Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva

Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintiocho de febrero de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio d amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso b), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que promovió *******, promoviendo por propio derecho, contra actos de los Miembros que integra la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 236/2022. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Estudio de la demanda de amparo. La quejosa ****, promueve demanda de amparo, contra actos del Miembros que integra la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, es necesario precisar que el artículo 113 de la ley de la materia, dispone que ésta se debe examinar y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama de los Miembros que integra la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de remitir el expediente identificado con el número 03/2021, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Ahora, del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".I, Mediante escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, presentado en la oficialía de partes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, el cinco de mayo siguiente; presenté mi escrito de demanda, mediante la cual reclamé diversas prestaciones al H. Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. II. Por auto de fecha doce de enero de dos mil veintidós, mismo que me fue notificado el día veinticuatro de enero en curso, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, se declaró incompetente para conocer de la demanda interpuesta por la suscrita en contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Oaxaca de Juárez, Oaxaca." En ese contexto, como el acto reclamado implica violación a la administración de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como regla genérica, que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza, es por regla general notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe: a) una abierta dilación del procedimiento o b) su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2011580, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, materia Constitucional, Común, visible a página mil ochenta y seis, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; d) los antecedentes del caso, y e) las cargas de trabajo de la autoridad responsable. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como en el citado numeral 17 de la Constitución Federal. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2019400, sostuvo que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales; al menos que este juzgador advierta del contenido de la propia demanda de amparo exista una demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Cabe destacar, que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, acorde a las disposiciones establecidas en la citada jurisprudencia, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a la parte que reclame dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia; el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo anterior deviene, a que el periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por tanto, si fue notificado del acuerdo en el cual la citada responsable se declaró incompetente el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sólo ha transcurrido un periodo de treinta y un días naturales, para que la autoridad responsable, remita dichos autos a la autoridad competente; de ahí que, es evidente que dicho lapso no se traduce en una paralización total del procedimiento; pues como ya se analizó, la emisión reclamada no excede de los cuarenta y cinco días que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, hasta este momento, no constituye una violación a su derecho sustantivo de impartición de justicia tutelado en el artículo 17 constitucional. Es de aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, registro 2019400, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil diecinueve, materia Laboral, Común, visible a página, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Resta decir, que no pasa desapercibido que la citada jurisprudencia, establece como periodo máximo para decretar una abierta dilación, el plazo de cuarenta y cinco días naturales; sin embargo, conforme al artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo, se precisa que son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquéllos en que la Junta suspenda sus labores; por ello se insiste, que a la fecha de emisión del presente auto, sólo si han trascurrido treinta y cuatro días de los cuarenta y cinco que tiene la junta responsable para subsanar la omisión reclamada. Asimismo, por analogía se cita la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, décima época, registro 2013301, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, diciembre de dos mil dieciséis, tomo II, materia Común, página mil quinientos sesenta y nueve, de rubro siguiente: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA.". De ahí que, al no actualizarse una abierta dilación o paralización total al procedimiento, lo que procede es desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu; y, 113 de la Ley de Amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica; asimismo, se tiene como su autorizado legal, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** por haberse encontrado su cédula profesional en la página web https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, que lo acredita como licenciado en derecho; y, respecto a los restantes únicamente se tiene por autorizados en términos de la segunda parte del artículo 12 de la ley de la materia, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no encontrase su cédula profesional registrada, y no señalar su cédula . Lo anterior, por identidad la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con registro digital: 2021840, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, al usuario "jcesarmorales" dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el nombre de usuario antes mencionado, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Lo anterior, no obstante que también señala domicilio físico para tal efecto, toda vez que al calce de su demanda solicita que las notificaciones se le realicen por la vía electrónica. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Firma y envío de oficios. Se faculta al actuario adscrito a este juzgado de control constitucional, a efecto que firme los oficios que deriven de este acuerdo y los subsecuentes, y los remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz, (vía correo electrónico, fax o estafeta), debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial. En el entendido que deberá agotar los medios antes señalados para dar cumplimiento a lo aquí encomendado. En la inteligencia que, si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá entregarlo hasta en tanto reanuden labores, debiendo integrar la razón correspondiente en el término legal. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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