos en el lugar acostumbrado y la manera en la que dio contestación, al autorizar su colocación, pero en un sitio diverso al solicitado. Asimismo, aduce que el día de los hechos, diversas personas -distintas a la quejosa- colocaron puestos ambulantes en las inmediaciones de la plaza Juárez -lugar que no se les autorizó- por lo que se entrevistó con la aquí amparista y, luego que ésta le refiriera que no se moverían de ese lugar, algunos comerciantes que portaban tubos y piedras comenzaron a reunirse; sin que se desprenda de su narración, que fuera precisamente la aquí impetrante, quien desplegara la conducta consistente en una acción dolosa de obstaculización de vía de comunicación, la colocación de puestos semifijos o incluso la portación de piedras o tubos, por la que fue vinculada a proceso. En ese orden de ideas y, contrario a lo resuelto por el juez de origen, el suscrito estima que en este caso, los datos de prueba aportados por la fiscalía y aducidos por el responsable, no son idóneos ni suficientes, para acreditar la participación de Jaqueline Gamboa López, en el hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad; al no quedar acreditada ni de forma indiciaría la conducta que le imputara la fiscalía. Tan es así, que el juez de control, al resolver la vinculación a proceso que se estudia, siempre hace referencia a los "sujetos activos" como aquellas personas que por un lado colocaron los puestos semifijos en las inmediaciones de la Plaza Juárez y, que luego de que la aquí amparista se entrevistara con el servidor público del Ayuntamiento, se reunieran portando tubos y piedras; sin que esas conductas puedan atribuirse dirceamente a la aquí amparista; dado que no existe dato de prueba que así lo corrobore. No se soslaya el hecho de que el constituyente determinó la no formalización de las pruebas en las fases del procedimiento penal, en el que se tomará como base sólo su grado de razonabilidad; el impedimento de los jueces para revisar actuaciones practicadas en la investigación, con el fin de evitar no sólo su contaminación y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; sino la de todo el proceso; situación que en la especie, acató el responsable. Sin embargo, con independencia de que los datos de prueba aportados pudieran corroborar la existencia del hecho que la ley señala como delito, éstos no acreditan la probabilidad de que la indiciada Jaqueline Gamboa López lo haya cometido o participado en su comisión; ello, en atención al grado de certeza y no al nivel de prueba; ya que, no se está ante una reducción de nivel probatorio que afecte los derechos del gobernado; sino del grado de acreditamiento que deban tener éstas para corroborar tales extremos, pero en grado de probabilidad . En ese sentido, el suscrito advierte que los argumentos del juez responsable plasmados en el dictado del acto reclamado, no resultan adecuadamente fundados ni motivados; probablemente sí acordes a la exposición que formuló el agente del Ministerio Público, pero no por ello exactos; por lo que, como lo aduce la quejosa, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Por ende, es posible concluir que no existe adecuación entre los preceptos legales que contienen la hipótesis delictiva que se analiza y la ponderación indiciaria de los datos de prueba expuestos en el auto de vinculación a proceso reclamado, por lo que no se encuentran debidamente satisfechos los extremos de fundamentación y motivación que toda resolución judicial debe contener. Ello porque, si bien, respecto del primer concepto -fundamentación- se indicaron los preceptos legales aplicables al caso; por lo que hace al segundo -motivación- no se señalaron, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para su emisión. Por lo que no existió adecuación entre los motivos invocados y las normas aplicables; puesto que, en el caso concreto, no se materializaron las hipótesis normativas aducidas. Fundamentalmente, porque en el auto que se reclama, se analizó incorrectamente el elemento objetivo -conducta- consistente en que la aquí quejosa dolosa y materialmente hubiera obstaculizado una vía de comunicación mediante una conducta consistente en una acción, por lo que no se acredita ni aun indiciariamente la probable intervención de la amparista en su comisión. Lo anterior, vulnera sin duda, el principio de presunción de inocencia de la entonces imputada, dado que, contrario a lo resuelto por el juez responsable, los datos de prueba aportados por la fiscalía, no son idóneos ni suficientes, para soportar la imputación formulada. En ese orden de ideas, este juzgador advierte una violación al artículo 19 constitucional, en relación con el numeral 1° del mismo ordenamiento legal, que establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran obligadas a velar, no solo por los derechos humanos tutelados constitucionalmente, sino también aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en atención a la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. Situación que en la especie acontece, porque como se ha expuesto, el juez responsable no respetó los derechos fundamentales de la aquí quejosa, al resolver inadecuadamente la cuestión planteada. En esas condiciones, la resolución emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, deviene inconstitucional, a consecuencia de la deficiente motivación con la que se resolvió -al tener por acreditada la probable participación de la quejosa en hecho delictuoso imputado-, con lo que se conculca el derecho fundamental de legalidad contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna . En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, aun suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa, la protección constitucional que solicita. En consecuencia y dado el sentido de la presente resolución, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación expuestos por la amparista, respecto de los que no se advierte mayor beneficio dados los efectos de la concesión . SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En términos de lo previsto en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Jaqueline Gamboa López, para que el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado contra la aquí quejosa, durante la continuación de la audiencia inicial el trece de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 173/2019; por la probable comisión del hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad. b) En su lugar, emita otra resolución en la que analice la violación a los derechos fundamentales de la quejosa; en los términos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia y en consecuencia, no tenga por justificada la probable intervención de la peticionaria de amparo en el hecho delictivo de referencia y, por tanto, dicte auto de no vinculación a proceso. Finalmente conviene precisar que algunos de los criterios jurisprudenciales a que se ha hecho referencia se emitieron de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, al caso resultan aplicables porque no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, ello de conformidad con su transitorio sexto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos73, 76, 77, 78, 79, 80, 192, 193 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Jaqueline Gamboa López contra el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de trece de julio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa 173/2019, por la probable comisión del hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en agravio de la colectividad, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, vía electrónica a la quejosa, personalmente a la agente del Ministerio Público adscrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso e) y fracción IV de la Ley de Amparo y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesada, agente del Ministerio Público que interviene en la carpeta administrativa 173/2019, en términos de lo dispuesto por la fracción II, incisos a) y b), del mismo precepto legal. Lo resolvió y firma el licenciado Israel Longoria Briones, secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en funciones de juez de distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo determinado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos mil diecinueve, acorde al oficio CCJ/ST/4238/2019, en unión del secretario licenciado Carlos Roberto Sáenz Ramos que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de éste juzgado. Doy Fe

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez · 5,453 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano