Jaquelina Ortiz Aguilar

Expediente 1504/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1504/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2015

Partes del expediente

  • Jaquelina Ortiz Aguilar
  • JAQUELINA ORTIZ AGUILAR y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B Vistos los autos y la certificación precitada; toda vez que en la especie por acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, se desechó la demanda de amparo promovida por Jaquelina Ortiz Aguilar, en representación de sus menores hijos Diana Laura y Geovani Jahaciel, de apellidos Vásquez Ortiz; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de octubre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Jaquelina Ortiz Aguilar, en representación de sus mejores hijos DIANA LAURA y GEOVANI JAHACIEL, de apellidos VÁSQUEZ ORTIZ, contra una omisión atribuible al Fiscal General del Estado de Oaxaca y otra autoridad; presentada el nueve del actual, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y en este Juzgado; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1504/2015, que le corresponde. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La parte quejosa reclama, esencialmente, la falta de investigación y de pronunciamiento sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro del legajo de investigación 1739/FMM/2015, radicado en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional de Delitos contra la Mujer por Razón de Género en la Mixteca. En relación con dicho acto, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El principio de definitividad a que se refiere el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios, deben ser agotados previo a la interposición del juicio de amparo, puesto que han sido instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer; de no ser así, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad de origen. De lo anterior, se colige que previamente a la presentación de la demanda, la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa que tiene a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir ante los Tribunales de la Federación, pues, en caso contrario, el juicio de amparo resultará improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De lo anterior, se desprende que el acto reclamado es atribuible a autoridades pertenecientes al nuevo sistema penal acusatorio; por tanto, dicho acto ya no se rige por el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, sino que se rige con las normas supremas reformadas, de manera que la víctima u ofendido debe impugnar los actos u omisiones del Ministerio Público ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se estima al respecto, proceda el juicio de amparo conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII de la ley fundamental. En ese sentido, los artículos 16 y 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. (.)" "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)" Por su parte los diversos numerales 112, 206 y 220 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, establecen que: "Artículo 112. Funciones del Ministerio Público El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Dirigirá la investigación, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público vigilará que la policía cumpla con los requisitos de la legalidad de los actos de investigación que lleva a cabo. Artículo 206. Finalidad La etapa preliminar tiene por objeto determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. En esta etapa corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos conforme a las disposiciones de este Código, y comprende dos fases; la primera en la que obtiene elementos bastantes para el ejercicio de la acción penal y el dictado del auto de vinculación a proceso; y la segunda posterior a tal dictado, en la que se allega de elementos que le permiten sustentar su acusación, sin variar los hechos que se precisaron en dicho auto. La etapa preliminar estará a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el auxilio de la policía. Artículo 220. Control judicial Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima ante el juez de la etapa preliminar, en vía incidental. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior. Si la víctima no comparece sin justa causa se declarará sin materia el incidente y se confirmará la resolución de inejercicio. (.)" Del contenido de los preceptos transcritos, se tiene que corresponde al Ministerio Público practicar las diligencias para determinar la existencia del hecho delictivo; que en la etapa preliminar corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos. Asimismo, que las decisiones del Ministerio Público de abstenerse de investigar, entre otras acciones, pueden impugnarse ante el Juez de la etapa preliminar. En consecuencia, al reclamar la parte quejosa que el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional de Delitos contra la Mujer por Razón de Género en la Mixteca, ha sido omiso en dar el trámite respectivo a la querella que presentó contra CRESCENCIO VÁSQUEZ SANTOS, por los hechos denominados como delitos de abandono de personas e incumplimiento a los deberes alimentarios, cometidos en agravio de sus menores hijos; querella que dio origen al legajo de investigación 1739/FMM/2015, entonces se está en el supuesto previsto en el artículo 220 del Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. De ahí, tomando en consideración que en términos de lo que establecen los artículos 112, 206 y 220 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 16 de la Constitución Federal, el Juez de la etapa preliminar es quien tiene competencia y obligación para ejercer las atribuciones y medidas con la decisión del Ministerio Público respecto al archivo temporal, abstenerse de investigar, entre otras, debe interpretarse que la omisión que reclama la parte quejosa es reclamable ante dicho Juez. En ese tenor, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión reclamada, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia y, por ende, se actualiza la hipótesis a que se refiere la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la ley reglamentaria de la materia. En esa tesitura, ante lo fundado de la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas para ese efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA V-B

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