Jaquelina Pedro Susano

Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
451/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Jaquelina Pedro Susano

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por ********************, en su carácter de tutora del beneficiario ********************; mediante el cual desahoga la prevención que le fue realizada en auto de veintiuno de abril del presente año; por tanto, téngasele desahogada en sus términos. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y del desahogo de cuenta, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, del desahoga de la prevención, a fin de que precisara los actos reclamados de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: ".el acuerdo de fecha 23 de Febrero del año en curso, dictado por la Licenciada ********************, Directora General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, mismo que me fue notificado el día 15 de Marzo de la misma anualidad, a través del oficio número ********************, de fecha 10 de Marzo de año que transcurre, del que se advierte que la autoridad responsable DESECHÓ DE PLANO EL RECURSO DE REVISION que interpuse ante la Junta Directiva del Instituto mediante escrito de fecha 26 de Enero del año 2023, con el propósito de que verificara la autenticidad de los documentos y justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder la pensión por viudez a lo señora ********************, tomando en Cuenta que Bajo Protesta de Decir Verdad ésta ha perdido sus derechos para percibir la citada pensión, pues actualmente se encuentra viviendo en CONCUBINATO con el señor ********************, circunstancias que la autoridad responsable pasó por desapercibido y de manera EQUIVOCADA, bajo el fundamento del artículo 156 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, determinó que ml recurso de revisión estaba interpuesto fuera de término, resolución que VIOLA mi DERECHO DE AUDIENCIA y mis garantías constitucionales de FUNDAMENTACION, y MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna." En consecuencia, de la transcripción anterior, armonizada con el análisis íntegro de la totalidad de los datos y documentales que, bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, deriva que la solicitante de la protección constitucional reclama el desechamiento del recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Junta Directiva del Instituto De Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, por el que fue modificada la pensión de orfandad de ******************** -beneficiario de dicha prestación-, que, según la quejosa, fue realizada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Mientras que, en los antecedentes del acto reclamado, refirió: 1,- En primer lugar, hago del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional, que en el mes de Diciembre del año 2003 la suscrita y ******************** comenzamos a vivir en unión libre, estableciendo nuestro domicilio conyugal en ********************, de dicha relación procreamos un hijo de nombre ********************, quien nació el día 31 de Agosto del año 2004 y que en la actualidad tiene la edad de 18 años, lo que se demuestra con su respectiva acta de nacimiento que adjunte como nexo 2 a la presente. 2.- Pero es el caso que el día 20 de Octubre del año 2014, ******************** falleció en esta Ciudad Capital, como se advierte del acta defunción que adjunto como anexo 3, ahora bien; y toda vez que el finado era derechohabiente del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por haberse desempeñado como servidor público del Estado de Guerrero, en fecha 29 de junio del año 2015, procedí a solicitar ante el departamento de prestaciones sociales del ISSSPEG la PENSIÓN POR ORFANDAD para ese entonces mi menor hijo ********************, lo que demuestro con la copia de la respectiva solicitud que agrego como anexo 4.". De lo anterior, así como de los conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa reclama el desechamiento del recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, por el que fue modificada la pensión de orfandad de ******************** -beneficiario de dicha prestación. Sin embargo, de conformidad con la copia certificada del acta de nacimiento número ********************, expedida por la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de Guerrero, que la promovente adjuntó al escrito de demanda en comento, se aprecia que el beneficiario ********************nació el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, por lo tanto, al momento de la presentación de la demanda -doce de abril de dos mil veintitrés-, contaba con dieciocho años, seis meses y doce días, por tanto, goza de la mayoría de edad, razón por la que, ********************, quien se ostenta en este juicio de control constitucional como tutora del beneficiario, carece de legitimación en la causa, ya que no acredita ser titular de un derecho; y, además, también adolece de falta de legitimación en el proceso, por lo que está impedida para actuar en nombre y representación de su hijo y supuesto beneficiario. Sirve como sustento la Tesis: VII.2o.C.57 C (10a.), con registro digital: 2004729, cuyo rubro y texto señalan: "MENOR DE EDAD. SU REPRESENTANTE LEGAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL CUANDO DURANTE EL JUICIO AQUÉL ADQUIERE SU MAYORÍA. La legitimación procesal es uno de los requisitos que dota de validez a un juicio. Tratándose de juicios donde se dilucidan derechos de menores, la legitimación procesal la tienen sus representantes legales. La representación legal cesa al llegar a la mayoría de edad. Así pues, cuando en un juicio un menor adquiere la mayoría de edad, es evidente que a partir de ese momento ya no puede seguir actuando a través de quien era su representante legal, sino es él quien ahora tiene la legitimación procesal para comparecer. Lo anterior no significa que lo antes actuado bajo la representación legal sea nulo por falta de legitimación procesal, toda vez que en ese momento dicho requisito fue correctamente cumplimentado, ya que sólo a través de su representante legal el menor podía comparecer a juicio. Concebirlo de forma contraria, haría inútil y sin beneficio alguno toda la tutela y salvaguarda que el Estado procuró en la minoría de edad, dado que se vería nulificado lo actuado con base en los beneficios procesales inherentes a la calidad de infante; lo cual conllevaría a que el ahora mayor de edad afrontara desfavorablemente los derechos y obligaciones que se adquirieron o ejercieron por quienes tenían su representación legal. Además, se trastocaría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto los principios de certeza jurídica y economía procesal, en cuanto se haría al ahora mayor de edad y al Estado invertir recursos humanos y materiales en la instauración de un nuevo juicio, en el cual ya no regiría el principio protector del interés superior del menor." Además, del escrito presentado por la quejosa ********************, por el que pretende desahogar la prevención formulada en auto de veintiuno de abril de presente año, se colige que la promovente expresa que su hijo ********************, no padece ningún tipo de incapacidad legal, ni mucho menos, se encuentra en estado de indefensión, por tanto, la quejosa no acredita tener legitimación en la causa ni en el proceso, ya que si bien se ostenta como tutora de su hijo, de ninguna manera acredita dicha representación procesal. En esa línea, es evidente que del escrito de demanda y de los antecedentes que en ella se plasman, así como de las constancias agregadas al mismo, se advierte que ******************** es mayor de edad, además de que no adolece de algún tipo de enfermedad o problema de salud que justifique la representación aducida por su progenitora. Ahora bien, una vez que la promovente de amparo ******************** lo hace en nombre y representación de su hijo ********************, -quien es mayor de edad-, no tiene interés jurídico en la causa ni el proceso para promover este medio de control constitucional, puesto que el acto reclamado solo afecta la esfera jurídica del referido beneficiario, quien es el titular del derecho presuntamente violado por la autoridad responsable, por lo que, en todo caso, sería este quien podría promover el juicio de amparo que ahora se intenta Por tanto, se estima que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)." Así, el que suscribe advierte que, en relación a dicho acto en el caso justiciable, se actualiza la causal de improcedencia prevista prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, y 6°, de la citada ley; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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