Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Expediente 1195/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el seis de febrero de dos mil quince (fojas 123 a 181), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional, sobreseyó en parte, en otra negó y en otra concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, en los siguientes términos: ".En conclusión, procede conceder el amparo y protección constitucional únicamente por los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II; tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el efecto de que: Las autoridades responsables encargadas de operar la ley, prescindan de la aplicación presente y futura a la quejosa y eventualmente a sus beneficiarios, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, de los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II; tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en consecuencia: No podrán realizar los descuentos por aportaciones del doce por ciento de las jubilaciones o pensiones que llegue a disfrutar la quejosa, y eventualmente a sus beneficiarios; y Para calcular la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la quejosa y a sus beneficiarios, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja, en lugar del sueldo regulador. Lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 78 de la Ley de Amparo. Inconforme con el fallo constitucional emitido, el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se tramitó por auto de dieciséis de febrero siguiente (foja 210). Mediante oficio 2277, la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión 267/2015 de su índice (fojas 378 a 401), de la que se desprende que la superioridad resolvió: ".PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas por el juzgador federal en el penúltimo considerando de la sentencia recurrida, para los efectos ahí precisados." Por auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la superioridad y, en términos de la ejecutoria de mérito, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 403 y 404). Mediante oficio número SJ/1180/2016 el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto señalado como responsable, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 412 a 417); por lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 419 y 420), quien fue debidamente notificada (fojas 421 a 423) y dentro de dicho lapso no desahogó la vista de mérito. Visto lo anterior, debe precisarse que el amparo concedido a Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, fue para el efecto de que la autoridad responsable encargada de operar la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prescindiera de la aplicación presente y futura a la quejosa de los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II; tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la citada ley y, en consecuencia, no se le realicen los descuentos por aportaciones del doce por ciento de las jubilaciones o pensiones que llegue a disfrutar la quejosa y eventualmente sus beneficiarios, así como que al calcular la cuantía de la pensión que en su momento se conceda, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja, en lugar del sueldo regulador. Sobre el particular, el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad -autoridad encargada de operar la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-, en el oficio SJ/1180/2016 de veinticinco de mayo pasado, expuso su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, por cuanto hace a los artículos 16, 19, 95, fracción II y, tercero transitorio de la citada ley; en razón de que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a lo decidido por el Más Alto Tribunal de este país, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 101/2014, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de la multicitada Ley 287,-en la parte que interesa-, reformó los artículos 16, párrafos primero y segundo, y 95, fracción II, a efecto de eliminar de su texto la porción normativa que indica "pensionista", y derogó los preceptos 19, 32 y tercero transitorio, lo que se desprende de las manifestaciones que hizo la autoridad oficiante, así como de la publicación de doce de noviembre de dos mil quince, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 452, en la que aparece el Decreto número 598, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que respecto de dichos artículos, tal como lo sostiene la autoridad responsable, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, pues a la fecha ya no es jurídicamente posible cumplirlo al haberse modificado y eliminado, del texto vigente aquellas disposiciones que incidían en la esfera jurídica de los quejosos. En efecto, de la lectura de la actual redacción de los artículos 16, párrafos primero y segundo y 95, fracción II, de la Ley 287 analizada en sede constitucional, se colige que, efectivamente, se eliminó la carga que imponía al trabajador en activo de aportar el doce por ciento de sus ingresos de la pensión que llegare a obtener, cuando cumpliera los requisitos legales para ello; tal como se establecía en los artículos originalmente votados por el legislador ordinario, y que fueron declarados inconstitucionales por este Juzgado de Distrito y por el Máximo Tribunal del País en la Acción de Inconstitucionalidad de que se trata. Es aplicable al caso por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia número 2/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 431, del Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Por otra parte, tocante a los artículos 3o, fracción XIV, quinto, octavo y noveno transitorios de la multicitada Ley de Pensiones, hecho un análisis a las constancias mediante las cuales el Director General del Instituto señalado como responsable, informó el cumplimiento a la sentencia amparadora, se desprende que giró las instrucciones correspondientes, mediante Memorándum número SJ/1180/2016 dirigido a la Subdirectora de Prestaciones Institucionales de dicha dependencia, a fin que tomara las medidas necesarias y se abstuviera de la aplicación presente y futura a la quejosa de tales artículos, particularmente al indicar: "b).la concesión del amparo implica que la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja en lugar del sueldo regulador."; es más, se advierte instruyó para que en el expediente personal de la quejosa se insertara copia del Memorándum de que se trata. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable encargada del cumplimiento, acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, se restituyó a Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente junto carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto por una parte se sobreseyó, por otra se negó y en otra se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede también su depuración, por lo que deberán conservarse el auto y resolución en los que se otorgó la medida cautelar. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse a la quejosa los documentos que exhibió en este juicio, mismos que obran agregados en autos, por lo que hágase entrega de éstos a la parte quejosa, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Penélope Rodríguez Landa, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando la parte quejosa no desahogue dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Penélope Rodríguez Landa, Secretaria que autoriza y da fe...
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... Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa...
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