Jaqueline Ahuatl Cordero
Expediente 930/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jaqueline Ahuatl Cordero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Jaqueline Ahuatl Cordero, por medio del cual solicita copia certificada "del informe justificado que comprende la Averiguación Previa 1091/2013 como anexo número uno dentro de este juicio de garantías". Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, dado que en el presente asunto no obran las actuaciones que indica; ello es así, pues en auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, causó estado la sentencia dictada en el presente asunto, y se ordenó devolver de la documental que la autoridad responsable sustituta Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Zacatlán, Puebla remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la averiguación previa 1091/2013/ZAC/FGR de su índice.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete en la que se sobreseyó en el juicio, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Por otro lado, devuélvase al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Zacatlán, Puebla, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado (copia certificada de la averiguación previa 1091/2013/ZAC/FGR de su índice) y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL REGISTRO: 28031. En San Andrés Cholula, Puebla del nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 930/2017-D promovido por Jaqueline Ahuatl Cordero; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de la secretaria Nahieli Avendaño Palacios, que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda presentado por Jaqueline Ahuatl Cordero e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, certifica que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran del contenido de dichos informes y de las constancias remitidas en apoyo a ellos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, da cuenta con el escrito signado por la quejosa Jaqueline Ahuatl Cordero y anexos. A lo anterior, la jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y certificación que anteceden, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en relación con la ampliación de demanda de amparo promovida por la quejosa de mérito, mediante la cual pretende señalar como nuevo acto reclamado la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, en la que la autoridad responsable determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria por prescripción en la averiguación previa 1091/2013/ZAC, dígase a la quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, por las razones que enseguida se exponen. En primer término, resulta importante conocer el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." El numeral transcrito, establece los supuestos en los cuales procede la ampliación del juicio de amparo, esto es, i) cuando se presente oportunamente; ii) el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, y iii) podrá ampliarse dentro del plazo establecido para tal efecto, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. En el caso, el promovente pretende ampliar su demanda de garantías por un acto que no guarda relación con el inicialmente planteado, en virtud de que lo que originalmente reclamó en la demanda de garantías fue la omisión de diligenciar oficios de colaboración para el desahogo de diversas diligencias en el Estado de México; por tanto, es evidente que la determinación de no ejercicio de la acción penal por prescripción no deriva de la omisión reclamada inicialmente. En efecto, la ampliación de la demanda de amparo es una institución procesal reconocida en el artículo 111 de la Ley de Amparo, cuya materialización en el trámite del juicio ya iniciado, en principio, debe ceñirse a la oportunidad para controvertir el nuevo acto que guarde estrecha relación con el originalmente reclamado en la demanda y, en el caso, no se advierte vinculación alguna entre el acto que originalmente se reclamó, y el diverso respecto del cual se pretende ampliar la demanda; pues como se dijo, la determinación de archivo no deriva o se dictó con motivo de los oficios de colaboración cuya falta de diligenciación reclamó inicialmente la quejosa, sino que fue motivada por una cuestión diversa e independiente (prescripción). Puntualizando lo anterior, se insiste, la ampliación de demanda procede cuando del informe rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Sin embargo, cuando la ampliación de la demanda sea por nuevos actos, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos; es decir, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en un inicio. En tal sentido, la ampliación de demanda que pretende la parte quejosa, no encuadra en los supuestos de procedencia de la misma, al no guardar estrecha vinculación con el acto primigeniamente señalado, de ahí que, como ya se adelantó, resulta improcedente su admisión. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes: I. Por la autoridad responsable 1. Fiscal General de Justicia en el Estado de México: la documental consistente en el acuse de recibo del oficio 400L01000/0293/2017 de once de octubre de dos mil diecisiete, signado por la encargada de la Oficialía de Partes del Fiscal General del Estado de México (foja 83), agregada en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja 84). II. Por la autoridad responsable 2. Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México: la documental consistente en copia certificada de los oficios 2131C0100/3093/2015 y 2131C0100/3165/2016 y anexos (fojas 72 a 76), agregada en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 51). Por la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla: la documental consistente en copia certificada de la averiguación previa 1091/2013/ZAC/FGR (anexo I), agregada en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (foja 101). Enseguida, la jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria certifica que las partes no ejercieron ese derecho y que la Agente del Ministerio Público no formuló pedimento. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; y, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, la suscrita jueza dicta: ... R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 930/2017-D promovido por Jaqueline Ahuatl Cordero contra actos del 1. Fiscal General de Justicia en el Estado de México, 2. Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México y 3. Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla, en términos y por las razones expuestas en los considerandos tercero, apartado I, y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Jacqueline Ahuatl Cordero, a través del cual solicita copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable sustituta Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla, relativas a la averiguación previa 1091/2013/FGR, con las que se ordenó formar el anexo I. Al respecto, dígase a la ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad dicha solicitud, atento a que de la indagatoria de mérito se parecía que si bien ella es una de las agraviadas, lo cierto es que también lo son tres personas mas, y un probable responsable; por lo que aquellas constancias deben clasificarse con el carácter de información reservada, ya que contienen datos de personas distintas a la aquí quejosa. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 59/2016, dedujo que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público se clasifique como reservada, ya que tal disposición no se vería afectada cuando se tratara de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redundara directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que se concluyera que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debía entenderse con esa connotación siempre que se tratara de personas diversas del quejoso, o se tratara de información que no estuviera relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debía operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley. Por lo que, en el caso en concreto, se está en presencia de esa hipótesis, ya que las constancias inherentes a la averiguación previa (materia del acto reclamado), contienen información que pertenece a personas distintas a la aquí quejosa Jacqueline Ahuatl Cordero. De ahí que en términos del artículo 113, fracciones VII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en primer lugar, se trata de información contenida dentro de investigaciones de hechos que la ley señala como delito y, en segundo lugar, su publicación podría obstruir la investigación y persecución de los delitos que se consideren acreditados. No obstante lo anterior, para concretar el derecho de la aquí quejosa a una defensa adecuada, ésta podrá solicitar únicamente copia certificada de las constancias que resulten necesarias para su defensa, siempre y cuando aquéllas no contengan información que pertenezca a diversas personas. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 33/2016, de rubro y texto siguientes: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley. Además, caber precisar que lo anterior no implica que tales actuaciones puedan reproducirse por cualquier medio, pues podría trastocarse ese principio de reserva, vulnerándose las investigaciones practicadas en la carpeta de investigación que requieren de ese sigilo, ya que se tendría acceso a toda la información y se podría hacer un uso indebido de ella. Aunado a que este juzgado, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes de la información que considere esencial para su defensa, por lo que podrá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si se permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que -se reitera- en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, con la excepción establecida para el quejoso en líneas precedentes, la cual será previamente valorada en caso de que se formule una solicitud por la parte quejosa en ese sentido, atendiendo a las constancias que desea reproducir por medio de la expedición de copias certificadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.
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